“En la Provincia de Santa Fe, aún persisten leyes y prácticas de la dictadura”
Por ATE Rosario - Friday, Apr. 20, 2012 at 8:26 PM

Viernes 20 de abril de 2012 - Desde ATE Seccional Rosario denunciamos la persistencia de leyes y prácticas de la dictadura genocida en el Estado. El efecto siniestro del silenciamiento y del aislamiento que la dictadura pretendió imponer continúa en el ámbito carcelario. El decreto que rige a los trabajadores del Servicio Penitenciario fue dictada en 1978 y desconoce la Constitución Nacional, no actúa conforme a Derecho. En esa No-ley, que continúa siendo sustentada por funcionarios de esta gestión política, los derechos de los trabajadores no solo no son reconocidos, sino que están prohibidos. Nos resulta llamativo que muchos de esos funcionarios sean los mismos que han participado de actos conmemorativos de los 36 años del golpe genocida instalado el 24 de marzo de 1976.

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“Falsa idea de utilidad es la que sacrifica mil ventajas reales por un inconveniente imaginario o de escasas consecuencias, como sería la de suprimir a los hombres el fuego, porque incendia y el agua porque inunda, y la de no reparar a los males más que con la destrucción. (Beccaria Cesare. 1879. De los delitos y de las penas)

En estos días en que recordamos y repudiamos el golpe de Estado de la dictadura genocida de 1976, se hace necesario expresarnos en torno a sus resabios que aún siguen vigentes en el ámbito en que nos desempeñamos como trabajadores del Estado. Expresarnos para decir basta a la perpetuación en democracia de leyes y prácticas de la dictadura.

El efecto siniestro del silenciamiento y del aislamiento que la dictadura pretendió imponer también se continúa con sus consecuencias particulares en el ámbito carcelario.

Como trabajadores del servicio penitenciario no estamos dispuestos a quedar como cómplices silentes ante la reedición cotidiana de prácticas antidemocráticas, autoritarias y represivas, que se ven plasmadas en los ámbitos donde trabajamos.

Los principales responsables de esta realidad son tanto el Gobernador de la Provincia como los altos funcionarios del Ministerio de Seguridad que tienen a su cargo imprimir la direccionalidad de la política pública y garantizar que los principios rectores del Estado Democrático de Derecho tengan vigencia y den sustento al funcionamiento de sus instituciones y garanticen los derechos de los trabajadores.

La ley que nos rige como trabajadores NO es una ley. Más bien necesitaríamos de un jurista (o algún abogado del gobierno) que nos ayude a definir qué valor de legitimidad puede tener en el Estado democrático un decreto de 1978, una ley de hecho, una ley sin legislatura, una ley de la dictadura, ¿una ley? Un decreto ley impuesto por la última dictadura militar.

¿Por qué decimos que NO es una ley?; porque en su origen desconoce la Constitución Nacional, porque en su sentido desconoce la Constitución Nacional, porque en su acción desconoce la Constitución Nacional, porque no actúa conforme a Derecho y se encuentra repleta de mecanismos que proscriben derechos.

En esa No-ley, que continúa siendo sustentada por funcionarios de esta gestión política, los derechos de los trabajadores no solo no son reconocidos, sino que están prohibidos. Lo que nos resulta llamativo es que muchos de esos funcionarios sean los mismos que han participado de actos conmemorativos de los 36 años del golpe genocida.

Esa No-ley se sustenta en la repetición de prácticas, en la persistencia de modos de hacer con los cuerpos, en la continuidad de mecanismos para someter los cuerpos a través de discrecionalidades y arbitrariedades.

Esa No-ley crea la figura jurídica del “Estado Penitenciario”, del dueño de los tiempos, derechos, obligaciones; en resumen, de la vida de los personas. Secuestrando el tiempo de vida de los trabajadores sin nada que lo acote, sin derecho que lo limite. En ese estado de las cosas los trabajadores tienen primero el deber de obediencia, debida y sin medida, a los superiores jerárquicos.

En ese estado de las cosas los trabajadores nos vemos compelidos a trabajar con horas de recargo sin derecho a remuneración alguna, “por razones de servicio”; a obedecer la orden de llamado de un “superior”. Compelido a la prohibición de participar en actividades de partidos políticos, o de sindicalizarnos, o de realizar petitorios colectivos –cuestión que puede resumirse en prohibición de peticionar-, siendo sometidos a un régimen de calificaciones y de disciplina, por consiguiente, a la exposición constante a ser sancionados en diferentes formas.

Y es así porque con esa No-ley se instala un estado donde, a diferencia del principio que enuncia que “todo aquello que no está prohibido está permitido”, rige otro principio extrañamente local que expresa lo inverso. Esa No-ley del año 78 es sostenida por altos funcionarios del Gobierno Provincial. En boca del secretario de los asuntos penitenciarios: “el ministerio no aceptaría ningún tipo de asociación gremial en sentido estricto”. Por esa misma razón será que los funcionarios del Estado Provincial se niegan a firmar las fichas de afiliación de un grupo de trabajadores.

La exigencia a la obediencia (debida y sin medidas) y las posibilidades de sanciones concretas a través de los mecanismos disciplinares de la ley orgánica de la dictadura, tienen impactos concretos para sus trabajadores.

Los Trabajadores del Estado provincial estamos expuestos a ser castigados con sanciones tales como “días de arresto”, argumentando tan solo “trato irreverente e impropio a un superior”, o la posibilidad de un violento traslado de lugar de trabajo, incluyendo lugares lejanos del lugar de residencia, en cualquier localidad del vasto territorio de la Provincia de Santa Fe, según lo disponga el criterio discrecional del funcionario ministerial de turno.

Esos mismos criterios discrecionales habilitados por el estado penitenciario del decreto ley atentan contra las incumbencias profesionales, planteando la obligación de responder a instrucciones de superiores jerárquicos, respecto a cómo deberíamos plantear nuestras intervenciones como psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, médicos, abogados, odontólogos, pretendiendo en algunas circunstancias dictarnos los informes que confeccionamos para las autoridades administrativas o judiciales. Situación que configura el dictado de lo se dice o no se dice. Poner esto en discusión, argumentar en torno a las incumbencias y saberes profesionales, oponernos a las órdenes y dictados, conlleva la amenaza de sanción y de traslado del lugar de trabajo, amenaza que se hace efectiva en algunas de sus formas.

La prohibición que el decreto ley sostiene respecto al derecho a la organización de los trabajadores, en el marco de la institucionalidad democrática gremial, plantea grandes dificultades para la exigencia en torno a la garantía de condiciones dignas de trabajo. Este es uno de los escollos mayores a la democratización de la organización. Respecto de esto se puede señalar que se ha intentado desanimar, con efectos ominosos, la organización de los trabajadores ante medidas arbitrarias de aumento de horas de trabajo sin modificación salarial.

Pero la rebaja salarial encubierta no es lo único que sucede a los trabajadores, vulnerados en sus derechos y con la paradójica prohibición de ejercer sus derechos laborales.

Actualmente, en las cárceles en las que trabajamos se clausuran baños para las mujeres trabajadoras. El argumento para tal clausura es la negativa de estas trabajadoras a abonar la cuota de lo que en el Servicio Penitenciario se denomina Casino, organización que recauda dinero para proveer al trabajador lo que el Estado debería garantizar.

En otros lugares son los propios trabajadores quienes se tienen que llevarse agua saludable, transportándola 170 km o comprándola a una empresa de dispensadores. Si esto no se hiciese así queda exponerse a las consecuencias de beber agua no potabilizada. Es decir que, algo tan básico como hacer uso de un baño o beber agua potabilizada, en el ámbito carcelario no es un derecho garantizado por el Estado para nadie. Hay lugares donde la comida no tiene condiciones de comida, para decirlo de otra manera: las condiciones en la que se encuentra no son las óptimas para un almuerzo o cena digna.

Los trabajadores que realizan jornadas de 24 hs. no cuentan con baños ni lugares adecuados donde asearse y descansar en la jornada nocturna. Por esas razones, muchas veces los materiales de trabajo faltantes, las condiciones de trabajo, son sustentados por los propios trabajadores. La ineficacia del Estado se reemplaza con la buena voluntad de las personas; y cuando lo único que queda es esa buena voluntad de los trabajadores y el tiempo pasa, se generan desgastes y deterioros, con altos montos de afectación en la salud.

Según palabras de funcionarios del Ministerio de Seguridad todo este despojo, se reduce a que en otras ocasiones pudo haber sido peor, que las condiciones son un resultado de los malos trabajadores, de los individuos, nunca de las acciones del Estado que como siempre intenta escaparse por la tangente de los noventa, de la desresponsabilización y el consecuente vaciamiento de las funciones sociales del Estado.

El actual Ministro de Seguridad Leandro Corti, siendo Secretario de Asuntos Penitenciarios del Gobierno de Hermes Binner, gestó y publicitó una política pública penitenciaria progresista que entre sus lineamientos principales constaba la democratización de la prisión. El actual Secretario de Asuntos Penitenciarios ha referido a dicho documento básico como “papel manchado con tinta”. ¿Acaso esa política penitenciaria progresista fue tan solo un montaje escenográfico y hoy se les tornó insostenible la mascarada de apertura?

Sr. Gobernador, Ud. en su discurso de asunción a la gobernación habló de construir “…una Nueva Santa Fe de una manera profundamente progresista, profundamente humana y solidaria”, de “construir e implementar de manera eficaz políticas públicas que tengan un fuerte compromiso con el presente y –a la vez- la mirada en el futuro”; que su gobierno “será el gobierno de la profundización del cambio”.

Si continuamos presenciando pasivamente esa implementación de medidas del secretario de los asuntos penitenciarios, no solo que no se profundizará el cambio, sino que sucederá lo contrario: el avance del retroceso.

Este retroceso está comandado por tres significantes que surgen como los monumentos con los cuales se simboliza el gobierno de este secretario de los asuntos penitenciarios, “apriete”, “traslado” y “sanción”. Esas tres cosas que dijo que no puede hacer con el Juzgado de Ejecución después de dar una clase de educación cívica y división de poderes del Estado en la Unidad 3 de Rosario. Claro, sus expresiones sobre lo que no puede hacer él a la Jueza deja tácitamente expresado que eso es lo que él hará gobernando esta parte de la administración del ejecutivo.

Si continúa este avance regresivo profundizará las prácticas que fueron origen del decreto en el año 1978 y que desde siempre caracterizaron lo carcelario como “sistema de las humillaciones” (Deleuze, G; “Foucault y la cárcel”, en Dos “regímenes de locos”; Pre-textos; Valencia, 2007). Por esa razón y parafraseando a una operadora en el sistema carcelario, creemos que se hace necesario hablar de todo ese sistema de humillaciones, que los trabajadores tenemos que hablar de l sistema de humillaciones y despojos que arrasa la subjetividad. Todas esas prácticas que anulan a las personas y que no forman parte de la privación de libertad, que se añaden a la pena y a la trama relacional que se establece entre los trabajadores de ese sistema; vulnerando derechos de los trabajadores con la única intención de perpetuar el propio ejercicio de humillaciones. “Hablar en voz alta, sin miedo, sin vacilación, sin concesiones.”

Por todo lo expuesto y no tan solo por ello:

Invitamos al Ministro de Salud Dr. Angel Capiello a pronunciarse respecto de las condiciones de salud de los trabajadores y de los espacios donde estos realizan sus tareas. Condiciones atravesadas por lógicas perversas que dan lugar a situaciones que poseen como denominador común la afectación de nuestra salud.

Invitamos al Ministro de trabajo a pronunciarse en torno a la conformación de los comités mixtos, que están reglamentados en la ley provincial del año 2008, Ley Nº 12913: Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Invitamos a los Colegios Profesionales; de abogados, de Psicólogos, Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales; médicos, a hacer explícito su posicionamiento para con la situación en que se encuentran sus matriculados. Situación que se describe en el soslayamiento de las incumbencias profesionales, en la asignación/obligación de tareas no incluidas en las mismas y, finalmente, en la amenaza constante respecto de los desempeños de estos profesionales visto desde los códigos éticos y deontológicos que regulan sus prácticas.

Invitamos a autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, a las doce Facultades que la integran, con sus respectivas Escuelas, a hacer explícito su posicionamiento para con la situación de sus egresados, en la convicción de que defender la educación pública implica también responsabilidad y compromiso frente a las condiciones de trabajo de los mismos. De aquellos que con su labor en instituciones públicas se deben a la sociedad que las sostiene del mismo modo que, en su momento, ha sostenido la formación académica de quienes hoy son sus trabajadores.

Invitamos a la Secretaria de Derechos Humanos a tomar posición respecto del decreto del año 78, como regulador de las prácticas del personal del servicio penitenciario de la provincia a cargo de los detenidos en todas las cárceles provinciales; teniendo en cuenta como la vulnerabilidad en cuanto a derechos laborales produce sujetos altamente susceptibles de vulnerar derechos de los detenidos.

Invitamos a los Magistrados de la provincia a que se pronuncien respecto de la inconstitucionalidad del decreto del año 78, llamado ley Orgánica del Servicio Penitenciario; y de todas las medidas que basadas en ese decreto vulneran garantías constitucionales y derechos de los trabajadores.

Invitamos a trabajadores, gremios, organizaciones sociales, entidades del Estado a pronunciarse en torno a la situación de los trabajadores de las cárceles provinciales en torno a la vulneración de los derechos laborales y sus consecuencias en detrimento de las condiciones de trabajo.

Finalmente los invitamos a defender nuestra democracia y a luchar contra la existencia, aun, de leyes y prácticas de la dictadura. EL SERVICIO PENITENCIARIO ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. Es una organización del Estado y como ciudadanos no podemos ser ajenos a lo que en esa agencia del estado se produce.

ATE Seccional Rosario

www.ctarosario.org.ar/article916.html

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