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Chile: Comunicación urgente a Relator ONU James Anaya por violencia policial en comunidad
Por Mapuexpress - Tuesday, Jun. 12, 2012 at 10:23 AM

Comunicación urgente a Relator ONU James Anaya por violencia policial en comunidad Wente Winkul Mapu, Ercilla, Chile

Sr. James Anaya, Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas,
c/o OHCHR-UNOG
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
1211 Geneva 10, Suiza
Objeto: Violencia policial en contra de integrantes de comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, Ercilla, Chile.
Por la presente nos dirigimos a Usted en su calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas para informarle que en horas de la madrugada de ayer 07 de junio se verificó un violento allanamiento de la policía de Carabineros en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu de Ercilla, región de la Araucanía, el que dejó como saldo diez heridos, entre ellos dos niños y un anciano pertenecientes a la comunidad. El allanamiento habría sido consecuencia de una orden de detención contra el comunero Erick Montoya, acusado de diversos delitos que se habrían cometidos en el marco de los conflictos por tierras que involucran a la comunidad y que investiga el Ministerio Público.
Según la información proporcionada por el vocero o werken de la comunidad, Daniel Melinao, los funcionarios ingresaron violentamente a la comunidad disparando balines de goma que dejaron como saldo diez heridos, tres de ellos de gravedad; Erick Montoya, Segundo Montoya y Venancio Montoya, este último un kimche o persona sabia de la comunidad, de 78 años de edad. Producto del actuar policial también resultaron heridos dos niños de iniciales A.M. de 12 años y A.M. de 15 años de edad.
De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Servicio de Salud Araucanía, siete personas mapuche de la comunidad fueron atendidas en centros hospitalarios de la región, tres de ellos con balines de goma disparados por carabineros, alojados en distintas partes de su cuerpo; dos de los cuales fueron trasladados desde Collipulli al Hospital de Angol por la gravedad de sus heridas, provocadas por los impactos de perdigones. Allí serían sometidos a una cirugía para intentar extraer las municiones.
La información de que disponemos, así como las constataciones realizadas por los servicios médicos públicos, dan cuenta de que los funcionarios policiales involucrados en este allanamiento no habrían seguido las directrices del ordenamiento jurídico interno, y menos aún de las directrices internacionales relativas a la proporcionalidad en el uso de armas de fuego y el respeto de los derechos de las personas en el ejercicio de sus funciones.
Como usted pudo observar durante su visita a Chile como Relator Especial de la ONU el 2009, los abusos y la violencia ejercida por parte de la policía contra miembros del pueblo mapuche, en el contexto de allanamientos y otras operaciones policiales, constituyen una práctica que lamentablemente se ha mantenido en el tiempo. Esta práctica ya ha resultado en tres casos de homicidio en contra de integrantes del pueblo mapuche, así como en centenares de casos de torturas, y/o de tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a integrantes de comunidades, incluyendo, como en este caso, a niños y ancianos.
En esa ocasión usted hizo “un llamado a que las autoridades competentes investiguen las quejas de abusos y violencia contra las personas indígenas cometidas por miembros de la policía, a que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos, y que se repare a las víctimas o a los familiares de las víctimas.” En la misma ocasión usted “exhortó a las autoridades competentes a que tomen las medidas necesarias para prevenir dichos actos”.
Lamentablemente tales hechos permanecen hasta la fecha en la impunidad, toda vez que la justicia militar que conoce de los delitos que cometen los policías en contra de civiles, en este caso mapuche, no tiene la imparcialidad necesaria para sancionar estos delitos. Dicha impunidad es también consecuencia de la falta de voluntad de las autoridades policiales y de las autoridades civiles de que dependen, para investigar y sancionar administrativamente el actuar de los efectivos policiales reñido con los derechos humanos.
Por otro lado, los hechos ocurridos en el día de ayer develan también la inexistencia de una política efectiva por parte del Estado de Chile para atender las reclamaciones de los pueblos indígenas que han sido privados de sus tierras de propiedad ancestral y/o legal.
En efecto la comunidad Wente Winkul Mapu, que a la fecha vive hacinada en alrededor de 40 hectáreas, se conformó el año 2008 y fue legalizada el 2010 por 35 jóvenes familias, todos ex miembros de la comunidad “José Millacheo Levio”, del mismo sector de Chequenco en la comuna de Ercilla. Ella reivindica 2.500 hectáreas, las que en su mayoría forman parte del Título de Merced José Millacheo Levio, e integraban el territorio de propiedad ancestral de sus antepasados, en cuyo interior existe un cementerio mapuche, tierras que hoy están en poder de las Forestales Cautín, Mininco y de particulares.
No obstante las reclamaciones históricas de esta comunidad para obtener la restitución de sus tierras de propiedad legal y/o ancestral, las que fueron formalizadas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena el 2009, las familias de Wente Winkul Mapu siguen sin una respuesta del Estado.
Se trata de una realidad que usted también constató en su informe como Relator Especial el 2009, al dar cuenta de “la falta de un mecanismo para reivindicar los derechos a las tierras ancestrales o reparar a los indígenas por las tierras que hayan sido tomadas sin su consentimiento”. Dicha realidad, como usted también constató en su informe del 2009, lleva a comunidades a optar “por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de delitos y de actos contrarios al orden público”, hecho que en ningún caso justifica el actuar abusivo y delictivo de la policía, como el que constatamos en el allanamiento a esta comunidad.
Cabe señalar que el Estado de Chile se comprometió, al ratificar el Convenio 169 de la OIT, a “instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas” (artículo 14. 3).
Dado que los hechos ocurridos ayer dan cuenta de que el Estado de Chile no ha adoptado medidas para poner término al uso abusivo de la fuerza policial en contra de integrantes de comunidades mapuche, ni para atender a sus reclamaciones frente a la privación de sus tierras legales y /o ancestrales, es que le instamos a requerir información al gobierno en relación a las siguientes materias:
1.- La forma en que la policía de Carabineros realizó el allanamiento el 07 de junio del presente año en la comunidad Wente Winkul Mapu y el respeto en el procedimiento utilizado por ella de las directrices nacionales e internacionales relativas al uso de la fuerza pública para garantizar los derechos humanos de la población civil;
2.- Las medidas legislativas y administrativas que el Estado ha adoptado para impedir la repetición de estos hechos, y para sancionar a los responsables;
3.- Las medidas legislativas y administrativas adoptadas por el Estado de Chile, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, para instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas.
Agradeciendo su intervención en este caso, a objeto de proteger los derechos de las personas mapuche que se encuentran afectados en este caso, le saludan atentamente
José Aylwin
Co-director
José Araya
Co-director (S)
Observatorio Ciudadano
Antonio Varas 428
Temuco, Chile
(00 56) (45) – 213963
CC:
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Sr. Juan E. Méndez
sr-torture@ohchr.org
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Sra. Margaret SEKAGGYA
defenders@ohchr.org / urgent-action@ohchr.org

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