Carta al Ministro de Seguridad de Santa Fe - Raúl Lamberto -
Por ATE Rosario - Friday, Sep. 07, 2012 at 12:12 AM
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Asociación Trabajadores del Estado (ATE)- Personería Gremial N°2- Seccional Rosario Carta de los trabajadores profesionales en cárceles

Rosario, jueves 6 de setiembre de 2012.- Los trabajadores integrantes de los Equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social (EARS) de las cárceles santafesinas nos encontramos ante la situación de tener que pronunciarnos en relación al desmantelamiento del contenido de la política pública penitenciaria que en su momento, en el marco de la gobernación de Hermes Binner, se ha dado en llamar “progresista”. La misma se sustentaba en cinco ejes: abrir la prisión, asegurar derechos, reducir daños, reintegrar socialmente a pesar de la prisión y democratizar.

El mencionado desmantelamiento conlleva impactos concretos en la vida cotidiana de la población carcelaria, en los procesos y condiciones de trabajo que se desarrollan, y en las condiciones de salud del sistema en su totalidad.

Así es que, entre otras múltiples cuestiones que se producen en el cotidiano, se van sistemáticamente desmantelando dispositivos de atención. Se reducen espacios colectivos, culturales y recreativos; se produce un vaciamiento de las aulas y el acceso a las actividades laborales o de capacitación; se precariza y primitiviza la atención en salud; se demoran los pagos salariales, anteriormente precarizados, de los talleristas (actores externos); y se promueve el anquilosamiento de los EARS en figuras correccionalistas de la atención especializada de sesgo clínico y positivista.

Ese desmantelamiento no puede ser llevado a cabo sin la contribución muda de un cúmulo de actores que de alguna manera se encuentran desgastados por el sistema de humillaciones o sometidos al mismo sistema con pretensiones de gobernarlo para sus fines individuales. De esa manera avanza el desmantelamiento de la subjetividad de las personas; aumentando el aislamiento de cada actor respecto de las problemáticas en la cárcel y de otras personas, desarticulando cualquier abordaje que se pretenda integral, interdisciplinario, de trabajo colectivo, responsable respecto de la garantización de derechos. Todo ello con el objeto de perpetuar el ejercicio de una fuerza que no es precisamente la de un Estado Democrático de Derecho de pretensión Progresista.

Antes de profundizar en algunos de los aspectos de este desmantelamiento y del remplazo de sus ruinas por unas lógicas despóticas, se hace necesario recordar que aquella política pública progresista se sustentó básicamente en cinco ejes que fueron públicamente declarados por las autoridades provinciales;

• apertura de la prisión, que consistió centralmente en darle visibilidad a lo que acontece dentro de la cárcel, contemplando como estrategia central la participación de actores externos en la cotidianeidad de la vida en la prisión como los aportantes de nuevas lógicas y dinámicas a la prisión mediante actividades culturales, recreativas, etc.

• asegurar derechos, como principio destinado a reforzar el lenguaje de los derechos como superación de la lógica de premios y castigos

• reducción de daños, basado en el reconocimiento de que la prisión, en su funcionamiento tanto real como imaginario, es una máquina de producción de sufrimiento y degradación en las personas privadas de su libertad como en los trabajadores penitenciarios, planteando el ambicioso objetivo de desmontar los mecanismos generadores de tales humillaciones y denigraciones

• reintegración social a pesar de la prisión, plantea una resignificación de la finalidad de las intervenciones, reinterpretadas y reconstruidas sobre la base del reconocimiento de los efectos negativos que la prisión genera en las trayectorias vitales de las personas privadas de la libertad, con pleno conocimiento de la selectividad de una población de pobres, varones y jóvenes por parte sistema penal. Se trata de revertir intervenciones sostenidas en el modelo correccional –positivista, para construir intervenciones enlazadas al contexto socio barrial, en articulación con el conjunto de la política pública e instituciones de la sociedad.

• Democratización, planteando la toma en consideración de la voz de las personas afectadas, tanto presos como trabajadores penitenciarios, a los fines de que estas perspectivas tengan un lugar en el proceso de toma de decisiones y construcción de consensos. La política pública penitenciaria viene siendo objeto de fuertes embestidas, intensificadas enérgicamente desde diciembre de 2011. A partir de ese momento, paradojalmente no cesa de avanzar el retroceso con medidas cada vez mas retrogradas, con revestimiento de reforma. Alcanza con escuchar al Secretario en sus discursos públicos cuando demagógicamente expresa frente al público atento a la arenga: “hay que volver a las viejas prácticas”. Cuestión esta que tiene resonancias diferentes e interpretaciones no sin consecuencias en las encerronas carcelarias, en las prácticas de los funcionarios del estado y en la naturalización de la violencia. O también sus expresiones en el mismo tenor, desestimando la construcción de las políticas públicas, cuando declara que el “Documento Básico de la Política Penitenciaria Progresista es un papel manchado con tinta”.

Algunas de las situaciones dan cuenta de un sistemático vaciamiento de sentidos o, con una aproximación más precisa al fenómeno, un trastrocamiento en el sentido de la política pública, las iremos exponiendo a continuación:

Desmantelando I. Redefiniciones en los procesos de trabajo - La atención fragmentada

En la cárcel se fragmenta para violentar. Se plantea próximamente la atención por módulos en Piñero. La cárcel de máxima seguridad de Piñero, la Unidad XI, cuenta con cuatro módulos (a, b, c y d), con una capacidad para alojar aproximadamente a 160 personas privadas de la libertad. En cada módulo se instalan también oficinas con dos mini equipos interdisciplinarios de profesionales, compuestos por dos o tres profesionales. Cada mini equipo tiene asignada la atención de aproximadamente 80 detenidos.

El trabajo que se realiza desde estos equipos consiste en un acompañamiento a las personas privadas de su libertad durante el tránsito de detención. Es un acompañamiento que se define en términos de trato y no de tratamiento; un trato humano que permita ofrecer y crear espacios y tiempos que alojen y creen demandas y motivaciones concernientes al ejercicio de la ciudadanía y reduzcan los daños que la cárcel produce: promover vínculos familiares y sociales, viabilizar el vínculo con el “afuera” accediendo al contacto con otros organismos del estado, otras instituciones y organizaciones de la sociedad (Infancia, Familia, Educación, Cultura, Jurídica, Salud, etc).

Cuanto hablamos de “atención” de los equipos entendemos el acompañamiento a las personas detenidas en el transcurrir de su tiempo en la institución, procurando garantizar derechos que no están afectados por la pena de privación de libertad tales como acceso a la salud, a la educación, etc.; y la posibilidad de comenzar a pensar la proyección de la futura vida en libertad a partir de los lazos afectivos, la posibilidad de alguna actividad laboral, etc.; cuestiones expresadas en como política pública plasmada (“Hacia una Política Penitenciaria Progresista para la Provincia de Santa Fe –Año 2008”)

Históricamente, y más aún en el marco de la política pública progresista, se sostuvo como modalidad en la organización del trabajo de los equipos profesionales que la composición de cada uno de los listados de atención asignados se confeccione con criterios de heterogeneidad, lo cual implica, entre otras cosas, que la totalidad del listado no provenga ni del mismo pabellón, ni del mismo módulo.

Sin embargo, la inercia a la conservación pujó a través de acciones de algunos actores institucionales empeñados en que los equipos profesionales acotemos la atención por módulo, como si tratasen de gestionar la configuración de “pequeñas realidades inconexas”, de fragmentos disociados de una realidad, como si la administración del estado continuase con una lógica de gestión de lo mini, de lo fragmentario, de lo pequeño, sin realizar lecturas de políticas que excedan la mirada de la nariz. Este encierro-cierre puede convertirse en “nicho” donde proliferen el secreto, el disfraz, lo escondido, la corrupción en cualquiera de sus formas, los arreglos personales, subrepticios, discrecionales y contrarios a la legalidad, el ocultamiento de situaciones irregulares o ilegales.

La modalidad que define, en el marco de la organización y de los procesos de trabajo, la atención de los equipos es un tema intrínseco dentro de la dinámica institucional. ¿Que implica la propuesta de organizar el trabajo, es decir las atenciones de los internos en el cotidiano a partir de la formación de un equipo que trabaje sólo en un módulo, sin movimientos ni comunicación hacia afuera? Implica restringir el movimiento, la circulación de actores institucionales, particularmente profesionales, acotar y acortar la mirada sensible a un modulo. Restricción que también se continúa con el establecimiento de impedimentos para las fiscalizaciones de agentes externos, que configura una manera de encriptar del espacio carcelario, generando un cierre sobre sí mismo y a los ojos de la sociedad. De esta manera el discurso de la desimplicación, renegador de lo que sucede en la cárcel, hace cada vez menos propicio el terreno de establecimiento de lazos sociales promotores de derechos.

De esta manera nos encontramos nuevamente con una de las formas mediante las cuales se replica la lógica del encierro y su consecuente producción de daños. La atención por modulo limita la direccionalidad de la mirada, impone una mirada sesgada. Atenta contra la impronta de imprimir al espacio penitenciario lógicas y dinámicas que garanticen derechos, que hagan mas porosa la línea divisoria entre prisión y sociedad, que dé visibilidad y no silencie los acontecimientos generadores de daño.

El recorrido por el penal, como parte de una dinámica de trabajo, configura, en términos del análisis institucional, la construcción de “un mirador no convencional”. Por el contrario, acentuar el encierro acotando la atención mediante un equipo por módulo, restringe la circulación, y por tanto las perspectivas desde las cuales se constituye y reconstruye constantemente la mirada de los aconteceres en la dinámica institucional; a la vez que delimita la apertura a una cuestión declamatoria, enunciativa, que solo actúa como declaración de buena voluntad devenida en demagogia. La propuesta de definición de la atención que restringe, no ingenuamente, la espacialidad del módulo a la del lugar del equipo de acompañamiento, continua en una serie complementaria con la finalidad de retroceder a la cárcel correccional o de definir finalmente la construcción de la cárcel depósito, que nunca dejo de ser Piñero. Extendiendo sus significaciones a depósitos de personal para que atienda o silencien al detenido. Justamente la homogeneidad es lo que pretende la cárcel y esta medida clasificatoria es el objetivo de la misma.

Resumiendo, la propuesta de atención por módulo implica que los cinco principios básicos que planteó la política progresista de esta provincia continúen deteriorándose, perdiendo cuerpo y sentido. Atenta contra la dinámica y la organización de quienes profesionalmente dedicamos las jornadas laborales a desarrollar procesos de trabajo acordes a la promoción de los derechos de los presos, abriendo el campo de visibilidad y escucha sobre el sufrimiento subjetivo en el mundo carcelario, intentando reducir los daños psíquicos y físicos a pesar de la prisión, construyendo espacios de diversidad y democratización dentro del encierro carcelario, sin distinción de origen, ni religión, ni sexo, ni elección sexual, ni tareas laborales.

Para trabajar en la “reintegración social” es necesario realizar una labor en el recorrido institucional, por lo cual la atención por módulo implicaría un gran obstáculo. Construir referencias o transferencias de trabajo es una tarea que se hilvana con tiempo, por lo cual las personas detenidas tienen el derecho de elegir por quiénes ser atendidos o escuchados, la libertad para consentir o no de forma autónoma el plan de trabajo programado y discutir los cambios necesarios con los profesionales ante cada nueva situación.

Finalmente, intentar imponer un ordenamiento que asienta en el enquilosamiento de un equipo de profesionales por módulo se orienta, NO INGENUAMENTE, en detrimento de la interdiscursividad. Es decir, se orienta al empobrecimiento de las posibilidades de interpelación de la propia práctica, de aquellos puntos ciegos en nuestros posicionamientos, a partir del discurso y del hacer con otro.

En este sentido, se intentan crear las condiciones para, entre otras cosas, promover una práctica que, contra la ética y la incumbencia profesional, se oriente a reproducir una lógica de invisibilidades, encierros y penitencias; generando un terreno fértil para que esas prácticas que todavía persisten se multipliquen como regla dentro de este ámbito de trabajo.

Porque no queremos permanecer implicados silenciosa y pasivamente con el avance de un retroceso en materia de política pública penitenciaria que nos convida a una realidad siniestra, que nos impide cuestionar colectivamente el destrato y el maltrato, que intenta constantemente hacernos reproductores de una cárcel quieta, cuajando en un recurso de sometimiento sólo para encajar en la “normalidad”; por estas razones es que como trabajadores y profesionales del Servicio Penitenciario nos resistimos rotundamente a esta acción política que pone de relieve la pretensión de deteriorar la calidad de nuestro trabajo, la asistencia y el acompañamiento que realizamos, renegando las intervenciones profesionales, poniendo mayor énfasis en la lógica del control, y aumentando sustancialmente el daño que la cárcel produce exponiendo y descuidando a los trabajadores.

Por lo expuesto:

• DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE EL VACIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA PENITENCIARIA Y EL INTENTO DE ENCUBRIMIENTO DE LA FALTA DE TRABAJADORES (profesionales, asistentes penitenciarios, disponibles) MEDIANTE LA IMPOSICION DE LA ATENCION POR MODULO,

• DENUNCIAMOS EL SISTEMATICO AVASALLAMIENTO EN NUESTRAS CONDICIONES Y PROCESOS DE TRABAJO MEDIANTE UNA MODALIDAD DE TOMA DE DESICIONES ARBITRARIA Y VERTICALISTA QUE CONLLEVA MAYOR RECARGA Y DESGASTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJADORES PROFESIONALES

• DENUNCIAMOS QUE SE INTENTA DESVIRTUAR EL TRABAJO PROFESIONAL PRETENDIENDO REBAJAR SUS INTERVENCIONES A UNA PURA TAREA ASISTENCIAL DESTINADA A CALLAR Y TAPAR OTRAS FALENCIAS INSTITUCIONALES QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA ESPECIFICIDAD DE LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES EN LA FUNCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO

• DENUNCIAMOS QUE ESTO PUEDA LLEGAR A DECIDIRSE ARBITRARIAMENTE POR PERSONAL PENITENCIARIO Y GESTORES QUE EN NINGÚN MOMENTO DIALOGAN DEMOCRATICAMENTE CON LOS EQUIPOS, DESCONOCIENDO Y NINGUNEANDO SU MODO DE TRABAJO ACTUAL.

• DENUNCIAMOS QUE SE PRIORIZA UN CRITERIO CUANTITATIVO DE ATENCIÓN DE DEMANDAS INDEFINIDAS Y NO EL CRITERIO CUALITATIVO DE TRABAJO SOBRE LAS SITUACIONES SINGULARES EN LAS QUE FUNDAMOS NUESTRAS INTERVENCIONES PROFESIONALES.

• DENUNCIAMOS LA PERSECUSION, MEDIANTE VARIADOS MECANISMOS, A LOS TRABAJADORES PROFESIONALES QUE RESISTEN EL AVANCE DEL MODELO DE CÁRCEL QUIETA, CON LA PRETENSION DE SILENCIARLOS.

EL MODO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL DEBE SER DISCUTIDO POR LOS MISMOS TRABAJADORES PROFESIONALES

Contacto:

Sergio Sarkissian, Sec. Gremial ATE Rosario, Tel. 0341 156893426

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