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El defensor del “Malevo” Ferreyra iría a la Corte provincial
Por Fuente: Clarín -
Saturday, Jun. 02, 2012 at 10:15 PM
Por Sibila Camps
Organizaciones sociales e indígenas denunciaron el nombramiento como relatores del máximo tribunal tucumano, de tres abogados. Uno está vinculado con el bussismo, otro tiene denuncias por violencia de género y fue defensor del “Malevo” Ferreyra. El tercero lleva 50 causas contra comunidades diaguitas.
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01/06/12 - 20:08
Varias organizaciones sociales, como también la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, y comunidades del pueblo lule, repudiaron la designación de tres abogados como relatores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
El primer nombramiento fue el de Luis Acosta, quien es defensor del ex policía Luis Humberto “Niño” Gómez, acusado del asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009. Gómez también integró el grupo parapolicial Comando Atila, uno de cuyos miembros era el ex comisario torturador Mario “Malevo” Ferreyra. Además, Acosta fue Defensor del Pueblo de Tucumán durante la gestión de Antonio Domingo Bussi y defensor de Juan Carlos Benedicto, escribano que está prófugo por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Otro de los cuestionados es quien fue, precisamente, defensor del “Malevo” Ferreyra en el juicio donde fue condenado a cadena perpetua por un triple homicidio agravado con alevosía: Juan Carlos Nacul. Tiene en su haber, también, causas penales por violencia de género, y estuvo vinculado al alzamiento carapintada durante la presidencia de Raúl Alfonsín
Por la mañana, dirigentes de comunidades de Tolombón manifestaron frente a la Casa de Gobierno y marcharon hasta el Palacio de Justicia en repudio de la designación del abogado y terrateniente Fernando López de Zavalía (h). Recordaron que lleva adelante o está demandado en 50 causas contra las comunidades indígenas del Valle de Trancas, y que ha impulsado desalojos de familias indígenas, a pesar de la vigencia de la ley nacional 26.160, que impide que integrantes de los pueblos originarios sean desplazados de sus territorios ancestrales.
La semana pasada, la provincia se sacudió, no ante la abrupta renuncia del subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad, Fernando Antonio Chaín, sino al conocer la causa: tres días después comenzó a ser juzgado en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
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