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Criminalizar la protesta. La presidente pide a los jueces que 'agarren el código penal'
Por reenvío agencia walsh -
Monday, Apr. 09, 2012 at 5:14 PM
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que la protesta ante la embajada británica el lunes 2 fue un "acto de vandalismo" por parte de los militantes populares que se hicieron presente y resaltó que "no representan a la política" y "se visten con ropaje seudorevolucionario". También recomendó a los jueces que "agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia."
Por Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh)
En el marco del 30º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, frente a la sede diplomática del barrio porteño de Recoleta, militantes de diversos partidos de izquierda cantaron consignas contra Gran Bretaña, repudiaron la presencia de empresas inglesas en el país y prendieron fuego banderas del Reino Unido. La policía intervino con una fuerte represión y se produjo un enfrentamiento.
Dos días después, la jefa de Estado, durante un acto en Bariloche, dijo que le llamaba la atención que "en un gobierno de tanto avance en los derechos democráticos, de tanto avance sobre las corporaciones y en beneficio de la sociedad, de tanto avance en materia de derechos humanos como nunca se ha visto en toda la historia, surjan grupos tan violentos que parecen servir a intereses contrarios a la Argentina". Y agregó que "más allá de que se vistan con ropaje seudorevolucionario, me llama la atención que con plena libertad y plena democracia, como nunca se ha visto, sucedan estas cosas".
La Presidenta debería sincerar su mensaje a la sociedad porque la "plena libertad y plena democracia" que se vive en la Argentina castiga a los trabajadores y a los sectores sociales más vulnerables. En segundo lugar, no es verdad que "avance sobre las corporaciones" porque mientras reclama la soberanía de Malvinas entrega las riquezas naturales a empresas mineras multinacionales, en perjuicio del medio ambiente y de la salud de los habitantes.
Un tercer dato es que los Tratados de Paz argentino-británico relativos a la soberanía de las Islas Malvinas, instrumentado en el Acuerdo de Madrid firmado el 15 de febrero de 1990, otorga beneficios de garantía de inversión de nación más favorecida a innumerables empresas británicas que en la actualidad operan en el país. Mediante la Ley Nº 24.184 para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas, promulgada el 24 de noviembre de 1992, se ratificaron los convenios suscriptos.
Una vez más, no sólo se permite que Gran Bretaña desconozca la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, sino que, sin demasiado trámite, se dictan leyes para favorecer económicamente a sus corporaciones. Una doble entrega sin necesidad de conflicto bélico alguno.
En su discurso, la Presidenta no mencionó la violenta intervención policial que lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y usó camiones hidrantes contra los manifestantes como método de "persuasión" para que se retirasen. Por el contrario, ocultó ese accionar y, una vez más, se contradijo con los hechos ocurridos cuando, en la misma alocución, se refirió al acampe que "sufrieron" los porteños en la 9 de Julio: "No soy partidaria de la mano dura. Los palos en la Argentina dieron malos resultados".
Cristina de Kirchner consideró ambas manifestaciones como "actos antipopulares, en su correcta acepción, porque cuando se acampa durante 21 horas para cortar la 9 de Julio, o donde se apedrea una embajada, son actos antipopulares".
Como si la brutal represión a los manifestantes en la embajada hubiese sido insuficiente, en su discurso la mandataria pidió que los jueces criminalicen la protesta social: "Sé que un juez dijo que habría que darles un cachetazo a esas personas. Yo recomiendo a los jueces que agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia. Muchas veces lo que se busca no es un cachetazo sino un palazo o un tiro de un policía para que luego digan: `vieron, no es un gobierno popular, porque reprime las protestas sociales`".
Así es. No es de un gobierno popular la represión a las protestas sociales, ni que se ordene a los jueces que apliquen la ley antiterrorista, ¿pues qué ley sino la 26.734 han de aplicar los magistrados? Tampoco es popular haberla impulsado y promulgado apenas asumió su segundo mandato la actual Presidenta de "todos" los argentinos.
Ley Nº 26.734: herramienta jurídica para criminalizar la protesta social
La ley Nº 26.734, que reformó el Código Penal, fue un Proyecto enviado por la Presidenta Cristina de Kirchner al Congreso de la Nación a mediados de diciembre de 2011, contó con el apoyo del bloque oficialista y fue aprobada en tiempo récord por ambas Cámaras. La ley entró en vigencia el 28 del mismo mes con su publicación en el Boletín Oficial. La normativa fue un pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La ley profundiza la sancionada en 2007 -también a pedido del GAFI-, ya que duplica las penas del Código Penal y, a pesar que mantiene la ambigüedad acerca de quién es un "terrorista", cualquier organización social y persona que reclame podría entrar en esa categoría si un juez así lo dispone, ya que la protesta constituye un delito. La normativa, además, es un instrumento para atemorizar, disuadir y desintegrar lazos sociales.
Los letrados especializados en la materia dicen que la imprecisión del concepto "terrorismo" en el texto de la ley constituye una herramienta que permitiría a los jueces violar derechos constitucionales. Los límites que se establecen para la libre interpretación del juez no son lo suficientemente claros y la finalidad "terrorista" puede aplicarse a cualquier actividad delictiva, lo que quedaría sujeto a la interpretación del magistrado interviniente.
Cuando la ley se promulgó, el kirchnerismo recién entraba en su tercer período de gobierno y la Presidenta de la Nación dijo que "aún falta por hacer para los sectores más necesitados". Parece que los pobres pueden seguir esperando, pero no la ley para criminalizar la protesta social, que en apenas 12 días se sancionó y promulgó, y hoy la mandataria pide a los jueces que la apliquen.
Buenos Aires, abril de 2012