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Minería y Ministro Calle con sujeción delictiva
Por Guillermo Olivera Díaz - Saturday, May. 19, 2012 at 4:09 AM

Por ende, este obediente ministro honraría en el cargo actual su compromiso de “honor” asumido ante Montesinos. No brindará, por ejemplo, ninguna información de todos aquellos militares, policías y miembros de la llamada comunidad de inteligencia que hayan intervenido en las fechorías que se produjeron entre 1992 y el año 2000, aunque lo pidan fiscales y jueces.

Las declaraciones del gobernador Herrera fueron su respuesta a una caravana con escrache que, el sábado pasado, asambleístas de Famatina realizaron por Campanas, Chañarmuyo y Pituil, todas localidades cercanas al pueblo donde permanece el corte en contra de un proyecto minero. Ese día, explicó el activista Garrott a este diario, una caravana de cerca de trescientas personas, todas ellas en autos, recorrieron los poblados tocando bocina, repartiendo volantes y cantando consignas. En el primero de los pueblos intentaron llegar al domicilio de la diputada provincial Adriana Olima, con quien mantienen un fuerte conflicto sobre actividad minera, pero un vallado policial lo impidió. Ese intento de escrache fue el que evaluó ayer speedy pc duramente el gobernador Herrera, al afirmar que los grupos ambientalistas deben “hacer política de otra manera”, tras lo cual los identificó con los integrantes del radicalismo provincial, quienes “en las pasadas elecciones se presentaron y sacaron menos del 19 por ciento” de los votos. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones. Se demoniza a la gente. Imagínese haber demonizado a los judíos sólo por ser judíos, y luego mataron millones de ellos. Es una práctica que no se usa en el mundo, por los recuerdos que trae”, aseguró. En enero de este año, otro gobernador, el sanjuanino José Luis Gioja, había calificado a los activistas ecologistas de su provincia como “nazis” por oponerse a los proyectos de megaminería. La estampada firma de este ministro lo obliga a delinquir, consumando el grave delito de encubrimiento personal de ilícitos ajenos y escondiendo la prueba de los mismos. Aquel 13-3-1999 se firmó esta famosa Acta de Sujeción que contiene los acuerdos –por eso los firmantes estaban conscientes de lo que hacían- adoptados en tal reunión oficial. Ellos son: “1. La participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el gobierno del señor Presidente de la República, el 5 de abril de 1992, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime. 3. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos del Servicio de Inteligencia Nacional conjunta e institucionalmente defenderán y protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo institucional otorgado a la decisión del 5 de abril de 1992, lo cual se consideraría como una ofensa contra las instituciones tutelares, que obligará a los respectivos comandos en el futuro a defender irrestrictamente al miembro comprometido de manera institucional. 4. Rechazo institucional a la actitud de algunos oficiales en situación de retiro que están emitiendo juicios y opiniones interesadas y que demuestran una conducta infraterna con sus camaradas y deslealtad con sus instituciones. 7. Precisar que la Nación ha dictado leyes de amnistía general que están en plena vigencia, en las cuales queda establecido muy claramente que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la comunidad de inteligencia que participaron en la lucha contraterrorista. 8. Asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones, a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo. Este acuerdo -el número 8-, al igual que el consignado en el punto 3, constituyen un compromiso de honor y como tal es una obligación con carácter imperativo de cuyo fiel y cabal cumplimiento ningún mando podrá sustraerse bajo las responsabilidades a que se refiere la parte in fine del tercer acuerdo de la presente acta”. El sábado pasado, según explicó a este diario Garrott, el escrache en Campanas tenía por objeto protestar ante la casa de la diputada Adriana Olima. Recientemente, la legisladora logró salvar su mandato legislativo luego de que la Justicia Electoral riojana declarara inconstitucional la ley provincial que reglamentaba la revocatoria popular. Meses atrás, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida había recabado las firmas necesarias para poner en práctica el sistema de revocatoria popular con el mandato de Olima porque la legisladora, que antes se oponía a la minería, ahora la apoya. Garrott denunció, por lo demás, que durante el escrache en Campanas un pequeño grupo buscó infiltrarse ente los activistas para provocar disturbios.

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