Julio López
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Doce años de Plan Colombia en el Depto. de Putumayo puerta a la Amazonia colombiana
Por Yumma - Thursday, Jul. 05, 2012 at 6:56 PM
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Desde el año 2000 inicia la implantación del Plan Colombia en territorio colombiano directamente en el departamento del Putumayo con las fumigaciones aéreas y la erradicación manual forzada, en una primera etapa que va a hasta el año 2005, donde los proyectos sociales de corto impacto solo dejaron ganancias para muchas de las ONG ejecutoras de los recursos, entre ellas las más importante fueron la CHEMONICS de origen gringo y FUNDAEMPRESA. La segunda fase del Plan Colombia que va desde el 2005 hasta el 2010, cambia la estrategia de intervención, no para mejorar la planeación cortoplacista, sino por el contrario para continuar fumigando, erradicando y derrochando los recursos económicos restantes en intentar sostener proyectos productivos sin raíz cultural como el cultivo de pimienta, vainilla entre otras especies exóticas para esta amazonia.

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En este periodo continúan las fumigaciones con glifosato y se acentúa la erradicación manual forzada, sin embargo es poca la incidencia en la disminución del área cultivada en coca y por supuesto escasísima o nula la mejoría de las condiciones de vida del pueblo putumayense, que en gran numero se ve obligada a desplazarse del territorio. La tercera fase de Plan Colombia se inicia desde el 2010 y va al 2014 con el nombre de Plan Consolidación y después de más de una década de estarse ejecutando esta política se siguen violando sistemáticamente los derechos fundamentales, los derechos colectivos y especialmente el derecho constitucional de la participación efectiva de los putumayenses para decidir sobre el futuro de su territorio y de su vida.

Alterno a las fumigaciones y a la erradicación forzada, se ha venido desarrollando también el Plan Patriota, estrategia armada del Plan Colombia, cuyo objetivo fue la militarización del territorio Putumayense (ver mapa anexo 1 y 2) que inicia reforzando la Brigada de Selva No XXVII con sede en Mocoa, se dota con tecnología satelital y marina a la Base Naval del Sur que despliega el control sobre los ríos Caquetá, Putumayo y parte del rio San Miguel. Se consolida el Batallón Domingo Rico en el municipio de Villagarzón donde también se establece la Base Antinarcóticos y se adecua el aeropuerto Militar. En Puerto Asís se implanta el Batallón Energético y Vial No 11, que establece las bases militares del Cuembí y Quillacinga en el corredor Puerto Vega hasta Teteyé. También se instaló en el corregimiento de Santa Ana, jurisdicción de Puerto Asís, el Batallón de Artillería No 27 General Luis Ernesto Ordoñez Castillo y se adecuó la Base Militar en el kilometro 5 de la salida a Mocoa. A comienzos del año 2011 entra a operar en Puerto Asís el Batallón de Ingenieros Mecanizado No 27. De manera creciente se establecen bases militares en Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro, la Alea, la Rosa. Se instala la Base Militar en La Hormiga, Valle del Guamués. En Orito se implanta la Brigada Móvil Contraguerrilla No 13, así como bases militares en la zona de Siberia y el Empalme; en San Miguel se establecen las Bases Militares en los pozos petroleros, la Base Antinarcóticos y actualmente se construye el CENAF (Centro Nacional de Atención de Frontera) en territorio ancestral del Pueblo Kofán, con serios tropiezos en el proceso de Consulta Previa. Cabe anotar que varias operaciones sobre el cordón fronterizo con la hermana República del Ecuador, se han dirigido desde las Bases Militares de Larandia y Tres Esquinas ubicadas en el departamento del Caquetá, dentro de las cuales existe amplia presencia de mercenarios gringos.

A medida que se ha venido extendiendo la militarización, también se expande inexorablemente la explotación petrolera en los municipios del medio y bajo Putumayo y se ahondaba la crisis social y humanitaria, la contaminación ambiental, hídrica y de suelos y se acrecienta la violación sistemática de los derechos humanos, denunciada insistentemente desde el año 2006 por las organizaciones sociales a través de comunicados a la opinión pública, reuniones con las instituciones, movilizaciones pacificas y finalmente en la Audiencia Ciudadana por la Verdad celebrada por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales del Putumayo en Puerto Asís los días 10 y 11 de febrero de 2011. Después celebrada esta Audiencia con participación de Honorables Congresistas, se acentuaron los señalamientos, la estigmatización y la judicialización de varios líderes de la Mesa Departamental. Algunos de ellos (4) fueron privados de la libertad en estos últimos meses y otros están a la espera de que se hagan efectivas las órdenes de captura.

La difícil situación del Putumayo no es del interés de las empresas petroleras , especialmente de la SUROCO Energy (con casa matriz en Alberta Canadá) que continúan abriendo pozos de manera incesante, violando sistemáticamente el derecho fundamental a la consulta previa con los pueblos indígenas, comprando lideres para aplacar la inconformidad de algunas comunidades, generando escasos empleos de salarios indignos, haciendo señalamientos contra dirigentes y contaminando todas las fuentes hídricas de las cuales toman agua las poblaciones rurales y los caseríos del Putumayo, afectando los humedales y el ambiente , con la complicidad de CORPOAMAZONIA y el Ministerio del Medio Ambiente.
Además de la impunidad que envuelve los casos denunciados de homicidios, masacres, desplazamientos forzados masivos, desapariciones forzadas y demás crímenes de estado, el pueblo putumayense enfrenta casos de extinción de dominio de pequeñas parcelas de propiedad de campesinos, el despojo territorial que las empresas petroleras de manera “legal” viene haciendo porque por ley son dueñas y señoras de cinco kilómetros a la redonda de cada pozo petrolero y para acabar de ajustar, el actual gobierno de la prosperidad, ha declarado al Putumayo, Distrito Especial Minero entregando este territorio amazónico de manera inconsulta a las multinacionales a través de contratos y concesiones mineras para la explotación de oro y cobre a la ANGLO GOLD ASHANTI en el Alto Putumayo y la reserva natural de los Churumbelos en el municipio de Mocoa, territorio ancestral de los Pueblos Indígenas Inga y Camentsa.

La miseria del pueblo putumayense, acrecentada con la caída de las pirámides, ha dinamizado las movilizaciones pacificas para exigir ante el estado y el gobierno colombiano, una solución definitiva a la crisis humanitaria. Esta presión por parte del pueblo da como resultado una reunión, que aun sigue pendiente con el Vicepresidente Angelino Garzón, para evaluar los acuerdos pactados en el marco de las movilizaciones desde el año 2006 hasta el 2011 y de los cuales no ha habido cumplimiento alguno. En esta reunión se abordaran problemáticas estructurales como la salida negociada al conflicto armado, la impunidad, la protección efectiva de los dirigentes y de las organizaciones sociales que han resistido valerosamente la violencia desatada en esta parte del país y siguen construyendo patria. Otros temas contemplados en los acuerdos pactados están relacionados con el Plan Colombia, el Plan Consolidación, la política Minero energética y la declaratoria de Distrito Especial Minero, la grave contaminación ambiental por parte de las petroleras y la crisis socioeconómica del pueblo putumayense.

Un caso importante que debe tener la observación internacional es lo que ha venido sucediendo con la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo – ACSOMAYO, organización de base conformada por campesinos en el año 2002 y que ha venido denunciando todas las violaciones y especialmente los atropellos de la empresa petrolera CONSORCIO COLOMBIA ENERGY. En el año 2005, después de una reunión donde se exigía a la empresa petrolera el respeto por los derechos de la comunidad, fue asesinado su primer presidente LUIS ARCELIANO MELO BASTIDAS. En mayo de 2006 la comunidad de ACSOMAYO lleva a cabo la primera movilización pacífica sobre el corredor fronterizo para protestar por la violación de sus derechos y la fumigación indiscriminada, firmando acuerdos con el gobierno que no se cumplieron. En 2009 realizan la segunda movilización pacífica contra la petrolera, que termina en la firma de acuerdos con el gobierno que tampoco se cumplieron. En abril de 2011 la presidenta de ACSOMAYO debió salir del país por amenazas de

judicialización en su contra, pero retornó para hacer frente a las acusaciones que finalmente no se llevaron a cabo. Entre noviembre y diciembre de 2011 las comunidades ACSOMAYO volvieron a la movilización para exigir a la petrolera detener la apertura de 34 nuevos pozos y fueron reprimidos violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, en esta movilización fue detenida la Presidenta de ACSOMAYO y dos campesinos más. A finales de marzo de 2012, el vicepresidente de ACSOMAYO fue desaparecido en el territorio de su jurisdicción, altamente militarizado, sin que hasta el momento se conozca su paradero y en mayo de 2012 cinco dirigentes de ACSOMAYO fueron vinculados a procesos judiciales .

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