Colombia: Los Williamson deben explicarle al país el origen de sus cuotas en el cerrejón : Argentina Indymedia (( i ))

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Colombia: Los Williamson deben explicarle al país el origen de sus cuotas en el cerrejón
Por Redacta Diario Última Hora - Thursday, Apr. 12, 2012 at 7:37 PM

Una de las familias colombianas de mayor prestigio en ese país deberá explicar la procedencia de las cuotas que posee en la Comunidad de “El Cerrejón”

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El Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias, delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad, solicitará la cooperación del Estado Colombiano para que se aclare donde se encuentran los ciudadanos: Gratiniano Gómez, cedula de ciudadanía N° 502086; Amelia Amaya, viuda de Brugés, cedula de ciudadanía N° 1706; Hortencia Amaya, cedula de ciudadanía N° 1672; Aura Amaya de Soto, cedula de ciudadanía N° 652; Ligia Amaya, cedula de ciudadanía N° 7019; Gabriel Solano Vidal, cedula de ciudadanía N° 482978; Franklin Figueroa, cedula de ciudadanía N° 482709; Ana del Carmen Morales de Fragoso, cedula de ciudadanía N° 58; María del T. Carrillo, cedula de ciudadanía N° 12; Mercedes Peláez de Carrillo, cedula de ciudadanía N° 74; Rosa Peláez Gómez, cedula de ciudadanía N° 965; Bienvenida Peláez Gómez, cedula de ciudadanía N° 1055; Aura Peláez Carrillo, cedula de ciudadanía N° 216; Rosa Peláez Carrillo, cedula de ciudadanía N° 217; Pilar Peláez Carrillo, cedula de ciudadanía N° 218; Crisanta Saltarén, cedula de ciudadanía N° 42; Exael Saltarén Carrillo, cedula de ciudadanía N° 49; Laura Romero Pinto, cedula de ciudadanía N° 160; María Josefa Pinto de Gómez, cedula de ciudadanía N° 6209 y Clemencia Saltarén, cedula de ciudadanía N° 41, quienes desaparecieron misteriosamente sin que hasta la presente fecha se conozca de sus paraderos, lo cual es una responsabilidad del Estado Colombiano garantizar el derecho a la vida de las personas y su eventual búsqueda.

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Rio Negro: Piden informes a la provincia por situación de Kospi
Por Milsa - Sunday, Apr. 15, 2012 at 5:18 AM

Con la participación de nueve especialistas en derecho indígena, la investigación del ODHPI detalla el avance cotidiano sobre territorios tradicionales y apunta, además de la complicidad del Estado, al “modelo económico basado en la explotación irracional y la entrega de los recursos naturales, donde las prioridades de desarrollo se deciden a puertas cerradas y se imponen verticalmente sin la consulta ni la participación de los pueblos afectados”.

“El modelo extractivo (minería, hidrocarburos, soja), la concentración de la tierra y la producción, los desalojos y la violencia judicial y policial, son las conclusiones que se llevaron los indígenas en la conmemoración del Bicentenario de nuestro país”, afirma el trabajo, de 66 carillas, y cuyo nombre completo es “Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia 2010-2011”. La realidad actual se ve marcada por la intensificación de políticas y acciones privadas y estatales que generan conflictos en los territorios indígenas pese al ordenamiento jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos.

El ODHPI publica sus informes anuales desde 2008. En esta oportunidad la mirada está ampliada no sólo hacia el Pueblo Mapuche sino también al Pueblo Mapuche-Tehuelche, y además se agregó la opinión de expertos en derecho indígena que abordaron la realidad indígena de Neuquén, Chubut y Río Negro a través de los doctores Micaela Gomiz, Laura Zannoni, Eduardo Hualpa, Sonia Ivanoff, Elena Picasso, Fernando Kosovsky y Gustavo Macayo.

Respecto a la situación particular de Neuquén, Micaela Gomiz recuerda que han pasado cinco años desde la reforma de la Constitución provincial (que reconoce los derechos indígenas) y denuncia que “no sólo no se ha avanzado en materia de reconocimiento efectivo en la aplicación de políticas públicas, sino que el accionar estatal viene generando situaciones de violación concreta de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Afirma que los derechos específicos del Pueblo Mapuche son “violados sistemáticamente por el Estado neuquino” y lo acusa de haber asumido “conscientemente una política de negación de las comunidades indígenas, mediante la vulneración de sus derechos territoriales, la imposición de modelos de desarrollo inconsultos y ajenos a la cosmovisión indígena, la promoción y la estigmatización de las organizaciones indígenas como 'usurpadoras'”. Y advierte sobre la creciente criminalización de los dirigentes indígenas. Ejemplifica, como caso testigo, con la situación de la comunidad Paichil Antriao, de Villa la Angostura, que habita el lugar desde 1902 y que sufrió (y sufre) distintas usurpaciones territoriales.

“Día a día los derechos (de los pueblos indígenas) son cercenados, ya sea por parte de la ciudadanía en general o por parte del Estado”, resume Zannoni respecto a la situación en Río Negro, detalla la falta de acceso de las comunidades a la Justicia y señala, como agravante, el desastre ocasionado por la erupción del volcán Puyehue (en junio de 2011), que agravó la situación de todas las comunidades indígenas (muerte masiva de animales, falta de agua y escasa ayuda estatal).

Eduardo Hualpa realiza un recorrido histórico de la situación de Chubut, aporta casos concretos de vulneración de derechos y explicita la falta de políticas activas de respeto a los derechos indígenas. Puntualiza dos aspectos: la complicidad del Instituto de Colonización (ente provincial que aborda la situación de la tierra) que demuestra “una gran capacidad de obstrucción de los reclamos indígenas, imbuida de un pensamiento individualista/colonizador cuando no directamente predispuesta a favorecer cualquier otra forma socio- productiva diferente de la indígena”

y, como segundo aspecto, explica que la última década han avanzado las industrias extractivas, puntualmente el petróleo y la minería, “amenazas del mundo indígena”. Sonia Ivanoff agrega casos concretos que demuestran la creciente criminalización de quienes defienden el territorio.

El informe también analiza la lucha de la comunidad Mellao Morales en Neuquén (frente a una empresa minera china que pretende instalarse en cercanías de la localidad de Loncopué), la situación de la comunidad Santa Rosa-Leleque (en disputa territorial contra la multinacional Benetton), la comunidad Wenctru Trawel Leufu (con un fallo favorable frente a una petrolera), la comunidad José Manuel Pichun frente a la avanzada forestal en cercanías de El Bolsón y, como paradigma del Poder Judicial racista, se analiza el accionar del juez de Chubut José Colabelli, destituido en 2004 por la violenta represión a la comunidad mapuche Vuelta del Río, y restituido en su cargo en 2010.

“El desafío es que el Estado como responsable del respeto y la garantía de los derechos humanos modifique sus estructuras monoculturales (...) proyecte un modelo económico sustentable, participativo y que no avasalle los territorios y los recursos indígenas y de ese modo cumpla con los compromisos asumidos”, exige en el último capítulo y afirma que es “central comprender que es necesario cambiar esa lógica de invisibilización, desconocimiento y negación que trae como resultado la profundización y perpetuación del genocidio indígena en nuestro país”.

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