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La especulación inmobiliaria vulnera el derecho al hábitat en la región
Por Elisa ((i)) - Monday, Aug. 27, 2012 at 2:03 PM
cmilaplata@gmail.com

 

El pasado miércoles 22, en el salón polivalente del Pasaje Dardo Rocha de La Plata, se desarrolló la “Jornada por el Derecho a la Tierra y al Hábitat”. Estuvieron presentes organizaciones sociales que tomaron como bandera la pelea por la tierra y la vivienda digna, y que atravesaron procesos de tomas de tierra, desalojos y construcción de barrios. También, participaron el Instituto de Vivienda, la Escribanía General de Gobierno, legisladores, especialistas y representantes de municipios del interior de la Provincia.

La casilla de madera y la quinta, el asentamiento y el country, las tierras en pocas manos y a precios obscenos, son polos de una realidad marcada por la desigualdad y la especulación inmobiliaria. Las organizaciones sociales fueron las primeras en comprender que el acceso a la tierra y la vivienda digna es un derecho humano, y se pusieron a la cabeza de esa reivindicación. En tanto, el Consejo Social de la UNLP coordina una mesa técnica que es espacio de debate y formación donde participan algunos de los principales actores activos de la problemática. Busca aportar “nuevas herramientas para avanzar en propuestas de trabajo concretas y en nuevas herramientas normativas”.

La ley no basta

“Es sólo una táctica”, sostiene Federico Pellagatti del Movimiento Justicia y Libertad. Y las experiencias de otras dos organizaciones de la región lo muestran con crudeza. En Gorina, ni la solicitud de la empresa poseedora de las tierras de que no se desaloje, ni la presencia de un juez desautorizando el desalojo pudieron con los intereses de inmobiliarias y countries. Al Movimiento María Claudia Falcone, no le bastó ser comprador legal de la tierra; los vecinos y vecinas no querían “cartoneros que les llenen las calles de carritos”, “decían que éramos de Fuerte Apache, que iba a crecer la inseguridad”. Finalmente, fueron relocalizados en Romero.

Entonces, hay otros factores que hay que considerar al momento de ocupar la tierra”, afirma Pellagati. “La propiedad, la escritura, es importante pero como táctica”. En ese proceso es crucial desnaturalizar a la propiedad privada, “que no es para nada sencillo”. “Cuando quienes participan en la toma, al momento de dar la cara, de bancar los palos, de bancar el frío, lo hacen en conjunto, es un logro colectivo. Pero si al momento que están las escrituras, los compañeros empiezan a vender, entonces vuelven a reproducir la lógica del mercado y lo peor del sistema”.

Desde Justicia y Libertad se viene llevando a la práctica la iniciativa de “no descansar en lo legal”. Buscan tomar la iniciativa, como un “ejercicio de poder político”. “¿Por qué las organizaciones no podemos pensar la construcción de un barrio? ¿Por qué no podemos pensar la organización de la comunidad? ¿O acaso no somos nosotros los que traemos la vereda, los que traemos el agua, los que garantizamos el acceso a la escuela?”.

Respecto al proyecto de la nueva ley de hábitat (ver recuadro), aseguró: “Celebramos que esta ley se discuta, si sirve como táctica para las organizaciones”. “Las cosas que han cambiado en los últimos años, a favor de los sectores populares y a favor del pueblo, porque no somos necios y lo reconocemos”. Sin embargo, “hay una correlación de fuerzas que por más leyes que haya nos sigue jugando muy en contra”.

“Una vuelta de rosca”

El Movimiento María Claudia Falcone trabaja para garantizar el derecho a la tierra y a la vivienda, tanto en la región como en el sur del Conurbano bonaerense. En ese proceso, no fueron pocos los militantes procesados. Frente a esa realidad, César Villanueva contó que decidieron “darle una vuelta de rosca y atacar el modelo especulativo de la tierra que hay en la región”. “Creemos y vemos que la especulación es lo que financia a los políticos, a los punteros de los barrios, a las estructuras municipales en la región. Vemos los negociados de cómo las grandes inmobiliarias y tenedores de tierra financian la política”.

Así, buscaron alternativas posibles en la Ley de Tierras y en el Código de Planeamiento Urbano: “Y vimos que tenía una excepción, donde decía que si uno compraba un campo con servicios en adyacencias a lotes ya subdivididos, y si podía demostrar un proyecto habitacional, el Concejo Deliberante podía dar excepción para poder dividir la tierra y que cada familia tenga su terrenito”.

A 100 familias por semana no les queda otra que tomar

El Arquitecto Eduardo Reese, especialista de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNGS), introdujo a la problemática sobre el acceso a la tierra de los sectores populares, a partir de los datos preliminares arrojados por el censo 2010. La “evidencia empírica” muestra que, en los últimos 9 años, sólo en el área metropolitana de Buenos Aires, “19 mil familias por año no tuvieron donde irse a vivir”. Son 100 familias por semana que no tuvieron otra alternativa que tomar, lo que se expresa que, en comparación con el último censo del 2001, la tenencia informal creció un 13%.

Los salarios insuficientes, los altos precios del suelo urbanizado, la persistencia de la pobreza y un sistema financiero inaccesible, “perverso, que le presta a quien no necesita que le presenten”, son algunas de las explicaciones. “A pesar de la mejora en la estructura social en los últimos años, los niveles de informalidad urbana son igual a los niveles de los ´90. El libre despliegue del mercado inmobiliario no permite que los sectores populares, y tampoco los sectores medios, accedan a la tierra y la vivienda”.

Reese también planteó la discusión en torno al proyecto por una nueva ley de Promoción del Hábitat Popular: “El proyecto de ley atiende esta cuestión, no es un proyecto para crear más programas que son remediables, que van detrás de los problemas, si no que intenta corregir de una manera muy profunda los dispositivos que explican porque hay una segregación constante de las familias en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires”.

Partiendo de ese respaldo legal, compraron siete hectáreas en Villa Garibaldi. El Ejecutivo provincial y municipal les aseguraron que podían ocupar ese terreno. “Y ahí cuando queremos entrar, los vecinos del lugar van directamente al enfrentamiento a las manos para que no entremos. Finalmente, tras idas y vueltas el Municipio de La Plata ofrece darnos 120 terrenos ya subdivididos, pero en otro lugar. O sea, sacarse de encima un conflicto social enorme”.

César contextualiza la situación, porque ese conflicto ocurre unos meses antes de la ocupación de tierras y la represión policial en Villa Soldati. “Todos los movimientos saben que lo de Soldati se veía venir, porque venía una secuencia de tomas muy grande, y un nivel de crispación generado por los medios, y también por nuevas formas organizativas que estábamos poniendo en práctica”.


Gorina: La propiedad privada muestra las garras

- Bueno, mi orden también es que no intervenga sobre el predio. Usted no tiene nada que hacer sobre el predio.
- Yo tengo que preservar el predio.
- No, usted no tiene que preservar nada, usted tiene que acatar la orden judicial.
- Bueno, la desacato, entonces, si a Usted le parece que yo estoy desacatando la orden, yo estoy cumpliendo una orden primera que me dieron.
- Desacata la orden judicial.

Lo anterior es un fragmento del diálogo que puede verse en el video que circuló por las redes sociales y que mostraba el momento en que un policía desacataba la orden de un juez. Lo protagonizaban el Comisario Inspector Luis Alberto Neiber y el juez Luis Federico Arias. Era en 2010, en la localidad platense de Gorina y lo que estaba en juego era el destino de 52 familias que vivían desde hace 20 años en ese predio, propiedad de Ferrobaires. La empresa había solicitado que no se desaloje a los vecinos, sin embargo, la acción continuó y se re-ubicó forzadamente a esa población en Melchor Romero.

Emilia Preux, de CTA regional La Plata, Berisso, Ensenada, que acompañó la lucha de los vecinos y vecinas de Gorina, explica que la raíz del conflicto era la especulación inmobiliaria. Gorina es la zona que el nuevo Código de Planeamiento Urbano destina a countries, clubes de campo y barrios residenciales. Sobre los terrenos del ferrocarril están las cercas del country Grand Bell y hay una zona residencial muy grande, además de otros dos countries. En este contexto, “la causa es una denuncia penal que presentan los vecinos del lugar, donde el motivo principal de la denuncia de los vecinos y vecinas era la desvalorización de sus propiedades”, relata Emilia, dejando en claro qué intereses priman en la región.

Luego del desalojo, las familias tuvieron que hospedarse en escuelas y hoteles. “Y surgieron otros problemas para los que era necesario organizarse de nuevo”. A través de otras organizaciones e instituciones como la CICOP, ATE, Justicia y Libertad, el Foro de Niñez y Adolescencia, la Secretaría de Salud del Municipio, el Hospital de Niños, el Rossi y el Gutiérrez, “fuimos pudiendo coordinar para solucionar este tipo de situaciones”.

En tanto, otras de las voces que se escucharon en la Jornada fueron las del Frente de Tierra y Vivienda (FTV) sobre la toma y construcción de un barrio en El Carmen, en Berisso; la del Movimiento Evita que trabaja en asentamientos ya constituidos, pero donde imperan problemáticas por la irregularidad en la tenencia de la tierra; y la del Movimiento Patria Grande, que trabaja en un barrio de inmigrantes paraguayos donde el principal flagelo es el derecho a la identidad, además de las precarias condiciones de vida y la irregularidad de la tenencia.

También expusieron la coordinadora de la Comisión de Tierra y Vivienda del Consejo Social de la UNLP, Inés Iglesias; el Intendente de Trenque Lauquen, Raúl Feito; el director de Tierras de Gral. Alte. Brown; un representante de la Fundación Vivienda y Comunidad; Gustavo Ponce, de la Escribanía General de Gobierno; María Florencia Franchini, Directora provincial de tierras, de la Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda; y Rubén Pascolini, Presidente de la Comisión Nacional de Tierras.


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