Boletín informativo nº 647
Por [reenvio] CORREPI PRENSA - Saturday, Mar. 03, 2012 at 12:20 AM

Sumario:

1. El espionaje se aplica, no se explica.
…la ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó dar algunas respuestas públicas en conferencia de prensa que no hicieron más que ratificar la responsabilidad del gobierno…

2. El estado nos mata, los medios mienten y la justicia encubre.
… Lo cierto es que, como decimos todas las semanas: no es un policía, es toda la institución…

3. Cárceles de la tortura.
… uno de los engranajes del aparato represivo del estado.

4. De nuevo, la policía envuelta en violaciones y negocios de trata.
…Tres casos que siguen demostrando que la policía se maneja con la impunidad que el sistema le ofrece…

5. Victoria en Lomas de Zamora.
… gran cantidad de organizaciones, lograron, movilización y escraches mediante, hacer renunciar a Raúl Magallanes al cargo de Consejero Escolar…

6. ¿Tragedia? No, crimen social.
…otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera…

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¡El 9 de marzo, desde las 21:00, venite a la Peña de CORREPI en Carlos Calvo y Alberti!

El espionaje se aplica, no se explica.

Luego de las denuncias por espionaje a militantes gremiales y políticos, contra gendarmería, a través del “Proyecto X”, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó dar algunas respuestas públicas en conferencia de prensa que no hicieron más que ratificar la responsabilidad del gobierno en la implementación de su política de persecución a los luchadores sociales y políticos.

Garré dejó en claro que no se trata de ningún plan oculto y ella misma se encargó de confirmar que este programa de espionaje funciona desde 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y que hasta el 2009 se han estado haciendo actualizaciones, año desde el cual están implementando nuevas tecnologías “del siglo XXI” para las tareas de inteligencia.

A pesar del reconocimiento explícito de la existencia de este mecanismo de espionaje, desde el gobierno insisten en tratar de desvincular estos procedimientos de la política represiva y persecutoria que criminaliza la protesta social.

En la misma sintonía del discurso oficial, que vienen sosteniendo desde 2003, de defensa de los DDHH, la ministra intentó relativizar las tareas de inteligencia. En sus declaraciones a la prensa, Garré dijo que el Proyecto X "no es un plan de espionaje" y que en las manifestaciones sociales "no interviene la dirección de Inteligencia sino la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que no tiene acceso al Proyecto X, y que realiza los seguimientos sólo con requerimiento de la justicia". En este procedimiento, explicó que “938 actuaciones se abrieron con orden judicial sobre un total de 1.200”, con lo que admitió que Gendarmería actúa también “preventivamente” y luego “comunica” a la Justicia. De 938, actuaciones precisó que en “578 los jueces pidieron identificar personas y en 576 notificar e intimar a manifestantes” que cortaban rutas.

Entre dichos y desdichos, Nilda Garré hizo cargo al ministerio del Proyecto X, manejado por la gendarmería, sin explicar del todo de qué se ocupan finalmente. Lo que sí queda claro es la existencia de mecanismos de espionaje que apuntan a recabar información de quienes nos organizamos para luchar, que luego sirven a los jueces para procesarnos y encarcelarnos.

Como ya lo mencionamos en el comunicado del 18 de febrero de 2012, el estado es el que nos espía, “…todos los militantes sabemos, porque forma parte de nuestra cotidiana experiencia: Que en las movilizaciones hay presencia de personal de las fuerzas de seguridad, sin uniforme, que, caracterizados como “periodistas”, o intentando fundirse con los manifestantes, obtienen registros fotográficos, de video o grabaciones, que se almacenan en bases de datos, y se utilizan para aportar “pruebas” en las causas judiciales con las que se represalia a las organizaciones populares y sus integrantes”.

La explicación de lo que significa el Proyecto X sólo la podemos dar quienes lo padecemos. El estado y todas sus instituciones, sólo están para aplicarlo.

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El estado nos mata, los medios mienten y la justicia encubre.

Ya la semana pasada pasábamos revista sobre la situación represiva en Misiones, donde fue asesinado Rafael Núñez en la URII de Oberá, y en Corpus, donde finalmente falleció Adrián Vargas luego de una brutal golpiza y diez días de agonía.

Esta semana se supo de la muerte de un hombre de nacionalidad paraguaya, Daniel Vargas Rodríguez, a manos del GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), en las afueras de Posadas, también provincia de Misiones. Daniel Vargas fue fusilado por la espalda cuando intentaba escapar de un galpón donde custodiaba 2.000 kg de marihuana. En la causa, que tramita en El Dorado, se descubrió que en este galpón no sólo había drogas, sino que también se escondían dos cabecillas de la banda narco de la que forman parte miembros del servicio penitenciario federal (SPF). Además, las pericias demostraron que la víctima no portaba armas, ni se encontraron rastros de pólvora que indicaran que había intervenido en enfrentamiento alguno, es decir: fue ejecutado para silenciarlo. El fusilamiento de Vargas se investiga en la megacausa iniciada el 25 de mayo del año pasado, cuando la gendarmería detuvo en la ruta 12 un camión Scania del SPF con 2.300 kg de marihuana.

En Entre Ríos, Samuel Marcelo Rivas, de 27 años, murió producto de una convulsión durante su arresto. La versión de los medios es que Samuel “se puso muy nervioso durante su arresto pero que no fue golpeado”. Es sabido que la policía sabe como pegar y no dejar marcas, también es sabido que los medios siempre levantan la versión de la policía. Frente a esas “convulsiones” espontáneas, recordamos otras “muertes naturales”, como la “descompensación” de Sergio Durán en la comisaría 1ª de Morón, o el “aneurisma” de Walter Bulacio en la 35ª de la PFA. Muertes naturales, dicen, siempre en comisaría... natural que se mueran del dolor, descompensados, convulsionando o con hemorragias cerebrales durante la tortura.

Para finalizar, en la provincia de Santa Fe, un chico de diez años sigue internado en grave estado luego de haber recibido dos impactos de bala en la nuca efectuados por personal de seguridad privada de una guarderí­a náutica. Uno de los verdugos es un ex policía rosarino, Enrique Fabián Cettour, de 50 años. El otro, José Gabriel Correa, tiene 25. Los vigilantes habían pensado que el chico, que estaba esperando a su papá, quería robar, por lo que efectuaron al menos siete disparos. Dos lo alcanzaron en plena nuca y hoy se sigue debatiendo entre la vida y la muerte.

Lo cierto es que, como decimos todas las semanas: no es un policía, es toda la institución. En Misiones se asesinó para encubrir una sucia trama de narcotráfico que involucra, hasta donde se sabe, al servicio penitenciario; en Entre Ríos, la muerte fue producto las torturas; y en Santa Fe queda demostrado que sólo quienes se saben impunes no tienen el menor problema de disparar al menos siete veces a un niño, con el pretexto de prevenir un robo.

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Cárceles de la tortura.

“Me dirijo a ese medio para dar a conocer las distintas irregularidades y la forma inhumana, que vive cada interno en este lugar, por el abuso de poder y de autoridad, por parte de la seguridad y dirección del establecimiento”. Con estas palabras, se inicia un detallado informe presentado por Eduardo Javier Aimar, interno de la unidad Nº 5 de Villa María (Córdoba), que describe las diferentes formas de tortura que padecen los internos del penal a manos de sus guadiacárceles, y compara al jefe de seguridad con un general del nazismo.

El informe continua describiendo “Nos cortan el agua y la electricidad donde conviven 40 internos por pabellón, en los baños no se puede entrar porque se encuentran llenos de excrementos que rebalsan de los inodoros y orina por todo el piso por la falta de agua y en los corte de energía se nos pudre la carne que con mucho sacrificio nos traen nuestros familiares (...) hay internos de otras provincias a los que se les negó el ingreso a sus familiares” y otras arbitrariedades,

No es novedad la situación carcelaria que, como dice el informe “muchos internos no lo hacen público por temor a la represión que toma seguridad y la dirección”. Sabemos qué podemos esperar de estas herramientas estatales destinadas a disciplinar y controlar (y exterminar) a los pobres, que, por más intentos de maquillar los barrotes, no puede disfrazar su naturaleza represiva.

En ese marco de lavado de cara se produjo la asunción de la nueva jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, “la primera mujer en ocupar ese cargo”, que, reivindicaciones de género al margen, irrelevantes por cierto en este caso, sabemos qué intereses defiende.

La nueva jefa de los 17.000 perros guardianes del servicio penitenciario y el gobernador Scioli ya diseñan nuevos nombres para viejas políticas, como dejó claro el gobernador tras su primera reunión: “desde mi primer mandato impulsé la educación y formación laboral en las cárceles”.

Lo que no logra ocultar esta ves el maquillaje es lo que la ONG Asociación de Pensamiento Penal describió en otro informe, como trabajo esclavo, tras un relevamiento en la cárcel de Batán donde “se han instalado al momento no menos de diez emprendimientos privados, previa autorización de las autoridades del Servicio Penitenciario [que] en algunos casos sólo llegan a 600 pesos, sin contar con ninguno de los derechos previstos para los trabajadores en la ley de contrato de trabajo”.

No hay sorpresa, ni asombro. Ésta es la función carcelaria, uno de los engranajes del aparato represivo del estado.

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De nuevo, la policía envuelta en violaciones y negocios de trata.

El lunes 20 de febrero, Francisco, un pibe de 16 años de Los Polvorines, fue detenido, como tantas otras veces, como sucede a diario en las barriadas con los pibes “marcados” que se niegan a ser mano de obra esclava de la policía. Esta vez lo acusaban de un delito, otras ni en eso se molestaron, total para eso están la detención para averiguar antecedentes o los códigos contravencionales y de faltas.

En la comisaría de Grand Bourg, lo metieron en un calabozo. Mientras dos “guardianes del orden” lo maniataban, un tercero le bajó los pantalones, se puso un preservativo y lo violó.

El chico, en un estado de depresión que alarmó a la psicóloga del instituto de Menores donde fue alojado, le contó lo sucedido a su abuela.

Cuando declaró en la causa, también se lo contó al Defensor Dr. Sicardi, quien hizo la denuncia e informó a la “Comisión contra la Tortura”, ente estatal cuya función parece limitarse a la interna que sostiene con el ministro Casal.

Dos días después, el miércoles 22 de febrero, la justicia penal de la ciudad de Río Cuarto resolvió juzgar a un comisario que estaba a cargo de una seccional de un pequeño pueblo del sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de sus subordinadas y de amenazar a policías compañeros de las supuestas víctimas. Con frases del calibre de “vos anda al loft, me das un besito y te sacas la ropita” o ¿Ustedes quieren un ascenso? Entonces ya saben lo que tienen que hacer en el loft”, el comisario Adelqui Benegas atormentaba a diario a dos de sus subordinadas. El “loft” al que hacía referencia, era la comisaría a su mando

Una de las damnificadas aseguró: “la chapa de comisario era un escudo que lo protegía de todo”. Con el respaldo de todo el aparato estatal, pese a que Benegas quedó imputado por abuso sexual reiterado en dos oportunidades y coacción reiterada en tres casos, a víctimas denunciaron que “sigue en su casa, cobrando el sueldo de comisario y no fue pasado a disponibilidad”.

Finalmente, unos días antes, el viernes 17, Carina Ramos acusó a un comisario de la policía federal de haberla sometido a la prostitución en una red de trata de personas. Denunció que el jefe policial la amenazó de muerte para que deje de recurrir a los tribunales por el caso. La mujer, de 37 años, aseguró que recibió intimidaciones de “gente del narcotráfico” y de “toda la mafia de la noche”, socios del comisario Juan Antonio Araya, jefe de la comisaría 31ª.

“La que maneja todo esto es la Policía Federal, lo dicen los del narcotráfico y los fiolos, quienes actúan en combinación”, resaltó, y recordó que el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral está al tanto de esta red, ya que recibió una denuncia contra Araya en noviembre último.

Tres casos que siguen demostrando que la policía se maneja con la impunidad que el sistema le ofrece, que están adiestrados para cumplir su rol dentro de la sociedad, y que, además de perseguir pibes pobres en los barrios con detenciones arbitrarias y gatillo fácil, usan también las violaciones como forma de tortura, al tiempo que abusan de sus propias subordinadas y hacen negocios como proxenetas.

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Victoria en Lomas de Zamora.

En Lomas de Zamora, el pasado 22 de febrero, gran cantidad de organizaciones, lograron, movilización y escraches mediante, hacer renunciar a Raúl Magallanes al cargo de Consejero Escolar.

Este poseedor de un amplio currículo represivo había llegado, el 10 de diciembre de 2011, a través de la lista del Frente Para la Victoria, para cubrir un importante rol de autoridad en el ámbito escolar.

Dentro del oscuro prontuario de este amigo del kirchnerismo, se puede mencionar que fue jefe de calle de la bonaerense de Camps y Etchecolatz durante la dictadura; fue investigado por la vinculación con Ribelli y el atentado a la AMIA; fue denunciado por encubrimiento en el caso Cabezas y fue denunciado en varias oportunidades por maltratos y amenazas.

En 2004, fue Jefe de Seguridad del intendente Jorge Rossi, y designó como "custodios" del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados, denunciados por estar vinculados a la desaparición de personas durante la dictadura.

La renuncia se hizo conocer mientras múltiples sectores estaban movilizados en el Consejo Escolar de Lomas. Luego de divulgarse, Magallanes salió del edificio rodeado de patovicas que provocaron verbalmente a los manifestantes y les robaron varios bolsos y morrales.

Ante el escrache popular, este desecho humano se refugió en el palacio municipal, que se llenó inmediatamente de policías que, naturalmente, acudieron a la protección de un ejemplo en la historia represiva local.

Párrafo aparte merece el valor militante de los compañeros que, mediante la denuncia y la movilización, lograron expulsar del ámbito educativo a esta escoria.

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¿Tragedia? No, crimen social.

El 22 de febrero, en la estación terminal de Once del ferrocarril Sarmiento, se desató el horror que muchos venían denunciando que iba a ocurrir. El choque del tren que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Los medios caracterizaron como “Tragedia de Once” lo que fue otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera de la patronal, el Estado y la burocracia sindical, con la actuación especial, que nunca falta, de la policía. Mostrando su desprecio por el pueblo, ni siquiera se preocuparon en revisar el tren completamente para constatar que no hubiera más víctimas atrapadas, lo que, de todos modos, no impidió que la ministra de seguridad Nilda Garré los felicitara por las tareas de rescate.

Cuando se desencadenó la furia popular, luego de que finalmente se encontrara el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, desaparecido por casi tres días, la represión no se hizo esperar, ya que para ello sí son expertos. Desalojaron con gases lacrimógenos y palazos a todos los que estaban en la estación expresando su bronca, la bronca que siente el pueblo, que es el que siempre pone los muertos.

Cualquiera que viaje regularmente en los trenes urbanos de Buenos Aires, sobre todo los de la línea Sarmiento, puede dar fe del estrado desastroso en el que están las formaciones, donde millones de personas todos los días viajan hacinadas. La empresa que tiene la concesión, TBA, hoy intervenida, recibe desde hace años subsidios millonarios. Nada invierten, los trenes son el material sobrante y obsoleto que descarta Europa y acá el grupo Cirigliano los presenta como si fueran el lujo y el confort.

Las denuncias de los trabajadores ferroviarios sobre el estado de las formaciones, las vías, la mala señalización y un largo etcétera, sólo tienen como respuestas la persecución y la represión, como el caso del Pollo Sobrero, encarcelado por orden del gobierno, o los tercerizados de la línea Roca, reprimidos por la burocracia asesina de Pedraza, hoy procesado por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El actor infaltable en esto que parece una película de terror, pero que es la realidad que padece el pueblo, es el Estado. Lo primero que hubo que tolerar fue la bochornosa conferencia de prensa del secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, que pretendió echarle la culpa a los trabajadores que viajaban en el tren por estar en los primeros vagones, y banalizó el asunto, asegurando que si hubiese ocurrido el día anterior, que fue feriado, no hubiese sido tan grave. Luego le tocó el turno a Nilda Garré, a quien parece que el destino le jugó una mala pasada al día siguiente que felicitara a la policía y los bomberos por las tareas de rescate.

Ninguno se hace cargo, y no sólo eso, sino que el Estado se presentó pretendiendo ser querellante en la causa, como si fuera otra víctima, y no uno de los victimarios, con la clara intención de entorpecer la investigación, que, de todos modos, sabemos que no va a llegar hasta todos los culpables, sino que, como siempre, tratará de cortar el hilo por lo más delgado. Se cambiará algún engranaje prescindible y la maquinaria seguirá andando, como los trenes de la línea Sarmiento.

No debemos confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social. La empresa se dedica a robar sistemáticamente al pueblo, en asociación con el Estado, que no controla y participa del reparto del botín, junto con la burocracia sindical, que en lugar de representar a los trabajadores, aplican la represión que el Estado terceriza a través de ellos. Total, la vida de los trabajadores que viajan y de los trabajadores del tren, es prescindible para este sistema.

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