Derechos Humanos y Pueblo Mapuche: Crónica de un Genocidio Silencioso.
Por Fuente: Quimantu Quimantu - Tuesday, Sep. 11, 2012 at 11:51 AM

Autor: Alihuen Antileo Navarrete, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Coordinador Área Pueblos Originarios, Instituto de DD.HH, Memoria y Ciudadanía, UARCIS En libro: Los Derechos Humanos Cercenados. Olvidos y actualidades en la historia reciente de Chile. Mario Cortéz / Jorge Benítez, Editores.

(Este artículo esta basado en el Informe elaborado por el mismo autor, en el año 1998,
patrocinado por la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu y presentado a los Tribunales
de Gran Bretaña vía Embajada en Chile, en el marco de la detención del dictador Augusto
Pinochet en Londres).

En los últimos años, diversos han sido los actores sociales en Chile que han irrumpido
en la escena política, primero reivindicando y presentando sus legítimas demandas a las
autoridades correspondientes y cuando, como es habitual, éstas no han sido atendidas,
han pasado de la reivindicación a la protesta social, desbordando los estrechos márgenes
institucionales y legales.

En el caso de los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche, éste ha sido
uno de los escenarios principales en el que se ha desarrollado su relación con el Estado.

La criminalización de la protesta mapuche por parte de la institucionalidad y los medios
de comunicación de masas ha tenido como consecuencia la instalación de una subjetividad
que percibe al movimiento mapuche organizado como un elemento disfuncional a las
dinámicas políticas tradicionales.

Ha quedado de manifiesto que el sistema político y electoral basado en un presidencialismo
exacerbado y el sistema binominal, constituyen el andamiaje legal que tiene como objetivo
principal, preservar lo que la derecha civil denomina la “obra del gobierno militar” y que
la mayoría ciudadana considera las medidas arbitrarias impuestas a sangre y fuego por la
derecha militar, encabezada por Augusto Pinochet.

El sistema Político no solo excluye a lo que se denomina como minorías, sino que
esencialmente, fue diseñado para excluir a aquellos que cuestionan el modelo económico
neoliberal, impuesto por la dictadura, permitiendo a los actores funcionales y afines al
sistema, ocupar determinados espacios políticos y realizar ciertas reformas que en lo
medular ya no atienden, ni a las necesidades ni a la voluntad de la mayoría del país.

Los espacios que fuerzas antisistema ganen en el seno de éste, escapan a los designios
de sus fundadores y representan importantes conquistas en aras a conformar una nueva
hegemonía de carácter democrático que represente de mejor manera las aspiraciones del
conjunto de la sociedad chilena y de los pueblos originarios.

Las crecientes y sostenidas movilizaciones en torno al tema de la educación pública
conducidas por diversos actores del mundo de la educación en general y estudiantil en
particular, han permitido a millones de chilenos realizar un importante aprendizaje político
y social ya que han ido desnudando las causas estructurales que se encuentran, tras la grave
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crisis de la educación en Chile. Esta dice relación con la búsqueda del lucro en la mayoría
de los ámbitos de la educación. Modelo y lógica instalado bajo la dictadura y que a pesar
de las tímidas reformas realizadas en este plano por los gobiernos de la concertación aún
siguen prevaleciendo.

Este cuestionamiento político a la herencia de la dictadura puede extrapolarse al sistema
de salud, de transporte, de las comunicaciones, del sector minero, pesquero y por cierto al
tema mapuche.

En definitiva lo que los diversos actores sociales se cuestionan, es un modelo económico
y un andamiaje político heredado de la dictadura y que se presenta cada vez más en
contradicción irreconciliable con las aspiraciones democráticas de la mayoría, y a favor de
una minoría política y económica que se ha lucrado y beneficiado de este sistema.

Cabe recordar que durante los gobiernos de transición encabezados por la Concertación de
Partidos por la Democracia, fue el Movimiento Mapuche, quien comenzó tempranamente a
movilizarse en torno a sus derechos y demandas no atendidas. Solo en el año 1993 ya había
alrededor de 130 dirigentes condenados por los Tribunales de Justicia a requerimiento del
Gobierno por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

A la fecha no menos de 500 Mapuches han ido a parar a la cárcel enfrentando cargos
judiciales, dentro de estos, alrededor de 50 Mapuches han sido inculpados como
infractores de la Ley Antiterrorista, figura jurídica que se encuentra entre las más duras del
ordenamiento Jurídico Penal chileno e internacional.

A este grave cuadro hay que agregar que las organizaciones y referentes territoriales
mapuches denuncian el asesinato de no menos de 6 comuneros y militantes mapuches. En
estos casos aparecen los agentes del Estado como responsables de estos crímenes.

En esta lógica de represión a la protesta social y política se tiende a confundir a los
verdaderos responsables de esta situación, ya que si bien, la policía militarizada
chilena (Carabineros de Chile y sus Fuerzas Especiales) son los que reprimen y ejercen
directamente la violencia en contra de comuneros y militantes de la causa mapuche, no es
menos cierto que esta institución cumple las órdenes tanto del Ministerio del Interior como
de los Tribunales de Justicia.

Existe una intencionalidad de parte de los grupos de poder económico y político, de
presentar esta situación como un problema de orden público, y que por lo tanto se puede
resolver mediante una acción más eficaz de las policías, o mayor coordinación entre
los entes administrativos del Estado, que operan en las regiones en donde se producen
mayoritariamente las movilizaciones. De ahí, que hoy se califica este tema político
como “el conflicto mapuche” y se endosa la responsabilidad del mismo a ciertos sectores
radicalizados, que buscarían llevar adelante supuestos planes de desestabilización de la
región. O sea, se crea mediaticamente al enemigo a combatir, se criminaliza su demanda,
y luego se reprime a este enemigo, contando con grados aceptables de tolerancia y
legitimidad comunicacional y política, para efectuar dicha represión.

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Esa lógica ya fue instalada por los Gobiernos de la Concertación y la actual administración
encabezada por Piñera, la reproduce con otros actores, sin alterar en su esencia el tipo de
relación política que existe, entre los Pueblos Originarios y el Estado de Chile.

De mantenerse este estado de cosas la situación de los mapuches en materia de Derechos
Humanos individuales y colectivos debiera tender a empeorar, a lo menos en dos aspectos,
que para la cosmovisión mapuche revisten una importancia fundamental

1) La mantención y ampliación de los derechos y espacios territoriales.
2) La revitalización de la cultura y el ejercicio de los derechos educativos y
lingüísticos.

Un número creciente de comunidades y referentes territoriales plantean que en la práctica
se estaría produciendo una disminución de los espacios territoriales, tanto cuantitativa
como cualitativamente, esto por el creciente deterioro en la calidad del suelo, producto del
consumo excesivo e indiscriminado de las fuentes de agua utilizadas por el sector forestal.

Igualmente se vislumbra con preocupación la sostenida arremetida de los sectores
empresariales, mineros, turísticos y energéticos que buscan apropiarse de tierras y
territorios, actualmente en manos de mapuches. Cabe recordar que parte del programa
de gobierno en materia indígena de la actual administración de gobierno, planteó dentro
de sus objetivos, impulsar un proyecto de ley que tuviera como efecto la posibilidad, que
propietarios individuales indígenas pudieran vender sus tierras y de esa manera, a ojos de
este gobierno contar con los medios para romper el círculo de la pobreza.

No es difícil imaginar quienes serían los principales interesados en adquirir esas tierras y
ofrecer el mejor precio a los mapuches que habitan en zonas rurales y que de acuerdo a
cifras del Estado constituyen los sectores más empobrecidos del país.

Si se hace un análisis, caso a caso y particular, de la ocurrencia de graves violaciones a
los Derechos Humanos por parte de agentes del estado en contra de personas de origen
indígena, de las zonas y causas que los motivan, llegaremos siempre a una conclusión;
las causas de las situaciones de conflicto y violencia que las generan dicen relación con
la voluntad política de defender y profundizar el modelo económico neoliberal por parte
de los diferentes sectores que, defendiendo intereses de una minoría han administrado y
continúan administrando este modelo. Esta defensa se hace en desmedro de los intereses de
los Pueblos Originarios y sus legítimas demandas.

Vistos desde una perspectiva aislada, regionalmente o sectorialmente, puede generar la
impresión que se trata de hechos puntuales, eventualmente de un mal manejo político
o incluso de excesos por parte de algunos funcionarios policiales, como han sido
considerados los fallos de los Tribunales de Justicia Militar, que han conocido y juzgado
los asesinatos a mapuches movilizados y que señalan que son hechos individuales que
se enmarcan dentro de la figura de lesiones graves con resultado de muerte, por parte de
funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones policiales.

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Pero si se adopta una mirada más general y sobre todo si se develan los orígenes de estas
decisiones, se puede llegar a la conclusión, de que esta situación de graves atropellos de
los derechos fundamentales en contra de los mapuches, no solo no son aisladas, ni son
excesos por parte de las autoridades de turno; estas son medidas planificadas tendientes
a dar resguardo jurídico y policial a los consorcios económicos que operan en territorio
mapuche, y que han sostenido su voluntad por continuar y acrecentar sus actividades,
basadas principalmente en la extracción de materias primas y sobreexplotación de los
recursos naturales con que aún cuentan los pueblos y comunidades originarias.

Para dar una perspectiva histórica a esa mirada corresponde remontarse a lo sucedido
durante la dictadura militar y luego analizar los efectos actualmente en curso y que
se mantendrán en los próximos años. Esta mirada nos permite ver quienes son los
responsables individuales y colectivos, también determinar quienes son los autores,
instigadores, cómplices y encubridores de lo que para algunos actores del movimiento
mapuche se denomina las consecuencias de la tentativa de cometer el delito Genocidio en
contra de la Nación Mapuche.

Tentativa de genocidio post golpe de estado de 1973

Como es de público conocimiento, Augusto Pinochet Ugarte, encabeza el Golpe de Estado,
realizado el 11 de Septiembre de 1973, fecha a partir de la cual ejerce poderes absolutos
como Jefe de la Junta de Gobierno, compuesto por los cuatro comandantes en jefes de
las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Dicha Junta contaba con
facultades legislativas y constitucionales, ya que ordenó disolver en forma inmediata
el Parlamento y encarceló a Diputados y Ministros de un gobierno constitucionalmente
elegido, ejerció igualmente las más absolutas facultades administrativas y militares,
podemos afirmar que nunca antes tanto poder, en este país, se había concentrado en una
sola persona y había sido tan mal y criminalmente utilizado.

Es necesario relatar brevemente, a objeto de ilustrar el contexto en que estos hechos
ocurrieron y en el cual la mayoría del movimiento mapuche participó activamente, tanto en
las comunidades rurales como en las ciudades.

Con el Golpe de Estado, culminaba de esta manera, violentamente un proceso de restitución
de tierras y de reparación histórica para con nuestro pueblo que no registraba precedentes y
constituía un gran avance en la relación entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche.

Efectivamente en los aproximadamente 1.000 días, que duró el gobierno encabezado por el
Doctor Salvador Allende Gossens (1970-1973) se restituyó alrededor de 200.000 hectáreas
que se encontraban en manos de grandes latifundistas y que las comunidades mapuche
reivindicaban como propias. El traspaso de estas tierras fue realizado al amparo de la Ley
de Reforma Agraria, cuerpo legal impulsado bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei
Montalvo a fines de los años 60. Estas devoluciones de tierra cuentan, por lo tanto con la
debida documentación legal que lo respalda y que se encuentra archivada en el Ministerio
de Agricultura.

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Este significativo avance fue el fruto de un trabajo incansable de parte de los dirigentes
mapuche de ese entonces y de un avance equivalente en el movimiento popular.

De esta manera el Movimiento Popular y Mapuche, sentaba las bases de un nuevo
modelo de desarrollo en lo social, económico y político y que se levantaba en abierta e
irreconciliable contradicción con los grandes intereses capitalistas y financieros. Es en
representación y defensa de estos últimos intereses que Augusto Pinochet planifica y
ejecuta el Golpe de Estado.

Sin embargo a diferencia de otras dictaduras, Pinochet y su equipo económico diseñan las
bases de refundación de un nuevo Estado Capitalista en Chile, muy distinto a lo que se
conocía hasta ahora, y cuyo diseño estratégico contaba con el aval de los Estados Unidos, y
otras grandes potencias financieras. Chile es redefinido económicamente en casi todas las
áreas y se inicia un proceso de contrarreformas y de involución histórica; una vez más, los
territorios en manos de mapuches representan para los sectores oligárquicos y financieros
una gran posibilidad de realizar negocios, que le procuren enormes ganancias.

Es así como los recursos hídricos provenientes de los ríos cordilleranos, se transforman
en un lucrativo negocio que junto con privatizar las empresas generadoras de energía, se
diseñan proyectos estratégicos para transformar a este sector en uno de los pilares del nuevo
modelo económico.

Los espacios territoriales que sustentan hoy la industria maderera y forestal, pasan a
constituirse en el principal botín de guerra de los sectores oligárquicos, que proyectaron
colocar a este sector en uno de los mayores productores de celulosa en el mundo;
actualmente sus empresas y producción globales los sitúan, en el quinto lugar a nivel
mundial, en circunstancia que al momento del Golpe de Estado se situaba en el lugar
número cuarenta.

Cabe señalar que esta decisión en el ámbito forestal no proviene en forma exclusiva de las
empresas e intereses chilenos, si no también, de consorcios extranjeros, principalmente
asiáticos y neozelandeses ya que no pudieron implementarlo en dicho país, que contando
con una similar posición geográfica y climática, se enfrentaron a dos grandes barreras, a
saber:

1. Una fuerte legislación de protección de las minorías, que impedía la forestación
cercana a zonas habitadas por indígenas neozelandeses y que restituía cientos de
miles de hectáreas a sus comunidades, quedando bajo control y administración de
las mismas.

2. Existencia de un régimen democrático que garantizaba las libertades individuales y
políticas y el respeto a los derechos humanos.

Es debido a la carencia de espacios territoriales adecuados en otros países que se escoge a
Chile y al territorio mapuche, como principal base de operaciones para la mayor inversión
forestal en el mundo, producida en los últimos treinta años, y que equivale a una superficie
total en la actualidad de dos millones de hectáreas plantadas.
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En un tercer plano, se sitúa la inversión en la industria turística y que hacen al territorio
mapuche apetecido por sus bellezas naturales, especialmente en las riberas de los lagos y
montañas.

En un cuarto lugar, se determinan los recursos hídricos como un objetivo geopolítico
y económico a alcanzar y dejar bajo control y propiedad de los grandes consorcios
financieros.

En lo que respecta al mar, se establecen medidas legislativas tendientes a; por una
parte, ampliar los espacios de captura de la gran industria pesquera, tanto nacional como
extranjera, principalmente asiática y luego se modifican las leyes y reglamentos para
posibilitar la pesca de arrastre.

Esta doble estrategia en lo que respecta a las comunidades e identidades Lafkenche, o
sea ribereñas al borde costero, tanto de la octava, novena y décima regiones del país, con
un borde costero de alrededor de 700 km. de largo, fue devastador. Dada la condición
de pescadores artesanales de los mapuche-lafkenches, vieron disminuir drásticamente su
sustento principal debido a la sobreexplotación de los recursos marítimos por parte de la
gran industria pesquera.

No existiendo planes reales de compensación o de reinserción económica y social,
muchos mapuches debieron una vez más, emprender un proceso de migración forzada a
las ciudades en condiciones de indigencia y pobreza. Para aquellos que se quedaron en sus
comunidades tradicionales su suerte no fue mejor y todavía se debaten en la pobreza. Una
de las consecuencias directas de esta situación, es que la dieta alimenticia de la población
Mapuche de los sectores ribereños al mar se vio drásticamente afectada, disminuyendo
el consumo de calorías y proteínas a niveles graves. El aumento de la mortalidad,
principalmente en el segmento de población del adulto mayor se vio acrecentado.

Respecto de las aguas dulce ya sea de ríos o napas subterráneas, la dictadura dispuso la
privatización acelerada de las mismas mediante la dictación de un nuevo código de aguas
que vino en la practica a entregar en un 95% este vital elemento para la población a manos
de privados: mediante la adquisición de los derechos de aguas. Cientos de particulares
y empresas mineras adquirieron dichos derechos, actualmente y debido a la importante
cantidad de agua que emplean los procesos de extracción y producción en la industria
minera, existen graves situaciones para la población indígena y mapuche que vive o
dependen de este recurso, ya que han visto disminuir drásticamente este vital elemento y
por lo tanto no pueden emplearlo para fines de uso doméstico, o bien para sus tradicionales
actividades de agricultura y ganadería.

Igualmente la utilización de grandes cantidades de productos químicos hacen que los
cursos de agua se vean constantemente contaminados, corriendo serios riesgos ya no solo la
vida humana, sino todos los ecosistemas que se mantenían o dependían de las aguas dulce
de ríos y napas subterráneas.

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Cabe mencionar que la proliferación de la industria de la piscicultura, principalmente
de la industria del salmón en el mediano y largo plazo trajo consigo severos daños a los
modos tradicionales de vida de las comunidades mapuche ribereñas a los lagos, en donde
se desarrolla y sitúa dicha industria, esto debido a que las aguas fueron contaminadas, tanto
por los productos químicos empleados en dicha industria, como también por la importación
de ciertas enfermedades y epidemias asociadas a la especie salmón y que junto con atacar
afectar a esa industria, vino a repercutir gravemente en las otras variedades de peces
autóctonos cuyos organismos no estaban preparados para esas plagas y que no pudieron
resistir a su contacto y contagio. Este verdadero desastre ecológico afectó igualmente a las
poblaciones mapuches con similares consecuencias a las poblaciones que se situaban al
borde del mar.

El Estado de Chile, al tomar estas medidas legislativas y económicas, sabía perfectamente
cuales iban a ser los efectos, en un mediano y largo plazo, para los mapuches que se verían
afectados por ellas. La apropiación del territorio Mapuche que también contempla los
recursos hídricos; tanto marítimos como de ríos y napas subterráneas eran y aún son para
el modelo económico un objetivo estratégico. Cuando estos territorios ya no cuenten con
más recursos que extraer producto de su sobreexplotación o contaminación, los grandes
consorcios económicos, emprenderán seguramente su retirada a otras zonas, sin embargo la
población mapuche, que como se ha explicado, se vera afectada de múltiples maneras, vera
peligrar su sobrevivencia tanto física como culturalmente.

Es así que una vez definidos los objetivos económicos, estratégicos, Augusto Pinochet
y la dictadura que él encabeza, compromete todos los recursos humanos y militares de
que dispone el Estado para garantizar dicho proceso de refundación capitalista , que tuvo
su sustento material y físico en el territorio mapuche y como correlato a ese proceso que
solo podía instaurarse mediante el uso de la fuerza, en un régimen que suprimió todas las
libertades y conquistas sociales y políticas, se cometen graves, sistemáticas y permanentes
violaciones a los derechos humanos tanto colectivos como individuales del pueblo
mapuche.

La estrategia diseñada para suprimir cualquier tipo de resistencia mapuche a estos objetivos
impuestos a sangre y fuego tras el golpe militar de 1973 contó con tres líneas de acción.

1. El extermino físico de sus dirigentes.
2. Concitar mediante el terror, el sometimiento del resto del movimiento.
3. Quebrar el sistema y tejido social comunitario, desintegrando las comunidades y
destruyendo de esta manera la cosmovisión mapuche.

Acorde a estos objetivos particulares se inicia por lo tanto la puesta en marcha de un plan
destinado a cumplir fría y premeditadamente la tentativa de GENOCIDIO de la NACION
MAPUCHE como una garantía a largo plazo que posibilitara apropiarse de los recursos
naturales que aún se encontraban bajo su posesión y dominio.

Por lo tanto cuando hablamos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, no se trata
de excesos o violencia innecesaria con resultado de muerte, ni mucho menos de simples
asesinatos que obedecerían a impulsos individuales, sino de la maquinación a gran escala
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con todos los recursos, políticos, legislativos, económicos, militares y comunicacionales de
que dispone un Estado, a fin de exterminar a un pueblo originario.

Cabe hacer presente que la Nación Mapuche ya había sido objeto de intentos de esta
naturaleza tanto en el período de la conquista como en el denominado por el Estado
de Chile como “Pacificación de la Araucanía” en el año 1881 siendo éste su último
precedente. Las crónicas contemporáneas a dicha época señalan que luego de ese intento
de genocidio la población total mapuche en el país quedo reducida a 100.000 personas.

Este intento de exterminio tuvo una coordinación y versión local, del otro lado de la
frontera ya que Argentina y Chile realizaron simultáneamente dicho intento de genocidio;
del otro lado de Los Andes esa campaña se denominó “la campaña del desierto”.

Resulta pertinente tener a la vista ciertos aspectos de la legislación internacional respecto al
delito de Genocidio, a objeto de respaldar las afirmaciones antes enunciadas.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Asamblea General
ONU., resolución 260 a, entrada en vigencia 12 de enero 1951.

Artículo II

En la presente convención, se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados
a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial.
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Como lo señalábamos anteriormente respecto del Golpe de Estado, Augusto Pinochet
fungiendo como dictador absoluto participa de la elaboración de estos planes y los pone en
marcha.

Objetivo Nº 1: Exterminio físico de sus dirigentes:

Respecto de este objetivo podemos señalar que el Informe de la Comisión Verdad y
Reconciliación creada por el ex Presidente Patricio Aylwin, establece 122 casos de
ejecutados políticos y detenidos desaparecidos mapuche, ya que en estos casos existió plena
convicción, y de acuerdo a los antecedentes aportados por los familiares de las víctimas, así
como de las diligencias efectuadas por esta comisión y que establecen sin lugar a equivoco,
que en estos casos actuaron agentes del Estado en cumplimiento de ordenes impartidas,
por quienes tenían en ese entonces las facultades políticas y militares plenipotenciarias.
Cabe señalar que Augusto Pinochet era el superior jerárquico de todas las autoridades
civiles y militares durante ese período.
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Sin embargo, es posible considerar que esta cifra es muy inferior a lo que realmente
aconteció en la realidad, en las zonas rurales más apartadas, en donde se asentaban
mayoritariamente las comunidades mapuche, ya que debido al aislamiento en que se
encuentran y la nula presencia de organismos públicos, partidos políticos u organismos de
derechos humanos, muchas veces los familiares ni siquiera se presentaron a declarar ante la
comisión creada 20 años después de acontecidos estos hechos.

La desconfianza hacia la institucionalidad chilena y el desprecio con que la sociedad
chilena trata a los mapuche, también conspiró para la recopilación exacta del número de
ejecutados y detenidos desaparecidos; sin embargo los organismos de derechos humanos
que comenzaron a trabajar en este ámbito, inmediatamente después del Golpe de Estado
y luego de iniciada la transición a la democracia dentro de los cuales destacan el Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH); la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX Región (AFDD) y el
Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud (PRAIS) para las víctimas de la
represión y sus familiares, evalúan el número de víctimas fatales y detenidos desaparecidos
en alrededor de 300 personas.

A este respecto parece pertinente señalar que en el Informe del Departamento de
Antropología de la Universidad Católica de Temuco1, respecto de los efectos psicosociales
e interpretación sociocultural de la política de Detenidos Desaparecidos en familias
mapuche, citando a los investigadores Morales y Liempi se señala que:

“la dureza extrema con que se trato a los mapuche y a sus familias y la grave
dificultad que ha significado para estos en las zonas más rurales, tener que
convivir en la misma localidad, a veces hasta el presente con los agentes que
causaron la muerte de sus seres queridos. El miedo, la pobreza y la desesperación
llevaron a que solamente un pequeño porcentaje de estas familias practicara en su
oportunidad, diligencias ante los Tribunales de Justicia o hiciera denuncias ante
organizaciones de Derechos Humanos”.

Junto con eliminar a aquellos Mapuche con mayor capacidad de liderazgo social y político
en el caso de los Detenidos Desaparecidos también se persiguió mediante tácticas de guerra
psicológica, objetivos secundarios a saber:

1. No dejar evidencias públicas del terror, no dejando testimonios que la historia y las
generaciones posteriores pudieran utilizar.
2. Evitar que los muertos se conviertan en símbolos.
3. Evitar los funerales que podrían constituirse en actos de toma de conciencia social,
de repulsa o de resistencia activa.

Hay que señalar que no todos los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos eran
dirigentes o estaban directamente vinculados al Movimiento Mapuche. Se constata por

1

Informe Detenidos – Desaparecidos y Ejecutados Políticos: La Perspectiva Indígena, Efectos psicosociales e
interpretación sociocultural de la política de detenidos desaparecidos en familias de etnia mapuche, Págs., 12 -
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ejemplo la ejecución de niños, ancianos y miembros de comunidades sin relación aparente
con movimientos políticos pero enmarcados en un contexto de violencia política y que
se explica por la intención de alcanzar el segundo objetivo político de la Junta Militar,
encabezada por Pinochet:

Objetivo Nº 2: Concitar mediante el terror, el sometimiento del resto del movimiento
mapuche.

En efecto fueron miles los mapuche torturados, deportados, exiliados, exonerados de sus
puestos de trabajo y la mayoría de los que vivían en predios que había sido devueltos
durante el procesos de Reforma Agraria a asentamientos y comunidades mapuches,
simplemente lanzados a los caminos públicos mediante la fuerza de las armas, como
mecanismo de escarmiento en la población mapuche a objeto de inhibir cualquier atisbo de
organización y resistencia.

Fueron miles de mapuches los que debieron, una vez expulsados de las tierras que les
habían sido devueltas bajo la administración del Presidente Salvador Allende, quienes
debieron trasladarse forzadamente a distintos puntos de las regiones aledañas a esos predios
y otros simplemente se vieron obligados a iniciar un proceso de migración interna forzada
a las ciudades, pasando a engrosar los bolsones de pobreza en los barrios periféricos de
dichas ciudades.

La dictadura militar estaba plenamente consciente, de que esos serían los efectos de su
política de expulsión de los asentamientos, por la vía de la fuerza de las armas, de cientos
de familias, que habían participado legalmente y cumpliendo todos los requisitos, del
proceso de Reforma Agraria, durante los años 1970 a 1973. Este clima de permanente
atropello, abuso y arbitrariedad, se prolongó durante los 17 años que duro la dictadura
encabezada por Pinochet, pero fue en los primeros años posteriores al año 1973 que esta
estrategia planificada de amedrentamiento y terror masivo, se desarrollaron con mayor
extensión y violencia.

Los familiares de las víctimas directas de la represión eran también objeto de las mismas,
constituyéndose en un ejemplo vivo, para los demás mapuche que no era posible
contrarrestar el poder de las armas.

Al respecto entregamos tres testimonios personales recogidos por estudiantes de
antropología de la Universidad Católica de Temuco, en el marco de la investigación ya
individualizada con anterioridad.

Testimonio 1º “a él lo torturaron brutalmente, le reventaron sus genitales. Lo vi
muy maltrecho. Cuando ya ni se podía tener en pie, le aplicaron la Ley de Fugas
y le pegaron un tiro por detrás. Pero el recuerdo que siempre me ha perseguido,
es cuando fui al Regimiento a reclamar el cadáver. Un grupo de uniformados me
rodearon. Se reían de mí. Me decían si acaso era comunista, que acaso llevaba
armas escondidas, que probablemente iba a tener un atentado, entonces empezaron
a agarrarme los senos brutalmente “por si eran falsos” y a tocarme abajo “por
si llevaba algo escondido”. Uno de ellos un sádico, me metió la mano entera,

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brutalmente en mi interior, cada vez que me acuerdo, me enfermo. Durante todos
estos años y aún ahora me desvelo en las noche y no puedo dormir pensando en ese
momento, en el asco, en el dolor, la humillación”.

Testimonio 2º “de esa época, tengo más imágenes grabadas que nunca se me
olvidarán. Vi matar mucha gente más. Desde la ventana de mi casa se veía
perfectamente cuando le tiraban a la gente a las piernas y se reían de ellos. Tenían
mucha gente botada en la calle, con las manos en la cabeza, se ponían a beber y a
fumar frente a mi casa y se reían. Odio a esa gente, esas imágenes me persiguen”.

Testimonio 3º “los carabineros me llevaron al regimiento, en Lautaro. Me
golpeaban. Me botaron al suelo y me colocaron una llanta de auto encima del
pecho y pasaban por encima de mí. Saltaban encima de la llanta…. Me quebraron
el hombro, los brazos, el pecho…Cuando vieron que no sabía nada, me echaron.
Nunca me recuperé de esa noche. Cuando me vienen a la mente los carabineros
saltando sobre la llanta me quedo mudo, no puedo hablar”.

De estos relatos se desprende claramente la intención de provocar un miedo y terror
colectivo, por al menos algunos años, evitando de esta manera, la recomposición del
movimiento mapuche, y por implementar sin contrapeso sus objetivos económicos de
apropiarse de territorio mapuche.

Objetivo Nº 3: Destruir el tejido social y la identidad mapuche, tanto en el plano
cultural como territorial y demográfico.

Para estos efectos, era necesario darle un carácter de legitimidad legal a este proceso,
que en el caso mapuche, se inicia con un acelerado proceso de contrarreforma agraria.
Sin embargo los predios no eran suficientes, dada la magnitud de los planes estratégicos
diseñados para transformar a las empresas que iban a operar en Chile, en las principales
productoras y exportadoras a nivel mundial y por eso la Junta Militar dicta dos leyes
tendientes a dividir y parcelar la propiedad comunitaria mapuche que había quedado al
término del proceso de contrarreforma agraria. Estos cuerpos legales son los Decretos
Leyes 2568 y 2570 que llevan la impronta del General Augusto Pinochet Ugarte, en su
calidad de legislador y constituyente plenipotenciario, ya que en ese entonces, la Junta
Militar que él presidía contaba con dichas atribuciones.

Estos cuerpos legales fraccionaron una cantidad importante de tierras mapuche y ante el
deterioro económico, la miseria extrema, y el avance de hecho de las grandes compañías
madereras energéticas y turísticas que no escatimaban medios lícitos e ilícitos, para
adquirir territorio mapuche, cientos de comunidades vendieron sus tierras al mejor postor
e iniciaron un acelerado proceso de inmigración forzada hacia las ciudades, dejando una
escasa población mapuche en las comunidades, sobre todo de población joven, lo que
facilitó la arremetida de estas compañías; en la practica casi no hubo resistencia organizada
en los primeros años de la dictadura y el proceso de apropiación de territorio mapuche se
desarrollo sin contrapesos.

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Habiendo conseguido en una primera fase, contar con territorios aptos y disponibles para
la industria forestal, la dictadura se aboca a proveer, a particulares y consorcios privados,
los recursos financieros para impulsar las inversiones necesarias al rubro forestal, Estos
recursos provendrían del Estado mediante una política de subsidio a las plantaciones
forestales. Para estos efectos la Junta Militar dictó el decreto Nº 701 que viene a financiar
la casi totalidad de las nacientes y florecientes compañías forestales.

La derecha económica y civil, veía de esta manera cumplida, una de las metas que se
habían propuesto al instigar, apoyar y defender el golpe de Estado en contra de un gobierno
legalmente constituido.
La violación masiva y grave de los derechos fundamentales del pueblo mapuche era vista
por estos sectores como parte de los costos de inversión y producción de esta floreciente
actividad económica. Es así como se traspasa alrededor de dos millones de hectáreas a estos
consorcios madereros, hidroeléctricos y turísticos. De esta manera comienzan a operar en
territorio mapuche entre otros, los consorcios financieros:

a) Grupo Matte Larraín, asociado a intereses norteamericanos y que controla la
Forestal Mininco.
b) Grupo SHELL, asociado a la compañía manufacturera de papeles y cartones,
Bosques Chiloé, Copihue, Forestal Colcura, Forestal Santa Fé.
c) Grupo Mitsubishi, Planta Astillas ASTEC, controla la Forestal Tierra
Chilena.
d)Grupo AMINDUS, de origen Suizo, controla Forestal Millalemu,
aserraderos Andino, Terranova.
e) Forestal Arauco S.A., vinculada a Angelini.
f) ENDESA, actualmente operan en ella capitales españoles e italianos.

Estas grandes compañías en la práctica han cercado y continúan aún hoy asfixiando a las
Comunidades Mapuche, ya que las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptos, provocan
un daño inconmensurable a las formas tradicionales de vida del pueblo mapuche.

Cabe tener presente que un Pino o un Eucalipto maduro en etapa de cosecha (entre
15 y 20 años) consume alrededor de 90 litros de agua al día, lo que proyectado a una
superficie de dos millones de hectáreas de plantaciones, de estas especies, colindantes la
mayoría con comunidades mapuche, ha tenido consecuencias devastadoras, debido a que
secan las napas subterráneas que nutrían de agua a las comunidades, con la consiguiente
aparición de enfermedades, mortandad de aves y animales, sequías prolongadas debido a
la modificación del clima, sin contar con los efectos de los pesticidas y otros elementos
químicos para el tratamiento de estas actividades económicas.

Actualmente las empresas hidroeléctricas amenazan con inundar extensos sectores
habitados por Comunidades Mapuche - Pehuenche, especialmente en la octava, décima y
novena regiones del país.

Ante este cuadro desolador alrededor del 40% de la población mapuche debió emigrar a las
grandes ciudades y engrosó los bolsones de pobreza y marginalidad de las mismas.

13

Con el conjunto de medidas adoptadas por la Junta Militar encabezada por Pinochet,
se logró en un período de 10 años exterminar físicamente a una parte de la población
Mapuche, provocar mediante el terror la sumisión a un modelo político y económico
diferente a las costumbres tradicionales de los mapuche y posteriormente mediante el
proceso de migración forzada, quebrar las relaciones sociales y culturales y religiosas de
su cultura. A modo de graficar uno de los efectos que este período tuvo sobre la población,
podemos señalar que:

En el plano de la reproducción societal, la tasa de crecimiento natural para la población
mapuche rural (13 por mil) es inferior a la tasa de crecimiento de toda la IX Región (21
por mil). Esta baja tasa de reproducción societal se debería a la alta tasa de mortalidad en
la población mapuche, al descenso de la fecundidad y al efecto indirecto de la migración.
A esto hay que agregar que la esperanza de vida para los chilenos es de 70 años y para los
mapuches es de 64 años.

A todo lo anterior hay que agregar un aspecto no menos importante y que dice relación
con la perdida de un invaluable patrimonio cultural, que se perdió producto de la
desintegración de una parte importante del tejido social y del desplazamiento forzado
de miles de mapuches a las grandes ciudades; la involución y perdida de los relatos de
la historia local de cada comunidad, la práctica de ceremonias religiosas, la transmisión
y práctica del idioma Mapuzugun, las ricas expresiones musicales y artísticas, los lazos
sociales y en general el deterioro y perdida casi irreversible de una cosmovisión mapuche
estructurada y sostenida en base a una relación entre el ser humano y la naturaleza,
existente principalmente en las comunidades rurales mapuche, han hecho que estos graves
efectos pasen a constituirse en un verdadero genocidio cultural de la nación Mapuche,
principal pueblo originario de Chile.

En dicho período un solo hombre detentó el poder absoluto en Chile, Augusto Pinochet.
El nuevo modelo económico por él instaurado y que era la razón última de la existencia
de la dictadura militar, requería de los recursos naturales existentes en nuestro país y
que se encontraban en manos del pueblo mapuche; de esta manera en forma consciente,
planificada, mediante planes y programas y la adopción de medidas económicas,
legislativas, administrativas, comunicacionales, militares y políticas, la junta militar
encabezada por Augusto Pinochet, puso en marcha la tentativa de genocidio en contra del
pueblo Mapuche. Se trata de una Política de Estado que tiene por objetivo implementar y
garantizar las grandes inversiones capitalistas en territorio Mapuche.

La medidas adoptadas por esta dictadura mantienen sus efectos aún hoy, ya que no se han
restituido las tierras que fueron usurpadas bajo un régimen de excepción y antidemocrático,
y lo que es peor aún, todas las compañías energéticas, turísticas, mineras y forestales,
como consta en sus declaraciones e informes públicos, en los próximos años han decidido
aumentar sus inversiones en territorio colindante con Comunidades Mapuche.

Cabe preguntarse; si hoy estos graves crímenes de lesa humanidad son susceptibles de
ser investigados y perseguir las responsabilidades individuales y colectivas de sus autores
cómplices y encubridores.

14

Al parecer la Doctrina Jurídica al igual que la Legislación Internacional, sobre esta materia
piensa que si es posible. Para el autor “Miaja de la Muela”2 el delito de Genocidio presenta
las siguientes características:

a) Es un delito internacional de la mayor gravedad, ya que viola textos internacionales
que protegen a la persona humana.
b) Es un delito común y por lo tanto a su autor se le puede extraditar.
c) Es un delito internacional
d) Es un delito individual

La Asamblea General de la ONU., en 1968 aprobó una Convención que sanciona los
crímenes contra la humanidad, declarando que es irrelevante para el orden internacional
que exista una legislación nacional en sentido contrario o que no contemple los delitos
contra la humanidad.

Igualmente en 1968 la ONU., suscribe la Convención que establece la imprescriptibilidad
de los crímenes contra la humanidad definidos en el Estatuto de Nurenberg, aspectos
relacionados con la Resolución Nº 3.074 (XXVIII) del 3 de Diciembre de 1973, sobre
Cooperación Internacional para descubrimiento, arresto y castigo de individuos culpables
de crímenes contra la humanidad.

En este cuerpo legal, se establecen 9 principios y en el cual el Nº 8 señala:

“Los Estados no tomarán ninguna medida legislativa, o de otra índole, que pudieran ser
perjudiciales para las obligaciones internacionales que han asumido en relación con la
identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o
crímenes de lesa humanidad”.

Los más de 400 presos políticos Mapuches que han pasado por las cárceles chilenas en los
últimos años y los miles que han visto afectados gravemente sus derechos humanos, han
tenido como común denominador el participar de la protesta social mapuche, reivindicando
derechos territoriales, políticos y culturales.

Como ha quedado demostrado las causas estructurales de la violencia en contra del pueblo
mapuche siguen vigentes y mientras no se adopten las medidas territoriales, legislativas,
económicas educativas y culturales que le den una salida política a esta crítica situación,
independientemente del gobierno de turno, se seguirán violando en forma grave y
permanente sus derechos humanos tanto individuales como colectivos.

Anexo:

2

Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público Tomo III, Llanos Mancilla Hugo, Pág. 32.

15

Víctimas Mapuche de la Dictadura encabezada por A. Pinochet Ugarte: Nómina de
Ejecutados Políticos (fusilados) de la Nación Mapuche (Investigadores: Janela García,
Mónica Pilquil, Néstor Catilao)

Apellido Paterno

AYANAO
AYLLAÑIR
ANCACURA
ANTILAF
ANTIMAN
ACQUEVEQUE
ARGEL
BUSTAMANTE
CALFUQUIR
CANTUPIL
CARILAF
CAYUAN
CAYUNAO
COLLAO
COLLIO
CHEUQUELAO
FLORES
GONZALEZ
HUALQUI
HUENUCOL
INOSTROZA
LEVIO
LEPIN
LLEUCUN
MANSILLA
MARIQUEO
MELIPILLAN
MILLAHUINCA
MUÑOZ
NAHUEL
NAHUEL
NAHUELCOY
ÑANCUMAN
ÑIRIPIL
PAILLACHEO
POLDEN
PORMA
TRALCAL
TRAMOLAO
TRECANAO
YAÑEZ
16

Apellido Materno

MONTOYA
HUENCHUAL
MANQUIAN
EPULEF
NAHUELQUIN
ANTILEO
MARILICAN
LLANCAMIL
HENRIQUEZ
MILLANAO
HUENCHUPAN
CANIUQUEO
VILLALOBOS
SARPI
NAÍN
MILLANAO
ANTIVILO
CALFULEF
BARRÍA
ANTIL
ÑANCO
LLAUPE
ANTILAF
LLEUCUN
COÑOECAR
MARTINEZ
AROS
ARAYA
HUENCHUÑIR
GONZALEZ
HUAIQUIL
CHIMEYCURA
MALDONADO
PAILLAO
CATALAN
PEHUEN
CHEUQUECOY
HUENCHUMAN
PASTENE
MORA
CALFUPAN

Nombres

MOISES
CARLOS
CARDENIO
MIGUEL A.
RUBEN A.
IVAN M.
JOSÉ R.
MARÍA ESTER
PATRICIO A.
VÍCTOR M.
GREGORIA
MAURICIO S.
JOSÉ E.
CARLOS E.
HERIBERTO
MANUEL
SEGUNDO
TEOFILO Z.
ROBERTO E.
MAURICIO
JOSÉ V.
ANDRÉS
SEGUNDO
JUAN
CARLOS M.
PEDRO A.
JORGE
FRANCISCO S.
GUILLERMO I.
JOAN P.
JUAN S.
BERNARDO
JOSÉ A.
JULIO A.
TEOVALDO
MERCEDES L.
FRANCISCO P.
JUAN S.
RAMON
LUIS A.
SOFÍA N-

Fecha de Ejecución

21.10.73
10.11.73
16.10.73
06.03.87
08.02.86
02.07.86
17.10.73
02.10.73
20.09.81
13.12.85
17.11.73
02.10.73
12.11.87
10.11.85
08.10.73
21.11.84
19.10.73
16.10.73
.10.73
.09.73
25.10.73
02.10.73
08.10.73
10.10.73
18.10.73
01.05.84
17.10.73
13.09.73
31.08.86
04.08.86
08.10.73
.10.73
17.10.73
08.10.73
09.10.73
05.05.79
25.10.73
10.09.75
23.02.74
19.09.73
22.11.88

Lista de Detenidos Desaparecidos de la Nación Mapuche durante la Dictadura
encabezada por A. Pinochet.

Apellido Paterno

CALFUQUIR
CATALAN
CURIHUAL
HUAIQUIÑIR
PAILLALEF
NEICUL
PANGUINAMUN
VIDAL
CATRIEL
ÑANCUFIL
CURIÑIR
AILLAÑIR
ANCAO
ANINAO
CATALAN
CATALAN
AROS
HUENTEQUEO
HUENUMAN
CHAVEZ
MAHUIDA
ANCACURA
BARRIGA
BELTRAN
BELTRAN
CALFIL
TORRES
COLPIHUEQUE
COLPIHUEQUE
CAYUMAN
CURIÑANCO
GONZALEZ
HUAQUIL
HUAQUI
HUENUL
HUERAVILO
HUILCHALLAN
LIZAMA
LONCOPAN
LLABULEN
17

Apellido Materno

VILLALON
LINCOLEO
PAILLAN
BENAVIDEZ
PAILLALEF
PAICIL
AILEF
PANQUILEF
CATRILEO
REUQUE
LINCOLEO
HUENCHUAL
PAINE
MORALES
LINCOLEO
PAILLAL
HUICHACAN
ALMONACID
HUENUMAN
ALONCO
ESQUIVEL
MANQUIAN
NAHUELHUAL
CURICHE
MELIQUEO
HUICHAMAN
ANTINAO
LICAN
NAVARRETE
CAYUMAN
REYES
CALFULEN
CALVIQUEO
BARRÍA
HUAIQUIL
SAAVEDRA
LLANQUILEN
CARIQUEO
CANIUQUEO
PILQUINAO

Nombres

L. CAUPOLICAN
SAMUEL ALFONS
PEDRO
JOEL
JUAN JOSÉ
JOSÉ LIGORIO
JOSÉ ROSARIO
JOSÉ MATEO
REYNALDO
JUAN HÉCTOR
NELSON V.
CARLOS
ALEJANDRO
ANTONIO
SAMUEL
MANUEL ELIAS
SERGIO
REINALDO
RICARDO
FERNANDO
LUIS OMAR
CARDIO
ALEJO
JOSÉ C.
JOSÈ IGNACIO
LORENZO M.
OMAR
ELEUTERIO R.
ALBERTO
CARLOS
MAURICIO S.
TEOFILO Z.
GERVASIO H.
ROBERTO
DOMINGO
OSCAR L.
SAMUEL
MANUEL
MARIANO
JOSÉ D.

Fecha de Ejecución

18.09.73
27.06.74
15.09.73
27.07.74
31.07.77
16.09.73
09.10.73
19.09.73
09.11.73
21.09.73
13.10.73
06.11.73
26.09.73
24.09.73
27.08.74
13.09.73
18.09.73
06.08.73
18.09.73
08.09.75
20.11.74
16.11.73
17.10.73
02.12.74
15.10.73
10.10.73
25.12.73
15.10.73
15.10.73
10.10.73
10.10.73
16.10.73
26.10.75
20.09.73
15.06.74
19.05.77
11.06.74
08.11.73
15.10.73
11.10.73

LLANCA
LLANCA
LLANCALEO
LLANQUILEF
LLAULEN
MELIQUEN
MILLALEN
MILLANAO
PAILLALEF
PAILLAMILLA
PAINE
QUINCHAVIL
RAMOS
RAMOS
REINANTE
REINANTE
RIVERA
RUBIO
RUBIO
TRANCANAO
TRANCANAO
TRANCANAO
VIDAL
YAUFULEM
YAUFULEM
YAUFULEM
TRALCAL
ÑIRIPIL
NAHUELCOI
ÑANCO
LLANCALEO
LLANQUIEN
LEVÍO
LEPIN
INOSTROZA
HUENUCOI
CURAMIL
COLLIO
CHEUQUEPAN

ITURRA
RODAS
CALFUQUEN
VELASQUEZ
ANTILAO
AGUILERA
HUENCHUÑIR
CANIUHUAN
PAILLALEF
TREULEN
LIPIN
SUAREZ
HUINA
HUINA
RAIPAN
RAIPAN
CATRICHEO
LLANCAO
LLANCAO
PINCHEIRA
PINCHEIRA
PINCHEIRA
PANGUILEF
MAÑIL
MAÑIL
MAÑIL
HUENCHUMAN
PAILLAO
CHIHUAICURA

MILLAN

LLAUPE
ANTILAF
ÑANCO
ANTIL
CASTILLO
NAÍN
LEVIMILLA

MONICA CH.
JUAN M.
LEANDRO
NELSON N.
JOSÉ J.
JOSÉ
PEDRO
JAIME P.
JUAN J.
SERGIO L.
JULIO M.
LUIS
GERARDO A.
JOSÉ M.
ERNESTO
MODESTO J.
LUIS A.
JULIO A.
JUAN DE D.
ALEJANDRO A.
ELISEO M.
JOSÉ M.
JOSÉ M.
ANTONIO C.
MIGUEL E.
OSCAR R.
JUAN S.
JULIO A.
BERNARDO
JOSÉ MATIAS
SEGUNDO E.
VÍCTOR
ANDRÉS
SEGUNDO
JOSÉ V.
MAURICIO
FRANCISCO S.
HERIBERTO
JUAN E.

06.09.74
17.09.74
.12.74
08.10.73
11.06.74
04.10.73
29.09.73
23.09.73
31.07.77
10.10.73
16.10.73
19.02.81
14.10.73
14.10.73
10.10.73
10.10.73
10.10.73
12.09.73
12.09.73
10.10.73
10.10.73
10.10.73
17.19.73
11.06.74
11.06.74
11.06.74
10.09.75
08.10.73
.10.73
31.10.73
05.04.75
08.10.73
02.10.73
08.10.73
21.10.73
.09.73
.09.73
08.10.73
11.06.74

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