Servicios Penitenciarios de Terror
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Mar. 30, 2012 at 10:08 AM

Se multiplican las denuncias por torturas, maltratos psicológicos y asesinatos, que tienen como ejecutores a agentes penitenciarios, ante la falta de reacción de las autoridades. La oportunidad de la Justicia.

(Red Eco) – Argentina - La Asociación de Familiares de Detenidos y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos denunciaron que personal de requisa del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad 11, de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, atacó a patadas a un detenido. Le destrozaron sus pertenencias, y lo mantuvieron en un pabellón para sancionados (en el que había otros 15 detenidos) bajo amenazas, ordenándole que firme una constancia de que se encontraba con buena salud.
Los organismos le enviaron una carta al Director del SPF, Víctor Hortel, exigiéndole su urgente intervención. Allí señalan que el detenido agredido le relató a su madre que por negarse a firmar esta nota, los penitenciarios le continuaron pegando y lo amenazaron con que si no lo hacía lo iban a golpear de tal manera que no le iban a quedar más ganas de hacer denuncias “ante la procuración o los derechos humanos”.
La carta finaliza: “A 36 años del golpe militar estamos hablando de torturas, represalias, imposibilidad de ejercer derechos. Le solicitamos que de manera urgente tome las medias correspondientes al respeto a los derechos humanos de todas las personas alojadas en la Unidad 11, haciéndolo responsable a Ud. y a los funcionarios a su cargo sobre la integridad física de las 15 personas sancionadas”.
Lamentablemente ya no es novedad la existencia de malos tratos y torturas por parte de personal tanto del Servicio Penitenciario Federal como de servicios provinciales. De hecho, mañana, viernes 30 de marzo, el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata dará a conocer la sentencia en el juicio que se les sigue a tres agentes penitenciarios, procesados por violar y matar a Luis Gorosito Monterrosa en la Unidad Penitenciaria Nro. 29, en 2004. Según los alegatos de la querella y la fiscalía, el 26 de abril de ese año Gorosito Monterrosa estaba detenido en la U29 como medida de resguardo, luego de haber denunciado a agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense en Florencio Varela, y en esos días debía presentarse para declarar. El joven fue atacado en su celda, abusaron de él, lo rociaron con combustible y lo prendieron fuego. Murió dos días después en el Hospital Korn. Para la defensa, el propio Gorosito prendió fuego su colchón, lo que le provocó las heridas y posteriormente la muerte.
Los acusados son el responsable del pabellón Sergio Chaile, el inspector de vigilancia José Pedroso y el ex director penitenciario Eduardo Martino. La fiscalía, a cargo de Silvia Langone, pidió prisión perpetua para Chaile como autor del ataque, diez años de prisión para Pedroso por omisión de evitar el delito endilgado a su compañero penitenciario, y resolvió no acusar a Martino al entender que el delito de falsedad ideológica de instrumento público está prescripto. En tanto, los abogados de la familia de Gorosito, los abogados Javier Percow y Juan Manuel Combi del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, consideraron co-autores del crimen a los tres agentes. “Chaile y Pedroso actuaron sobre seguro porque el director del penal les aseguró la impunidad”, aseguraron.
Además, durante una de las audiencias quedó en evidencia la adulteración de las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad de la Unidad Penal. A través de la visualización del material en la sala de audiencias, se pudo constatar que algunos de los monitores presentaban congelación de imagen y saltos horarios, “casualmente” a la hora en que se produjo el ataque a Gorosito.
Ahora es el turno de los miembros del Tribunal. Juan Carlos Bruni, Gloria Berzosa y Emir Caputo Tartara darán a conocer su sentencia mañana a las 12, en la sala de audiencias del Fuero Penal, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, La Plata.

Testigo Desprotegido
El 18 de enero pasado, Bruno Rodríguez Monsalve de 24 años estaba preso en la comisaría 2ª de Trelew, donde vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años.
Por ser un testigo clave de este hecho, Bruno recibió varias amenazas, por lo que decidió entrar en los programas de protección del Estado. Una de las medidas, fue trasladarlo a otra provincia. Pero esta semana, Bruno volvió a Trelew para tramitar y retirar su documento, y antes de volver a su casa fue herido mortalmente de tres puñaladas.
Ante este hecho, el Encuentro Nacional Antirrepresivo emitió un comunicado en el que critican las distintas reacciones políticas frente al asesinato de Bruno. Reiteran que no se trata de un caso aislado, de un efectivo que actuó mal o de una policía provincial “descarriada”, sino que toda la institución es responsable de ejecutar una política de estado. “El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de ´cambio de figuritas´ y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de ´aberración´ y alegando el ´autogobierno de la policía´. Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la ´burocracia autónoma´, el ´descontrol´, la ´política propia´ o el ´autogobierno´. Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del aparato represivo del Estado, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratosfera”, señalan en el comunicado.

Fuentes: Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales / Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos / La Cantora / Indymedia / Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario.

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