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Avanza reclamo de inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista
Por reenvío red eco alternativo -
Wednesday, Sep. 05, 2012 at 9:33 AM
La Cámara Nacional de Casación Penal Sala IV en los tribunales de comodoro Py convocó para el jueves 6 de septiembre a la CTA Tucumán y otras organizaciones populares de esa provincia que habían presentado oportunamente un Recurso Extraordinario Federal reclamando la inconstitucionalidad de la denominada Ley Antiterrorista.
La medida se produce en el marco de la presentación judicial que interpuso en el mes de enero del presente año la Central de Trabajadores de la Argentina Tucumán, conjuntamente con la CCC; Barrios de Pie- Libres del Sur-Frente Amplio Progresista; MST; SITAS; ADIUNT; La Pisarello-UCR; el Diputado de la Nación Juan Casañas UCR; la Concejal de San Miguel de Tucumán Sandra Manzone; el Sindicato de Trabajadores Municipales de Aguilares, entre otras organizaciones.
La Cámara Nacional de Casación Penal Sala IV en tribunales de Comodoro Py convocó a una audiencia a los peticionantes y al Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán a realizarse el día 6 de septiembre, a los fines de dialogar sobre el pedido de inconstitucionalidad antes aludida y las implicancias de la ley con respecto a la vulneración de derechos constitucionales.
En el Tribunal Penal Nacional, tramita el Recuso Extraordinario Federal presentado por los peticionantes en la búsqueda de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución Nacional, analice la constitucionalidad de la Ley Antiterrorista.
La presentación, que es un Habeas Corpus con pedido de Inconstitucionalidad, responde al desasosiego de la población en general y las organizaciones sindicales, sociales y políticas en particular de ver limitados derechos constitucionales como son los de peticionar a las autoridades y de asociarse con fines útiles.
Todo esto, debido a que dicha ley contempla la modificación de varios artículos del Código Penal estableciéndose una descripción genérica del tipo penal. De este modo, resulta que cualquier protesta social en contra de una decisión gubernamental puede ser tomando como un acto terrorista.