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Rehenes liberados en Bolivia tras un singular "juicio popular"
Por Google - Wednesday, Jul. 11, 2012 at 11:35 AM

LA PAZ — Dos ingenieros de una filial de la minera canadiense South American Silver que permanecían como rehenes de un grupo de indígenas del suroeste de Bolivia fueron liberados el domingo tras diez días de cautiverio y después de encarar un singular "juicio popular".

"Los rehenes liberados fueron sometidos a juicio, donde se les otorgó una sanción económica", explicó a la AFP Félix González, principal autoridad política de Potosí, a 551 kilómetros al suroeste de La Paz, en cuya jurisdicción se encuentra la mina Malku Khota.

Los dos ingenieros fueron objeto de un singular "juicio popular" "por haber infringido las tradiciones y costumbres de los indígenas al utilizar una vestimenta que no les correspondía", explicó el ministro del Trabajo, Daniel Santalla, a quien se encomendó buscar un acuerdo pacífico.

Los acusados se presentaron ante el tribunal de "justicia originaria" vistiendo las mismas chaquetas y gorros indígenas de vivos colores que portaban en el momento de ser capturados y que son típicos de los indígenas del norte potosino.

Los indígenas quechuas de los Andes retuvieron a los ingenieros acusándolos de espionaje porque no vestían con su habitual ropa occidental.

La legislación boliviana vigente permite a los indígenas aplicar sus normas ancestrales y asignar alguna sanción que habitualmente supone un trabajo en beneficio de la comunidad. González dijo que, en el caso de los ingenieros, la sanción fue económica, tal cual se había convenido previamente, aunque el gobernador no precisó el monto fijado.

Después de comparecer ante el tribunal indígena, los ingenieros fueron trasladados a la ciudad de Oruro (a 239 kilómetros de La Paz) para su atención médica. El ministro del Interior, Carlos Romero, informó de que los tres rehenes reciben atención médica y psicológica, pues se hallan con un "shock emocional elevado".

Las autoridades estaban preocupadas por su salud y dijeron que uno de ellos "tenía una seria lesión en los brazos que requería cirugía" y el otro "serios problemas renales".

Junto a los ingenieros, también fue liberado el último rehén, un policía capturado por los comunarios el jueves pasado tras una incursión de las fuerzas del orden. Su entrega se produjo tras la firma de un acta con las autoridades policiales.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, precisó que el más dañado fue el policía, pues la revisión médica inicial estableció que "fue brutalmente golpeado" por sus captores, por lo que requiere ser sometido a estudios más especializados.

René Arroyo, representante del Defensor del Pueblo de Potosí, declaró a la red Erbol que los ingenieros presentaban buenas condiciones de salud, no así el policía, que "estaba más sentido y no podía caminar", por lo que tuvo que ser ayudado para abordar el vehículo que lo trasladaría a un centro hospitalario.

El gobernador González explicó que el acuerdo definitivo con los indígenas, que exigen la salida de la empresa minera, se negociará los siguientes días en la ciudad de La Paz sobre la base del compromiso gubernamental de revertir la concesión de explotación.

La filial tiene desde 2007 la concesión de la mina, donde estima que existen entre 140 y 230 millones de onzas de plata y entre 935 y 1.480 toneladas de indio (semiconductor utilizado en pantallas de cristal líquido). La empresa tenía previsto invertir 50 millones de dólares hasta 2014 en la fase exploratoria.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, analizará la posibilidad de anular la concesión de explotación de la mina a la filial de la empresa canadiense South American Silver y revertirla al Estado, anunciaron el domingo fuentes oficiales. "El presidente va a ver esta posibilidad de anular esta concesión y de revertir esa riqueza que pertenece a todo el pueblo boliviano", dijo el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, al adelantar que el tema podría ser tratado esta la semana por el gabinete ministerial.

El conflicto tuvo como saldo un campesino muerto y derivó en la toma de rehenes de cinco funcionarios de la minera, una fiscal y un efectivo de la policía. El ministro de Trabajo explicó que el gobierno entregó el equivalente a unos 1.150 dólares a los deudos del campesino fallecido y que proporcionará empleo a la familia. Además, sufragará los gastos de hospitalización de los indígenas que resultaron heridos.

Las autoridades dieron garantías de que no perseguirán a los dirigentes campesinos y sindicales que condujeron el conflico.

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