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Scioli busca limitar las excarcelaciones
Por Joaquín ((I)) - Tuesday, Sep. 11, 2012 at 3:16 AM

El gobernador presentó un proyecto para realizar una nueva reforma al Código Procesal Penal -CPP-. La misma establece la prohibicion de excarcelar a aquellas personas con portacion ilegal de armas de fuego. El Director General del Comité Contra la Tortura afirmó que es un retroceso y profundiza el encierro en un sistema penitenciario sobrepoblado con un 65% de de las personas detenidas con prisión preventiva.

La reforma propuesta por el ejecutivo consiste en la modificación del artículo 171° del CPP, agregando un parrafo al mismo. Actualmente, este dicta lo siguiente:

ARTICULO 171°: Denegatoria. En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148°.

La modificación de Scioli se predispone a agregar un nuevo parrafo, donde dice:

Tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento.

En entrevista con Indymedia, Roberto Cipriano del CCT sostuvo que esta modificación implica un retroceso, al profundizar el encierro. El mismo ilustró que el 65% de los detenidos están en prisión preventiva, es decir inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero esperando el juicio detenidos. En este sentido, sostuvo que esta reforma no sólo se reflejará en un aumento de las personas esperando su juicio dentro de las cárceles, sino que lo harán en un sistema penitenciario sobrepoblado. En 60 cárceles y alcaldías a lo largo de la provincia con 18600 plaza, hay 27991 detenidos, un número que se ha mantenido estable en los últimos dos años en comparación con el aumento de los anteriorres.

Además del impacto en la órbita del Servicio Penitenciario, Cipriano también subrayó los peligros que expone esta medida al brindarle mayor herramientas a la Policía. “Nostros señalamos que parte de las prácticas ilegales que la policía ha implementado durate todos estos años es plantar un arma” afirmó. La práctica denunciada reiteradamente por organismos de Derechos Humanos consiste en plantar un arma a personas que policías tienen señalada y no le pueden atribuir ningún delito. “Hay gran cantidad de personas detenidas por portación de armas”, indicó el director del CCT concluyendo que “hace más efectiva esta práctica ilegal”.

En relación a la fuerza de seguridad de la provincia, señaló la ausencia de un estricto control sobre las armas secuestradas en operativos. En este sentido indicó que “hubo casos muy resonantes de armas que la policía secuestró en un procedimiento, estaban en la Comisaría y después aparecen en otro procedimiento en manos de la persona que detienen”.

En cuanto al impacto que pueda llegar a tener esta medida en la disminución del delito, el director general del CCT, se mostró reació. Afirmó que “no pasa por restringir las excarcelaciones a quien porta el arma, lo que hay que atacar es quien la provee”. De esta manera hizo referencia directa al tráfico de armas, señalando que “no hay políticas estructurales tendientes al desarme, a combatir ese tráfico ilegal que mueve millones al año”, y agregó que “las redes delictivas que trafican armas no son cuestionadas o perseguidas por el sistema penal”.

Desde la reforma estructural del antiguo CPP, en el año '97, se han realizado casi treinta modificaciones tendientes a disminuir las garantías de los acusados a lo largo del proceso judicial. En este sentido, el Subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, afirmó que esta nueva modificación “se orienta a rescatar una legislación que ya está en el Código Penal nacional a través de una reforma del año 2004 que distingue y agrava este tipo de situaciones a las que nosotros nos estamos refiriendo”. De esta manera hacía referencia a las reformas impulsadas por Blumberg en el año 2004, duramente cuestionadas por ir en contra de los derechos de las personas. Cipriano manifestó que “las leyes Blumberg fueron un desajueste en el sistema penal, hoy hay personas que por determinados delitos, secuestros extorsivos, tienen más años de prisión que el homicido”. A su vez, sostuvo no encontrarle “mucha racionalidad” a inspirarse en una reforma tan cuestionada.

También señaló que lo que hicieron las casi 30 reformas fue “acabar con la coherencia del Código Procesal Penal, todas tendientes al agravamiento del código en cuanto limitar excarcelaciones, limitar excimiciones”. Por otro lado, introdujo en las propuestas que se elaboran desde la Comisión Provincial por la Memoria. Afirmó que en audiencias con el gobernador, se le planteó la necesidad de conformar una comisión pluralista con todos los sectores de la sociedad civil, para la reforma estructural del CPP. En este sentido consideran prioritario “la adecuación a los estándares internacionales de Derechos Humanos porque se ha producido un desfasaje y se ha retrocedido en cuanto el respeto por las garantías procesales que debería contemplar”.

Sostuvo que el proceso a seguir que propone la CPM, consiste en repensar el sistema de excarcelaciones, buscando un código que permita procesos más rápidos. En este sentido, señaló el reclamo de acabar con los juicios abreviados y las flagrancias, considerando que contribuyen a vulnerar los derechos y no a solucionar el problema del delito. Sin embargo, de cara a la nueva reforma impulsada por el poder ejecutivo, la definió como “efectista”, argumentando que “tiene que ver con algunos casos resonantes, es la lógica de esta criminalización mediática”. Finalmente, reflexionando sobre el proyecto de ley que se debatirá en la legislatura, concluyó que “estamos yendo a un ordenamiento jurídico desarticulado, incoherente y que viola los derechos de toda la sociedad.

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