Julio López
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“Autoconvocados” y la inmobiliaria dueña quieren desalojarlos
Por Indymedia La Plata - Tuesday, Sep. 04, 2012 at 1:15 AM

El pasado sábado 26 de agosto, 80 familias tomaron un predio ubicado entre las calles 34 a 36, y 148 a 149, en San Carlos. La mayoría son familias jóvenes que viven hacinadas con sus padres o abuelos, y mujeres solas con varios hijos /as que no pueden afrontar un alquiler. Después de la represión policial y frente a la amenaza permanente de desalojo, afirman que van a seguir “luchando por la tierra”.

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En San Carlos conviven las casa-quintas con piscinas y camionetas 0 km estacionadas en sus veredas, con casas de barrio de familias de clase media, y también, con viviendas precarias y casillas donde pueden vivir más de una docena de personas. Es que cuando nacen nietos o se juntan las parejas, la situación económica no les permite tener una vivienda propia. La mayoría son son mujeres que deben hacerse cargo de sus hijos/as solas, que viven de prestado en lugares de los que tarde o temprano se tienen que ir, o teniendo que alquilar a precios inaccesibles. Hay una fuerte presencia de migrantes del norte argentino. 14 de las familias del asentamiento son de origen toba, de Chaco o de Formosa. Debieron trasladarse por la situación de pobreza extrema y la falta de oportunidades. Hay albañiles, changarines, obreros y obreras, y también cooperativistas de planes como el Argentina Trabaja.

Ante el hacinamiento y la falta de vivienda, decidieron tomar tierras que estaban abandonadas desde hace 22 años. Son propiedad de la firma inmobiliaria “Inmuebles Plaza”. Quienes primero reaccionaron fueron los vecinos y vecinas del barrio, nucleados en la asamblea “San Carlos”, responsabilizándolas de los robos y tildándolas de “indias de mierda”. Cristina, una mujer que estaba serruchando maderas para levantar una casilla, describió cómo un vecino que vive al frente, sobre calle 34, las amenaza. Tenía un desarmadero alojado sobre ese predio, pero con la permanencia de familias debió trasladar las auto partes. El domingo por la tarde aún quedaba un auto desarmado.

Al hostigamiento de la “asamblea San Carlos” se sumó la presencia de policías de la subcomisaría La Unión. En la madrugada del lunes 29, los cercaron, y avanzaron tirando gas pimienta y balas de goma. No tenían orden judicial, por lo que se trató de un intento de desalojo ilegal. También, incendiaron la casilla donde se da la copa de leche, quemaron comida y prendieron fuego la bandera del movimiento Justicia y Libertad. Andrea, una joven de 18 años que se asentó en el predio, fue hospitalizada luego de que le tiraran gas pimienta encima. El martes 30 la policía volvió a reprimir desde la 1.30hs hasta las 4.30 de la madrugada, ésta vez con “mayor violencia”, indicaron desde Justicia y Libertad, una de las organizaciones sociales en la que participan las vecinas de la toma y del barrio.

Por otro lado, el domingo 1° a las 14hs se reunió la asamblea “San Carlos”. Dicen estar siendo perjudicados por el aumento de los robos y el nivel de violencia que hay en el barrio, y responsabilizan a los vecinos y vecinas del asentamiento. Además, expresaron que la gravedad de la situación hizo que se cierren los dos jardines de infantes. En tanto, el lunes 3 se manifestaron en la fiscalía platense de 7 entre 56 y 57 para repudiar la decisión del Ministerio de Desarrollo Social, de que se suspenda cualquier acción de desalojo por seis meses. Esa cartera fundamentó esa decisión en que no comprobaron los hechos que se denuncian y en la prioridad del derecho al hábitat.

Mabel, mamá de Andrea, afirmó: “Siempre robaron en el barrio, y ahora nos echan la culpa a nosotros. Nosotros no molestamos a nadie”. Y agregó: “Lo que cobran peaje eso es cierto, pero no somos nosotros. Son chicos que vienen de otro lado y nos están perjudicando mucho”. También se manifestó preocupada por la supensión de clases en los jardines de infantes: “Yo conozco a la directora, si mi nena va al jardín. El lunes voy a ir a hablar porque nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó”. Por su parte, Elena, otra vecina de la toma, sostuvo que había vecinos que testificaron a su favor y que las proveen de agua, entre otras cosas que necesitan. Así, por ejemplo, otra vecina prometió conseguirles algunas maderas para las casillas.

Mabel y su hija Andrea, organizan el comedor del barrio, “La fuerza de los tobas”, ubicado a una cuadra del terreno tomado. Están en el movimiento Justicia y Libertad desde hace un año, y sirven la copa de leche para 85 niños y niñas del barrio, y cuentan que la gente les está pidiendo que empiecen a dar el almuerzo, porque la inflación se come los sueldos. Para mantener a su familia de nueve hijas, vende canastos, arcos y flechas, y otras artesanías hechas de hoja de palma de totora. También, hace feria de ropa.

Si bien el dueño del terreno aún no se presentó en el asentamiento, los/as vecinos/as manifestaron su voluntad de comprarlo. Tampoco se acercaron funcionarios municipales ni de la delegación de San Carlos. A una semana de la toma se empiezan a levantar algunas casillas muy precarias. Están construidas con chapas, maderas, plásticos, nylon. No tienen agua ni gas ni luz. Por ahora, sólo tres casas pudieron bajar un cable. De noche, algunas se quedan despiertas para cuidar al resto de las familias que están con niños, niñas y bebes. Si bien desde el jueves no hay presencia policial, la represión del lunes y martes, y la situación de tensión que hay con asamblea "San Carlos” hace que tengan miedo de lo que pueda ocurrir.

Vivienda: ¿un derecho o un negocio?

El enfrentamiento de familias pobres sin vivienda digna que toman terrenos privados, con vecinos y vecinas de clases medias y altas no es nuevo. En las últimas jornadas “Por el derecho a la Tierra y el Hábitat” del Consejo Social de la UNLP, llevada a cabo el pasado mes de agosto, se expusieron diversos casos. Un caso testigo fueron los desalojos en Gorina en 2010, donde los dueños de countries y de casas de gran valor en el mercado inmobiliario no querían resignar la tasación de sus propiedades por la presencia de un barrio pobre, que estaba asentado allí desde hacía 20 años. Evidentemente preferían que el terreno en conflicto se dedique a la construcción de un barrio residencial y no a un loteo social. Así fue como, junto con el impulso del estado municipal, y de las inmobiliarias con negocios en Gorina, lograron que se concrete el traslado forzado de las familias.

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Artesanías toba hechas por Mabel

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