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Violento ataque contra los dirigentes de la organización Movimiento de Colectivos
Por Comunicado de Prensa Intersectorial - Thursday, Sep. 06, 2012 at 6:52 PM

Movimiento de Colectivos Maximiliano Kosteki, Delegados de las tomas de Luján y Villa Argentina, Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, FTC M29, Barrios de Pie, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Asociación María de los Desamparados (AMD), Asociación de Trabajadores Varelenses (ATV), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Partido Socialista (PS), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido Comunista Revolucionario (PCR)UTD-Mosconi, Frente Popular Darío Santillán, FOL (Frente de Organizaciones en lucha), Parroquia Nuestra Señora de Itatí de Florencio Varela, Hermanas de la Esperanza del barrio Pico de Oro, La Otra Movida, La Cazona de Flores, Revista Campo Grupal

En los últimos días se han congregado diversas agrupaciones y movimientos sociales, además de vecinos de la zona y compañeros de otros distritos, con el objetivo de movilizarse para denunciar lo sucedido el pasado 30 de agosto en el barrio Pico de Oro del municipio de Florencio Varela. Allí una banda de narcotraficantes procuró fomentar el linchamiento de dos referentes de la organización Movimientos de Colectivos, Alberto Spagnolo y Neka Jara, bajo la falsa acusación de abuso sexual. Afortunadamente el ataque resultó frustrado por la defensa de los vecinos pero aún así los narcos llegaron a quemar la casa de los referidos militantes, ante la absoluta pasividad de la Policía Bonaerense.

Apoyados en la confianza y la indignación colectiva, hemos comenzado a delinear una estrategia para enfrentar esta nueva problemática social que atraviesa a los barrios más relegados de Florencio Varela en particular y del Conurbano en general, en la que se encuentran involucradas bandas de narcotraficantes, autoridades de la policía de la provincia, del poder político local y provincial y del judicial.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el violento ataque contra los dirigentes de la organización Movimiento de Colectivos se inscribe en la lógica estructural de una política provincial de seguridad que ampara el delito organizado al tiempo que promueve la violación de los derechos humanos de los sectores excluidos de la sociedad utilizándolos como chivos expiatorios. Basada en un Código Contravencional obsoleto, la política de seguridad y penitenciaria de la administración Scioli dota a la Policía Bonaerense de un poder arbitrario utilizándola como medio de control de los sectores marginales.

En consonancia con informes elaborados por el CELS, la APDH y la Comisión Provincial por la Memoria, sostenemos que si bien esta tendencia al autogobierno de la fuerza data de varios años se ha agudizado alarmantemente con la gestión del gobernador Scioli y del actual Ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

Las bandas de narcotraficantes refuerzan su poder territorial operando en patente connivencia con la Policía Bonaerense que le libera zonas, le presta apoyo logístico y desprotege e intimida a testigos clave, con el poder judicial que enturbia y entorpece las causas negando, minimizando o no investigando los hechos, ordenando allanamientos con preaviso, cuando no “contraindicativos”, dado que invalidan a los testigos clave, rechazando habeas corpus individuales por hechos de violencia grave y ninguneando a los abogados defensores de las víctimas y, finalmente, con el poder político local que desatiende olímpicamente los reclamos de los vecinos y protege a la policía de la zona.

En contra de lo que cierto discurso oficial nos quiere hacer creer, el cruento caso del barrio Pico de Oro es inquietante no por aislado sino por sistemático y, en ese sentido, ilustrativo. No es casual que el hostigamiento haya tenido como blanco la casa de dos dirigentes sociales con más de diez años de trayectoria en el barrio. Es en esta clave en la que debe leérselo y no como la reacción descabellada de un delincuente. Estamos ante una escalada del narcotráfico por la conquista de los barrios excluidos de la sociedad. Se trata de una disputa política y social del territorio. Y cualquiera sabe que el territorio en los barrios más carenciados hay que disputárselo a los movimientos y organizaciones sociales que trabajan en ellos silenciosamente desde hace años.

En el Municipio de Florencio Varela los sectores más pobres –principalmente los jóvenes– padecen esta violencia institucional estructural. La detención ilegal por averiguación de antecedentes, el uso de la prisión preventiva como pena anticipada, los suicidios sospechosos de testigos, las torturas como práctica sistemática, el aislamiento prolongado como castigo, la ausencia de mecanismos resocializadores y la desatención de los enfermos en los distintos centros penitenciarios –principalmente las comisarías 1º y 2º– se han convertido en el modus operandi de la política de seguridad y penitenciaria provincial y local para controlar a los sectores excluidos de la sociedad y allanarle el terreno al delito organizado.

De ahí que no estamos de acuerdo en definir como ineficiente la política de seguridad del gobierno provincial, el desempeño de los jueces y fiscales y la tarea de la Policía Bonaerense contra el delito. Fijarse un objetivo claro y contundente y disponer los recursos para su logro es la condición primera e indispensable para pensar en términos de eficiencia o ineficiencia; y ninguna de estas tres instancias de poder ha demostrado tener como propósito combatir el delito organizado sino todo lo contrario.

El panorama es más desalentador aún si se le suma las gravísimas consecuencias de las políticas de niñez, de educación y de vivienda impulsadas en estos últimos años en la Provincia de Buenos Aires. Por ello afirmamos que estamos ante un nuevo tipo de conflicto social y disentimos con el enfoque de la problemática que tiene el Gobierno Nacional. Creemos que este nuevo tipo de conflicto social reclama la articulación de diversos movimientos y organizaciones sociales, sindicales y políticas con instancias del Gobierno Nacional para pensar la complejidad del mismo; desde su naturaleza, pasando por los actores que están en juego, las dinámicas a las que da lugar y las diferentes aristas que presenta, hasta la disputa librada en el plano simbólico. Es fundamental ser conscientes de la importancia que tiene la batalla en este último orden dado que las bandas de narcotraficantes y sus padrinos políticos buscan apropiarse de ciertos términos muy sensibles al imaginario nacional como “escrache”, “territorio” y otros, mientras la población de los sectores excluidos exige una “seguridad” que no se inscribe en la ideología represiva reivindicada por los sectores más conservadores de la sociedad. Esta danza de términos y conceptos puede llevar a una situación riesgosa que implique una seria derrota en determinados terrenos conquistados con mucho esfuerzo. La articulación de “mesas intersectoriales” –conformada por los diferentes movimientos que trabajan en los barrios– con instancias del poder político nacional es fundamental para entender esta nueva problemática social. El gobierno nacional debe comprender que no puede prescindir de los movimientos y organizaciones sociales si pretende “penetrar” en estos territorios y desarrollar un trabajo de base que permita una real y mayor inclusión y no los deje a merced del crimen organizado. La creación de “mesas intersectoriales” sería un medio considerablemente más eficaz para destinar recursos que afiancen y solidifiquen la tarea que llevan a cabo los diferentes movimientos sociales y para garantizar –funcionando estos movimientos como contralor– que las diferentes políticas y programas nacionales, en especial las de seguridad, infancia, educación y vivienda, sean ejecutadas por las autoridades locales.

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