Julio López
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Vienen volando

Niapalos
El pasado 5 de mayo, 40.000 personas se sumaron en Buenos Aires a la Marcha Mundial de la Marihuana. Entre los ojos achinados y la sonrisa fácil, la Avenida de Mayo se colmó de algo más que de un aroma florido y una reivindicación individual: banderas, cantos y una organización implacable, consensuada entre asociaciones civiles de todo el país, puso al reclamo por la despenalización en el centro de una cargada agenda política e institucional. Mientras el Congreso se prepara para tratar una nueva ley de drogas, en la calle la marihuana custodia otra faceta de la organización, la militancia y la ampliación de derechos. Autocultivo, igualdad y futuro en un via crucis sensorial.




por Emiliano Flores y Diego Sánchez




Están los que no fuman. Ésos son los “caretas”. Están los que fuman pero rehúsan coser la hojita de chala sobre sus mochilas mentales. Ésos son los independientes. Están los que fuman y defienden la causa pero difícilmente muevan el culo de su sillón de dos cuerpos. Ésos son los domésticos que dependen del aporte materno. Y están los que fuman y ven en eso un derecho cuya violación los acopla al tren lento pero implacable que empuja la legislación y la cultura de una sociedad hacia los intereses siempre mutantes de quienes la integran. Ésos son los que le dan forma año tras año a la Marcha Mundial de la Marihuana.
Claro que trazar un perfil unívoco de todo su paisaje resultaría complicado. Son casi las tres de la tarde y la columna que sale de Plaza de Mayo es, cuanto menos, numerosa. Hay malabares, panes rellenos, tucas y cultivos orgánicos, y cualquier observador podría presuponer que esta convocatoria, sobretodo en su versión porteña, con esos bordes edulcorados de la ciudad, es un picnic hippie donde la politización de la individualidad se vuelve una excusa perfecta para fumarse uno. Sin embargo, lo primero que se percibe en este sábado de otoño, entre el aroma picante, las múltiples banderas y los falsos porros de un metro de largo, es también un bloque compacto y diverso de gente que decidió salir de su casa y acercarse a ese lugar de reunión de los argentinos movilizados desde 1810, para transformar un episodio privado en una cuestión colectiva. Están los que te cuentan la historia de la marihuana en clave Castaneda y se remontan a los orígenes místicos del tiempo y el ser. Pero también están lo que te cuentan esa misma historia y se remontan a las leyes y los códigos penales que decidieron un buen día delinear las fronteras de una sociedad. Ésos son los imprescindibles.




Recalculando
Según sus organizadores, la Marcha Mundial de la Marihuana tiene como objetivo “realizar un reclamo en conjunto que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación legal de la planta de cannabis y terminar con la criminalización, estigmatización y persecución de sus usuarios y cultivadores.” Esa dureza de principios no se contradice con lo que se ve en la calle. La liturgia se muestra apaciguada. O al menos, diferente a la que se hizo visible precisamente dos días antes para celebrar la expropiación de YPF. No abundan los pasacalles firmados por concejales ni los -ya clásicos- globos aerostáticos de gremios cuyas siglas perecen recrear la dificultad para leer de corrido. Pero seguramente hay más de una similitud. Porque la expropiación de YPF comparte con el reclamo de una nueva ley de estupefacientes el reconocimiento de un pecado original: en el primero, el fracaso del paradigma privatizador; en el otro, el de la guerra contra las drogas.




“Hay, por lo menos, el doble de gente que el año pasado” nos cuenta prudente Sebastián Basalo, el director de THC, la revista que supo echar raíces en lo más profundo del mercado editorial. “Algunos colgaron y no se dieron cuenta cuando salió la marcha” agrega con picardía su editor general, Martín Armada. Lo cierto es que hay mucha gente. Los cálculos de los organizadores, entusiastas tal vez, estiman 40 mil personas. Algunos llegan encuadrados. Muchos más llegan sueltos o con lo que Google+ definiría como el círculo de Amigos. Muchísimos, la mayoría, pertenecen a la generación que se crió en democracia. Desde los militantes de las causas profanas hasta los dresseados en la Bond Street, recalando en los que llegaron combinando bondi-tren-subte (esos que no calzarían en la categoría mediática de “gente”), todos confiesan la misma fe: darle F5 a la legislación vigente para mejorar la calidad de vida. Y son precisamente los llegados desde el conurbano los que, además de frescura y autenticidad, le agregan urgencia al reclamo de la despenalización. Porque son aquéllos los que sufren la arbitrariedad del poder judicial y las fuerzas policiales que en lugar de investigar para encontrar a los narcotraficantes se dedican a cazar perejiles. Pero la multitud no solo pone en escena la diversidad imperante de esa generación. También su eficienciacuando llega la hora de las cruzadas por ampliar derechos civiles y suavizar las asimetrías sociales.




Tiempo de siembra
“En principio lo que aportaría una nueva ley es dejar de criminalizar los actos privados de las personas”, nos apunta Mariel Cigliutti, de la Asociación Edith Moreno – Cogollos Córdoba. En la capital de esa provincia se llevó a cabo la segunda convocatoria más importante: 8000 manifestantes. De Ushuaia a La Quiaca, se estima que la marcha reunió a un total de 60.000 almas en todo el país. “Cada vez más gente se anima a salir del indoor”, bromea Mariel.
La presencia de las asociaciones como la que integra Mariel es una de las explicaciones tanto de la masividad como de la madurez de un reclamo que, centrado en la organización y la solidaridad, se traduce en esta marcha multitudinaria, compacta y politizada. “Nosotros desde la Asociación nos abocamos al autocultivo y después trabajamos mucho el tema de la posición legal. Acá particularmente en Córdoba tenemos un código de faltas provincial que es más inconstitucional que la ley 23.737 actual, donde no sólo se viola el artículo 19 de la Constitución sino muchos más donde la policía tiene derecho a revisar o a llevarte por portación de cara”, señala.
Matias Faray, miembro de la Agrupación Cannabicultores del Oeste y tristemente célebre por haber sido detenido en 2011 y recluido junto a presos comunes sólo por cultivar plantas para consumo personal, agrega: “En carne propia puedo decir que la actual ley te arruina la vida. Por plantar o por hacer uso de sustancias es ridículo que tengas que ir preso, eso no es un tema penal, es un tema en todo caso de salud, de derechos humanos, de respetar artículos de la Constitución. Por eso mismo las agrupaciones son fundamentales porque somos el nexo entre la información y la sociedad, porque en el resto predomina el prohibicionismo”.




Unidos y organizados
La postal final con la concentración frente al Congreso, ese altar laico de la República, graba una instantánea que pone a la marcha en el lugar que se merece: consciente, organizada. Todos los discursos que parten del escenario improvisado sobre la avenida Entre Ríos, y que incluyen a Alex Freyre, José María Bellas, Victoria Donda, Joe Stefanolo y distintos referentes cannábicos, entre ellos el propio Matias Faray, son más o menos combativos, más o menos enraizados en la épica del presente, o más o menos esperanzados por el futuro de los distintos proyectos de ley de drogas -entre los que se encuentra, a la cabeza de la pole position legislativa, el elaborado por Aníbal Fernández-, pero en todos, a su manera, habita el convencimiento de estar viviendo el surco de una oportunidad histórica.
“A todos los proyectos les falta, por ahora, una vuelta, pero creo que está abierto el debate, y estamos con fe de poder lograr una ley que realmente tenga en cuenta las necesidades del ciudadano y logre un cambio en la sociedad”, nos confesará después Matias. “Mucha gente lo relaciona con fumarse un porro pero es mucho más que eso: los policías van a tener que trabajar para llenar las estadísticas, no van a levantar un pibe en la calle, van a tener que buscar a los que realmente venden y los pibes con problemas van a tener contención”, completa antes de hacer una síntesis involuntaria de la época: “Yo hace años que participo, ahora se dice militar, antes repartía, qué se yo, folletos explicativos. La marcha, entonces, es importante porque es el día que esperamos todos los militantes”. Marchen tranquilos.




Fumados y organizados

Por Redacción Revista THC
Hace 23 años, Argentina recibía la primavera sin flores. El 21 de septiembre del 89, el menemismo sancionaba la ley 23.737. Desde ese día, los usuarios de drogas y los que cultivan marihuana devinieron en delincuentes que podían recibir penas de hasta 15 años de prisión. La nueva Ley armonizaba los intereses de Reagan, la DEA y el gobierno de Menem en el marco de la “Guerra a las drogas”. Su esquema, aún vigente, consiste en penalizar la tenencia de drogas sin importar la finalidad que, luego de un proceso, es determinada por un juez. De este modo, dijeron, se lograría tratar a los “adictos” a la fuerza (de negarse, irían presos) y llegar, a través de ellos, a los jefes narcos.
Hoy, según datos oficiales, de las 12 mil causas vinculadas a la ley de drogas cada año, el 70% (unas 8 mil personas) involucran a usuarios, mientras que sólo el 3% son por el delito de comercio. Pareciera que en los 90 olvidaron que los narcotraficantes no andan con droga encima, en tanto los usuarios no tienen más opción que tener lo que consumen.
Bajo la 23.737, todas las causas ingresan al sistema judicial como “infracción a la ley de drogas”, en este contexto, la penalización de la “tenencia” y “cultivo” permite que las fuerzas de seguridad exhiban números para jactarse del éxito en una lucha inexistente contra el narcotráfico. Así, mientras se pone en peligro la seguridad, la salud y la libertad de los usuarios, los auxiliares de la ley protegen y participan del comercio ilegal de drogas. Y en el caso del cultivo de marihuana, que cuida la salud del usuario y lo aleja de las redes criminales, cientos de personas son allanadas, detenidas y procesadas hasta que pueden demostrar que sus plantas son para su consumo. De esta manera se las obliga a comprar en el mercado negro, promoviendo el narcotráfico.
Hace 5 años, 800 usuarios y cultivadores de cannabis se autoconvocaron por medio de la revista THC en el Planetario para reconocerse y demandar un cambio: 15 de ellos fueron detenidos por la Policía Federal. Meses después, el por entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, ordenó “no perseguir más perejiles”, reconoció el fracaso de la prohibición y anunció que Argentina buscaría una nueva política de drogas.
En 2008 se duplicó la convocatoria, pero 40 pibes terminaron en el calabozo. Al otro año, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para uso personal, 8 mil personas marcharon por primera vez desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Meses después, la diputada Victoria Donda presentó el primer proyecto de ley que deja de penalizar la tenencia de drogas y el cultivo y permite el acceso a las semillas, entre otras reformas. Organizadas a pulmón, 25 mil personas marcharon en 22 ciudades de Argentina en mayo de 2011, para pedir el urgente debate de una nueva ley.
Luego de que 6 fuerzas políticas presentaran sus proyectos, hace semanas Aníbal Fernández presentó el suyo. Aunque con excelentes fundamentos y mejoras en las herramientas para la persecución del narcotráfico, el proyecto deja a criterio policial la decisión de detener o no a alguien en la calle según la cantidad de sustancia portada y continúa penalizando el cultivo de cannabis hasta que se demuestre que es para consumo.




El sábado pasado, 60 mil personas se juntaron en todo el país para hacerse oír, celebraron que el Gobierno haya presentado su propuesta y exigieron que la nueva ley les asegure no ir más detenidos por tener y plantar. Al cierre de esta columna, A. Fernández convocó al resto de las fuerzas a discutir un proyecto consensuado y adelantó que, en lo que respecta al cannabis, su idea es armonizar la legislación continental e incorporar proyectos como el de Uruguay, que establece un número de plantas (8) permitidas para el autocultivo, el acceso a las semillas y la posibilidad de que los usuarios puedan asociarse para cultivar para su consumo bajo control estatal. El cambio está en marcha. Y huele muy bien.