36 aniversario del golpe
Por Comisión Regional de Derechos Humanos - Cordó - Tuesday, Mar. 20, 2012 at 5:02 PM

El 36 aniversario del golpe de 1976 nos encuentra a la Comisión Regional de Derechos Humanos en un proceso de relanzamiento. Realizamos desde 1997 hasta varios años después del 2000 actos de repudio a la dictadura en plena avenida San Martín con gran independencia de criterio, y por supuesto también del estado a quien ni siquiera pedimos permiso para su realización, solo informábamos sobre estos actos a tránsito del municipio, con la finalidad que arbitre las medidas necesarias.

Entendíamos y entendemos que los organismos de tal naturaleza surgieron como agrupamientos de ciudadanos para defenderse del propio estado, que por acción o por omisión nos agrede en la medida de asegurar la gobernabilidad para un sistema de dominación en todos los planos, no solo como un modelo político-económico sino como una cultura integral que intenta imponer su ideología y valores éticos.

El estado agredió y agrede por acción. Con formato de dictadura pero también con sus políticas de continuidad que se reflejan en la violencia que aplica para imponer sus modelos productivos. Sea el 19/20 del 2001, a docentes como Fuentealba y trabajadores ocupados y desocupados como Darío y Maxi, campesinos como Ferreyra o pueblos originarios a los que arrebatan su tierra y su vida. También desapareciendo nuevamente a Julio López, y la lista y los ejemplos son dolorosamente largos para un simple documento. Aparte no obviamos la agresión por omisión, desentendiéndose el estado de la salud, la educación y todos los derechos sociales que son transformados en mercancía cuyo acceso es por dinero, en una sociedad que expulsa gente de la tierra y del trabajo y que ha creado una pobreza estructural como nunca existió en nuestro país. En parte por la aplicación de modelos extractivos de minería y de agronegocios que ponen en riesgo el futuro, al destruir el agua, el aire, y exponer como nunca la salud de la población.

Tiene ejecutores locales y extranjeros. Militares y torturadores en la etapa principalmente de 1976 al 83 pero no nos circunscribimos solo a esta etapa. Vemos que la democracia que siguió, aplico los mismos lineamientos de especulación, concentración de riqueza, de tierras, de empobrecimiento, precarización laboral y destrucción del ambiente de maneras impensadas, poniendo en peligro las condiciones de vida y salud del conjunto de la sociedad. Hay nombres que sintetizan etapas como Menem, Cavallo, De La Rua, y un enorme sequito de funcionarios que entre otras cosas regalaron nuestro patrimonio como YPF, otrora orgullo de San Lorenzo y la región.

Por supuesto ejecutores locales de estas políticas, que en la zona han puesto un fuerte acento en el genocidio que significa una brutal agresión ambiental que enferma y cobra vidas dentro y fuera de las empresas. Genera peligro de explosiones, incendios y envenenamiento permanente, este modelo de desarrollo basado en la impunidad de los inversores, para adueñarse del espacio publico, el aire, el río y la tierra.

Son los Traferri, Raimundo, De Grandis, Montisanti, entre otros, los aplicadores de esta continuidad política que nos condena a vivir en la incertidumbre con respecto a nuestra salud y derecho a la vida con trabajo digno, en un ambiente sano y sustentable.

Queremos en nuestra zona hacer una reflexión sobre la inseguridad, creemos que el mayor peligro son los riesgos de enfermedades, explosiones, escapes de gas, todo por la imprevisión genocida de empresarios y funcionarios que privilegian la ganancia de unos pocos a la seguridad de todos. Pensemos en nuestros trabajadores, expuestos a contaminantes, o que como Ramiro Burgueño Tejero pago con su vida, la falta de políticas de seguridad, hoy su familia en lugar del silencio opto por la denuncia, en soledad con respecto a gremios y dirigentes políticos, pero si acompañados por parte de la sociedad civil. Tampoco olvidamos que es doloroso no tener noticias de Paula Perassi, desaparecida en San Lorenzo y se desconoce si se trata de problemas o violencia de género. En este, como en otros casos, no se sabe que paso hasta que ya es demasiado tarde. También es inseguridad tener silos y antenas de telefonía celular dentro del ejido urbano, al lado de escuelas donde concurren miles de chicos o hacen gimnasia.

No es un dato menor el hecho de que esta democracia necesite una ley llamada “antiterrorista”, teniendo ya, sin ella, miles de luchadores sociales procesados por defender sus derechos. Todo indica que somos los destinatarios de su aplicación, quienes defendemos autenticas banderas de justicia social. Por lo tanto hacemos un llamamiento a todos los sectores a exigir su DEROGACION, porque esta ley nos hace retroceder en el tiempo y en nuestros derechos a épocas y metodologías siniestras, que quienes la imponen dicen ser críticos y que justamente este 36 aniversario del golpe es parte del repudio y de la recuperación permanente de la memoria.

Si bien somos críticos con sólidos argumentos de políticas nacionales, no desconocemos que el Frente Amplio Progresista que gobierna la ciudad y la provincia es coparticipe de estas injusticias u otras que por cuestiones de extensión en el escrito no hacemos referencia. Donde no podemos dejar de lado, su responzabilidad con respecto a las consecuencias genocidas del agronegocio, el uso de agrotoxicos, las fumigaciones y dejar caer en repetidas veces el tratamiento parlamentario de una ley que nos proteja a los adultos, los niños y los que estan en periodo de gestación.

Nos parece por esto, que un acto de esta naturaleza debe tener independencia de un estado, al cual quienes lo dirigen aplican la receta ya citada de exclusión e impunidad, que por ejemplo evalúa como posible la extorsión de la empresa Molinos a los vecinos, intentando cambiar un derecho social como es el acceso a las cloacas por una recategorización industrial. A la que dijeron no hace dos años con claridad, y sabiendo esto el propio gobierno local, acepta ser cómplice de una maniobra que es desarticulada por la asamblea de vecinos en la vecinal de B Bouchard. Que con decisión y dignidad le dicen si a las cloacas pero no a la extorsión, que significa la entrega del barrio para mas contaminación y peligro de accidentes. Recordemos que ya convalidaron otra recategorización sin ningún tipo de consulta o audiencia pública, en barrios como J. Hernández de la ciudad de San Lorenzo, entre otros predios dentro del ejido urbano destinados para ser habitados por los humildes en el futuro, hoy ese sector de la ciudad, corre el riesgo de ser nueva fuentes de contaminación y enfermedad.

Preferimos honrar a los que lucharon y luchan. A los desaparecidos, asesinados y judicializados. No creemos correcto amoldarnos a las necesidades del gobierno actual de lavar de contenido un aniversario que expresa todo lo ya descrito.



Comisión Regional de Derechos Humanos del Cordón Industrial (Gran Rosario)

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