Denuncian pacto asesino entre el poder y los penitenciarios
Por reenvío agencia walsh - Tuesday, Apr. 10, 2012 at 10:37 AM

"El SPB garantiza gobernabilidad al poder político a cambio de mantener sus negociados" "Lo dijo Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, en la continuidad de su diálogo con Radio La Cantora, a una semana de hacerse pública la inspección que realizara al Complejo penal de San Martín acompañado del vicegobernador de la provincia. "El pacto es chantaje puro; en algún momento se rompe y el Servicio manda un mensaje claro al poder político: hechos de mayor violencia", como los tres asesinatos más recientes en tres cárceles bonaerenses. "Casal ha permitido el autogobierno y el descontrol absoluto de la fuerza", denuncia Casolati, advirtiendo que la escalada de violencia tendrá sus réplicas en el afuera".

(AW) Las valientes declaraciones de Casolati sobre el SPB expresan en esencia la política estatal represiva en todo el territorio del país y en casi todos los sitios de encierro: Cárceles de mala muerte y buenos negocios con la sangre de los hijos más vulnerables del pueblo. Si bien el tema no es nuevo, ninguna otra gestión, luego de la tiranía, había recluido, torturado y asesinado tanto de uno y otro lado de las rejas. El Estado, hoy kirchnerista, es el mayor asesino serial e impune en el cual los hombres y mujeres que lo encarnan verbalizan la defensa de los derechos humanos que trituran en las acciones cotidianas. Por otra parte, las diferencias entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli o Casal pueden ser grandes, pero aún mayores son las coincidencias que los hace impulsar juntos, en la misma boleta electal, en el mismo partido, por caso, un capitalismo plagado de exclusión y muerte.


"Sin dudas, todas las fuerza policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión. Los hechos de violencia lo muestran", señaló esta semana Juan Manuel Casolati, denunciando que la réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la reciente inspección a los penales de San Martín fue el asesinato de tres detenidos. Según el secretario de Ejecución de ese distrito judicial, estamos frente a un "doble pacto, en el que nadie se anima a meter mano para limpiar porque se teme, justamente, que la cosa se desmadre y se pierdan estos niveles de gobernabilidad que fueron fomentados por el poder político de turno desde siempre con, en este caso, la anuencia del Servicio Penitenciario". Para explicar a qué se refiere con este doble pacto, Casolati señala: "El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados. Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso".

"Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?", se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: "Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo". En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: "Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza".

Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que "no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda.

Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: "Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio", apuntó categórico Casolati.

Fuente: La Cantora

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