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Cuando hablamos de calidad educativa
Por reenvío agencia walsh -
Friday, Apr. 06, 2012 at 9:57 AM
Pese a los reclamos de docentes, gremios, padres y supervisores distritales, el Ministerio de Educación siguió adelante con una política de vaciamiento de la educación pública a través de la "fusión" de grados y divisiones. La audiencia impulsada por UTE convoca el 12 de abril a gremios docentes y al gobierno porteño en una nueva disputa por la calidad educativa.
Buenos Aires, 6 Abril 2012 (http://www.marcha.org.ar)
Pese a los reclamos de docentes, gremios, padres y supervisores distritales, el Ministerio de Educación siguió adelante con una política de vaciamiento de la educación pública a través de la "fusión" de grados y divisiones. La audiencia impulsada por UTE convoca el 12 de abril a gremios docentes y al gobierno porteño en una nueva disputa por la calidad educativa.
Los gremios docentes de UTE y Ademys conjuntamente con los docentes, supervisores distritales, padres y legisladores vienen denunciando las maniobras de la cartera educativa del gobierno de la Ciudad a lo que consideran una medida de ajuste y de avallasamiento de la educación pública, en el cierre de 221 cursos y grados en la Ciudad que afectaría a mas de 600 docentes de todos los niveles.
La Carpa Blanca de UTE-Cetera con más de 20 días instalada frente a la Legislatura porteña es un símbolo de la resistencia ante la ausencia de la inclusión educativa y como medida de lucha de toda la comunidad ante la disposición Nº15, firmada por el Director de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, que permite el cierre de grados.
Dia atrás el gremio había realizado una presentación ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar una medida cautelar de no innovar sobre la Disposición nº 15 del 2012, en donde reclaman que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la medida. El fallo del juez Hugo Zuleta al respecto, fue convocar a una audiencia para el 12 de abril en donde se convoca al gobierno y los gremios demandantes.
El juez había solicitado al gobierno "abstenerse de hacer efectiva" la integración cuando los cursos tengan "15 o más alumnos", o cuando como resultado de esa integración sean asignados a un mismo curso para el caso de primario, de más de "35 alumnos y como límite del nivel medio de 20 y 40".
Por su parte Ademys, señala que la medida cautelar sobre el cierre de cursos "no afecta la disposición nº 15" ya que la misma se basa en el Decreto 1990 que disponía "la integración de cursos o aulas" y establece que se pueden cerrar grados de primaria "con menos de 15 alumnos y cursos de media con menos de 20". En este sentido el gremio impulsa una medida de fuerza a realizarse el 10 de abril, previo a la audiencia, en pelea por la derogación del decreto, y remarcando la irregularidad de la disposición en aspectos como: la ausencia de un respaldo legal del Estatuto del Docente; de las condiciones y plazos de la nueva figura "integración", de la maniobra en estipular responsabilidades de las figura de los directivos y supervisores, en donde el Estatuto no define que deban aplicar o ejecutar medidas tendientes a la "racionalización de los recursos humanos y mucho menos a la aplicación de cierres, fusiones o integraciones".
Desde la cartera educativa, aseguran que la medida implica unir cursos que tienen 7 ó 10 alumnos, 15 como máximo y que esto permite liberar docentes para que puedan tomar un cargo en la zona sur. También aseguran que, de la misma manera, se desdoblarán aquellos cursos que estén sobrepasados. En este sentido la reinterpretación que el gobierno porteño hace de la cautelar avalada con el fallo de Zuleta es la consideración ante el cierre de los cursos pero aclaran que no se menciona la imposibilidad de la "fusión". Para los docentes, el cierre de cursos y la nueva figura de la "fusión o integración de cursos" no es más que el achicamiento de la escuela pública, en zonas donde compite abiertamente con la educación privada, favorecida por los subsidios estatales.
Desde la oposición, legisladores como Francisco "Tito" Nenna, Virginia González Gass, María Elena Naddeo y María José Lubertino hablan de hacinamiento y de querer usar al alumnado de la escuela pública como variable de ajuste. Nenna mencionó que "el objetivo de Macri es destruir la escuela pública o, por lo menos, debilitarla tanto como le resulte posible para que se convierta en un depósito para los chicos pobres. Lejos de garantizar el derecho social a la educación, el jefe de Gobierno cree que la educación es una mercancía más y que se puede comprar y vender como cualquier servicio desde institutos privados" mientras que el secretario general de UTE, Eduardo López, manifestó que la escuela pública "es inclusiva e igualitaria, por eso la comunidad educativa toda se moviliza en su defensa".
La audiencia, negociación y números a los cierres
Mientras la audiencia para el 12 de abril próximo dispone a los convocados, gremios y gobierno, a asistir con los números definitivos de los alumnos de los cursos afectados, el ministro Brullrich se comprometió con los gremios docentes a presentar una nueva disposición que contemple modificaciones en el criterio de fusión de grados incorporando una mirada pedagógica y no meramente numérica. El argumento presentado por el gobierno ante el cierre de 221 grados en la zona norte de la Ciudad, es la creación de 278 cursos en la zona sur. "Con esta política de integración vamos a beneficiar a 2.888 docentes con la creación de 925 cargos" aseguraron desde el Ministerio de Educación.
Pero si bien los argumentos del gobierno porteño resaltan una "mejora en la calidad educativa", al mismo tiempo que informa la creación de cursos en la zona sur de la Ciudad, la cual se hace después de los reclamos de docentes y asociaciones respecto de la superpoblación, el hacinamiento y la falta de vacantes en al menos dos distritos escolares, el 19 y el 21 que involucran a los barrios más vulnerables del sur porteño; da a conocer el número de grados que se fusionarán con otros.
Dicha disposición, podría llevar el eje del debate hacia una real calidad educativa en los términos en los que la plantean los gremios docentes y en ese sentido dar un paso en positivo hacia el eje pedagógico, pero seguiría siendo cuestionada y surgiría como preludio para la lucha docente; la posibilidad de que el gobierno contemple fusionar cursos que tengan menos de quince alumnos en primaria y veinte en la escuela media.