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Salta: La Provincia también pidió el desalojo que se concretó ayer contra una comunidad
Por Nuevo Diario -
Thursday, Jun. 14, 2012 at 11:37 AM
Como lo había anticipado Nuevo Diario, ayer se concretó el desalojo de algunas familias cholonkas por una medida cautelar ordenada por la jueza Correccional Nº 8, Mónica Faber, a cargo interinamente del Correccional Nº 3, cuyo titular Marcelo Torres Gálvez, se encuentra de licencia.
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A dos de las 12 familias que se dispuso desalojar le dio un plazo más debido a que una de ellas estaba velando a un familiar, Mario Tolaba, que había muerto ayer a la mañana, y a la otra familia no se la había notificado del desalojo.
En la causa, iniciada por la familia Alvarez (que disputa las tierras con la comunidad Cholonka), y otro denunciante de apellido López, también se presentó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y el fiscal de Estado, Simón Padrós, reclamando la propiedad de las tierras. Para las abogadas que representaron a la comunidad (dado que el letrado que habían designado con anterioridad no estaba en la provincia), la medida cautelar dictada por la jueza "resuelve el fondo de la cuestión", dado que dispone el desalojo sólo a una de las dos partes que disputan la posesión de estas tierras fiscales. "Que se disponga este desalojo, no quiere decir que los denunciantes sean reconocidos como los poseedores", advirtió Faber al hablar con los medios.
Entre los argumentos esgrimidos por la comunidad, se elevó su reconocimiento como comunidad originaria junto a la Personería Jurídica, amparándose así en la Ley 26.160 de Emergencia de Propiedad Indígena, que establece la suspensión de los desalojos y de usurpación de territorios ocupados por las comunidades originarias. "En segunda instancia, la Cámara revocó la negación del desalojo de la comunidad porque ésta no cumplía con los requisitos de la Ley 26.160", sostuvo Faber, al momento de asegurar que la comunidad "no tenía posesión" sobre los inmuebles ayer desalojados.
Pasadas las 11:30, la jueza Faber junto a un grupo de asesores y secretarios se hizo presente en las tierras que se ubican sobre la ruta Nº 28, en los kilómetros 15 y 16. Las demás familias denunciadas que se ubican sobre las mismas tierras pero entre los kilómetros 12 y 14, aún no tienen orden de desalojo dado que la causa se encuentra apelada en la Cámara de Acusación, sin resolución por el momento.
El operativo, en el cual actuaron más de 100 policías apoyados por grupos de Infantería e Inteligencia, apuntaba a reestablecer a las familias desalojadas junto a sus hijos en un albergue de la Provincia, ubicado en calle Mendoza al 1600. La jueza notificaba personalmente a las familias, a la vez que les indicaba la posibilidad de guardar sus pertenencias en el depósito del Poder Judicial. "No somos personas inhumanas", sostuvo Faber al sostener que si bien ordenó el desalojo con la fuerza pública, ello "no significa dañar a las personas".
Adujo en uno de los casos, el de la familia Alfano, que se encargaría de hacer las gestiones ante los poderes públicos "para dar solución al problema habitacional".
"Resuelve sobre el fondo de la cuestión"
Por su parte, la abogada Soledad Lobo, que estuvo ayer en el desalojo, entendió que al dictar esta medida cautelar de desalojo "la jueza ya resolvió el fondo de la cuestión". Otro punto que llamó la atención sobre esta resolución, es que no fue establecida por el juez a cargo de la causa. La cacique de la comunidad, Eusebia Puca, sostuvo que esta solución tiene que ver con los contactos políticos de la familia Alvarez con algunos funcionarios de turno.
Respecto de la Provincia, denunció que hubo funcionarios provinciales que habían comenzado a ir a los centros vecinales a fin de que eleven notas para que se construyan viviendas en las zonas en donde ayer estaban desalojando.
La jueza, en tanto, entendió que la comunidad "se metió" en los terrenos. Esto se desprende de su "recomendación" a los integrantes de comunidades originarias para que "no se dejen influir y cometer un ilícito", como el de usurpar tierras.
Es necesario recordar que la jueza es la misma que actuó en un desalojo de miembros de comunidades originarias de Las Pailas, en Cachi. A ello, la jueza agregó que esta era una causa que llevaba "más de cuatro años". Las carátulas, sin embargo, llevan los años 2010 y 2011.
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