Ante problemas reales, nuevamente la demagogia
Por Sergio Job - Rebelión - Thursday, May. 17, 2012 at 9:40 AM

El Trabajo Sexual no es Trata de Personas

Con fecha 15 de mayo de 2012, el Gobernador José Manuel De la Sota, remitió un proyecto de ley que tiene por objetivo explícito “la inmediata clausura y prohibición de instalación en todo el territorio provincial de los locales de alterne o denominados comúnmente “whiskerías”, “cabarets”, etc.”. Luego de leer las once páginas que corresponden al proyecto de ley, resulta como mínimo llamativo, que en ningún lado se haga siquiera mención a las trabajadoras sexuales quienes, en caso que el proyecto avance, serán sometidas a una nueva profundización en las condiciones de precaridad, clandestinidad, discriminación y violencia en que deben desenvolver su labor.

Debe quedar claro que la prostitución o trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas, aunque el proyecto de ley no haga diferenciación alguna, e incluso por el contrario hable sin tapujos de “la mafia del sexo, las drogas y la prostitución”, haciendo de una labor legal (la prostitución o trabajo sexual), una sustancia (las drogas), y una práctica privada y absolutamente legal (el sexo), un todo indiferenciado y criminalizado (ya que se los califica de “mafia”). Cuesta entender el sentido y alcance de esa frase, sino la de confundir y criminalizar a elementos que de ningún modo forman un todo, y mucho menos, un todo vinculado a un acto delictivo. Trabajo Sexual o Prostitución no es Trata de Personas. La droga no es el Narcotráfico. El sexo no es una mafia. Sea por ignorancia o por mala fe, lo que queda claro que el argumento esgrimido carece por completo de sentido.

Según el artículo 14 de la Constitución Nacional, “todos los habitantes de la Nación gozan del derecho […] de trabajar y ejercer toda industria lícita”. El trabajo sexual es un trabajo lícito, lo que no lo es de ningún modo es el proxenetismo y la trata de personas, hecho aberrante, inhumano y repudiable por donde se lo mire. Sin embargo, “confundir” prostitución o trabajo sexual como trabajo lícito, ejercida por una persona libre y mayor de edad, con cualquiera de las otras dos figuras, sea el que promueve o facilita la prostitución de otra persona (proxenetismo), o aquél que por fuerza o coacción obligare a otra persona a prostituirse (trata de personas), es cómo mínimo de un desconocimiento absoluto sobre el tema. El Trabajo Sexual no es Trata de Personas. El Trabajo Sexual no es un delito, ni una mafia, es un trabajo, que miles de personas realizan en este país para poder llevar el pan a su hogar. ¿Qué alternativa prevé el proyecto de ley elevado por el gobernador para estas cientos de mujeres y hombres que serían condenadas a la clandestinidad y la arbitrariedad policial? ¿Tuvo en consideración el señor gobernador la voluntad de estas personas al momento de proyectar esta ley? ¿Por qué nunca consultó al sindicato de mujeres meretrices de la provincia sobre sus pareceres? ¿Acaso para el señor gobernador estas trabajadoras no son ciudadanas? ¿Para el gobernador las trabajadores sexuales no forman parte de “l a organización social en su conjunto”, colectivo indiferenciado y amorfo sobre el que fundamenta la legitimidad de la medida ?

Avanzando en los argumentos esgrimidos por el gobernador para elaborar el proyecto de ley, existe un reconocimiento explícito sobre el hecho de que “ya no resulta novedosa la práctica de la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes, desprotegidas y de condición humilde, a las que pese a los ingentes esfuerzos sobre todo de sus familiares y allegados, no es posible encontrarlas, ni ubicarlas”. En primer lugar resulta aberrante y escalofriante que quien es encargado del gobierno provincial y de brindar protección a los ciudadanos, esgrima como argumento de un proyecto de ley su propia ineficacia en un tema tan básico como la vida misma, advierta tan livianamente que no es novedosa la desaparición de personas en el territorio provincial y que son los esfuerzos de los familiares de las desaparecidas (y no la policía) quienes más aportan a la investigación para dar con sus paraderos. Lo que también llama la atención, es que el gobernador no diga una sola palabra sobre la responsabilidad que ante estos hechos le cabe al enorme y desproporcionado cuerpo policial de la provincia. Cuesta comprender que un ejército de 23.000 hombres armados, que en la actualidad implicarían algo así como 1 policía cada 141 habitantes no pueda dar con los y las desaparecidas. ¿El gobernador está con esto alegando incompetencia o complicidad de las fuerzas policiales en las desapariciones forzadas de personas? En ambos casos la responsabilidad le cabe a él, su ministro de seguridad y la jefatura de policía, de modo primordial.

Por último, si es real que, como dice el proyecto, “el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco del respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas consagradas en la Constitución Nacional y Provincial, garantiza y resguarda la libertad sexual de todos los habitantes, y en consecuencia no ha formulado ni formula juicios de valor respecto de la sexualidad de las personas”, y a su vez respeta el derecho de las personas a trabajar en cualquier labor que no sea considerada un delito, ¿por qué el gobierno no abre la puerta a un diálogo con las trabajadoras sexuales, para que se puedan avanzar en propuestas que logren organizar y regular el trabajo que realizan, por fuera de la explotación a que son sometidas por quienes regentean o administran prostíbulos? El art. 3 inc. a, parece cerrar las puertas a cualquier forma organizativa que puedan darse las trabajadoras sexuales, salvo la de exponerse a la violencia e inseguridad de la calle, donde son nuevamente criminalizadas, esta vez por el inconstitucional y discriminador Código de Faltas, que con su arbitrariedad y vaguedad, en su art. 45, pena la “prostitución escandalosa”. Eso sin contar los numerosos chantajes y regulaciones ilegales a las que son sometidas quienes deciden llevar adelante su labor en las calles de la provincia, tanto por las fuerzas policiales como por privados.

Este proyecto de ley, al igual que el decreto presidencial 936/2011 que lanzara con bombos y platillos el año pasado el gobierno nacional, parecen más golpes de efectos mediáticos que una búsqueda de una solución real al verdadero flagelo de la Trata de Personas. Bajo un ropaje progresista, una vez más, no se hace más que silenciar voces y realidades, profundizar prejuicios y discriminaciones, tratando de tapar el sol con un dedo. No será ocultando y condenando cada vez más a la clandestinidad a las trabajadoras sexuales, como se puede avanzar en una lucha seria y consecuente contra el aberrante delito de la trata de personas. Por el contrario, es necesario que las trabajadoras sexuales sean reconocidas y consideradas, recoger sus experiencias y saberes sobre la problemática, facilitar y fomentar su organización laboral por fuera de la dependencia de proxenetas y aprovechadores de todo color y pelaje que viven de la explotación sexual ajena. Se debe también investigar sin tapujos, cómo funcionan estas redes, avanzando sobre las implicaciones o complicidades que puedan existir en los poderes de la provincia y en el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad (tanto nacionales como provinciales) que fueran parte o cómplices de las redes de trata. No es con demagogia como se puede enfrentar la trata ni la explotación de personas, sino con hechos concretos que apunten a donde tienen que apuntar, que no es a quienes ejercen el trabajo sexual, sino a los grandes poderes que fomentan, sostienen, ejecutan y permiten la intolerable práctica delictiva de la trata de personas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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