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Nueva denuncia contra la UOCRA
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Aug. 24, 2012 at 10:22 AM

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción afirmaron que una patota, que responde al gremio que lidera Gerardo Martínez, intentó copar su sede en la localidad bonaerense de Temperley. Ante este hecho, exigen una respuesta inmediata para detener a los culpables, que han sido fotografiados y filmados.

(Red Eco) Argentina – La agresión ocurrió ayer, miércoles, y no se trata de un ataque aislado. Ya pasó en Río Gallegos, Atucha, Pico truncado, Lomas de Zamora, Caleta Olivia, Viedma, Comodoro Rivadavia, Florencio Varela, Calafate, Quilmes, Sierra Grande, Reconquista, San Lorenzo y el martes pasado en Ushuaia.
Además de ser secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, Martínez es miembro de la representación argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y uno de los referentes de la CGT que se opone a la conducción de Hugo Moyano. En este sentido, desde SITRAIC reclamaron que renuncie a todas las organizaciones a las que pertenece. A su vez, señalaron que también deberían abandonar sus cargos todos los secretarios nacionales de la UOCRA: “Es necesario que se desconozca (a) los patoteros elegidos a dedo en todas las obras del país. Que se realicen asambleas que terminen de una vez y para siempre la violencia que el mismo (gremio) genera”, manifestaron. En este sentido, adelantaron que convocarán en el mes de octubre a un congreso de todos los trabajadores de la construcción, estén encuadrados o no dentro de la UOCRA, para brindarles “la dirección que largamente se merecen”.
El enfrentamiento con la UOCRA le ha significado al SITRAIC, además, el enjuiciamiento de uno de sus dirigentes. Carlos Olivera fue llevado a juicio acusado sin pruebas de dispararle a una persona durante una asamblea, en una causa armada en complicidad entre la Policía Bonaerense y la Unión de Obreros de la Construcción. Por este caso, estuvo detenido desde 2009 y recién a fines de febrero de este año fue absuelto por homicidio. Sin embargo, sí lo condenaron a tres años y nueve meses por el supuesto delito de “abuso de armas calificado”, por el que cumple un régimen de carácter domiciliario.
Pero mientras Olivera estuvo detenido varios años y aún cumple condena por un delito que no cometió, la causa contra Martínez por su colaboración durante la última dictadura militar parece congelada.
Vale recordar que el líder de la UOCRA fue denunciado en julio de 2011 por varias organizaciones de derechos humanos, por figurar en un listado del personal civil de inteligencia del Ejército, que hizo público el Ministerio de Defensa en 2010. A pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre afirman que la causa, a cargo del juez Ariel Lijo, no ha avanzado prácticamente nada. “Hemos defendido siempre los organismos de derechos humanos la idea de que todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pero acá hay elementos de prueba que son oficiales que dicen que esta persona fue parte de la estructura del terrorismo de estado en los años de la dictadura cívico militar. Entonces creemos que hay una falta de acción de la justicia pero así mismo el propio gobierno argentino no ha tomado ninguna medida de hecho para resolver el problema”, declaró la presidenta de la LADH, Graciela Rosenblum, al Informativo FARCO.
Desde el SITRAIC apuntaron a Martínez, además, por la desaparición de 105 trabajadores de la construcción durante en la dictadura. De hecho, hace pocas semanas el Sindicato emitió un comunicado en el que afirmaban que habían aparecido más datos sobre la actuación de Martínez en aquellos años. Según el material que obtuvo el juez Lijo, el líder de la UOCRA, que actuaba bajo el nombre ficticio de Gabriel Mansilla, no sólo integra la nómina de civiles que colaboraron desde el Batallón 601, sino que además era considerado por los propios represores como un “agente leal, disciplinado y con amplios conocimientos y contactos a nivel gremial”. En ese momento, el titular del SITRAIC, Víctor Grosi, había asegurado que quien está frenando las decisiones y la causa es el fiscal Jorge Di Lello.
Esta tarde, trabajadores y organismos de derechos humanos querellantes brindaron una conferencia prensa en el Congreso Nacional, junto a un grupo de legisladores, en el que reimpulsaron un pedido de informes sobre el estado actual de la causa.
En la presentación de la denuncia, realizada el año pasado, se explicaba que el batallón 601 efectuaba tareas de inteligencia sobre diversas organizaciones populares y que, por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban e implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona, y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”.
El Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
Entre los antecedentes inmediatos, las organizaciones de derechos humanos pidieron tener en cuenta “la constante intervención del aparato sindical dirigido por Gerardo Martínez en la ejecución de hechos represivos al servicio del actual gobierno, lo que comprueba la continuidad de su accionar como agente paraoficial del aparato represivo estatal. Los grupos de choque de la UOCRA han actuado en los años recientes en materia de `tercerización de la represión`”. El intento de copamiento de ayer en Temperley, como así también los sucesos previos en distintos puntos del país, no hacen más que confirmarlo.

Fuente: SITRAIC / FARCO

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