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“Listas negras en Rosario”
Por Fuente: Seminario "Periodismo de Investi - Wednesday, Jul. 18, 2012 at 4:16 AM

23 mar 2012

Marcos Galetto, Nicolás Maggi, Guillermo Zysman.

Lista: Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades que se hace con determinado propósito.

Negra: Se dice del aspecto de un cuerpo cuya superficie no refleja ninguna radiación visible; moreno, o que no tiene la blancura que le corresponde.

Las acepciones tomadas de la Real Academia Española no aluden al significado conjunto del vocablo “Lista negra”. Mencionados en simultáneo implica mucho más que cada uno de los términos por separado. Al nombrarlo, remite a maniobras y períodos oscuros de la historia, donde determinados nombres eran incluidos en una nómina de la cual difícilmente iban a salir tal como entraron. ¿Existirán aún hoy, en pleno siglo XXI “listas negras” en el ámbito laboral de Rosario integradas por supuestos trabajadores “conflictivos”? ¿Se pondrán de acuerdo los empresarios de la ciudad para no tomar a empleados combativos con alta exposición pública a los efectos de evitar futuros choques? ¿Las posturas de esos empleados durante el conflicto eran realmente intransigentes? ¿Los planteos empresariales se ajustaron a derecho? ¿Las cúpulas gremiales acompañaron la lucha con los mismos argumentos o buscaron acuerdos intermedios durante la negociación con las patronales? En concreto, ¿existió una lista negra que perjudicó a ex trabajadores del Lavadero Virasoro? En efecto, un grupo de ex empleados del Lavadero lo denunció, mencionó ejemplos “probatorios”, sindicó responsables; la CGT lo negó igual que la Asociación Empresaria y el Ministerio de Trabajo provincial. Pero una fuente empresarial empapada con estos asuntos dio precisiones sobre la forma en que funcionan estas listas, aunque bajo expresa reserva de su nombre.

Investigar: Hacer diligencias para descubrir algo; Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Allá vamos.

El conflicto

Empresa familiar, de capitales rosarinos, el Lavadero Virasoro se dedica al lavado y lijado de prendas de jeans, es proveedor de grandes marcas de ropa con dos plantas en Rosario, ambas pertenecientes al empresario Jorge Guidetti. Una de ellas se encuentra en Virasoro y San Nicolás y la otra, en Ovidio Lagos al 4600, fue tomada por sus propios trabajadores a raíz del despido de forma arbitraria y sin justificación del trabajador Mario Guzmán el 26 de Junio del 2007. Esto ocurrió en el marco de una acción ofensiva de la patronal contra los trabajadores, quienes reclamaban mejoras salariales y en las condiciones de higiene y seguridad desde el año anterior.

El comunicado que los propios trabajadores difundieron durante esta primer medida de fuerza rezaba: “Estamos cansados de vivir en estos últimos 6 meses con persecuciones, aprietes, discriminación, suspensiones sin causa, vaciamiento, amenazas de todo tipo y daños psicológicos y morales de parte de la patronal y sus encargados, por el solo hecho de querer organizarnos y exigir que se nos respeten nuestros derechos además de un salario digno”. Según declaró en ese entonces el delegado Carlos Medina, el básico que cobraban los empleados del Virasoro, de $834, se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

La mañana del 27 de junio se paró la producción de la planta de Virasoro 3570, y al mediodía se sumó a la protesta la planta de Ovidio Lagos 4650, presionando para que la empresa se siente a dialogar con los trabajadores y reincorpore a los despedidos. Los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta de Ovidio Lagos el 28 de junio en reclamo de la reincorporación del empleado despedido. Sin embargo, luego decidieron mantener la guardia en la puerta de la empresa. La planta contaba en ese entonces con un total de 400 trabajadores. De ellos, un centenar fue el que llevó activamente las medidas de lucha, quienes fueron apoyados solidariamente durante todo el proceso por corrientes sindicales y gremiales, organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, partidarias y de Derechos Humanos.

Guidetti decidió entonces responder incrementando la tensión: siguió despidiendo trabajadores -entre ellos a todos los delegados de la Comisión Interna- y amenazando con despidos a los demás empleados mientras continuaba el hostigamiento policial, la persecución, las amenazas, la discriminación y el abuso de autoridad. El empresario se negaba a negociar. Y mientras intentaba que algún juez ordene el desalojo contra los obreros en lucha,  los telegramas de despido seguían llegando.

El accionar policial

De acuerdo a la denuncia judicial de los trabajadores, la policía se dedicó a hostigar mediante la intimidación primero, y luego a amedrentar a través de  represión irregular. Ejemplo de ello fue lo ocurrido cuando un grupo de agentes se aproximó a la planta afirmando contar con una orden judicial para el desalojo, aunque siempre los uniformados se negaron a mostrarla y a dar el nombre del juez que la habría ordenado. También se negaron a decir quién era el responsable del operativo policial a los trabajadores del lavadero industrial y la prensa presente en el lugar. Su intención era levantar la gente, la huelga y el acampe en la puerta sin mostrar ninguna especie de orden oficial o jurídica que legitime la acción, y así lo intentaron, en un operativo nocturno -de madrugada y en invierno- que dejó al menos cuatro heridos de balas de goma, golpes y hasta mordidas de los perros adiestrados. A su vez, las intimidaciones proseguían con la presencia de un camarógrafo policial que se negaba a identificarse, mientras registraba la acción presuntamente con la intención de individualizar a los trabajadores que resistían la medida del acampe.

También hubo grupos de encargados, trabajadores “carneros”, miembros del sindicato de lavaderos, barra bravas, el gerente y hasta Marcelo Guidetti, el hijo del dueño de la empresa, quienes se acercaron en grupo –unas 100 personas- a “apretar y confrontar” protegidos por la policía, para luego declarar ante los medios que el grupo de trabajadores que estaban tomando la planta “habían amenazado e intentado agredirlos cuando intentaban retornar a sus puestos de trabajo”.

El trasfondo gremial

Durante el 2005 los actuales delegados intentaron lograr la afiliación masiva al sindicato de Lavaderos – Unión Obreros y Empleados, Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (UOETS y LRA) -, pero este gremio se las rechazó, aunque era el ámbito que según la empresa les pertenecía. Ante esto los trabajadores se dirigen al gremio Textil y también al del Vestido pero en todos los gremios acudidos les plantean que no les corresponde ese encuadre.

Luego, los delegados buscaron otro gremio y finalmente se afiliaron al Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (SUTRAQYP) de Fray Luis Beltrán (encuadrado en la CGT San Lorenzo, lo que generó una puja con la CGT local). Tras golpear muchas puertas lograron afiliar a 330 trabajadores de los 400 que eran en total y formaron una Comisión Interna de delegados con un 90 por ciento de participación en las elecciones, a pesar de que Guidetti “mandó la Gendarmería a cuidar la planta y luego impugnó el acto”, según denunciaron los cesanteados. La empresa, por su parte, realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, desconociendo al Sindicato y a la Comisión.

A partir de allí, contando con 8 delegados, iniciaron la pelea legal para que la empresa los reconozca con ese convenio y consiguieron algunas reincorporaciones de despedidos y el cumplimiento de ciertas reivindicaciones salariales. Desde entonces la empresa nunca reconoció a la Comisión hasta finalmente comenzar a despedirlos en 2007.

El desenlace

Tras el desgaste de seis meses de tensión permanente, la represión, las decenas de amenazas de desalojo, la asfixia económica y las largas noches de vigilia; pasado el mediodía del viernes 21 de diciembre,  y luego de largas horas de reunión en el Juzgado de Instrucción Penal de Séptima Nominación, a cargo del magistrado Javier Beltramone, se llegó a un acuerdo para darle un cierre al conflicto que paralizó la planta industrial de Lagos 4650.

El acuerdo contempló una indemnización de un monto ligeramente por encima de lo pautado por la ley. Los obreros que lucharon por la reincorporación de 60 despedidos, no lograron ninguna. Sin embargo, los 35 que se mantuvieron unidos hasta el final, valoraron la dignidad y la solidaridad a la hora de hacer su balance. Llegaba el momento de la reflexión, y las voces marcaron que el desenlace del conflicto no marcaba un punto final, sino tan sólo un punto y seguido.

Guidetti llegó a la planta en su Audi negro para pagar los adelantos de las indemnizaciones prometidos para las fiestas mientras sus ex empleados desarmaban el acampe. Quien buscara penalizar a cada trabajador en lucha, nunca pudo desalojarlos, y finalmente se vio obligado a reconocer a la comisión interna y negociar.

Desde entonces, de los 60 despedidos, sólo entre 10 y 15 pudieron volver a conseguir empleo. Esto despertó en ellos las sospechas de la existencia de listas negras en torno a ex trabajadores conflictivos del Lavadero Virasoro.

Listas negras, como las brujas

Cristian Sánchez y Rubén Benítez son miembros fundadores e integrantes de la Cooperativa Unión Limitada. Sin eufemismos, y a la vez sin pruebas judiciales, hablan de la existencia de “listas negras” surgidas tras el prolongado conflicto en el Lavadero Virasoro. “Un caso puntual es el del “Negro” Gustavo, en Bambi, la fábrica de heladeras de calle Ovidio Lagos al fondo –cuenta Cristian-, que entró a las seis de la mañana a trabajar por primera vez y a las diez lo llamaron de Recursos Humanos y le dijeron que como era ex empleado del Lavadero Virasoro y además conflictivo, lo echaban a la mierda. Después está el caso de Claudio que encaró en una metalúrgica y a él se lo dijeron de frente mal, que no querían tener gente del Lavadero Virasoro, por la conflictividad. Otro compañero estuvo un día, le salieron al cruce y le pagaron todo un mes para que se vaya, y otro caso concreto fue el del “Larva” en la General Motors, pasó tres entrevistas, eran cuatro, y en la tercera, venía todo bien, le salta que había trabajado en el Lavadero Virasoro, que había participado  del conflicto y le dijeron hasta acá llegaste, cualquier cosa después te llamamos. El Larva era delegado con nosotros. A mi no me tocó vivir una discriminación de ese tipo, porque yo la busqué sólo, veía lo que le pasaba a estos compañeros y como salimos en todos lados (en todos los medios), estamos prendidos fuego. Que hayan conseguido un nuevo laburo pueden ser 10 ó 15, algo pasó. De los que integrábamos la comisión interna, ninguno consiguió laburo, y ya hace dos años de esto”.

Casi sin hacer una pausa, Cristian agrega: “Creo que detrás de todo esto está (el dueño del Lavadero, Jorge) Guidetti que es un resentido. Cuando nosotros lo que hicimos en Virasoro fue defender los derechos de los trabajadores. Esto también refleja lo que son las patronales hoy, para ellas sos un número, no tenés ni arte ni parte, tenés que venir, callarte la boca y trabajar esclavizadamente y cobrar”.

El nombre de Jorge Pedro Guidetti será mencionado una y otra vez por Cristián y Rubén. Y aún cuando no lo hagan explícitamente, su apellido sobrevolará toda argumentación. “No tenemos nada para mostrar, pero conociéndolo al tipo…”, repetirán en más de un tramo de la entrevista. “Este tipo tuvo contactos para aguantar la planta seis meses cerrada, con casi 300 empleados. Los contactos los debe tener. Moneda él tenía, y políticamente a él alguien lo sostuvo, alguien lo bancó”, deslizan para después precisar que “por ejemplo el Ministerio de Trabajo de la Nación a nosotros siempre nos jugó en contra. No llegamos a tener contacto con (el ministro del área, Carlos) Tomada, pero hablamos con segundas líneas y cuando fuimos allá (a Buenos Aires) a las audiencias nos decían que esto era político, que no podía salir”.

Elías Soso preside desde hace años la Asociación Empresaria de Rosario. Recuerda que en este conflicto puntual “no participamos como Cámara, ya que fue un conflicto ajeno a nosotros. Se debía fundamentalmente a una interna del sector gremial, una cuestión de encuadramiento sindical. No nos competía”. Luego admite que “en el ámbito de las PyMes la conversación es permanente, ya que los conflictos son personales, individuales, particulares, y no ‘todos contra todos’ como en el sector público, donde si paran los docentes paran todos. El diálogo se da permanentemente”. Ergo, debió estar medianamente al tanto de lo ocurrido en el Lavadero. De inmediato sale al cruce de la existencia de listas negras y desmiente acuerdos entre empresarios para vedarle la reinserción laboral a los trabajadores más intransigentes: “No creo que se individualice, no se acostumbra a joder al tipo. Además ellos solos están muy expuestos mediáticamente, ni siquiera haría falta que existiesen listas negras. Nosotros no podemos discriminar, sólo queremos que las empresas se desarrollen para generar empleo con el mínimo grado de conflictividad posible. Lo que sí irrita a los empresarios por momentos es la ocupación de la vía pública, pero no tenemos actitudes corporativas, cada cámara resuelve particularmente en lo que le compete”.

Para reforzar su posicionamiento, Soso remarca su oposición a listas negras virtualmente oficializadas, como lo ocurrido en Rufino (tema que abordamos en uno de nuestros apartados). “Estoy totalmente en contra, no lo comparto en absoluto. Es a los trabajadores lo que el ‘Veraz’ a nosotros, esa no es la manera de hacer las cosas. Estamos en contra de las listas negras y de cualquier tipo de caso de discriminación. Nos preocupan las extralimitaciones tanto de algunos integrantes del sector empresario, a quienes no defendemos cuando las cometen, como de los asalariados que a veces se comportan irracionalmente cuando se busca la solución a un conflicto. Estoy en contra de las medidas coercitivas, prefiero la discusión y el diálogo. Necesitamos paz social”.

Varios fueron los empresarios consultados para esta investigación. Abiertamente ninguno accedió a reconocer la existencia de pactos patronales para no tomar a trabajadores conflictivos. En estricto off the record, un referente del sector metalúrgico de larga trayectoria en la ciudad fue tajante: “Así como nos juntamos a hablar con los colegas sobre temas de mercado, de cuestiones impositivas, de reclamos al gobierno en cualquiera de sus niveles, hablamos obviamente de asuntos gremiales y a veces les ponemos nombre y apellido al asunto. Cuando se produce un conflicto prolongado, con algo de violencia se da una doble situación, por un lado el empresario afectado se encarga de hacerle llegar al resto la nómina de los quilomberos como si fuera un favor, para que otro no pase lo mismo, o una vendetta. Y al mismo tiempo, muchos de nosotros, ante la sola mención de alguien que laburó en un lugar que estuvo tomado, lo primero que hacemos es llamarlo y chequear de quién se trata. Si estuvo en la joda, no entra”.

La saliente viceministra de Trabajo provincial Alicia Ciciliani reconoce haber escuchado a muchos trabajadores y referentes gremiales “hablar de listas negras. Pero para desde el Estado poder sancionar a un empresario, o revertir esa situación necesitamos de pruebas concretas y lamentablemente como ocurre en la mayoría de los casos referidos a coimas, es muy difícil tener esa documental”. No obstante ello, recordó que ante escenarios que encuadran en lo denunciado, se abren sumarios, se investiga y se habilita la vía judicial ordinaria.

Reivindicaciones, bases y cúpulas

El conflicto en el Lavadero Virasoro también involucró complejas tramas gremiales. En ese marco se inscribe la crítica de Sánchez y Benítez a las cúpulas sindicales. “En los últimos años ¿cuándo vieron que la CGT haya convocado a una medida de fuerza, a un paro? Nada, no se dio. Y es más, el Sindicato de Lavaderos caminó de la mano de la patronal, ponía los colectivos a disposición para romper la huelga, convocaban a la gente para trabajar a una planta en Pergamino, sacaron una solicitada en el diario La Capital, explicando que eran de las 62 Organizaciones, más clarito échale agua”, enfatiza Rubén.  Cristian asiente y aporta: “Además decían que éramos conflictivos, desestabilizadores porque pedíamos un básico de 1800 pesos hace dos años atrás, cuando el sueldo de un pibe hoy en el Lavadero es de 1400 pesos. Creemos que todos fueron cómplices, de una que también lo fue la CGT, cuando hicimos un fondo de huelga para sostener a las familias nunca llegó un peso. Sin embargo de muchas fábricas de todo el país recibimos solidaridad. La CGT se involucró después que le caímos en la casa a (el secretario adjunto de la regional Rosario, Edgardo) Arrieta, que vivía a dos cuadras. Un gremio que se enorgullece de defender a los trabajadores no tiene que dejar ni uno en la calle, sino fijate lo que pasa con Mahle, la UOM sacó una solicitada diciendo que no estaba detrás de los retiros voluntarios, y cuando nosotros fuimos a pedirles un fondo de huelga nos preguntaron, ‘¿Les pagan todo a ustedes?’, y nos dijeron: ‘Entonces están bien echados’. Nosotros les aclaramos que queríamos la reincorporación. A nosotros la CGT nos jugó en contra”.

Edgardo Arrieta tiene otra versión: “Ante el pedido del Sindicato de Tintoreros y Lavaderos nosotros comenzamos a participar. Como CGT tenemos siempre el derecho de estar en los conflictos que pueden surgir, siempre detrás de la organización, nunca ni al costado, ni adelante, siempre detrás de la organización por la cual están los compañeros afiliados. Tras el pedido del sindicato hemos tenido una participación bastante activa. Lo primero que la CGT tiene que hacer, que hizo y lo he hecho yo,  es en asamblea de los compañeros ir primero y poner la cara y tratar de demostrarle a cada uno de los trabajadores de qué es el sindicato que realmente está llevando el conflicto. ¿Por qué digo esto del sindicato? Porque tenemos demasiada experiencia donde interceden terceros, cuando hay alguna dificultad o el sindicato no está muy bien organizado y empiezan a jugar actores sociales que se benefician teniendo prensa con eso. Ese tipo de agitaciones sociales, que las hay, nosotros tratamos de evitarlas, porque el compañero ve su fuente de trabajo y no puede ver mas allá. Además los dirigentes gremiales estamos considerados por muchos como corruptos, entregadores, entonces una de las grandes peleas que tuvimos fue primero revertir este tipo de pensamiento en los trabajadores para poder tener una lucha y que ellos sepan qué se estaba defendiendo, o tratando de defenderlos mejor”.

“Esto fue un problema político también, -interrumpe Rubén- cuando nos afiliamos al Sindicato Químico y Petroquímico de Fray Luis Beltrán, que es de la CGT San Lorenzo, los de la CGT Rosario no querían que ellos pusieran un pie acá, entonces hubo una puja muy fuerte”.

Sobre este punto Arrieta dice lo suyo. “Es cierto, ellos querían afiliarse a los químicos, pero el tema cual era, vos no te podes afiliar a Dragado y Balizamiento porque tenés afinidad conmigo, sino que de acuerdo a tu actividad vos debes desarrollar tu sindicato, y el químico forma parte del Gran Rosario que no tiene jurisdicción dentro de Rosario mismo. Entonces fue ese el primer conflicto, que reconozcan al Sindicato de Tintoreros y Lavaderos como su propio sindicato. La ley dice que a cada trabajador le corresponde el sindicato del rubro al que pertenece, es por actividad, cada uno debe tener lo que le corresponde, ni más, ni menos”.

El relato vuelve a ubicarse en torno a la existencia de las listas negras. “Nosotros firmado no tenemos nada, pero que la hemos vivido, la hemos vivido. Estuvimos sentados en el Ministerio de Trabajo en el piso 13 y nos decían lo de ‘ustedes no puede salir porque es político’. ¿Qué era lo político? La CGT. El miedo de ellos era que surgiera un sector luchador, cuando el convenio es de los más bajos del país,  siendo nuestro laburo uno de los más insalubres que hay, porque trabajás con productos químicos, porque los compañeros cepillando se rompen los brazos, te agarra tendinitis, la cintura te queda a la miseria por el vapor de las máquinas y hasta podés no tener hijos por la toxicidad de los elementos con los que trabajamos”. Las condiciones de higiene y seguridad no fueron un tema menor durante el conflicto. “Al contrario, el conflicto empezó por cuestiones de higiene y seguridad, trabajábamos en una fábrica de este estilo en ojotas, no teníamos botas. En vez de darnos una máscara nos daban barbijo, ropa olvidáte”.

Ya en tono más reflexivo Rubén señala: “El conflicto duró mucho tiempo, salió por todos los medios, no fue algo que pasó desapercibido, llegó hasta fuera del país. Las patronales no quieren sindicalismo, no quieren delegados dentro de las fábricas porque saben que van a reclamar, a exigir condiciones y ellos prefieren tener negritos callados la boca que no reclaman nada, que se aguanten el maltrato, el manoseo. Y muchas conducciones gremiales son cómplices, viven entregando compañeros, porque van con convenios lavados. Fijate lo que le pasa hoy a los de Atilra seccional Rosario, fue la única que siempre defendió un buen convenio y a nivel nacional le bajan uno lavado. El otro día Moyano firmó el nuevo salario mínimo vital y móvil en 1500 pesos, yo le daría a él  esa plata, ¿quién vive con eso? Si la cabeza está enferma y es la que da órdenes, que le queda al resto”.

El entrecruzamiento de lo vivido con el tiempo presente los arrastra a un balance. “El Lavadero llegó a tener 400 empleados y ahora tiene cerca de 150. En la Cooperativa somos catorce. No nos olvidamos de nada, nos acordamos lo que dijo en su momento la provincia, que nos dijeron que el conflicto se terminaba con todos reincorporados y no fue así. Sí agradecemos la mano que nos dieron para formar la Cooperativa, que surgió de nosotros. Con lo de la lista negra que nosotros denunciamos pasa algo parecido a lo que saben muchos periodistas, podés saber algo pero a lo mejor no tenés las pruebas, pero que existe, existe, sino no estaríamos como estamos. En ese sentido para mí la CGT no es de los trabajadores, es de la patronal. Por ahí vimos comunicados de la época del 70 y decimos, mirá vos los comunicados que sacaban y hoy…”, suspiran.

La salida cooperativista

Tras un largo período sin poder reinsertarse en el mercado laboral por su perfil combativo, los ex trabajadores despedidos del Lavadero Virasoro  decidieron darle cauce a un proyecto de Cooperativa. Así nació hace siete meses la Unión Limitada, una organización autogestiva de trabajadores que crece día a día.

“Hoy en día, después un arranque muy duro, estamos bien y nos vamos superando día a día. Tenemos seis clientes y varias máquinas, aunque necesitamos más y por eso la jornada laboral se hace más larga. Por el momento el excedente que tenemos no es el que desearíamos, pero vamos a paso firme. Los clientes saben que tenemos mano de obra calificada, cumplimos en tiempo y forma los encargos. Nuestra palabra vale”, resume Sánchez. Y agrega: “Ahora somos catorce, seguimos incorporando compañeros. Acá somos todos iguales, ya que todo se decide por asamblea y no hay jefes ni patrones. Comprobamos que así se puede trabajar bien.”

La situación legal de la Cooperativa está casi terminada: “Conseguimos, después de unos meses de trámite, la matrícula nacional y provincial, y estamos tramitando el Monotributo Social para estar en blanco, hacer aportes y tener obra social. Es lo único que nos falta”, afirma.

Los planes para el futuro inmediato apuntan a una búsqueda de crecimiento en lo social: “Buscamos lo colectivo, apostamos a lo social, nos une un proceso de lucha compartido que nos concientizó y fortaleció. Ahora estamos trabajando con una comunidad terapéutica de pibes en rehabilitación por drogas, ellos nos hacen el flete. Acá nadie piensa en salvarse sólo. Tenemos muchos proyectos, reclutar más compañeros, que las conquistas nuestras sean para muchos más. La idea es demostrar que un lavadero es rentable y que los trabajadores pueden ganar bien. No es fácil de entrada, pero hay que luchar”, concluye Sánchez.

El lugar del medio

Además de criticar a la dirigencia gremial y a gran parte del arco político, los ex trabajadores del Virasoro hicieron hincapié en el tratamiento mediático del conflicto que los tuvo como protagonistas. “Los grandes medios nos dieron con un palo, como Canal 3, Canal 5. En La Capital, salió Guidetti con un supuesto derecho a réplica. En El Ciudadano recién cuando la cambió la conducción (empresarial) empezamos a salir, antes estábamos prohibidos Ahora cambió un poco desde que somos una cooperativa, incluso recibimos solidaridad. Sabíamos que cuando iniciamos la lucha estábamos expuestos a esto, es lo que le pasa en este país a los grandes luchadores. Éramos obreros que quisimos ir en contra de la burocracia sindical que se estaba llevando la moneda del Lavadero y en 30 años no habían pasado por la fábrica”, recuerdan.

Rufino, un caso testigo

El secretario de la CGT Venado Tuerto, Jorge Sola, denunció ante el Ministerio de Trabajo de la Nación que en Rufino los empresarios asociados al Centro de Comercio e Industria implementaron un registro de trabajadores que reclaman a sus empleadores por sus derechos.

“Se confecciona una lista negra que circula entre los empleadores de la región a los fines que, de tener que cubrir una vacante en sus establecimientos, sean advertidos sobre estos trabajadores”, detalló el dirigente gremial.

Sola agregó que  “esta aberrante modalidad implementada tiene por objeto estigmatizar a aquellos trabajadores que hagan reclamos a sus empleadores en el ámbito de la justicia laboral o en la dependencia de los Ministerios de Trabajo provincial y nacional”.

Sumados al reclamo, varios sindicatos de la ciudad de Rufino sostienen que “esta actitud, que pretende imponer el miedo al derecho a reclamar, lleva a que los sectores patronales aumenten la explotación, el trabajo en negro, y hasta el maltrato a sus empleados por el solo hecho de que estos se ven impedidos de accionar judicialmente ante las violaciones de sus derechos, a pena de no poder ubicarse laboralmente en otro lugar, debiendo emigrar para poder llevarle el sustento a su familia”.

Los dirigentes sindicales agregaron: “No podemos concebir que se pretendan imponer listas negras, en consonancia con la época de las distintas dictaduras militares, por el simple hecho de que un trabajador pueda tener una demanda judicial contra un comerciante o industrial por no haber este último abonado sus aportes previsionales, aportes a obra social, horas extras, no pago de vacaciones, no registración ante la AFIP, despido sin causa, o cualquier reclamo que jurídicamente lo asiste”.

La viceministra de Trabajo provincial, Alicia Ciciliani, conversó el tema con la ministra de Educación provincial, Elida Rasino, para poder tratar el tema con los jóvenes de Rufino porque preocupan esos brotes de discriminación. La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de implementar mesas tripartitas con el objetivo de solucionar las dificultades que puedan surgir en la relación empleado-patrón. Y en ese sentido dijo que la intervención del gobierno “es fundamental” tras ratificar el compromiso de mediar ante cualquier inconveniente que surja entre las partes.

“Ahora dicen que se trató de un error y que, en realidad, lo que pretenden es formar un espacio de mediación entre empleados y empresarios, pero lo cierto es que hoy la sociedad debe pensar en cómo proteger a los trabajadores y no en cómo desprotegerlos”, aseveró Ciciliani.

Opinión

Una práctica  inconstitucional

Por Vildor B. Garavelli*

El jueves 15 de octubre de 2009, el Diario La Capital de Rosario publicaba una nota en la cual tomaba estado público un hecho que siempre se sospechó que existía pero que no salía a la luz tan desembozadamente. El titular del Centro Comercial e Industrial (CCI) de Venado Tuerto, Sergio Druetta, dijo que la creación de un banco de datos de empleados conflictivos realizado en el Centro de Comercio de Rufino “no está mal si lo que se busca es el perfeccionamiento a la hora de optimizar la búsqueda de personal”. El poner en palabras un anhelo de muchos empleadores de un acto antijurídico, muestra que los reflejos conservadores y reaccionarios de muchos empresarios siguen intactos.

La aspiración de lograr un orden autoritario dentro de la empresa, donde el trabajador deje de ser ciudadano para ser una mera cosa, les hace añorar los años de plomo o, por lo menos, el disciplinamiento obtenido por el menemismo a través de las altas tasas de desocupación.

Durante la dictadura ese “registro” de trabajadores “conflictivos” (se les daba el nombre de “subversivos”) lo llevaban los servicios de inteligencia, luego en la década del 90 del siglo pasado se trató de crear otro, organizado y financiado por los grupos empresarios.

Hoy se sabe, por confesiones hechas en público (aunque nadie firme nada), que las potenciales empleadoras le dicen a las empresas que se dedican a la intermediación laboral, que no aceptarán trabajadores que hubieren protagonizado conflictos, ni siquiera aquellos donde lo que se defendía era el puesto de trabajo (caso Lavadero Virasoro o Mahle).

Por lo tanto, la declaración efectuada por el empresario de Venado Tuerto no hace más que poner en palabras el deseo oculto de todas las patronales, a saber: que todo trabajador que luche por sus derechos laborales quede afuera del circuito, sin importarles que dicha aspiración sea antijurídica.

En efecto, Argentina cuenta con un dispositivo constitucional que fulmina de nulo a cualquier acto discriminatorio. El artículo 14 de la Constitución Nacional (C.N.) les reconoce a todos los ciudadanos el derecho a trabajar y el 14 bis le garantiza al trabajador la protección de las leyes, instaurando de esta manera el denominado “principio protectorio” (columna vertebral del Derecho del Trabajo, que apunta a defender a la parte más débil del contrato). El artículo 16 claramente establece que “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Luego, en 1994, con la reforma constitucional se incorporan a la C.N. los Tratados sobre Derechos Humanos que conforman un bloque constitucional que consolida el respeto del hombre como el eje central de todo el andamiaje jurídico. También y con rango supralegal se encuentra El Convenio Nº 111 y la Recomendación Nº 111 de la OIT que  prohíben todo acto discriminatorio por parte del empleador hacia los trabajadores. También existen prohibiciones en la Ley de Contrato de trabajo.

Además, la ley antidiscriminación Nº 23.592 en su artículo 1º dice que “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”, agregando en el 2º párrafo que “…se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como …, ideología, opinión política o gremial, …”.

Por lo tanto, los referidos bancos de datos sobre los antecedentes políticos y/o gremiales de los trabajadores seguirán existiendo en forma clandestina ya que todo intento de legislarlos chocará automáticamente con las disposiciones legales mencionadas y serán declarados anticonstitucionales por cualquier juez de la República.-

* Abogado Laboralista

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