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La justicia y la ciencia argentina en la ignominia
Por Eduardo R. Saguier - Thursday, Mar. 29, 2012 at 12:33 PM
saguiere@ssdnet.com.ar

La justicia y la ciencia argentina en la ignominia
por Eduardo R. Saguier


http://www.er-saguier.org

Cuadra informar a la opinión pública que la denuncia judicial contra la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT por los cuantiosos subsidios de investigación –1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del BID— que se malversaron durante trece años (1997-2010), fue archivada por orden de la justicia argentina.

La malversación arriba expresada se practicó mediante el clientelismo y el patrimonialismo académicos, subsidiando proyectos personales en lugar de invertir en la infraestructura científica y artística (laboratorios, bibliotecas, archivos, museos, observatorios, conservatorios, centros de documentación y recursos electrónicos escaneados o digitalizados, etc.). A propósito, los recursos electrónicos que se ofrecen en la web por dichas instituciones culturales argentinas, contrastados con los que se ofrecen en los países vecinos como Uruguay y Brasil, revelan una pobreza y un abandono alarmantes.

La orden de archivar la denuncia fue la triste culminación de un lento y engorroso procedimiento, que había comenzado con un extenso y contradictorio dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Dicha Fiscalía había concluido: “…que si bien por un lado no ha podido detectar situaciones concretas que justifiquen la promoción de una actuación disciplinaria (la judicial ya ha sido iniciada. Expediente No.10.152/09 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.8, Secretaría No.15, sin que de ella surjan elementos que permitan arribar a una diferente conclusión) si ha evidenciado un procedimiento que no parece reunir los req uisitos básicos que garanticen la transparencia indispensable en el manejo de fondos públicos. Como ya se expresara, esto se ha apreciado en particular en la ausencia de un mecanismo claro que permita reconstruir el modo en que se aprobó la financiación de un determinado proyecto, y si en ese procedimiento han intervenido personas con intereses contrapuestos (coordinadores o co-coordinadores que eligen pares que podrían haber evaluado proyectos presentados por esos mismos coordinadores o co-coordinadores)”.

http://www.salta21.com/Dictamen-de-la-Fiscalia-en-la.html
http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php

La orden de archivo de la denuncia fue dispuesta en primera instancia por un juez del fuero penal federal (Martínez de Georgi), quien manifestó en su fallo haber quedado demostrado “…que los distintos subsidios cuestionados por el denunciante fueron otorgados conforme a derecho, no habiéndose violado norma legal alguna, al no existir disposiciones que regulen de modo genérico un régimen de incompatibilidades, y no haberse visto vulneradas aquellas que lo establecen para casos particulares, se observa que no nos hallamos frente a situación alguna que pueda resultar constitutiva de algún ilícito, no correspondiendo al suscripto efectuar en consecuencia ningún tipo de reproche penal. Ello por cuanto, independientemente de las valoraciones de índole moral o ética que puedan efectuarse de modo individual respecto de la percepción de subsidios por parte de las personas que ocupan los distintos cargos mencionados por Saguier en su denuncia –las cuales no corresponde tratar en el marco de la presente--, el hecho de que el otorgamiento de beneficios a tales funcionarios no se encuentre alcanzado por prohibición o restricción alguna, excluye la posibilidad de que el suscripto pueda efectuar juicio de valor alguno al respecto, al no haber constituido tales decisiones violaciones a disposición legal alguna, habiendo sido por el contrario adoptadas en el marco de las atribuciones otorgadas por las leyes vigentes, sin vulnerar ninguna disposición”.-

http://bahianoticias.wordpress.com/2011/04/27/justicia-argentina-juez-martinez-de-georgi-ordena-archivar-denuncia-de-eduardo-saguier-contra-anpcyt/

Más aún, la orden de archivo de la denuncia fue dispuesta en segunda instancia por la Sala II de la Cámara Federal Penal, integrada por los camaristas Irurzun, Cattani y Farah, la que ratificó el fallo del juez Martínez de Georgi, dando así piedra libre en el campo de la ciencia al continuismo ocultador y malversador. En su fallo, la Sala II de la Cámara Federal Penal señalaba “…que el minucioso análisis de sucesos que fuera realizado por el juez de grado mediante el confronte de la cuantiosa documentación que corre por cuerda, y que este Tribunal comparte, exige análogo esfuerzo por la parte querellante, tanto en la demostración del error que invoca como en el acierto de la interpretación que propone. Por ello, resulta insuficiente a tal fin la enumeración de nuevas hipótesis delictivas y la invocación acerca de la necesidad de convocar a cuarenta y un personas en la convicción de que “el testimonio de ellos es indispensable para determinar su responsabilidad”.

http://bahianoticias.com/archivese-fallo-de-camara-sdenuncia-de-eduardo-saguier-contra-la-agencia-anpcyt/45834/

A raíz de este desconcertante fallo, llegamos a la conclusión que el Juez y la Cámara Federal Penal abdicaron de su jurisdicción y competencia, y que apelar ante la Suprema Corte era no sólo algo costoso --que estaba fuera del alcance del denunciante-- sino que equivalía a incursionar inútilmente en más de lo mismo. La abdicación se había consumado pues el juzgamiento de los delitos y conductas criminales le están reservados en exclusividad al fuero penal y no se enmarcan en el contenido de legalidad o en la eventual opinión de órganos administrativos quizá interesados en despenalizar la actividad de su propio cuadro burocrático. Esto sin perjuicio de señalar que el ámbito, el objeto, los fines y tareas de esos organismos administrativos mencionados por el Juez y los Camaristas son muy diferentes a los del juzgamiento y represión del delito, y particularmente tanto el denominado “Comité de Ética [de la Secretaría de Ciencia y Técnica] y las disposiciones limitativas” son entidades apócrifas, impostadas, un simulacro de legalidad integrado por subsidiados de la propia ANPCYT.

http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/799800.php

Entre los funcionarios infructuosamente denunciados en el fuero penal, se encontraban más de un centenar de directivos de los organismos científico-tecnológicos (coordinadores de la Agencia, miembros de los directorios y comisiones asesoras del CONICET y la CONEAU y secretarios de ciencia de las universidades), identificados con nombre y apellido, los que manipulados por el actual Ministro Lino Barañao y la burocracia de la Agencia, actuaron como juez y parte interesada en la orquestación de la “cadena de la felicidad” o red mafiosa, y por consiguiente estuvieron flagrantemente incursos en delitos de acción pública, ahora escandalosamente impunes.

http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html

De resultas de dicha malversación también se desató una grave injusticia. Mientras algunos intelectuales indiferentes o inescrupulosos se beneficiaron con los subsidios de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT; otros colegas que no se disciplinaron pasaron a integrar el Index de los ninguneados y perseguidos; y otros, más apremiados, indignados o cansados de esperar, alimentaron la irrefrenable fuga de cerebros a las metrópolis centrales del mundo.

Más grave aún, sumada a esa injusticia, de índole penal, el actual gobierno ordenó crear intempestiva e inconsultamente un nuevo instituto de investigación científica: el Instituto Revisionista “Manuel Dorrego”, que persigue disciplinar un coro académico que se subordine a la actual visión gubernamental de la historia, populista y reivindicadora de la dictadura Rosista. Cabe señalar que este proceder es muy semejante a lo que pretendió el denominado Proceso (1976-1983) cuando la Academia Nacional de la Historia, a pedido del Ministro de Educación de ese entonces (Llerena Amadeo), dictaminó para uso de la docencia una interpretación del pasado que debía ser “occidental y cristiana”. Este comportamiento, ilegal e inconstitucional, nunca hasta hoy mereció sumario alguno, ni tampoco fue convenientemente rectificado, ni las autoridades nacionales de los gobiernos democráticos –incluido el actual-- exigieron rectificación alguna (La Nación, 30-V-1980).

http://argentina.indymedia.org/news/2011/12/804743.php

Contra este nuevo Instituto, un numeroso grupo de intelectuales firmó recientemente una pública protesta:
http://www.lanacion.com.ar/1429787-intelectuales-contra-la-historia-oficial

Pero entre los firmantes del repudio al Instituto Revisionista, pertenecientes al campo de las ciencias humanas y sociales, se hallan numerosos beneficiarios de subsidios de la mencionada Agencia (que a su vez cobran sueldos como investigadores del CONICET a razón de $9.000 mensuales promedio o U$S 2.000 dólares), los que amén de callar la corrupción oportunamente denunciada en el fuero penal tampoco se manifestaron contra el ahora devaluado Ministro Lino Barañao de la misma forma que lo han hecho contra el responsable del Instituto cuestionado, Prof. Pacho O´Donnell.

El viejo, disimulado e interesado mutismo de estos firmantes, los ha revelado como sumisos cómplices del pacto de silencio, y su reciente impugnación colectiva los exhibe como despechados por haber perdido la hegemonía prebendaria en la actual ventanilla del poder y también los muestra desesperados por frenar la deserción de su propia feligresía.

Eduardo R. Saguier
DNI 4.394.928
CONICET-Investigador
Email: saguiere@ssdnet.com.ar
http://www.er-saguier.org
Cel.: 1533573721

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