“No hay tratamiento, hay encierro.”
Por Victoria ((i)) - Saturday, Aug. 04, 2012 at 10:35 PM

El joven de 13 años A.D. fue víctima de la indiferencia y de la violación de sus derechos por parte de Estado. Necesitaba un tratamiento para su situación de adicción, pero no lo recibió. A fines de junio se encontraba internado en la Clínica Psiquiátrica Ferromed de la localidad de Junín, bajo un régimen carcelario. Luego, la presentación de un amparo, obligó al Estado a trasladarlo al Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, donde no existe tratamiento para su situación. Actualmente, después de haberse fugado y haber estado desaparecido durante dos semanas, se encuentra internado en la clínica San Pablo de la localidad de La Plata, aunque, según el juez Luis Arias, “tampoco es un lugar adecuado, él ya se había fugado de ahí, es un lugar de encierro”.

La situación del niño de Altos de San Lorenzo, A.D., es ejemplo de la que viven muchos jóvenes en situación de calle y pobreza en Argentina. A.D. necesitaba ayuda y su madre ya lo había manifestado. En una entrevista con Indymedia La Plata, el juez Luis Arias, titular de Juzgado de lo Contencioso y Administrativo Nº1, declaró que “las autoridades se resistieron permanentemente a brindar asistencia, la única intervención que tuvieron fue obligados por la justicia”. Las condiciones del neuropsiquiátrico eran deplorables: estaba bajo un régimen carcelario, sin tratamiento y la habitación donde se alojaba poseía una ventana sin vidrio con una cama de cemento y un trozo de goma espuma. Para poder salir de esta situación fue necesaria la presentación de un amparo por parte del Defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat.

El 27 de junio se realizó una audiencia en la participaron la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de a Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Pueblo. La Subsecretaría se comprometió a brindar un tratamiento en el Hospital de Niños y, el Ministerio de Salud, a poner a disposición cuatro acompañantes terapéuticos para A.D. Además se acordó que, en caso de fuga, no participaría la policía ni en la búsqueda ni en el rescate. Sin embargo el plan fracasó, aunque, según el juez, “se sabía que no teníamos margen de error, ya que A.D. había sufrido mucho maltrato institucional”. Al llegar al Hospital de Niños se encontraron con que no había lugar y, en consecuencia de los reiterados llamados telefónicos del juzgado para que se cumpliera la orden judicial, se lo destinó a una sala con niños infecciosos, un espacio inadecuado para el tratamiento por adicción. Días después el acompañante terapéutico lo dejó ir al baño que tenía una ventana con acceso al exterior y el joven se dio a la fuga. Fue entonces que la policía intervino en la búsqueda por orden del fiscal.

El juez afirmó que los funcionarios no realizan ninguna tarea de prevención con los chicos y que “cuando se los obligas a hacer un tratamiento fracasan y, cuando fracasan, se les dice que busquen al chico y no cumplen”. Además informó que Sebastián Gastelu, el Subsecretario de Niñes y Adoscencia, que estuvo presente en la audiencia, y quien asumió los compromisos y no los cumplió, estaba siendo procesado por incumplimiento de órdenes judiciales.

Arias atestiguó que el deterioro social y la pobreza se asocian a múltiples problemáticas: de violencia, de delincuencia y con las adicciones. Además afirmó que “este es el caso de muchísimos pibes. Yo creo que hay dos generaciones de chicos que tienen entre 12 y 18 años, que han transitado por todas estas cuestiones”. A su vez, afirmó que “Pasan a ser victimas del narcotráfico, de la venta de armas y de las organizaciones delictivas, con las que se vinculan mucho mas fácilmente que con el Estado, por eso están en un estado del vulnerabilidad.”

Arias aseguró que la respuesta del Estado ante este tipo de situaciones de adicción y pobreza es “mucho peor que la criminalización, es la indiferencia y el abandono”. Declaró que son asignados a lugares de internación con regimenes carcelarios, donde no reciben tratamiento, para sacarlos de la escena mediática. Luego ocurre que en muchos casos se dan a la fuga“porque si los mandan a lugares como Ferromed lógicamente que se van a querer fugar, si es una cárcel, no es un lugar de tratamiento”. A su vez el juez atestiguó que “Acá no se hace nada, después se escapan y cometen un delito, dicen que son irrecuperables, y confirman que no vale la pena gastar ningún recurso en ellos, ¿para qué vamos a gastar si van a volver a lo mismo?, parece ser este el pensamiento que anima a las autoridades.”

En la entrevista Arias dijo que “cuando a los funcionarios se los pone frente a un problema, su intención no es solucionarlo, sino que no estalle en la agenda del gobernador, del ministro o del intendente.” Y mencionó el caso de Maximiliano de León un chico de 14 años que vivía la misma situación que la de A.D. y fue asesinado por la espalda de la mano de un policía cuando entraba a robar a su casa. “Cuando se requieren respuestas judiciales son de tipo criminalizante, luego, cuando no se hace nada a tiempo, aparece la consecuencia criminal, matar o morir, a Maximiliano le tocó morir”.

Arias afirmó que “para los jóvenes con adicciones no hay tratamiento, hay encierro”. Y que esto viola la nueva Ley Nacional de Salud Mental, además de ser una privación ilegítima de la libertad. Actualmente no hay estrategias de integración, “a A.D. le gusta la mecánica, debería buscarse un espacio para poder hacer lo que les guste, como una forma de tener la cabeza ocupada en otras cosas”. Pero este tipo de cosas no se realizaron, A.D, en Ferromed, se encontraba a 500 km de su madre, bajo un régimen carcelario, sin tratamiento y en una situación deplorable. “Hay una orfandad enorme al momento de requerir el auxilio de las autoridades para poder salir de este tipo de situación” denunció Arias.

Por ley el gobierno debería difundir los derechos del niño, sin embargo esto no ocurre. “No es que no haya plata” advirtió Arias “Con esos 300 millones que se gastaron en publicidad en poner Gobernador Daniel Scioli en las canchas detrás de un fondo naranja, difundan los derechos de los pibes, porque se lo dice la legislación.” A su vez, el juez, manifestó la falta de profesionales que trabajen con los jóvenes en situación de adicción, “Un acompañante terapéutico no puede ser una persona inexperta, tiene que estar acostumbrado a tratar con pibes” y señaló que “muchos de los operadores de la secretaría, están acostumbrado a tratar con pibes pero no tienen la formación suficiente”. Además pronunció su oposición a que la policía participe de estas situaciones,”si tenemos un caso que es una cuestión de salud, no puede asistir un patrullero.”

Existen diferentes tratados de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, leyes nacionales y provinciales de protección y promoción, que fijan la obligación al Estado de responsabilizarse ante las situaciones del vulnerabilidad que sufren mucho chicos, pero “Tenemos leyes muy buenas, una Constitución excelente, tan excelentes como el incumplimiento. Hay un doble discurso, por una lado lo que dicen las leyes y por el otro lado la realidad.”