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El poder de los ganchos (Ayer demandas, hoy exigencias)
Por Asamblea por el agua de San Rafael -
Monday, Aug. 27, 2012 at 6:07 PM
El poder de los ganchos
(Ayer demandas, hoy exigencias)*
El día 14 de Agosto representantes de la AMPAP (Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura) junto con miembros de la Coordinadora Por el Agua y los Bienes Comunes se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia provincial e hicieron entrega de las primeras 35 mil firmas de un petitorio por la defensa de la ley 7722, la ley que protege el agua de Mendoza prohibiendo “el uso de sustancias químicas como Cianuro, Mercurio, Ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”.
Desde la Asamblea por el agua San Rafael, habiendo trabajado en la recolección de firmas y como parte integrante de la AMPAP queremos comunicar y reflexionar en torno a esta acción que apenas ha comenzado.
Nuestras demandas siempre han sido por el buen vivir, en defensa de los bienes comunes, por la solidaridad, por la diversidad, por construir una alternativa al paradigma extractivista, por la vida, por el agua. Esas demandas han conllevado grandes luchas, y hace ya más de 5 años conseguimos nuestro mayor éxito: la sanción de la ley 7722, la mejor arma contra la voracidad de las transnacionales megamineras y su aceitado sistema de penetración en la esfera de nuestros representantes políticos.
Como era natural, una y otra vez los partidarios del saqueo han querido hacer a un lado el obstáculo. Los embates han partido de las grandes empresas mineras y han tenido como polea de transmisión a cada uno de los poderes en que se divide el Estado republicano. Primero fueron los devaneos de Jaque con el lobby minero, y a continuación, las idas y vueltas pragmáticas de Pérez, sus intrigas y sus intermitentes intentos por reflotar el proyecto San Jorge y reabrir Sierra Pintada. Al mismo tiempo una irrupción de legisladores pro-mineros que ambicionan modificar la 7722 quitándole su espíritu y contenido originales. Y por último un cúmulo de pedidos de inconstitucionalidad, entre los cuales es importante resaltar el realizado por La Asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), han estado ingresando en la Suprema Corte para hacer desaparecer nuestro mayor escudo legal. Una situación que adquiere mayor peligrosidad si tenemos en cuenta que la supuesta panacea de la división de poderes se convierte en una caricatura cuando nos detenemos a observar los antecedentes políticos de los jueces encargados del dictamen. La participación del juez Mario Adaro como ministro de Gobierno en la gestión de Celso Jaque y la clara identificación oficialista del juez Carlos Böhm, quién fuera candidato a intendente de Ciudad por el PJ en 2007, arrojan un manto de sospecha sobre la independencia política con que cuenta la Sala II para decidir sobre la constitucionalidad de la 7722.
Ante éste peligro inminente, nuestras demandas son hoy exigencias. Estamos exigiendo que la Suprema Corte de Justicia en pleno ratifique la constitucionalidad de la “ley del pueblo”, que el poder legislativo provincial no introduzca modificaciones en ninguno de sus artículos, que el poder ejecutivo provincial garantice su plena vigencia como fue redactada, sancionada y promulgada y que cada uno de estos poderes al decidir sobre la 7772 haga prevalecer el principio precautorio establecido en el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional según el cual “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Cada uno/a de los/as 35.000 ciudadanos/as que estampo su firma en el petitorio tiene la misma exigencia.
¿Pero que representa esta exigencia de 35 mil ganchos? En términos estrictamente numéricos representa casi el 3% del padrón electoral provincial que en las últimas elecciones ascendió a aproximadamente un 1.230.000 electores. Un número nada despreciable si se tiene en cuenta que a nivel nacional la iniciativa legislativa requiere un piso de un 1,5% del padrón. Lo que se infiere de esto, es que si en la añeja constitución provincial existiera el método de proponer leyes y la 7722 no existiera (que a juzgar por los hechos es lo que desean los partidarios del saqueo) estaríamos en condiciones de enviar su proyecto a la legislatura. En síntesis, en los parámetros de los mecanismos de democracia participativa la ley es claramente legítima.
Pero hay mucho más que números en nuestra exigencia. Lo que estamos señalando, y sacando a la luz, es que es necesario democratizar la democracia. Sabemos de la infactibilidad de una democracia directa pero creemos necesario aproximarnos lo máximo posible a ello. Al corporativismo, el verticalismo y el ejercicio delegativo le queremos oponer participación y control.
No existe democracia si no es participativa, no existe Estado representativo mientras perduré el corporativismo. Por eso estamos aquí, impulsando y haciendo uso de una ínfima posibilidad de control, una pequeñísima pero fructífera acción en la construcción de una verdadera democracia. Para edificar la misma es necesario romper el letargo y la apatía pero también es imperioso que las formas de participación y control sean facilitadas por nuestros representantes, o como mínimo que no sean bloqueadas. Dónde no existe normativa debe crearse, y dónde está fue creada debe respetarse el derecho a ser usada, porque se trata de la defensa de nuestros bienes comunes y no de recursos naturales, por eso decimos: los ganchos son empoderamiento popular, FIRMÁ Y SUMATE.
¡NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN DE LOS BIENES COMUNES!
¡SÍ A LA SOLIDARIDAD, LA AUTONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR!
Asamblea por el agua de San Rafael
21 de agosto de 2012
“Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido”. Subcomandante Marcos