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Afloran los límites del modelo
Por Economistas de Izquierda -
Monday, Apr. 16, 2012 at 8:21 AM
AFLORAN LOS LÍMITES
DEL MODELO
Un nuevo
documento suscripto por integrantes y simpatizantes de la red EDI, Economistas
de Izquierda, titulado “Afloran
los límites del modelo” traza un balance de la etapa, analizando
desequilibrios estructurales, problemas de coyuntura e interpretaciones en disputa. En la
primera parte del texto describen como se consumó la depredación
de los yacimientos petroleros y estiman necesario anular las concesiones nacionalizando
YPF sin indemnización, para recomponer el auto-abastecimiento de combustible.
También critican el sistema de gestión que destruyó los
ferrocarriles y consideran necesaria la re-estatización bajo control
de los trabajadores y usuarios, para financiar el transporte de pasajeros con
los réditos del transporte privado de cargas. El
documento detalla los efectos destructivos de los emprendimientos mega-mineros
y propone derogar la legislación neoliberal vigente, fijando estrictas
normas para garantizar la elaboración local de las materias primas. Se
analiza también como forjar un esquema de agricultura diversificada que
supere el cultivo sojero, mediante la reconstitución de la Junta Nacional
de Granos y la nacionalización del comercio exterior. Los firmantes
del texto estiman que el proceso de reindustrialización se ha estancado
en un marco de concentración, extranjerización, remisión
de utilidades y baja inversión. Consideran que el salario formal se recuperó,
pero subrayan la gran distancia que existe entre esa recomposición y
el avance de la productividad o las ganancias. Subrayan que el ingreso promedio
continúa por debajo de la canasta familiar y que los jubilados siguen
relegados. La segunda
parte del documento destaca que más allá de los vaivenes cíclicos,
persiste una gran desigualdad social, acentuada por el abandono de los proyectos
de mayor progresividad impositiva. Señala, además, que el intento
de implementar políticas pro-empresariales mediante la denominada “sintonía
fina” chocaría con las mejoras sociales y se alejaría de
una agenda progresista. El texto
detalla como la continuidad de la inflación erosiona los ingresos populares
e interpreta que la carestía obedece a la primacía de altos patrones
de rentabilidad, concertación oligopólica y baja inversión.
Propone formas efectivas de control de precios a partir de evaluaciones de los
costos. Destaca la gravedad que presenta la fuga de capitales y propone drásticas
medidas para frenar este drenaje. El escrito
también evalúa que el superávit fiscal se ha extinguido
y estima que el uso de los recursos del ANSES para el financiamiento oficial
es una bomba de tiempo. Considera que ese bache no se corrige con aumentos de
tarifas, ni retomando el endeudamiento externo que siempre asfixió a
la Argentina. Estima que los bancos lucran con la intermediación sin
proveer créditos de largo plazo y propone otra política en la
órbita financiera. En la
tercera parte del documento se polemiza con los enfoques neoliberales que suelen
objetar el “populismo”, presentando las restricciones económicas
del entorno como un dato inamovible. Recuerda que todos los gobiernos precedentes
recurrieron al endeudamiento y al sobre-gasto público e ilustra como
la crisis capitalista internacional en curso, descoloca las convocatorias a
“imitar al resto del mundo”. Destaca que estos llamados disfrazan
la reintroducción de políticas de ajuste. Pero
el documento también crítica a los economistas oficialistas que
fantasean con la auto-propulsión del consumo, olvidando el soporte de
rentabilidad que caracteriza al capitalismo. Cuestiona la expectativa de forjar
un modelo de “capitalismo serio”, remarcando que todas las variantes
de este sistema impiden la igualdad social. Resalta, además, que en los
hechos el “capitalismo de amigos”, camino elegido para forjar un
sujeto nacional burgués, es la antítesis del ideal promocionado. En
contraposición a ese proyecto, el documento de EDI
concluye presentando el nuevo cuadro de situación que están creando
las demandas
instaladas por los movimientos sociales, las organizaciones gremiales y las
asambleas ciudadanas. Marzo 2012 Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Guillermo
Gigliani, Jose Castillo, Alberto
Teszkiewicz, Julio Gambina, Mariano Féliz, Jorge Orovitz Sanmartino,
Martín Ogando, Sergio García, Hugo Azcurra, Guillermo Almeyra,
Martín Kalos Ariel Slipak, Facundo Lastra. AFLORAN LOS LÍMITES DEL MODELO Transcurrida una década del
reemplazo de la convertibilidad se generalizan los interrogantes sobre el rumbo
de la economía. Las etapas de expansión sin obstáculos
(2003-2008) y desajustes controlados (2009-2011) han quedado atrás y
ganan visibilidad las grietas del modelo. Hidrocarburos, minería y ferrocarriles
son áreas críticas, la sojización se afianza, la recuperación
del empleo productivo pierde dinamismo y son numerosas las obstrucciones que
enfrenta la reindustrialización. La creciente extranjerización
y concentración de la economía, el fracaso del intento de recreación
de un sujeto burgués nacional, el dominio de las formadoras de precios,
son rasgos cada vez más acentuados, mientras que la disputa por el excedente
y la fuga de capitales, alimentan el proceso inflacionario y la perdida de competitividad
deteriora las exportaciones industriales y amenaza el nivel de empleo. Hay sin duda problemas de coyuntura.
Cualquiera sea la evaluación del impacto que pueda depararnos la crisis
capitalista mundial, ya nadie habla del “blindaje
argentino”. El balance de divisas ve reducir su superávit y la
situación fiscal se deteriora. Sin incrementar los recursos de la Tesorería
habrá dificultades para repetir la receta del 2009 y sortear la caída
de la actividad que se avecina, con gasto público o expansión
del consumo. ¿Se agotó el modelo económico
actual? ¿Hay margen para el desarrollo en un esquema que preserva el
extractivismo? ¿Alcanzaron un techo las mejoras sociales y las importantes
conquistas populares de los últimos años? En
lo que sigue planteamos un balance poniendo énfasis en los problemas
más acuciantes que enfrenta la economía argentina. La situación energética del país no está colapsada,
pero ha llegado a un límite que marca un estado de crisis aguda. Este
se expresa en la debilidad de la producción hidrocarburífera;
en la insuficiencia tanto de la capacidad de refinación instalada como
de las redes de transmisión y distribución de los fluidos. También
en lo embrionario de las energías alternativas. Pero en un país
cuya matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos
(90%), sobre todo del gas, es allí donde se concentra el núcleo
duro de la crisis latente. Argentina es un país que tiene petróleo,
lo sabemos desde hace ya más de 100 años, pero no puede decirse
sea un país petrolero, puesto que el nivel de sus reservas comprobadas
no permite esa caracterización. Sin embargo a fines de los ochenta logró
el autoabastecimiento y pocos años después se transformó
en un país exportador. En rigor se exportaban reservas (se calcula se
exportaron algo así como el 50% de las comprobadas en petróleo
y el 15% de las de gas) y el resultado ha
sido inequívoco: pérdida del auto-abastecimiento y conversión
de Argentina en importador neto de gas natural, fuel y gas oil. Así la balanza energética ya no
exhibe excedentes de 2041 millones de dólares como en el 2010, en 2011
el balance fue negativo en 2931 millones (fuente INDEC). Lo que se preanuncia
son fuertes desbalances crecientes. Las importaciones de gas boliviano se duplicaron
y los subsidios del Estado al sector energético aumentaron en forma exponencial.
El problema no se limita a amenazas de cortes en verano o falta de gas en invierno.
Ha emergido un gran obstáculo para toda la economía, derivado
de la escasez estructural de combustible. Así las reservas bajaron de 20 años,
en los ’90, a 10 en 2009 y de 17,2 años, en el 2000, a 7,8 años,
en 2009, respectivamente. Este desmoronamiento fue un resultado directo de la
ausencia de exploraciones. En la década de los ‘80 se incorporaron
1026 pozos, en el decenio posterior 989 y en el siguiente 484.
REPSOL es el principal responsable de este desplome.
Se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares
sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos
ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior
e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África).
Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía
y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes. En sus propios balances se informa que esos lucros
surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción
aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período
2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y
distribuyó el 90 % de esas ganancias. Un fraude complementario fue perpetrado por los
capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron
a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos
surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso
y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de
la empresa1. El gobierno participó directamente de
esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó
ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta “argentinización”
permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones.
Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales
acentuaron el parasitismo de los ibéricos. En los últimos meses este desastre comenzó
a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar
por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus
viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo,
refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó
prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas
que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación.
Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos,
amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica
muy beligerante (“no podemos volver a la época del Virreinato”).
Están por verse los resultados de esta
confrontación. Las empresas siempre recurrieron al desabastecimiento
para lograr mayores precios, creando reyertas con todos los gobiernos. El problema
actual tiene otro alcance, puesto que se agotaron los pozos existentes. Se requieren
inversiones de gran porte para buscar nuevos yacimientos o para explotar afluentes
de elevado costo de extracción. La nueva cuenca de Neuquén podría
aumentar significativamente las reservas comprobadas. Pero contiene combustible
no convencional, cuya extracción entraña enormes riesgos ambientales
y exige gastos dos o tres veces superiores al promedio actual. Lo ocurrido con ENARSA demuestra la total inconsistencia
de iniciativas oficiales sin recursos ni financiación. Esa empresa está
constituida por un grupo de oficinas sin actividad real. Es titular de áreas
off shore, pero no realizó operaciones significativas. REPSOL no parece orientada
a modificar sus políticas empresariales por las presiones del
gobierno. Tampoco se muestra dispuesta a contraer deuda para subsanar el incumplimiento
de sus viejos compromisos. Ni siquiera concretaría
inversiones significativas si se alinean los precios
locales del combustible con los niveles internacionales2 Algunos funcionarios gubernamentales comienzan
a buscar asociaciones privilegiadas con otras empresas (como Pan American),
otros grupos (Bridas) y otros financistas (chinos). Pero un cambio de favoritismo
no resolvería el problema de las inversiones faltantes. La necesidad de la anulación
de las concesiones y de la nacionalización
surgen del simple incumplimiento de contratos, que estipulan la obligación
de realizar las inversiones, que al no realizarse han llevado al vaciamiento
de los recursos y a la emergencia energética actual. No sólo el
país tiene argumentos jurídicos de sobra para adoptar esta decisión,
sino que también puede litigar en tribunales internacionales por el fraude
que ha cometido REPSOL. Obviamente esta controversia no podría procesarse
en el ámbito del CIADI, que ya tiene preparados dictámenes a favor
de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio3. La re-nacionalización de YPF es una alternativa
considerada por todos los actores del sector. Incluso ha trascendido que los
principales artífices de la privatización menemista habrían
propuesto alguna modalidad de estatización que favorezca a REPSOL. Los
Economistas de Izquierda sostenemos que hay que prestar mucha atención
a la eventualidad de otra estafa, a través de alguna recompra de la compañía
con fondos públicos, que terminaría siendo funcional a otros negocios
privados. Algunos proyectos en danza señalan la
desventaja padecida por haber perdido la compañía estatal que
mantuvieron Brasil, Uruguay o México. También se remarca el giro
estatista que prevalece a escala internacional, desde el momento que 16 de las
20 mayores empresas del mundo pertenecen al sector público4.
Asimismo es posible concebir distintos modelos de gestión futura, otorgando
suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana. Pensamos que es necesario
estar atentos a los movimientos del gobierno y a las acciones que tome, que
por el momento no parecen demasiado definidas, pero para nosotros resulta indispensable
precisar si la renacionalización incluirá o no indemnizaciones.
En el primer caso se aceptaría la estafa realizada y el país quedaría
sin fondos para realizar las inversiones postergadas para explotar y extraer
lo recursos. No basta acuñar una nueva denominación (YPF Federal)
o hacer ondear la bandera de la recuperación energética. Hay que
detallar cómo se instrumentará ese objetivo. La compra de la empresa
(al contado, en cuotas o con deuda), abonando parcial o totalmente su precio
bursátil (11.000 millones de dólares según la actual cotización
accionaria en New York (Clarín 14.3.12), introduciría
un quebranto de las finanzas públicas. Para quiénes integramos EDI la
única respuesta progresiva y transformadora a esta situación es
la anulación inmediata de las concesiones, la re-nacionalización
sin indemnización de YPF y la devolución constitucional de la
propiedad del subsuelo que la Nación, Pacto de Olivos mediante, delegó
a las provincias con la Reforma Constitucional del ‘94. Esta reforma fue
perfeccionada por la llamada Ley Corta de fines del 2006, iniciativa del gobierno
de entonces que el Congreso Nacional sancionó junto con exenciones impositivas
inéditas a la actividad. La transferencia del dominio que el Estado nacional
históricamente tenía sobre los yacimientos y los permisos de exploración
y concesiones a los estados provinciales, otorgó a los gobernadores la
capacidad de negociar con las compañías abriendo así todo
tipo de connivencias a espaldas del país. Para nosotros el destino de
los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población y
la gestión de este sector estratégico debe desenvolverse con transparencia
y plena información pública. Claro que la re-nacionalización
y la recuperación para el Estado nacional de la propiedad del subsuelo
debieran ser acompañada de un replanteo de todo el sistema fiscal, caso
contrario se corre el riesgo de desfinanciar a las provincias, particularmente
en sus programas de educación y salud. Consideramos estas medidas como indispensables
para reconstruir el abastecimiento. Por otra parte remarcamos la estrecha vinculación
entre la crisis energética y los actuales problemas de Cuenta Corriente.
El problema energético obliga a gastar en combustibles los dólares
que se necesitan para importar insumos y bienes de capital. Para nosotros es
una contradicción que está inscripta al interior del propio modelo
neodesarrollista y que expone una vez más las dificultades estructurales
del sector externo. La decadencia del sistema ferroviario viene de larga data, puede situarse
un punto de inflexión en el inicio de la década del ’60
con el Plan Larkin, primer intento de redimensionar la empresa a favor del transporte
carretero, luego se suceden años de marchas y contramarchas, de sucesión
de políticas contradictorias que acentuaron su deterioro.
La destrucción lenta pero continuada en el tiempo fue funcional
a los intereses del transporte carretero, especialmente a las multinacionales
de la industria automotriz. Esta opción llevó a la dilapidación
de recursos escasos y muestra la irracionalidad capitalista y sus dramáticas
consecuencias sobre la pérdida de vidas humanas, la polución y
la degradación ambiental. Pero en esta historia de décadas puede
recortarse un período claramente diferenciado, el que se inicia a mediados
de los’90 con las privatizaciones y que llega hasta nuestros días.
En poco menos de tres años bajo la figura
de la concesión, la empresa estatal –monopólica y con déficit
de servicios- se transformó en numerosas empresas de derecho privado.
De 39.000 km en operación quedaron 22.000, de los que solo se explotan
unos 7.500. De 95.000 trabajadores ferroviarios quedan en actividad unos 14.000.
Pero hoy se transportan más pasajeros/km. y más toneladas/km que
en aquellos años. La productividad y el beneficio empresario han crecido
exponencialmente y ha sido la renegociación de
los contratos a principios de la administración kirchnerista la que ha
perpetuado estas condiciones. Los servicios rentables – los de carga-
quedaron concesionados a grupos económicos que solo incorporan mejoras
tecnológicas y operativas hasta donde les resulta funcional a sus propios
intereses. Los de pasajeros de mediana y larga distancia son casi inexistentes,
los que tibiamente se repusieron lo hacen en pésimas condiciones de confort
y seguridad. Pero son los servicios suburbanos de pasajeros los que están
en el límite de sus posibilidades. No obstante el carácter prebendario de
la privatización, la gestión privada de las empresas no ha cumplido
con los pliegos licitatorios. No han invertido, no pagan los cánones
establecidos ni los inventarios que se les transfirieron a precio vil y el Estado
asigna año a año mayores partidas presupuestarias para subsidiarlas. El colapso de las líneas San Martín,
Roca y Belgrano Sur, así como los accidentes que se sucedían en
la línea Sarmiento anticipaban lo que podía suceder. A pesar de
esto el gobierno nacional al tener que hacerse cargo de las líneas colapsadas
no encontró mejor solución que darlas en gerenciamiento a los
mismos grupos empresarios que se beneficiaron de la privatización ferroviaria
y que continúan explotando otros servicios. Una suerte de asociación
ilícita (Cirigliano, Roggio, Techint), con la activa participación
de la mafia sindical que perpetró el asesinato de Mariano Ferreira. No hubo inocencia en esta selección. Los
Cirigliano recolectaron aportes para las campañas electorales del oficialismo,
se hicieron cargo del manejo de empresas fantasmas por petición gubernamental
(Safe, Fly) y pusieron su flota privada de jets para el transporte de funcionarios. La reciente tragedia de Once demostró
que lo que se anticipaba no era en vano. La muerte de 51pasajeros estuvo precedida
por centenares de fallecidos en las líneas que gestionan los responsables
del crimen. Ya es sabido que los frenos y los para-golpes no funcionan y que
los vagones o vías están completamente obsoletos. Las formaciones
circulan bajo amenaza de sanción a los trabajadores que denuncien los
riesgos operativos. Todas las compañías incumplen normas de seguridad
para abaratar costos y aumentar los ingresos con el número de pasajeros
transportados. Pero el caso Cirigliano es particularmente escandaloso.
Utilizó los subsidios para solventar un emporio de colectivos, carrocerías,
inmuebles y aseguradoras, dentro y fuera del país. En pocos años
convirtió su pequeño emprendimiento en un poderoso grupo, destruyendo
los ferrocarriles que compiten con sus intereses en el transporte automotor.
Realizó incluso maniobras financieras (depósitos
en dólares, compra de títulos) con el dinero público que
debía utilizar para la gestión ferroviaria. Estos desfalcos contaron con la complicidad directa
de los funcionarios.
Nadie
puede alegar desconocimiento. Inspectores, trabajadores, delegados y agrupaciones
opositoras se cansaron de presentar denuncias, así como la Asociación
del Personal de Dirección (APDFA) que describieron reiteradamente la
violación de las normas de seguridad. Jaime cajoneó estas advertencias
y Schiavi mantuvo el ocultamiento. Frente a estos antecedentes es inadmisible
la presentación del Estado como querellante ante jueces dóciles
al poder. No hay que olvidar el armado de causas judiciales por parte de Aníbal
Fernández contra los delegados combativos, que anticiparon lo que finalmente
sucedió. Para encubrir los desfalcos de las empresas culpaba a los trabajadores
de “sabotaje”. Muchos
opositores de la derecha y partidos tradicionales que desempolvan
estas denuncias suelen silenciar su propia participación
en el desguace que inició el menemismo en los ‘90, continúo
la Alianza y perfeccionó la administración provisional de Duhalde,
con un decreto que exoneró a las compañías por el incumplimiento
de las inversiones. La conmoción social creada por la tragedia
de Once y la reacción de los afectados abre una oportunidad de revertir
el desastre ferroviario. En la historia argentina reciente esa movilización
de los familiares ha sido determinante para imponer justicia, especialmente
cuando el gobierno culpa a las víctimas, atribuye el desastre a la irresponsabilidad
de pasajeros colgados, que se agolpan en las salidas o llenan los vagones en
los días laborales. Además, designa a un ex menemista para gestionar
la intervención de TBA y despide con elogios a Schiavi. Impedir la impunidad es un punto de partida para
reconstruir el ferrocarril. En lugar de otro parche en los contratos vigentes
se necesita un cambio de raíz, que erradique por completo el modelo de
privatización que el gobierno quiere conservar y la derecha pretende
reforzar con demagogia y aumentos de tarifas5. Los objetivos explícitos de la privatización
proponían la eliminación del déficit y la modernización
de los servicios por medio de inversiones privadas, luego de casi dos décadas
de privatización los resultados muestran su inocultable fracaso con el
agravante que se ha perdido el carácter público de estos servicios
y el interés social general implícito en ellos no es tenidos en
cuenta. La lógica del capital, como era de prever prioriza la ganancia
por sobre todas las cosas. A la luz de esta comprobación la propuesta
alternativa de re-estatizar el ferrocarril bajo control de profesionales, trabajadores
y usuarios suscita crecientes adhesiones. Esta administración permitiría
eliminar el despilfarro y la corrupción. Actualmente se ha duplicado
el gasto en subvenciones para manejar sólo el 15% de los servicios ferroviarios
tradicionales. Para los Economistas de Izquierda la re-estatización
sin fondos perpetuará los problemas. Es necesario definir como se financiarán
las inversiones que necesita el sistema. El patrimonio de Cirigliano y de todos
los grupos que se enriquecieron demoliendo el ferrocarril debería aportar
a esta reconversión. Lo que robaron debe ser devuelto en obras. Pero
la principal fuente de recursos se encuentra en las seis líneas de alta
rentabilidad que transportan mercancías. El transporte de carga debe
financiar al de pasajeros, mediante la estatización de esos corredores
privados. Para nosotros sólo aplicando este criterio comenzaría
a erradicarse el manejo de un estado bobo, que gestiona actividades a perdida
para asegurarle a los privados los segmentos de gran lucro. Sostenemos que otra fuente de financiación
debería provenir de medidas impositivas tendientes a asignar a cada modo
de transporte terrestre su rol en el marco de un Plan Nacional de Transporte
(reivindicación histórica de los gremios ferroviarios) que articule
y complemente, en función de sus costos de operación, las distancias
y el beneficio público, los distintos modos alternativos. Un tercer campo de tensiones ha salido a flote en las movilizaciones contra
la mega-minería. Este rechazo se verifica en varias provincias, despierta
simpatía popular y suscita el acompañamiento de muchos intelectuales
y artistas. La conciencia ambiental que irrumpió en los cortes contra
las pasteras de Gualeguaychú, ha resurgido. Argentina
comienza así a alinearse con las batallas ambientalistas que
se desarrollan en Latinoamérica. La demolición del ambiente que produce
la mega-minería es aterradora. El viejo socavón para buscar metales
en el subsuelo ha sido reemplazado por dinamita a cielo abierto. La contaminación
del agua potable se generaliza con el uso de cianuro,
ácido sulfúrico, mercurio u otras
sustancias para procesar para procesar el mineral. El encarecimiento
de los precios internacionales incentiva este sistema de explotación
que habría consumado ya una reducción del 30% del agua generado
en los glaciares6.
Como el agua no alcanza para compatibilizar la
minería con la agricultura, el gobernador de La Rioja optó por
la demolición del subsuelo a costa de los alimentos. Frente a semejante
elección, la demanda “Famatina no se toca” constituye una
genuina exhortación a la vida. El pretexto oficial para sostener el negocio
minero (“desarrolla el interior”) debe
ser impugnado. Basta observar el saqueo consumado durante los últimos
doce años en Catamarca por la empresa Bajo La Alumbrera. En un sólo
ejercicio la compañía facturó más que en toda su
inversión inicial. Pagó impuestos irrisorios, multiplicó
por diez sus ganancias y forjó una “economía de enclave”
para extraer un concentrado de la roca, que deshidrata en Tucumán y exporta
desde Santa Fe7.
El modelo vigente en este sector representa una
modalidad extrema del neoliberalismo. Las compañías están
exentas del pago del impuesto al cheque y a los combustibles, gozan de estabilidad
fiscal por 30 años, adquieren importaciones sin aranceles y pagan ínfimas
regalías (2,5 a 4%)8. Algunos voceros de las empresas afirman que la
actividad generó 250.000 empleos, cuando las cifras oficiales sólo
indican 23.374 trabajadores. En Bajo La Alumbrera se crearon por ejemplo sólo
480 puestos de trabajo y el gasto en sueldos representa el 2,5% del monto exportado.
La adquisición de insumos locales ha sido también insignificante
y no se erigió en la región una sola escuela o centro de salud. El emprendimiento de la Barrick es más
escandaloso. Utilizando el tratado firmado con Chile en 1997 forjó en
Pascua Lama un país virtual a ambos lados de la Cordillera. La empresa
opera con un acuerdo tributario secreto y abona los sueldos de los gendarmes
en un territorio sin aduanas. La empresa se dispone a depredar durante un cuarto
de siglo un dique de agua de 340 hectáreas y 400 metros de profundidad.
¿Los discursos sobre Malvinas no deberían ser acompañados
por la recuperación de la soberanía sobre ese territorio? Las
Malvinas son argentinas, pero la región cordillerana también forma
parte de nuestro territorio9. El negocio de las compañías extranjeras
se asienta en un sistema de complicidades entre universidades (Tucumán),
sindicatos y elites provinciales. El centro de esta red se ubica en el entorno
presidencial (Mercado, Mayoral) y sus agentes incluyen por igual a gobernadores
K y anti-K. Algunos son voceros directos de las mineras (Gioja) y otros olvidaron
la demagogia contra las empresas al asumir la gestión provincial (Beder
Herrera). Este sometimiento a las compañías se ha consumado, además,
al frente de administraciones de distinto signo político (Corpacci). El legado menemista en esta actividad es evidente,
pero fue Néstor Kirchner quién permitió a las compañías
liquidar divisas en el exterior (2004) e incentivó la ampliación
de los proyectos que aumentaron un 90% entre 2003 y 2009. La publicitada foto
con los hombres de Barrikc Gold no fue ajena al veto que dispuso Cristina Fernandez
de Kirchner de la ley de protección a los Glaciares. El amparo presidencial
a los gobernadores tiene precedentes en la empresa estatal de Santa Cruz, que
comparte ganancias con las mineras del lugar. Pero la actitud más patética en
los debates sobre minería se verificó entre los intelectuales
progresistas que justificaron la represión, la acción de las patotas
y la aplicación de la ley anti-terrorista contra los manifestantes. Algunos
repiten el relato infantil de las empresas (“la minería contribuye
al desarrollo regional”) y otros sueñan con subsanar las “anomalías”
actuales con la participación de los estados provinciales en nuevas compañías
mixtas. En los hechos esa oficialización del negocio sólo convalidaría
el saqueo en curso. Algunos pensadores han cruzado todos los límites,
al recurrir a una denigración cínica del ambientalismo. Justifican
la mega-minería argumentando que todas las actividades productivas contaminan
y cuestionan la autoridad de “los narcisistas porteños” para
opinar sobre un emprendimiento del Noroeste10. Este curioso federalismo supone que algunos argentinos
pueden opinar y otros no sobre acontecimientos que involucran a todo el país.
Si uno vive en Buenos Aires no puede hablar mal de la mega-minería de
San Juan, pero está habilitado a emitir elogios del modelo depredador
que rige en Chile o Perú. Como “todos contaminan”, parecería
que el reciclado individual de un plástico, tiene la misma envergadura
que la aniquilación de las reservas de agua potable. Como “el ecologismo
es berreta” tampoco hay que prestar atención a los ejemplos internacionales
de prohibición de la minería a cielo abierto que impusieron los
pobladores de Montana, Wisconsin o Colorado. O que el
parlamento europeo prohibió en todo su territorio este tipo de explotación
y conminó al Consejo de Ministros ha hacer efectiva esta disposición. Otros intelectuales oficialistas consideran que
llegó el momento de “abrir el debate” sobre minería.
Pero este descubrimiento olvida que hace muchos años se discute el tema
en el interior. Con grandes campañas de denuncia lograron nueve leyes
provinciales restringiendo la mega-minería, un plebiscito de rechazó
en Esquel (2006) y varios repudios de universidades (Córdoba,
Rio Cuarto) a la fondos de Bajo la Alumbrera. Esta acción se desarrollo
confrontando con todos los intentos de estigmatizar y criminalizar a los asambleístas
y esta resistencia y permitió, además, la sanción
de una nueva ley de protección de los glaciares apoyada por 300 asambleas
ambientalistas y bloqueada por la justicia de varias provincias11. Ninguno de estos movimientos rechaza la actividad
minera. Sólo objetan su variante demoledora. Esta resistencia converge
con protestas similares en otros países sudamericanos, pero con una diferencia
esencial: Argentina no necesita de este tipo de
minería para sostener su economía. Implementa a pura pérdida
el modelo extractivista que rige en toda la región, desde que la innovación
tecnológica, la especulación con materias primas y el crecimiento
de China revalorizaron la extracción de metales. El ingreso de divisas que genera ese sector no
es vital para nuestra balanza comercial, tampoco aporta demasiado al PBI. Para
EDI es imprescindible exigir la
elaboración local de las materias primas. Argentina no necesita una minería
de exportación, sino procesos de extracción asociados a la reindustrialización
de la economía. Para nosotros derogar la ley vigente es el punto
de partida para cualquier replanteo de la minería.
Hay 12 proyectos en operaciones, tres en construcción y 340
iniciativas a futuro. El país está a tiempo de garantizar la protección
ambiental prohibiendo el cianuro, la voladura de cerros y todas las maniobras
de las empresas, para poder desarrollar la actividad con licencia y control
social y de acuerdo a los intereses nacionales. Al igual que en los hidrocarburos
este problema involucra a toda la nación y no puede quedar sujeto a decisiones
locales. La contaminación nunca se limita al radio geográfico
original de las explotaciones. Si hay consultas o plebiscitos para definir cursos
de acción deben participar todos los ciudadanos. El
derecho a la vida, al ambiente saludable y a las culturas pre- existentes forman
parte de nuestra noción de desarrollo. La fragilidad estructural de la economía argentina radica en su enorme
dependencia del cultivo de la soja que ha expandido su preeminencia. Ya ocupa
el 56% de la tierra cultivable y avanza con deforestación (un millón
de hectáreas entre 2002 y 2006) y agro-tóxicos (300 millones de
litros por año). Este predominio no se extiende sobre áreas vacías.
Hay desalojo de campesinos y pobladores originarios, concentración de
la tierra en la región extra-pampeana y abrupta reducción del
número de explotaciones (24% menos desde 1988). La reconciliación en curso entre el gobierno
y los agro-sojeros tiende a dejar atrás un fuerte conflicto. Este reencuentro
quedó sellado durante el lanzamiento del nuevo plan agro-alimentario,
que reafirma el esquema sojero.
Se promueve un aumento general de la producción (157 millones de toneladas
en 2020), para consolidar el avance registrado entre el 2002 y el 2010 (de 70
a 100 millones de toneladas) con más superficie sembrada e incrementos
de productividad. Pero el programa sólo habla del volumen proyectado.
No dice cuántos productores sobrevivirán, en un modelo que incrementa
la preeminencia de las grandes compañías y los pools de siembra12. La Mesa de Enlace cajoneó la demanda de
bajar las retenciones para elogiar este plan. Este viraje obedece a la continuidad
de un negocio floreciente. La tonelada de soja que se cotizaba a 160 dólares
en 2001 alcanzó en estos días nuevamente los 500; el precio de
la tierra subió 120% en la última década y se registran
ganancias sin precedentes por hectárea sembrada. Quiénes ganan
fortunas no están motivados para la protesta. El gobierno distendió, además,
las relaciones con el sector
satisfaciendo parte de sus pedidos. Se reiniciaron
las compensaciones la actividad láctea y ganadera, se autorizaron aumentos
de precios (carne, leche, pollo, pan) y se asignaron reintegros por adversidades
climáticas. Así los conflictos se desplazaron hacia el interior
del sector (tensiones por la distribución del trigo entre productores,
molineros y exportadores)13. Este clima pos-electoral explica la aceptación
general de una ley de tierras que había suscitado divergencias. Los beneficiarios
de un modelo de exclusión, desigualdad y desarraigo coincidieron en proteger
su principal recurso de la competencia foránea. Prefieren asegurar la
presencia de muchos Grobocopatel y pocos Benetton en el agro-negocio. Los sojeros continúan presionando por
asegurar su liderazgo de la economía. Proponen actualizar la inserción
internacional de Argentina como “granero del mundo”, ampliando las
actividades alimentarias para erigir el “país-góndola del
siglo XXI”. Demandan prioridad para el sector, precio pleno de los productos
y liberación de mercados14. Claro que subsisten áreas de fricción
con el gobierno (ley de arriendos, manejo de la ONCCA, subsidios por sequía,
tipo de cambio efectivo), pero ha desaparecido la confrontación del 2008.
Los puentes con el gobierno han quedado reabiertos, desde el momento en que,
tomando nota de la fuerte movilización del agro, se renunció a
sostener el financiamiento de las arcas públicas incrementando el flujo
de renta agraria con mayores retenciones. El oficialismo ha cajoneado también
las propuestas de restaurar la Junta Nacional de Granos para recrear una agricultura
diversificada. Sólo insisten en atenuar el impacto interno de los altos
precios de exportación con un programa de perpetuación del status
quo, que genera cuestionamientos dentro del propio espectro gubernamental15.
Mientras tanto continúa el negocio clave de las grandes exportadoras
que controlan el comercio de granos y oleaginosas. Los agricultores empobrecidos son las víctimas
de un cultivo transgénico con efectos ambientales impredecibles. Ningún
gobernador protege a campesinos expropiados. Estos sectores rara vez son catalogados
como “pequeños productores”. Esta denominación se
utiliza en cambio para describir a los capitalistas medianos de la Pampa, que
manejan significativas inversiones, como contratistas y/o propietarios de actividades
sojeras. Para nosotros es importante clarificar el uso de ese concepto, frente
a tantos proyectos de segmentación de las retenciones para productores
de 600, 1500 o 2500 toneladas. Estos sectores participan de la actividad más
rentable del país y no necesitan ningún auxilio del Estado. Un
cambio en los porcentajes del impuesto debería en todo caso legislarse
al interior del propio sector, sin ningún costo para el resto de la sociedad.
Si baja lo aportado por un productor medio, que aumente la contribución
del más poderoso. Para los Economistas de Izquierda
un escenario agrario favorable a las mayorías populares exige
discutir otro temario: cómo se regularán los precios y mercados,
de qué forma se reconstituirá una Junta Nacional de Granos y cómo
debería operar en la actualidad un comercio exterior nacionalizado. La recomposición del tejido industrial -que el gobierno presenta como
su prioridad estratégica- se ha estancado. Es cierto que el sector manufacturero
creció significativamente en la última década (más
del 80%), por una combinación de los vaivenes cíclicos y políticas
estatales activas. La intención neo-desarrollista de restaurar la gravitación
de este segmento no logra anclaje en la realidad económica.
La industria ocupa incluso un lugar menor que en los años ‘90
y ‘80 Tampoco se ha modificado la escasa diversificación
del sector. Tres ramas concentran el 75% de la actividad (automotriz, metalurgia
y minerales no metálicos) y la fuerte recuperación de los puestos
de trabajo, no alcanzaron aún a superar el nivel de empleo predominante
en 1997. Las ramas más dinámicas operan con tecnologías
intensivas que exigen poca mano de obra y las cinco actividades que en los ‘90
reunían el 60% de la producción, hoy concentran el 67% del total16.
Estos resultados obedecen en gran medida al elevado
grado de concentración que impera en la industria y
también a la ausencia de un plan estratégico para el sector.
El valor bruto de producción de las 200 firmas líderes trepó
del 20% en los ’90 al 28% actual. Ese núcleo de compañías
maneja, además, el 73% de las exportaciones totales (2003-09), en un
marco de gran consolidación de la extranjerización consumada bajo
el menemismo. Esta primacía ha registrado cambios muy leves en la última
década. De las 500 principales empresas que explican el 68% de las utilidades
totales, 338 son foráneas17.
El efecto de esta preeminencia es una fuerte
transferencia de utilidades al exterior bajo el amparo de la actual legislación
de inversiones extranjeras y los casi 50 convenios bilaterales de inversión
que dan total libertad a las multinacionales. Esa remisión determina
periódicas tensiones cambiarias, que el gobierno responde con exhortaciones
(ahora también con controles). Pero no hay ninguna medida de fondo para
revertir el nocivo sistema de protección de inversiones que impuso el
Banco Mundial18. Todos los balances empresarios indican elevadas
ganancias de los industriales bajo el modelo actual. Pero estos informes también
destacan que la tasa de reinversión local ha sido efímera. Algunas
evaluaciones señalan que entre las 500 mayores firmas ese porcentual
bajó del 24,7% (1993-2001) al 14,7% (2002-2009), mientras el déficit
comercial de la industria crecía hasta generar el agujero actual (20.000
mil millones de dólares en 2010). Las importaciones se expanden a un
ritmo muy superior a las ventas externas, junto a una decreciente integración
de componentes nacionales19. Los viejos problemas de una industria dependiente,
fracturada y deficitaria se han acentuado con la creciente internacionalización
del sector. Estos desequilibrios son muy visibles en la rama automotriz, que
ha reducido la incorporación local de partes (45% en promedio), al cabo
de un prologando desguace de los abastecedores nacionales. Las pautas de inversión
en esta actividad son particularmente irracionales, puesto que se establecen
en función del mercado externo sin considerar, por ejemplo, la prioridad
del transporte público nacional. Algunos economistas K consideran que estas limitaciones no
desmienten la vigencia de un “modelo productivo con inclusión social20.
Pero evitan registrar que el gobierno se limita a convalidar una lógica
capitalista de pura rentabilidad, que avala la fabricación de autos (en
lugar de trenes) o la construcción de torres en Puerto Madero (en desmedro
de viviendas en los barrios populares). La expectativa neo-desarrollista de “profundizar
el modelo” en una dirección industrialista se está disipando
en favor de la “sintonía fina”. Muchos simpatizantes del
modelo reconocen, que para contrarrestar la presión hacia la especialización
agro-exportadora se requerirían drásticas medidas estatales, que
por ahora son solo potenciales21. Los economistas del gobierno afirman que el “modelo devolvió
dignidad a los trabajadores, creó millones de puestos de trabajo y aumentó
el salario real”. Esta caracterización atribuye ese resultado exclusivamente
a la política económica. Obvian señalar que es el efecto
combinado de políticas estatales (reimplantación de paritarias)
con múltiples condicionantes (coyuntura internacional favorable, recuperación
cíclica de la ocupación y los ingresos, conquistas de la movilización
social). En el sector formal el salario aumentó
285% en promedio entre diciembre del 2001 y julio 2010. Según el índice
de inflación que se tome para realizar la comparación (INDEC,
cálculos provinciales, estimaciones privadas), ese incremento se ubica
por encima o por debajo de la carestía. Entre los economistas existe
cierto consenso en evaluar que ha predominado cierta paridad entre las dos variables.
Pero en el mismo período se registró un aumento de la productividad
muy superior al incremento de los salarios
reales y por esta razón los costos salariales decayeron. El contraste
es más significativo si la evaluación se realiza comparando con
los beneficios. Las ganancias de las empresas se duplicaron en la última
década y su patrimonio es 200% mayor que en el 2003. La “tracción
del modelo por los salarios” -que ponderan algunos simpatizantes del curso
actual- es discutible o debe relativizarse ante semejante expansión de
la tasa de ganancia22.
Durante la última década ha sido
significativa la consolidación de la fractura del mercado laboral iniciada
en los ’90, no sólo entre los trabajadores formales e informales,
sino también al interior de la estructura formal. Siendo que la precarización
se extiende por el conjunto. Mientras que el 20% de los trabajadores mejor remunerados
del sector privado capta el 52% de la masa salarial, el 20% ubicado en la base
percibe el 5,2% de ese total23. Esta subdivisión explica la centralidad
que han alcanzado ciertas demandas de la CGT sobre el mínimo no imponible
y las asignaciones familiares, así como el frustrado proyecto sindical
de distribuir las elevadas utilidades entre el personal de cada empresa. Para
los Economistas de Izquierda la constatación de la continuidad
de esta fractura obliga a considerar esas demandas cegetistas, y darle prioridad
a la exigencia de salarios mínimos iguales a la canasta familiar, para
comenzar a cerrar la brecha al interior de los trabajadores. En la actualidad se computan 11.800.000 asalariados,
de los cuales 7.8 millones registra en el sector formal y 4.0 millones en el
informal. El salario promedio sobre el que se realizan los aportes jubilatorios
llega a los 5,500 pesos, pero el 55% de esos trabajadores percibe hasta 4000,
muy alejado de la canasta familiar estimada entre 5.000 y 6.000 pesos. En el
otro extremo 1.4 millones gana entre $7.000 y 30.000 o más pesos al mes.
Los trabajadores no registrados ganan como mínimo un 30% menos que los
registrados. Esta fragmentación se percibe también al interior
de los trabajadores del sector público, entre los del Estado nacional
y los que laboran en los Estados provinciales y municipales. (Fuente: INDEC
y Dirección Nacional de Programación Económica)
Así el modelo ha consolidado la categoría
del “trabajador pobre” (que no cubre la canasta familiar), frente
a la figura del “desocupado pobre” que prevalecía en la crisis
del 2001. La reducción de la informalidad, de 44% a 34.2% (2003-11) es
significativa, pero se relativiza cuando se la compara con la tasa de crecimiento
de la economía en el mismo período. En este contexto se verifican situaciones extremas
de explotación no sólo entre trabajadores rurales
(jornadas de trabajo de 16 horas que ahora podrán revertirse con la sanción
de la ley que reglamenta los horarios),
carpas en lugar de viviendas, escasa alimentación. Los padecimientos
de los tercerizados o de los costureros que trabajan en los galpones son igualmente
dramáticos. El Gran Buenos Aires vuelve a concentrar una enorme masa
de desposeídos del interior y países vecinos, que sobreviven con
trabajos miserables. El gobierno afirma que atenúa estas desventuras
con un gasto social mayúsculo. Pero este reconocimiento no hace más
que confirmar el asistencialismo que contiene al modelo y contradice su identificación
con la inclusión social o el trabajo genuino. La asignación por
hijo
representa efectivamente una innegable conquista popular, que ha otorgado cobertura
a millones de desamparados, sin embargo no alcanza a
todos los carenciados y su monto queda periódicamente erosionado por
la inflación. No hay que sobredimensionar
el costo real de ese auxilio, que en líneas generales se asemeja al vigente
en la mayoría de los países latinoamericanos. Estas semejanzas
permiten comprobar que el capitalismo como sistema resigna, en esta fase,
un determinado porcentaje del PBI para atenuar los efectos de la acumulación
y reproducción en este período histórico. No obstante esta conquista social ha recibido
igualmente críticas gorilas (“los pobres se lo gastan en droga”)
y objeciones malintencionadas a su implementación (“el sistema
es desorganizado”). Para nosotros lo central radica por un lado en la
carencia de un financiamiento genuino -que se reemplaza con, entre otros,
fondos de la ANSES- por lo tanto en la dependencia de recursos presupuestarios
muy variables. La reiterada propuesta de sostener el programa asistencial con
transformaciones impositivas, que suscribimos, jamás fue escuchada por
el oficialismo, mientras persiste la falta de una real universalidad. También la cuestión de los jubilados
suscita confusiones. El gobierno suele concentrar todos sus dardos polémicos
contra los derechistas que hacen demagogia, demandando los aumentos que negaron
bajos sus administraciones. Estos opositores nunca explicitan cómo financiarían
las mejoras. El oficialismo destaca que expandió la cobertura hasta el
95% de la población y estableció un sistema de movilidad periódica
de los haberes. Ambos son avances significativos,
pero esto no quita que el mínimo se sitúa en la mitad de la canasta
básica de un retirado y que el promedio de ese ingreso apenas alcanza
al 40% del promedio de los activos. Tampoco aclara qué sucederá
con la enorme masa de trabajadores informarles que no aportan a la seguridad
social. Los economistas K suelen reciclar viejos fantasmas
neoliberales (“aumentará el trabajo en negro por aumento del costo
laboral”) cuando se les propone reimplantar las contribuciones patronales
eliminadas por Cavallo. Por el contrario los Economistas de Izquierda
sostenemos que esta reposición de fondos permitiría como mínimo
elevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo, avanzando
así hacia el 82% móvil rompiendo con la continuada violación
de un derecho popular. Los estudios oficiales intentan demostrar que “el modelo reduce la desigualdad”.
Destacan que la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más
pobre se redujo de 37 a 16 veces (2003 -2010), que el índice Gini declinó
de 0,54 a 0,39% y que la participación de los trabajadores en el ingreso
mejoró de 34,5 a 44,9% (2003-2010) 24.
Estos cambios han seguido una pauta cíclica
determinada por el nivel de actividad y los vaivenes del mercado laboral. Si
se considera un período prolongado (y no la sesgada comparación
tras el colapso del 2001) se verifica que el coeficiente Gini prácticamente
no cambió entre 1994 y 2010. Hubo un fuerte empeoramiento en el período
1994-2002 y una importante recuperación posterior, que sitúa el
promedio actual muy cerca del vigente en 1995. No desconocemos la evolución
de estos ocho años pero nos parece las comparaciones
significativas hay que establecerlas con la marca histórica del “fifty-fifty”
de los años 50 o 70, que se encuentran muy lejos de los resultados generados
por el modelo en curso25. En cualquier debate sobre este tema aparece la
dificultad de los indicadores construidos con datos del INDEC, estos no tienen
fiabilidad alguna desde el 2007. Las estadísticas sobre la distribución
funcional del ingreso (división del producto entre salarios y ganancias)
quedaron, además, discontinuadas desde 1975. Pero si se toma la distribución
personal del ingreso que mide el Gini y la participación de los diferentes
deciles de la población en el ingreso total se confirma la escasa variación
en el largo plazo. La fractura entre clases medias/medias y altas y trabajadores
de buenos ingresos que consumen y sectores bajos que subsisten no se ha modificado. Existen otras formas de evaluar la desigualdad
mediante contrastes de la evolución de salarios con el producto, las
ganancias o la productividad. En este contrapunto la persistencia de la inequidad
salta a la vista. Parte de esa desigualdad
que señalamos son las dificultades que encuentran los sectores populares
para acceder a servicios de educación, salud y comunicación de
calidad. Un párrafo aparte merece la situación de la vivienda.
Durante estos años han aumentado los emprendimientos constructivos, pero
los episodios del Parque Indoamericano o los de Jujuy y Formosa han dejado en
evidencia la insuficiencia de los mismos. La comparación con los balances de las
empresas que cotizan en Bolsa es más chocante aún. La rentabilidad
empresaria superó los niveles previos a la devaluación en un 90%,
se duplicó en el período 1996-2008 y se mantuvo elevada incluso
en la caída recesiva del 2009. Algunas estimaciones destacan que las
ganancias promediaron en el inicio del modelo (2002-06) un 35,8% frente a 23.9%
de la convertibilidad26.
Quiénes integramos EDI sostenemos
que la desigualdad no puede reducirse en forma significativa sin tocar esas
ganancias. Suponer que ambas pueden progresar simultáneamente, aumentando
así el bienestar de todos los actores económicos es una ilusión
tan inconsistente, como la teoría neoliberal del derrame. Se
ignora que el sistema del capital se basa, y es a su vez la fuente, de
las desigualdades sociales. Los propios “representantes del pueblo”
recrean abiertamente la desigualdad cuando se auto-otorgan aumentos de dietas
legislativas, que obviamente nadie toma como parámetro para las negociaciones
paritarias. El escándalo que suscitan esos privilegios suele oscurecer
que el epicentro de la brecha social se ubica en el sector privado, dónde
hay gerentes con sueldos mensuales de 2 a 10 millones de pesos. Es una hipocresía
justificar estas remuneraciones con argumentos de libertad en el sector privado.
Todas las empresas surgieron y operan mediante el sostén directo o indirecto
del sector público. La desigualdad que se proyecta al Estado proviene
del mercado. En muchos de los economistas oficialistas se
ha consumado un giro conservador para justificar esta continuidad, han naturalizado
que el IVA se mantenga en los altísimos porcentajes actuales, mientras
persisten gravámenes muy reducidos al patrimonio. Ni siquiera se modificó
el régimen de exención a la renta financiera, los privilegios
a la compra-venta de empresas o la exención del impuesto a las ganancias
a los magistrados. Afirman que la reforma impositiva se ha ejecutado de hecho,
mediante el crecimiento económico, la presión tributaria y la
creciente participación del comercio exterior en el pago de distintas
tasas. Esta tesis sintoniza con la presentación del mínimo imponible
a los salarios como un acto de justicia27.
Pero este enfoque iguala para abajo y frustra
cualquier reducción de la desigualdad. En vez de penalizar a los ricos
se justifica el achatamiento de ingresos de los sectores medios. Los viejos
cuestionamientos a la estructura tributaria regresiva son olvidados en pos de
un bienestar que surgiría del simple funcionamiento del modelo. Por el contrario para quiénes integramos
EDI las brechas sociales comenzarían a atenuarse con una reforma
que instaure una mayor progresividad tributaria y con una asignación
transparente y efectiva, sin mediaciones políticas punteriles, de los
mayores recursos genuinos que se recauden. El gobierno ha decidido enfrentar las limitaciones del modelo con políticas
pro-empresariales de incentivo a la inversión privada. Por esta razón
la presidenta emite mensajes de colaboración a los socios capitalistas
y convocatorias al reencuentro a los sectores antes enfrentados. Esta postura
amigable hacia sojeros, industriales y banqueros coincide con agresiones a los
sindicatos y advertencias a los movimientos sociales. Las promesas de modificar
la ley de riesgos de trabajo convergen con las críticas a los huelguistas
que “extorsionan”. El objetivo de esta reorientación es sustituir
el impulso que hasta ahora brindó la demanda, por la inversión.
Esta variable quedó desfasada de los restantes componentes del desenvolvimiento
capitalista. Aunque subió de un ínfimo piso (11% en 2002) a un
promedio significativo (23-24% en 2010-11), la mejora no alcanza para sostener
el nivel de actividad de los últimos años28.
Se ha trabajado al límite de la capacidad instalada de las plantas, exprimiendo
los recursos existentes y sin ampliarlos con emprendimientos de largo alcance.
Por esta razón los aumentos de productividad obedecen más a la
subsistencia de elevados niveles de explotación que a la renovación
de los equipos. Muchas estimaciones destacan que
la actividad industrial usufructuó en la última década
de las inversiones acumuladas en el decenio anterior29. El gobierno ha chocado con la sucesión
de conflictos que generan las políticas estatales en las decisiones empresarias.
Por un lado se exhorta a incorporar libremente capital en las firmas y por otro
se limita la posibilidad de girar dividendos y regalías y se trata de
frenar la fuga de capitales. Por un lado se estimulan el consumo y la producción
y por el otro se fijan cupos de importaciones y se negocian precios. Estas contradicciones
no son resultantes de una perversión intervencionista, ni tampoco ejercicio
del doble discurso, como aseguran variados gurúes neoliberales. Estas
contradicciones son el resultado objetivo de los desequilibrios que enfrenta
la economía nacional. El gobierno simplemente afronta necesidades opuestas.
Debe inducir la inversión para incrementar la oferta y frenar el alza
de precios y al mismo tiempo debe intervenir para limitar el desbarajuste energético
o el desbalance comercial. Esta mayor intervención estatal es maliciosamente
interpretada como un acto de hostilidad hacia los empresarios (“enfrentamientos
con las corporaciones”), cuando en realidad no es más que una típica
forma de arbitraje, para asegurar la continuidad de la actividad económica
fomentando ciertas ventajas y afectando algunos privilegios. Como siempre ha
ocurrido, el silencio complaciente de los beneficiados contrasta con la ruidosa
queja de los desfavorecidos. El primer grupo alaba la recuperación del
poder estatal y el segundo despotrica contra la violación del libre-mercado. El gobierno
presenta su gestión como equidistante de los trabajadores y los capitalistas.
Pero es muy difícil
sostener esta argumentación cuando se ensaya un giro pro-empresario que,
de sostenerse en el tiempo, alejaría al oficialismo de la agenda progresista.
Se declara prescindente en la negociación colectiva de los salarios,
pero ha intentado imponer un tope. No se conoce
algo similar en relación a la rentabilidad de los empresarios. La legitimidad
de las ganancias no es puesta en duda por un gobierno que rechaza las demandas
de la CGT (ley de distribución de las ganancias, aumento del mínimo
no imponible, ampliación de las asignaciones familiares) y se niega a
considerar el costo de la canasta familiar como base para fijar el salario mínimo
o en una negociación salarial. El insulto a los docentes -repitiendo
viejas falsedades de la derecha sobre la jornada laboral y las vacaciones- como
antes con la “tendinitis” a los trabajadores del subte o la acusación
de extorsivas a las huelgas, forman parte de esta estrategia. La denominada “sintonía fina”
encubre este mayor favoritismo hacia las clases dominantes. Incluye la implementación
de medidas que no tienen la envergadura de un ajuste brutal, como en el 2001-02,
ni tampoco el alcance de la agresión imperante en Europa en la actualidad,
pero que frenan la continuidad de mejoras sociales que alientan los partidarios
de la “profundización”. El modelo inaugurado en el 2003 ha
ingresado en una nueva etapa, tal vez caracterizada por una línea defensiva
frente al posible impacto de la crisis mundial y el agotamiento de ciertas variables
internas, cuyas tendencias al menos hasta ahora se contradicen con el fuerte
apoyo político del 54% obtenido en las elecciones. La inflación concentra todos los desequilibrios de la etapa actual,
pero la manipulación de los índices impide conocer su magnitud.
Las evaluaciones técnicas que se han hecho del manejo del INDEC arribaron
a conclusiones demoledoras sobre esa distorsión. Si se toma en cuenta
la evolución de los precios calculada por los institutos provinciales,
el incremento osciló en el 2010 y 2011 en torno al 25%. Pero el principal
problema no radica en el cómputo sino en el propio fenómeno inflacionario,
que se ha estabilizado muy por encima del promedio internacional o regional.
La carestía provoca un deterioro de los
ingresos populares que socava las mejoras salariales y de ingresos sociales.
Este impacto ha sido muy significativo en alimentos y vivienda y comienza a
extenderse a los servicios. La carestía neutraliza la asignación
por hijo y tiende a situar nuevamente el porcentaje de la pobreza en torno al
30% y la indigencia cerca del 15%30. Muchas causas se conjugan para producir el resultado
inflacionario, pero los precios esencialmente aumentan para mantener las altas
tasas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta es la principal razón
del flagelo. Los grupos capitalistas más concentrados aseguran beneficios
con remarcaciones que sólo ellos pueden disponer. La inflación
actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal (como sostienen los
neoliberales), ni expresa una pugna distributiva (como piensan algunos economistas
K). Refleja fuertes restricciones de la oferta por insuficiencia de inversiones
en un período de alta rentabilidad empresaria. Los precios son empujados hacia arriba por una
baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Resulta
imposible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de
compra. La inflación muestra así cómo el modelo, a pesar
de todas las prebendas otorgadas, no logra expandir el abastecimiento de mercancías. Existe una crítica liberal a este resultado
que enfatiza el impacto adverso de la intervención estatal sobre el comportamiento
de los precios. Esta postura da lugar a una andana de insultos contra el secretario
de comercio, que se ha convertido en el principal blanco de la presión
mediática. El objetivo de la campaña anti- Moreno es recrear un
ambiente favorable a la “libertad de precios”, es decir a la impunidad
de las grandes empresas para remarcar sin ninguna restricción. Cualquier
planteo progresista debe situarse en las antípodas de esta actitud, sin
olvidar que ha sido Moreno el que destruyó el sistema estadístico
nacional y los cuadros profesionales y técnicos, formados por el Estado
durante décadas y que gozaban de prestigio y respeto internacional. Desde hace varios años el gobierno intenta
infructuosamente atenuar el ascenso de los precios, a través de negociaciones
con las cúpulas empresarias. Los capitalistas prometen pero nunca cumplen.
Disfrazan los incrementos o los distribuyen en distintos puntos de las cadenas
de comercialización. Algunos economistas K suponen que esta distorsión
se auto-corregirá mediante la continuidad de un alto consumo que arrastrare
a la inversión. Pero aquí aflora una ingenuidad simétrica
al imaginario neoclásico, que espera ampliaciones automáticas
de la demanda por un efecto expansivo de la oferta. Con la versión invertida
de la teoría del derrame se supone que los capitalistas responderán
a la continuada corriente de compras con espontáneas inversiones, sin
evaluar riesgos o rentabilidades. La nueva apuesta oficial se orienta a inducir
una baja paulatina de la inflación, mediante topes salariales que induzcan
a la inversión. Pero hasta ahora los grupos formadores de precios mantienen
una actitud conservadora, que no modificarán por el simple efecto de
las exhortaciones. Sostenemos que la batalla contra la inflación
no fracasa por exceso de controles, sino por el carácter timorato de
esa supervisión. Un programa popular de superación del flagelo
inflacionario debería basarse en presupuestos más realistas. Para
nosotros el control debe hacerse especialmente sobre los costos de producción
y de intermediación. Esta acción también requeriría
asegurar la desvinculación de los precios locales de las cotizaciones
internacionales. Como la inflación se ubica por encima
del 20% y la valorización anual del dólar no supera el 7, tal
vez el 10% este año, se ha consumado un desfasaje que genera tensiones
cambiarias. Más que un “retraso del tipo de cambio” se ha
producido un “adelanto de la inflación”. Este tipo de brechas
arrastra una larga historia en Argentina y frecuentemente acompañó
las etapas de recuperación pos-devaluatoria. Recordando estas experiencias llueven las advertencias
contra la repetición de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad
de Cavallo. El establishment propone equilibrar el precio del dólar con
las tradicionales medidas de empobrecimiento de la población. No invierten,
pero se lamentan del “deterioro de la competitividad”. No mejoran
el abastecimiento local, pero objetan el control de las importaciones que ejerce
el gobierno para resguardar los dólares. En diciembre pasado se verificó la primera
pulseada para definir cuál será el ritmo y la magnitud del ajuste
cambiario. Los grandes grupos exigieron celeridad, el gobierno rechazó
esta imposición y ganó la pulseada, con medidas de corto plazo
respaldadas en el alto nivel de las reservas. Fijó restricciones a la
compra minorista de dólares, restauró la obligación de
las empresas mineras y petroleras de liquidar localmente las divisas de las
exportaciones e introdujo ciertos controles impositivos. También evaluó
la posibilidad de recrear los viejos desdoblamientos del mercado cambios, entre
operaciones comerciales, financieras y de turismo. Esta posibilidad está
latente si la Cuenta Corriente (ingreso y salida de divisas) viera declinar
su superávit en forma significativa. El modelo está afectado por una fuga estructural
de capitales, que se verifica en la casi duplicación de las salidas del
2010 (21.500 millones de dólares frente a 11.400). Esta sangría
ya suma 87.380 millones desde 2003, es decir un monto muy relevante frente a
reservas que totalizan algo más de 47.000 millones. La salida de fondos triplica a las de Brasil
o México. Ya hay 134.000 millones de dólares en el exterior frente
a un PBI estimado en 430.000 millones. Esta cifra ha crecido en forma constante
desde el 2001 cuando era de 81.875 millones31.
Como en otros gobiernos, se intenta contrarrestar
la fuga con medidas administrativas (declaraciones juradas de operaciones) y
convocatorias a la “confianza en el país”. Pero la inefectividad
de estas respuestas salta a la vista. Las transferencias tienden actualmente
a incrementarse para compensar los efectos de la crisis europea. Se estima que
6000 millones de dólares salieron el año pasado por pedidos de
las casas matrices a sus filiales. Por esta razón la reinstauración
de restricciones a la remisión de utilidades se ha tornado impostergable.
Amparados en 50 tratados bilaterales de Inversión (TBI) que permiten
el libre flujo de fondos, las compañías manejan el movimiento
de capitales a su arbitrio, sin ninguna restricción efectiva. Algunos economistas afines al kirchnerismo solicitan
restaurar la legislación de los años 70, que establecía
plazos mínimos de inmovilización de fondos, otorgando al Estado
facultades para bloquear los giros en situaciones críticas. Pero hasta
ahora el gobierno no se atrevió a implementar una elemental medida de
resguardo nacional. El superávit fiscal que acompañó durante varios años
al modelo ha quedado atrás y comienza a reaparecer el viejo desbalance
que tradicionalmente acosó a las finanzas públicas. Sin
los auxilios del BCRA y los intereses del Fondo que administra la ANSES, las
cuentas oficiales cerrarían con un rojo creciente.
Las agudas complicaciones que enfrentaron varias
provincias (Santa Cruz, Rio Negro) para pagar sueldos o cumplir con los contratos
son ilustrativas del bache fiscal. El Estado nacional monopoliza el 70% de la
recaudación y gotea en forma discrecional los fondos excedentes. El financiamiento
público con ahorros del ANSES es una bomba de tiempo. Descapitaliza a
un organismo que debería afrontar ante todo la mora en la liquidación
de las jubilaciones. Diariamente esa institución recepta más de
500 demandas por incumplimiento de esa obligación. El gobierno afirma
que maneja con seriedad esos recursos, pero en los hechos ha bloqueado la difusión
de 211 informes de la Auditoría General de la Nación. La magnitud del problema fiscal salió
a flote con el plan de recorte de subsidios a los concesionarios de servicios
públicos. El déficit generado por esos pagos y las transferencias
a las empresas crecieron en forma exponencial desde el 2003, bajo una maraña
inmanejable de disposiciones. No es consistente la presentación oficial
de estas erogaciones, como una exigencia del período pos-convertibilidad
para sostener el consumo con bajas tarifas. Estos precios auxiliaron también
durante años las residencias de la clase alta y actividades tan suntuarias
como los hipódromos y los casinos. En los hechos simplemente se mantuvo
el esquema de privatización menemista para prorrogar los compromisos
contraídos con los concesionarios. La decisión posterior de “argentinizar”
estas erogaciones con transferencias a empresarios amigos acentuó el
despilfarro de recursos. El Estado perdió fuentes de recaudación
y garantizó duopolios (como telefónica y Telmex que eludieron
la prestación universal). Las ventas de paquetes accionarios a grupos
nacionales (como el ingreso de Electro-Ingeniería a Metrogas) no aportaron
ningún beneficio al sector público32. Frente al crítico escenario actual el
gobierno ha decidido achicar las pérdidas que ocasionan los subsidios,
reduciendo los mismos con un previsible impacto en las tarifas. Las boletas
de electricidad, gas y agua que
llegan a los barrios de altos ingresos con incrementos de 150-400% ilustran
las consecuencias que podrían tener aumentos significativos de las tarifas. Seguramente el ajuste será gestionado
con tanteos y evaluaciones de la reacción popular y por esta razón
el anuncio inicial de mantener las viejas tarifas para el 10-15% de la población
fue posteriormente extendido al 65%. Pero si es así el déficit
persistiría y habría que recortar por otro lado. Los funcionarios diseñan planes para diferenciar
las tarifas asistenciales, que se mantendrían invariables de los nuevos
precios que afectarán al resto de la población. Pero en el caso
del transporte es evidente que no sólo los receptores de ayuda social
requieren el subsidio. Es una necesidad de la mayoría de los pasajeros
para ir a trabajar. Los ministros hablan todo el tiempo de “ajustes redistributivos”
pero sin aclarar nunca cual es el costo de los servicios que obligaría
a introducir los aumentos. Este secreto es resguardado de cualquier auditoría,
para ocultar los enormes lucros de los concesionarios. El desbalance fiscal induce a muchos funcionarios
a reconsiderar la opción del endeudamiento. La deuda pública bruta
del Estado en 2011, computando los intereses adeudados al Club de París
y el monto de los bonistas que no aceptaron el canje, ronda los 188.000 millones
de dólares, un 44% del PBI. Un 40% de ese
monto está pesificado y en gran medida circula dentro del propio sector
público. Aunque esta gravitación de la deuda inter-estatal transfiere
el riesgo al sistema previsional, existe una significativa reducción
de la carga en relación al producto, las exportaciones o las reservas.
Si se considera la deuda “exigible”, esto es la expresada en moneda
extranjera en manos de privados y organismos, esta en el orden del 13% del PBI.
También los pagos de intereses son muy inferiores a la media del pasado
o a la hipoteca que actualmente enfrenta cualquier país desarrollado33. Sin embargo los servicios de la deuda de este
año alcanzan a 15.000 millones de dólares, los vencimientos de
capital se refinanciarán y los intereses de la parte de deuda en moneda
extranjera se pagaran con reservas. Cuando la presidenta justifica la inexistencia
de inversiones públicas por los pagos que heredó el Estado de
esa catástrofe (19.641 millones de dólares en BODEN 2012), está
justificando una erogación que deberían haber soportados los bancos
responsables del corralito. Alertamos que el re- endeudamiento implicaría
retomar el ciclo que tantas veces asfixió a la Argentina,
sería
por demás contradictorio con el planteo oficial de “desendeudamiento”,
que utiliza divisas del Banco Central para cancelar compromisos externos. Los injustificados egresos que afronta el Estado
se reducirían anulando las concesiones de servicios públicos y
los ingresos adicionales que requiere el fisco podrían surgir de una
reforma impositiva progresista. Esta solución ha sido hasta ahora ignorada
por el gobierno que se debate entre la alternativa de cortar gastos con ajuste
o mantenerlos con nueva deuda y mayores adelantos del
BCRA. Así hay un fuerte debate en su interior sobre el rumbo a
seguir. El retorno al mercado financiero es tanteado desde hace meses con aproximaciones
al FMI y negociaciones de la deuda pendiente con el Club Paris. Este pasivo
trepó, sin ninguna justificación, de 2260 millones de dólares
a unos 8.000, si se computan los intereses devengados. Pero repitiendo la cancelación
anticipada al FMI se discute pagar toda la cuenta, sin realizar ninguna revisión
de un pasivo que mayoritariamente fue contraído por la dictadura y está
muy sospechado34.
El chisporroteo que opuso al gobierno con los
economistas del establishment sobre la forma de encarar esos pagos, usar reservas
o ajustar el presupuesto, se ha reactivado con la reciente reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central. La derecha ha puesto el grito en el cielo
por este cambio afirmando que pretende financiar el bache fiscal con emisión.
Exigen retomar una estricta correspondencia de los pesos en circulación
con las reservas en divisas, pero jamás tuvieron esta disciplina cuando
gobernaron y el rigor que demandan ahora obedece al interés de los acreedores,
que buscan asegurar sus cobros con mayor respaldo del Estado en moneda extranjera. La estricta proporción que exigen para
la emisión no es un antídoto de la inflación, en la coyuntura
actual la carestía tiene raíces más estructurales que monetarias.
Ese peligro efectivamente reaparecería si la persistente carencia de
inversión conduce a un desborde de monetarización del gasto público. La propuesta oficial parte de erradicar una rémora
de la dictadura ligada a la idea de la convertibilidad, aunque ha negado la
erradicación de otra rémora, la Ley de Entidades Financieras aún
vigente. En concreto la reforma amplía la disponibilidad de fondos que
el BCRA puede transferir a la Tesorería, tanto para el pago de deuda
como para tapar baches financieros. Pero en los últimos años esta
flexibilización se ha instrumentado en la práctica sin ningún
cambio de legislación. Un objetivo central para el gobierno
es ampliar el bajísimo nivel de préstamos
de largo plazo – y poder orientarlos- en un marco de alta liquidez con
el fin de ampliar el financiamiento del Estado. Al cabo del proceso de reorganización
del sector financiero que siguió al 2001, la concentración de
la actividad bancaria se ha incrementado. De las 400 entidades que había
en los años ‘70 sólo quedan 90 y las primeras 12 manejan
más del 50% de los créditos y depósitos. La depuración
del sistema se ha consumado, pero la expansión crediticia no se vislumbra
por ningún lado. Los bancos realizan excelentes negocios con tarjetas
para sostener el consumo, pero no aportan préstamos hipotecarios. Han
amasado enormes utilidades en los últimos años mediante operaciones
de intermediación y manejo de la deuda pública. Pero el porcentaje
del crédito en relación al PBI se reduce al 12% (frente al 45%
de Brasil)35. La reforma del BCRA también intenta reactivar
el crédito con algunas regulaciones, resaltando la vigencia de un giro
internacional hacia mayores supervisiones. Pero lo que ha imperado en Europa
y Estados Unidos desde el 2008 es un generalizado socorro a los banqueros con
fondos públicos, que no debería ser tomado como referencia para
ningún cambio del sistema. En cualquier caso, los problemas que enfrenta
el modelo en la esfera productiva no serán resueltos con artilugios monetarios.
La iniciativa se ubica, además, muy por detrás de otra propuesta
oficialista de anular ley de entidades financieras vigente, para asignarle a
la actividad financiera un status de servicio público. Para los Economistas de Izquierda es indispensable
ampliar la autonomía monetaria, pesificar la economía y recrear
el crédito. Pero estos requerimientos están obstruidos por los
desequilibrios estructurales del modelo actual. La mayor flexibilidad en el
uso de reservas que habilita la reforma debiera utilizarse para respaldar proyectos
productivos y no el pago de la deuda. La suspensión unilateral de los
pagos y la auditoría e investigación de la deuda es una propuesta
que mantiene su vigencia, que debiera ser acompañada por las medidas
de nacionalización requeridas para comenzar así a forjar el sistema
bancario que necesita el país. La oposición neoliberal no ha logrado remontar el desprestigio que
arrastra por aplicación del modelo privatista de los ‘90. Pero
apuesta a la desmemoria que pavimentan los medios de comunicación enfrentados
al gobierno. Estos grupos enrarecen el clima político, esperando usufructuar
el desgaste del oficialismo. El mensaje neoliberal repite las muletillas de
siempre. Atribuye todas las desgracias de la economía al intervencionismo,
que sofoca los mercados y a la corrupción que impide una gestión
eficiente. No les resulta muy difícil publicitar denuncias contra funcionarios
impresentables, mientras ocultan cuidadosamente los pecados de sus protegidos
(como Macri). La andanada reaccionaria incluye acusaciones
de “chavismo” y gran indignación contra las medidas que “ahuyentan
los capitales”, “deterioran la confianza” o “extorsionan
a las empresas”. Salvaguardar los intereses de los grandes grupos económicos
es el lei motiv de una campaña con fuertes ingredientes de demagogia.
La defensa de los jubilados contra la rapiña de un gobierno “obsesionado
por la caja” es un ítem infaltable en el discurso de varios legisladores.
Que sin sonrojarse apoyaron la privatización del sistema previsional
y se opusieron a la nacionalización de las AFJP. Los economistas neoliberales se muestran indignados
con el “populismo” del gobierno. Consideran que el oficialismo genera
inflación y desinversión, al promover un crecimiento que no toma
en cuenta las restricciones de la economía36.
Siguiendo todas las prescripciones del manual neoclásico este diagnóstico
asume las limitaciones del entorno capitalista, como un dato inamovible. Sólo
recuerda la flexibilidad de esos condicionamientos cuando un equipo neoliberal
se aposenta en el Ministerio de Economía. También es corriente presentar al “populismo
actual” como una variante de sus modalidades tradicionales (Perón)
o de versiones proclives al endeudamiento (Menen). Se supone que las tres vertientes
refuerzan su manejo del poder con dádivas, clientelismo y manipulación37.
¿Pero los restantes gobiernos de las últimas décadas no
recurrieron a los mismos instrumentos? ¿Los militares fueron ajenos al
endeudamiento? ¿Los radicales prescindieron del gasto público?
Si se juzga a esas administraciones con el mismo parámetro de evaluación
del populismo, se debería concluir que ese “mal” afectó
a todas las administraciones contemporáneas. A partir de esta constatación
populismo no quiere decir absolutamente nada. Los neoliberales tampoco presentan ejemplos de
experiencias correctivas. Sugieren que la enfermedad podría curarse con
más preeminencia del mercado, como si el menemismo o la Alianza no hubieran
existido. Algunos continúan postulando la conveniencia de imitar las
políticas de aperturismo y privatización que rigen en “el
resto del mundo”38.
Pero no aclaran cuáles son los ejemplos a seguir. Frente al desempleo
y el empobrecimiento que golpea a las economías desarrolladas, ya no
resulta tan sencillo elogiar a Estados Unidos. Luego del socorro europeo a los
bancos no es fácil repetir que los argentinos somos irresponsables en
el manejo de las finanzas. Ponderar el curso seguido por Brasil, Chile o Uruguay
no suscita ya ningún entusiasmo. Con una retórica más cautelosa
los neoliberales promueven los ajustes de siempre. Consideran que la emisión
se ha desbocado, que el atraso cambiario obliga a devaluar y que el congelamiento
de tarifas es anti-natural. Postulan enfriar la economía y achicar el
poder de compra39.
Se hacen eco de todas las prioridades de los banqueros: ampliar reservas, recrear
el superávit fiscal y acordar con el Club de Paris. Esta política
exigiría también un recorte del consumo popular, que se ha expandido
demasiado para los parámetros de la derecha. Por eso despotrican contra
la “fiesta de compras” de los últimos años, recordando
el peligroso antecedente de otros períodos de “plata dulce”
y “desborde salarial” 40. Esta mirada festeja el consumo suntuario de
acaudalados como un dato normal de la existencia humana y se indigna con las
corrientes de compras que superan el mínimo requerido por los trabajadores
para subsistir. Derrochar la renta de la soja en departamentos de Puerto Madero
es un juicioso acto de libertad, recuperar el nivel de consumo popular es un
pecado de lesa economía. El ajuste que pregonan apunta también
a favorecer al agro-negocio. Algunos proclaman abiertamente esta intención
propiciando el regreso a formas del libre-comercio, para erradicar protecciones
aduaneras y limitaciones a las exportaciones41.
Esta postura expresa los viejos intereses del lobby agrario contra sectores
industriales que usufructúan de las restricciones comerciales. Desde
el mismo campo se lanzan las críticas contra los “empresarios prebendarios”
receptores de subsidios, que los dueños de la tierra siempre consideraron
propios. Estos cuestionamientos ilustran cómo los capitalistas se resisten
a compartir con los recién llegados, el acceso privilegiado a la tesorería
estatal. Su predica también incluye contundentes
pronósticos de colapso de la economía K, que obviamente hasta
ahora no se han verificado. Como nadie recuerda los desaciertos de esos presagios,
la previsión de un gran desplome continúa suscitando el mismo
golpe de efecto42.
Es difícil
predeterminar el desemboque de las tensiones que acumula el modelo en el marco
de la actual crisis mundial pero las debilidades estructurales, los desequilibrios
y las inequidades de la economía argentina la tornan peligrosamente dependiente
de los vaivenes internacionales. Para el EDI la izquierda debe desligarse
de cualquier identificación involuntaria con esos mensajes neoliberales.
No basta con separaciones categóricas en el programa y la conducta, hay
que erradicar cualquier semejanza en las caracterizaciones y los discursos.
Una crítica
progresista al gobierno debe situarse en las antípodas de los planteos
neoliberales para evitar la intencionada mezcla de ambos planteos que hacen
los medios de comunicación hegemónicos.
Los defensores del modelo rechazan la teoría del “viento de cola”
para explicar el crecimiento de los últimos años. Consideran que
el motor de este avance fue una política oficial de estímulo a
la demanda doméstica. A veces recogen estudios que contrastan lo ocurrido
en Argentina con Chile y Perú, para señalar que sólo 4,1%
del crecimiento del 7,1% (2003-10) obedeció a variables externas. En
realidad, el ciclo ascendente ha obedecido a tres procesos convergentes: un
inédito aumento de los precios de las exportaciones, la política
económica expansiva y la recuperación de la tasa de ganancia que
siguió al brutal ajuste del 2001-02 (desvalorización general de
salarios y capitales). En pocos países se presentó esta combinación
de circunstancias. Es
indudablemente válido cuestionar la simplificación neoliberal,
que atribuye la recuperación sólo a condiciones externas favorables.
También es correcto polemizar con los diagnósticos inconsistentes
del establishment, que un día describe las oportunidades históricas
que rodean a la Argentina y al otro diagnostica
la explosión de la economía nacional. Pero la versión oficialista
retrata un milagro de políticas activas, totalmente abstraído
del contexto global y de la rentabilidad objetiva que recuperó el capital.
Supone que el modelo es virtuoso por sí mismo y que auto-genera crecimiento,
recaudación fiscal y demanda43.
El carácter sesgado de esta evaluación
ha salido a flote en el último período. La visión pro-gubernamental
ignora estos límites, al suponer que la economía K se regenera
con impulsos virtuosos de la demanda. Consideran que este empuje del consumo
garantiza la continuidad del buen sendero44.
Pero este supuesto simplemente olvida la naturaleza capitalista de la economía
argentina y su consiguiente dependencia de los patrones de lucro que impone
la acumulación. Si el sistema pudiera auto-propulsarse mediante simples
mejoras del poder adquisitivo, resultarían innecesarios los eslabones
que vinculan a esa demanda con la rentabilidad y la inversión. La ingenuidad
keynesiana suele omitir esos nexos. Los capitalistas no son agentes pasivos que reaccionan
ante estímulos de la demanda. Exigen un nivel de ganancia determinado
por la competencia y los costos. El escenario pos-crisis (2003-07) de una economía
empujada por las ventas ha quedado atrás y los incentivos que exigen
los dueños del poder, explican la política pro-empresarial del
gobierno. Este giro desorienta al progresismo, que identifica el empuje del
modelo con una redistribución del ingreso difícil de corroborar.
Resaltan incrementos del salario formal, ignorando lo ocurrido con la productividad,
los precios y los costos laborales. Suponen que el sueño socialdemócrata
de un empresariado benevolente ha comenzado a realizarse, sin notar que el repunte
del consumo se ha situado por detrás del engrosamiento de las ganancias.
Algunos enfoques más acotados atribuyen el ciclo ascendente de la última
década al des-endeudamiento. Pero este desahogo de la economía
por alivios financieros no fue gratuito, ni solventado por acreedores. Derivó
de un brutal proceso de confiscación de ahorros, que en gran medida consumaron
los mismos grupos económicos que lideran la recuperación. Algunos
entusiastas del curso actual contrastan la realidad argentina con el desplome
europeo y convocan al aprendizaje internacional de nuestros logros. Destacan
especialmente el papel de la presidenta en las reuniones del G 20 y sus recomendaciones
de políticas anti- ajuste45.
Pero olvidan que los políticos de la clase
dominante argentina implementaban en los ‘90, los mismos atropellos que
se llevan a cabo en el viejo Continente. La identidad que se verifica actualmente
entre social-demócratas y conservadores europeos, es muy semejante al
parecido que tenían los radicales con los justicialistas, hace una década.
Los gestores del capitalismo deben hacer lo que el sistema exige en cada período,
frecuentemente los mismos personajes lideran ajustes y encabezan reactivaciones. En lugar de registrar esta complementariedad,
los economistas K resaltan la oposición ficticia que ha puesto en boga
la presidenta, al contrastar el modelo argentino de “capitalismo serio”
con el esquema neoliberal de “anarco-capitalismo”. Ciertos analistas
interpretan que esa diferencia distingue un proyecto de país igualitario
de un sistema gobernado por la primacía del mercado46. ¿Pero cuál es el modelo de país
que esperan desenvolver los progresistas K? Hasta hace poco tiempo ese norte
estaba representado por el modelo social alemán. Actualmente resulta
difícil sostener esa reivindicación, a la luz del atropello que
están consumando los banqueros germanos en Grecia y la sobreexplotación
del trabajo en Alemania. Encontrar un sustituto es aún más complicado,
puesto que los modelos asiáticos de explotación de la fuerza de
trabajo son incompatibles con cualquier ideal de justicia social. La dificultad
para presentar un modelo capitalista a emular radica que en que todas las variantes
de este sistema se basan en la competencia, el beneficio y la explotación,
es decir en tres rasgos antagónicos con la igualdad. El capitalismo “serio”
como el “anárquico” son dos modalidades de la inequidad vigente. Un problema no menor del modelo en su fracaso en el intento de crear una burguesía
nacional desde el Estado. El esquema de subsidios, contratos privilegiados y
favores mutuos con Cirigiliano, Eskenazi, Cristóbal López o Eurnekian,
dio lugar al “capitalismo de amigos” incompatible con el objetivo
de un sistema competitivo arbitrado por el Estado. Esa relación con socios privilegiados
es traumática y ha generado situaciones de “capitalismo de ex amigos”.
Pero los enojos sólo modifican el lugar de los grupos preferidos y en
la mayoría de los casos abren un paréntesis hasta nuevas reconciliaciones. La relación de los funcionarios con Technit
es un ejemplo del rumbo que adoptan estas asociaciones. Al principio prevalecieron
estrechas relaciones con la empresa, reforzadas con la intermediación
presidencial en la indemnización de SIDOR (Venezuela). Luego aparecieron
los conflictos por corrupción y la queja oficial ante la predilección
de la firma por invertir en el exterior. Sobrevinieron también tensiones
por la presión de los representantes estatales en el directorio, pero
ahora se vislumbra un nuevo reencuentro. En esta secuencia de reproches nunca
se revisa el oscuro enriquecimiento de la empresa desde los años ‘70
mediante incontables favores oficiales47. El trasfondo del problema radica en las dificultades
que enfrenta el equipo K para erigir un capitalismo nacional, sin la vieja burguesía
nacional que priorizaba el mercado interno. Este sector perdió relevancia
y actualmente predominan los grupos transnacionalizados. Cuando se satura el
área en que operan estos sectores, tienden a buscar salidas en el exterior.
Esta conducta es coherente con el comportamiento habitual de toda la burguesía
local que realiza pocas inversiones, renueva su rentabilidad remarcando precios
y fuga capital ante cualquier inconveniente. Como reconoce un conocido promotor
del industrialismo: “Piedra libre para quien encuentre a la burguesía
nacional” 48. Muchos simpatizantes del curso actual han ingresado
al gobierno en los últimos meses, con cargos de gran relevancia en el
área económica. Han pasado del sostén externo a la gestión
directa desde los ministerios y las secretarías. Ya no se agrupan en
centros de estudio sino que actúan como funcionarios, asumiendo la defensa
integral del modelo. Con este cambio ha desaparecido el sentido limitadamente
crítico que mantenían desde el llano. Existe una significativa
diferencia entre acompañar con reparos el proyecto oficial y asumir la
instrumentación directa de un esquema capitalista, que perpetúa
la dominación de los privilegiados. Desde el poder se percibe como mayor nitidez
la inexistencia de la burguesía nacional, que Kirchner imaginaba como
sujeto transformador de la economía. Ciertos analistas todavía
confían en la aparición de este segmento y en su papel conductor
de un “desarrollo con inclusión social” 49.
Pero salta a la vista la ausencia de ese agente y la consiguiente preeminencia
de los mismos grupos dominantes que manejan el poder económico desde
hace décadas. No hay otro capitalismo diferente al que impera en país.
Esta configuración no se ha modificado bajo la gestión de Alfonsín,
Menen, De la Rúa, Duhalde o los Kirchner. Frente a esta evidencia muchos economistas K
tienden a resignarse o a esperar cambios de menor alcance. Mantienen la expectativa
de disciplinar a los grupos económicos, a través de presiones
asentadas en la “articulación de las mayorías populares”.
Suponen que por este camino la política tendrá preeminencia sobre
la economía50.
Pero como esta esperanza choca una y otra vez con el mismo muro, el paso del
tiempo afianza la convalidación del status quo. En los hechos ningún
sector burgués de importancia se somete al dictado oficial. Mantienen
la cortesía y prometen cumplir con las exhortaciones gubernamentales,
pero en la práctica hacen negocios contrarios al interés general.
No han modificado su vieja costumbre de aumentar precios, fugar capitales y
desinvertir. Frente a esta constatación hay quienes
han comenzado a reconsiderar estrategias de crecimiento más basadas en
la asociación con el capital extranjero, que en la promoción de
los capitalistas locales. Esta opción es evaluada con la esperanza de
repetir el camino asiático o la concertación con las empresas
transnacionales, que se implementó en Singapur o Irlanda. Un test en
esta dirección ha sido el generalizado aval al negocio minero. Este viraje hacia la convalidación de
la asociación multinacional tiende a reforzarse, a medida que avanza
la integración con el principal socio de la región. La corriente
unidireccional de adquisiciones argentinas por parte de firmas brasileñas
ha comenzado a compensarse con ciertos movimientos inversos. Ya no sólo
ingresan al país Petrobras, Camargo Correa, Am Bev, Fibroi o Banco do
Brasil, sino que Techint, Eurnekian, Pescarmona, Grobo y Arcor colocan capitales
en el principal mercado de Sudamérica. El resultado de este empalme es
la creciente transnacionalización de las compañías involucradas,
en desmedro de objetivos de desarrollo establecidos a escala nacional. La incidencia
de cualquier exhortación gubernamental decrece, en proporción
a la envergadura internacional que alcanza su interlocutor empresario. La historia económica argentina está signada
por los infructuosos intentos que realizaron los gobiernos peronistas para apuntalar
desde el Estado el fortalecimiento de una burguesía industrial competitiva.
El fracaso de este propósito siempre condujo a virajes conservadores
(Perón en 1953-54 y Perón-Isabel en1974-75). La gran incógnita
a develar en la próxima etapa es si estamos frente la repetición
de esa secuencia51. Hay un nuevo cuadro de situación en el país y con
el año 2012 debuta una experiencia política
distinta a lo vivido en la última década. Las nuevas demandas
que tienden a ganar relevancia son en gran medida instaladas por movimientos
sociales, organizaciones gremiales y asambleas ciudadanas, pero también
por una realidad que muestra el estallido de contradicciones y problemas estructurales
del modelo. Por primera vez el gobierno es desafiado por la realidad y
emergen propuestas de izquierda, que erosionan la estrategia oficial de presentar
cualquier conflicto, como una disputa entre el
pasado neoliberal y el presente progresista. Sustraerse a esa falsa disyuntiva
es el gran desafío que enfrenta el movimiento popular. Los trabajadores, los estudiantes y los jóvenes
que reclaman lo suyo pueden así avanzar en la construcción de
una alternativa propia para conquistar esos reclamos. Las prioridades inmediatas
ya han salido a la superficie: salarios ajustados por inflación; paritarias
sin topes; agricultura diversificada; minería limitada con procesamiento
de productos; re-nacionalización de
los hidrocarburos;
estatización de los ferrocarriles bajo control de trabajadores
y los usuarios, reindustrialización con empleo productivo y reforma impositiva
integral. Salida del CIADI, nueva ley de inversiones extranjeras y revisión
de todos los convenios bilaterales sobre las mismas, suspensión de los
pagos de la deuda externa y nacionalización de la banca y el comercio
exterior. Un punto central a tomar por los distintos colectivos es la derogación
de la Llamada Ley Antiterrorista. Por medio de la sanción
de la Ley
26.734, se incorporó al Código Penal una agravante
genérica, y una reformulación al tipo penal de financiamiento
del terrorismo dentro del Capítulo de los “Delitos contra el orden
económico y financiero”. El origen de esta ley ha sido cumplir
con una exigencia del GAFI (Grupo de Acción financiera Internacional)
para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro
país pero la indefiniciones en su articulado hacen que esta ley pueda
ser aplicada a las protestas sociales. En las batallas por estas demandas se puede ir
más allá de una sociedad gobernada por el lucro, regida por la
explotación y signada por la desigualdad. Se puede construir otra economía,
distanciada del capitalismo liberal o regulado, y más próxima
a los ideales de igualdad anticapitalistas. Reivindicar abiertamente esas metas
pos-capitalistas es un aliciente para luchar todos los días por un futuro
de genuina justicia. Los Economistas de Izquierda afirmamos
que los problemas de largo alcance, así como algunos que se manifiestan
en la coyuntura, tienen un origen estructural, propios de un capitalismo dependiente
como el nuestro. Abordar estos problemas con la convicción de superarlos
requiere enfocarlos desde una orientación anticapitalista y en ese marco
discutir las prioridades de una agenda transformadora que llevará a enfrentar
a las corporaciones y el imperialismo. Marzo 2012. Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, Jose
Castillo, Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina,
Mariano Féliz, Jorge Orovitz Sanmartino, Martín
Ogando, Sergio García, Hugo Azcurra, Guillermo Almeyra, Martín
Kalos, Ariel Slipak, Facundo Lastra. Referencias: 1
La Nación 27-2-2012. 2Como
siempre reclamaron sus voceros. Ver por ejemplo: Montamat Daniel “El
ajuste del relato llegó a YPF” La Nación 23-2-2012. 3Ver
informe de Cash-Página 12, 4-3-2012. 4
Varios autores en Página 12, 29-1-2012 y Clarín 20-2-2012 5
Un ejemplo en Diego Cabot, “El galimatías de los subsidios millonarios”,
La Nación 25-2-2012. 6
Clarín, 17-1-2012 7
“Los números detrás de la furia contra la minería
de Andalgalá”, La Nación, 19-2-2012 8
Página 12, 19-2-2012. 9
Ver la documentación expuesta por Bonasso, Miguel: Economía
argentina: nuevo colonialismo La Nación, 19-10-2011. 10
Brienza Hernán, “Famatina hay que pensarla”, Tiempo Argentino,
11-2-2012. 11Clarín,
27-9-10, Clarín 10-8-10). 12
Ver: Arancibia Fabiana, “Extranjerización y modelo agropecuario”
Rebelión, 24-9-2011. 13
Clarín, 22-1-10 14Ver
Guadagni, Aldo: “Para avanzar hay que mirar lejos”, La Nación,
21-6-10, Grobocopatel, Gustavo: “Proteínas como arma de negociación
con el mundo”, La Nación, 5-8-10 15
Martínez, Enrique: “La macro y la micro”, Página
12, 1-9-10. 16Clarín,
28-12-2010, Página 12, 15-1-11 17-Schorr
Martin, aesta.blogspot.com/201,23-3-2011,
Página 12, 4-12-11 18
Ver informe de este régimen en Página 12, 11-10. 19
Clarín, 28-12-2010. 20
Seijo Rubén, “La economía kirchnerista”, Página
12, 13-2-2011 21
Sztulwark Sebastián
y Juncal Santiago,
“Como profundizar el modelo”, Página 12 , 2-5-2011 22
Ver Pagina 12,11-10-10. 23
Clarín, 18-5-10. 24
Navarro Roberto, “Una mejora de distribución”, Página
12, 31-1-11. 25
Lindemboin Javier, “El reparto mejora y está como en 1995”,
La Nación, 15-5-2011. También La Nación, 20-9-2011 26Ver
Tavosnaska Andrés, “Ganan como nunca y no reparten”, Página
12, 14-9-10. 27
Página 12, 6-2-2011 y 24-4-2011. 28Página
12, 5-3-2012.
29
Página 12, 30-5-2011. 30
Clarín, 3-10-10. 31Clarín,
4-7-2010, Página 12, 30-8-10. 32
Ver Clarín, 29-12-10. 33
Página 12, 18-9-2011. 34
Clarín, 18-9-10 35
Página 12, 15-8-10. 36
Rozenwurcel Guillermo, “El populismo económico siempre es auto-destructivo”,
Clarín 8-2-2012. 37
Zaffore Carlos,“Cristina tiene nostalgias de Menen” Clarín
8-2-2012. 38
Llach Lucas, “Cuando se jodió la economía K”, La
Nación, 5-2-2011. 39
Llach, Juan: “Todavía se está a tiempo de enmendar los
errores”, La Nación, 8-11-2011, Kohan, Guillermo: “Bienvenidos
al estatismo”, La Nación, 19-7-2010. 40
Llach, Juan: “Hipotecando el futuro”, La Nación, 22-3-2011. 41
Gerchunoff, Pablo: “La economía kirchnerista ha terminado”,
La Nación, 15-1-2012. 42
Por ejemplo Pagni, Carlos: “Señales de que el modelo ha muerto”
La Nación, 7-3-2011 43
Scaletta, Claudio: “La eficacia del modelo” Pagina 12, 24-4-2011. 44
Navarro, Roberto: “Es difícil frenar una locomotora” Pagina
12, 25-2-2012. 45
Informes del programa de TV 6, 7, 8. Palomino, Héctor: “Percepción
del establishment”. Página 21-2-2011 46
Peralta Ramos, Mónica: “Sintonía fina, el comienzo de
una nueva etapa”, Pagina 12, 23-1-2012. 47
Ver “La resurrección de un viejo conflicto” Página
12, 26-4-2011. 48
Muchnik, Daniel: “Nuestra burguesía nacional”, La Nación,
13-9-2011. 49
Bernal, Federico: “Conflicto con grupos económicos y desarrollo
nacional”, Página 12, 22-5-2011. 50
Wierzba, Guillermo: “Neo-progresistas del establishment” Página
12, 22-1-2012. Romero, Ricardo: “Respuesta” Página 12,
15-1-2011. 51
Ver antecedentes Ámbito Financiero, 16-2-2012. Un balance de los Economistas de Izquierda
Resumen y gacetilla
Un balance de los Economistas de Izquierda
PARTE 1: LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES
La depredación de los hidrocarburos
El colapso ferroviario
Resistencias a la megaminería
El fin del conflicto con el agro
La reindustrialización frenada
Salarios en dos velocidades
PARTE 2: LOS PROBLEMAS DE LA COYUNTURA
Desigualdad social y política tributaria
¿Cual es el sentido de la sintonía fina?
Inflación por ganancias y presión cambiaria
Fisco, deuda, bancos
PARTE 3: INTERPRETACIONES EN DISPUTA
El cinismo de la retórica neoliberal
Interpretaciones kirchneristas
La resignación de los economistas K
PARTE 4: CUADRO DE SITUACIÓN Y PROYECTO
Economistas de Izquierda