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El ejecutivo propone expropiar el 51% de YPF
Por Candela ((i)) - Tuesday, Apr. 17, 2012 at 12:51 AM

Esta mañana, el Gobierno Nacional mandó al Congreso un proyecto de ley para la estatización del 51% de YPF SA. El mismo declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y aclara que las acciones estatizadas son las que actualmente pertenecen a la empresa española REPSOL. En este marco, se decretó la intervención de la empresa por un plazo de 30 días.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley titulado “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, el cual reglamenta la estatización de YPF SA. La presidenta de la Nación, anunció esta medida por cadena nacional y designó, a través de un decreto, al Ministro de de Planificación, Julio De Vido en el cargo de Interventor de YPF SA quien se hará cargo de la administración de la empresa por un plazo de 30 días.

El proyecto de ley justifica la expropiación declarando de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. De esta manera establece que el 51% pasará a manos del Estado, del cual el 24,99% será entregado a las provincias productoras y el 26,01% será propiedad del Estado Nacional. Ese porcentaje serán las acciones que actualmente pertenecen a Repsol YPF SA, por lo tanto, la empresa española se quedaría con un 6,43%. Las acciones del Grupo Petersen, cuyo dueño es Enrique Eskenazy, y las acciones compradas en la bolsa, no serán perjudicadas. Por otro lado, según el proyecto, la designación de los directores de la empresa petrolera “se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa”. En el artículo 12° se explicita que la tasación la efectuará el tribunal de Tasaciones de la Nación.

En el caso de aprobarse la ley, se creará un Consejo Federal de Hidrocarburos que sería integrado por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el Ministro de Planificación Federal, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Industria representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo presidido por un representante del Ejecutivo Nacional. El objetivo del mismo será “promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente” y “expedirse sobre toda otra cuestión vinculada a los objetivos de la presente ley, y a la fijación de la política hidrocarburífera argentina, que el Ejecutivo nacional somete a su consideración”.

Durante las declaraciones, la presidenta Cristina Fernández dijo que “el modelo que hemos elegido no es de estatización, es de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada”. Y en relación a la coparticipación del Estado Nacional y las provincias agregó que “no hay nación sin provincias ni hay provincias sin nación.” Además aseguró que la Argentina es el único país de Latinoamérica que no controla sus recursos naturales.

En la tarde, el Ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo junto con el responsable de Industria, José Manuel Soria realizaron una conferencia de prensa en la cual leyeron una declaración del Ejecutivo. Las autoridades españolas afirmaron que "es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países amigos y aliados". Calificaron como discriminatoria la decisión del gobierno argentino, ya que solo afectaba a las acciones de Repsol y anunciaron que llevaran el tema a la próxima sesión del Parlamento Europeo. Además aseguraron que durante los siguientes días determinaras cuáles van a ser las medidas a tomar.

Por su parte, la empresa Repsol sacó un comunicado en el que considera que “la medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria” coincidiendo con el gobierno español. A su vez, asegura que “llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas.”

En el ámbito sindical, el Secretario General del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburífero afirmó que esta decisión corresponde a una "política de Estado para las cuales este gremio siempre ha estado comprometido y así lo seguimos reafirmando al garantizar la verdadera paz social y comprometiéndonos a no realizar, en esta nueva etapa, medidas de fuerza que afecten el desarrollo.”

Más crítica fue la mirada desde la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Su Secretario General, José Rigane, planteó que “No alcanza con volver hacia atrás y “nacionalizar”, mucho menos “argentinizar”, un camino recorrido con las facilidades para ganancia espuria al grupo Eskenazi”. En cambio, sostuvo, “es tiempo de socializar, lo que supone transformar el ‘Estado bobo’ e incorporar a los trabajadores y a la sociedad en la gestión de un programa de soberanía energética”.

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