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Por un nuevo sistema de salud mental en la provincia
Por Indymedia La Plata - Tuesday, Sep. 04, 2012 at 2:30 AM

Fue convocada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2, a cargo de Luis Federico Arias, a raíz del fallo contra el municipio y la provincia, por el encierro del joven AD en una clínica de Junin en la que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Por un nuevo sistema...
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Tercerización de la internación, privatización, falta de monitoreo estatal de esas clínicas, y la persistencia del patronato en la atención a la niñez, fueron algunos de los conceptos que usaron los disertantes para caracterizar la situación actual. Arias explicó que si bien existe un servicio para la atención de adicciones, “son lugares de encierro, similares a las cárceles”, que no se adaptan en absoluto al marco legal dado por la nueva Ley de Salud Mental y por la Ley de Promoción y Protección de niños, niñas y adolescentes. Participaron organizaciones sociales, talleristas, trabajadores estatales de niñez, ONGs y funcionarios.

Éstos últimos se retiraron inmediatamente luego de exponer. Desde el Ministerio de Salud se hizo un raconto de las camas con las que contaban los Hospitales de la ciudad para internar jóvenes con problemas de adicciones. En tanto, se propuso abrir un área de internación infanto-juvenil en el Hospital de Niños. Alicia Inés Romero, del Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria expresó: “Pensemos menos en camas. Parece que la única alternativa es la calle o la internación”. Asimismo, dijo que “no me tranquiliza la sanción de una ley” y que “no tenemos que pensar en un dispositivo si no que se tiene que obligar a actuar”.

La mamá de AD, Romina Gonzalez, estuvo presente para contar su experiencia en la relación con las áreas de niñez: “La gente que tiene que apoyar a la gente de barrio no está”. Describió cómo le fue negada sistemáticamente una asistencia efectiva y que la solución que se le da a un chico con adicciones es “sacarlo del medio”. Cabe recordar que AD fue internado en la Clínica Ferromed, en Junin. Estaba alojado en una celda, con una cama de cemento, un pedazo de goma espuma, sin ventanas, con rejas, sin recibir el tratamiento que necesitaba, y a kilómetros de su madre, lo que está prohibido por la nueva ley de salud mental.

Azucena Racosta, del Colectivo La Cantora expresó que la política del Estado hacia los pibes era “genocida”: “A los pocos pibes que salvamos, porque tenemos pocos recursos, los salvamos nosotros (las organizaciones territoriales); entonces, no creo que el Estado provincial no tenga política pública, ni creo que nosotros, que estamos ofreciendo nuestra formación académica y territorial, y la de los padres y madres cuyos hijos son víctimas de este Estado genocida, no sepamos qué pasa. Sabemos qué hay que hacer, aunque podamos tener diferencias. Entonces, compañeras y compañeros, no podemos creer que Scioli no lo sepa, que Casal no lo sepa, que el ministro de Desarrollo Social no lo sepa, lo saben y muy bien, su política es la que llevan adelante”.

Carola Bianco, del Programa de Extensión "Niñez, DD.HH y Políticas Públicas" de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, destacó la importancia de proponerles a chicos y chicas un proyecto de vida, articulando con sus familias, que mayormente está atravesadas por graves conflictos sociales. Paula Talamonti, del mismo Programa, señaló al narcotráfico como otra variable clave para abordar adicciones. “A los pibes no se les ofrece proyectos de vida y se los criminaliza por consumir lo que le proveen adultos, que es un mercado que funciona con la connivencia del sistema político”. Asimismo remarcó la necesidad de que antes de tomar medidas de internación “el Estado debe dar cuenta de sus intervenciones previas”.

En el mismo sentido, Manuela García Larocca, de la Olla Popular de Plaza San Martin que trabaja con chicas y chicos en situación de calle en La Plata se refirió a que en ningún caso los tratamientos en adicciones estuvieron pensados según “el recorrido particular de cada chico ni en la formulación de un proyecto de vida; ¿de qué sirve sacarles el tóxico del cuerpo si el problema de fondo subyace?”. Criticó “el paradójico discurso de la desintoxicación”, que resulta paradojal porque por un lado les dicen que no consuman sustancias, y por otro la solución es la medicalización compulsiva. Y respecto a lo “que nos pudieron transmitir los chicos sobre las internaciones”, afirmó que “los chicos y chicas nos dicen que adentro corre más que afuera”.

La diputada de Nuevo Encuentro, Natalia Gradaschi, dijo que el caso de AD “muestra la realidad de muchos chicos. Nos muestra la realidad del Estado provincial con los chicos, que no es garante de derechos si no punitiva”. Asimismo, critico, al igual que la mayoría de quienes expusieron, que se reduja el debate de la salud mental a las internaciones, porque ésta es parte y consecuencia de una problemática más compleja. “El encierro es una nueva violencia”, afirmó. En el mismo sentido, sostuvo que “cuando hay internación es porque ya perdimos un tren”.

Gradaschi hizo referencia a los 100 millones que la legislatura provincial asignó a los servicios locales de niñez de los municipios y que no se reflejan en las políticas implementadas. Se denunció, asimismo, el mal funcionamiento y la falta de recursos económicos y financieros en los Centro de Prevención de Adicciones (CPA), y demás programas y áreas de niñez. También se exigió la creación del Observatorio Social, del “abogado del niño”, del monitoreo de las ONGs a las que se tercerizan las internaciones.

Por su parte, el juez Arias explicó que las propuestas y lineamientos que sostuvieron unos 70 expositores serán incluidas en el expediente, y que se hará una devolución próximamente. “Es algo que va a llevar tiempo pero es necesario abordarlo porque hay muchos chicos con problemas de adicciones, que son peligrosos para sí y que pueden dañar a otros”, indicó.

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