Mendoza: Movilización contra la Megamineria
Por reenvío agencia walsh - Tuesday, Jun. 19, 2012 at 4:48 PM

Martes 19. 10:00 hs. Costanera y Vicente Zapata (nudo de costanera) hacia la Legislatura y luego a los Tribunales. En defensa de la ley 7722

Hace casi cinco años, el pueblo mendocino movilizado en las calles y rutas a lo largo de la provincia logró la aprobación de una ley central en la historia de la provincia. Esta ley surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados, de la movilización e indignación ante las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la ley que impidió que la Megaminera San Jorge destruyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes. Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos y lobbistas locales, han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial Mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la megaminería. ¡Porque esta ley es una herramienta popular, vamos a defenderla! Esta ley también protege los lagos, cuencas y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como CIANURO, MERCURIO, ACIDO SULFÚRICO, y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la DIA (declaración de impacto ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización) deben ser ratificadas por ley; c) permite mayor participación en los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) les exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro ambiental. Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por la vigilancia del pueblo, en la Legislatura se cuidan de dar el zarpazo a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial. En el terreno de la justicia local, una asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un grupo de empresas relacionadas con la megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar inconstitucional la 7722. Hoy, esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están avanzando aceleradamente, ante la impaciencia de los capitales, por lo que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de lo que está en juego, que la SUPREMA CORTE PROVINCIAL RATIFIQUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722 EN PLENO, es decir, que todos sus miembros traten este asunto.¡No vamos a permitir que la voracidad del capital megaminero y sus cómplices locales destruya nuestro territorio ni a sus habitantes! ¡Daremos batalla! ¡ABSOLUTA VIGENCIA DE LA LEY 7722! ¡QUE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DECLARE EN PLENO SU CONSTITUCIONALIDAD! ¡FUERA LA MEGAMINERÍA DE ARGENTINA, DE AMÉRICA LATINA Y DEL MUNDO!



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