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[Documento] A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López
Por Multisectorial Rosario - Tuesday, Sep. 18, 2012 at 11:55 AM

Acto a las 17,30 hs en Corrientes y Córdoba.

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DOCUMENTO A 6 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ

A seis años del segundo secuestro de Jorge Julio López venimos a esta plaza a gritar: compañero Julio López PRESENTE!!

Julio López, el albañil, ex detenido-desaparecido que después de muchos años de silencio puso en palabras sus recuerdos del horror vivido para acusar a sus torturadores, que reconstruyó su memoria ladrillo a ladrillo, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias ese 18 de septiembre de 2006.

Miles salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años: Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Al finalizar esa primera marcha escuchamos de boca del entonces gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, la transmisión de una idea que anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los sucesivos gobiernos provincial y nacional. Esa noche los funcionarios respondieron que estaba en peligro la gobernabilidad de la bonaerense. La Policía de la Provincia, al momento de la desaparición de López, tenía en sus filas más de 3.000 efectivos que en los años 76 y 77 estuvieron destinados a las dependencias donde funcionaron centros clandestinos de detención y ningún gobierno constitucional separó ni investigó. Está claro hoy que en ese momento ya habían renunciado a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y habían renunciado a detener, juzgar y condenar a los responsables.

Julio López, cuyo segundo secuestro fue, primero minimizado por el oficialismo y sus seguidores y luego, transformado por ellos en una búsqueda que preguntaba por su nombre pero no se atrevía a interpelar a sus torturadores de la policía bonaerense.

En todos estos años nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado actividades con el objetivo de mantener viva la denuncia, y hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.

Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición marcó el hecho de reinstalar la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al Nunca Más, y demostrando que es posible que vuelva a suceder lo que imaginábamos desterrado. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos, la impunidad sólo genera impunidad…

Impunidad que no es sólo responsabilidad de los gobiernos constitucionales anteriores a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino también de éstos, porque no hicieron lo necesario para terminar con tantos represores sueltos fuera o dentro de las filas policiales o militares. La impunidad actual, vigente, es la que permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales del secuestro y desaparición de Julio. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como denunciamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.

El Estado, con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos a las otras, mientras que los funcionarios políticos negaban la posibilidad del secuestro, insistiendo en que Julio estaba perdido o escondido. El gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal.

Desde el primer momento, no investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales, ni los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, y militantes que participaron por los reclamos por la aparición con vida de Julio; ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.

El gobierno es responsable de su aparición con vida y debía haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.

Mientras ellos sostienen la impunidad, miles y miles en todo el país nos movilizamos cada 18 de septiembre para decir presente al compañero Julio López!

Hoy, a 6 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en la calle para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.

Por eso decimos:

BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Aparición con vida YA de Julio López

Juicio y castigo a los responsables

Compañeros y compañeras,

Reivindicamos hoy el derecho inalienable y el compromiso a luchar por vivienda, trabajo y salario digno para todos, por educación y salud para nuestro pueblo, contra la entrega de nuestros recursos naturales, contra el pago de la ilegitima y usuraria deuda externa, contra la depredación ambiental de las empresas imperialistas. Por un país sin opresión, sin explotación.

Porque defendemos el derecho a luchar y a organizarse de nuestro pueblo estamos aquí, con la misma convicción de Julio, denunciando al gobierno nacional, los gobiernos provinciales de todo el país, y el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, por la brutal criminalización de la protesta social y por la impunidad, de las que son responsables.

Numerosos hechos dan cuenta de esta situación:

En los últimos dos años la política represiva del gobierno ha reconocido un punto de inflexión: fueron asesinados 18 luchadores populares.

Se han militarizado los barrios obreros y populares. Por la política de “seguridad democrática” de Garré se instala en los barrios y villas al Ejército, a la Marina, a la Aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la incorporación de Prefectura y Gendarmería.

Se han incrementado las actividades de infiltración y espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares a través del proyecto X de la Gendarmería, del accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de inteligencia se utilizan para armar causas contra luchadores.

El pasado 30 de agosto fueron detenidos 65 compañeros de las organizaciones de desocupados de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie cuando se encontraban manifestando en la Panamericana a la altura de la Ruta 197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja. Los compañeros fueron demorados en la Unidad de Procedimientos especiales Judiciales (Proyecto X) ubicado en CAMPO DE MAYO, dependencia del Ejército que fue sede de uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura genocida. La  detención fue realizada por la Gendarmería Nacional por orden del Secretario de Seguridad Sergio Berni, y sin orden judicial alguna.

La ley antiterrorista es el instrumento legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para profundizar el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino.

Mientras la mayoría oficialista se ha negado una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la protesta, sancionó en tiempo record la Ley antiterrorista.

Esta ley no es un hecho aislado, sino que se relaciona directamente con el intento de instalar una base norteamericana en el Chaco, intento frenado con la movilización popular. A pesar de esto, el gobierno nacional no derogó el convenio firmado con los Estados Unidos para instalar la base, profundizando esta relación con la presencia de instructores y asesores militares norteamericanos expertos en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información dictando cursos al personal del Ministerio de Defensa sobre control de disturbios, operaciones antidrogas y antiterroristas. Por su parte, el mantenimiento de las tropas argentinas en Haití cumple con el rol colonial del imperialismo yanqui.

De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 4000. La persecución judicial se profundiza día a día hacia los sectores que luchan y defienden sus derechos, especialmente sobre aquellos que reclaman derecho a la tierra, a la vivienda y al trabajo, derechos que el estado tiene la obligación de garantizar y que continúa violando.

Nuestra provincia y la ciudad de Rosario no escapan a esta situación. El gobierno de Santa Fe del Frente Progresista Cívico y Social en casi 5 años no ha modificado un ápice de la estructura de poder que durante años garantizó el PJ: hoy persiste la impunidad para la Policía Santafesina que empuñó las armas y para Reutemann y su Gabinete que idearon la represión de diciembre de 2001 que en nuestra provincia se llevó la vida de 7 compañeros/as. Esa misma impunidad garantizó el Gobierno Provincia para quiénes asesinaron a Silvia Suppo, testigo central de la causa al ex juez federal Víctor Brusa. El Gobierno del Frente Progresista desde un primer momento buscó evitar que se investigue realmente impulsando la hipótesis, encubriendo el carácter político de la causa.

Santa Fe tampoco es excepción cuando se trata de criminalización y represión a la protesta social. Las referencias a la protesta social como “extorsiones” por parte de la Intendenta Mónica Fein ante los cortes de calle o del Gobernador Antonio Bonfatti frente a los paros de estatales son la antesala a las causas judiciales. El procesamiento a Carlos Ghioldi y Eduardo Delmonte por solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la seccional Rosario de ATILRA ante el ataque de la patota; las causas a Oscar Yalasi y Sebastián Saldaña por la recientes tomas en ciudad de Santa Fe así como las causas abiertas a los vecinos que tomaron tierras en Villa Gobernador Gálvez; son una muestra de esta política represiva. Al respecto, merece mencionarse los sumarios y causas abiertas a estudiantes de la UNR por parte del Rector Maiorana quién, en cambio, no dudó en pagarle $30.000 al genocida Jorge Walter Pérez Blanco en concepto de “indemnización”.

La política de exclusión y criminalización impacta particularmente en los jóvenes de las barriadas populares. La trama de poder y complicidad tejida entre la Policía, la Justicia, Gobierno y Narcotráfico se cobra día a día la vida de jóvenes. Jere, Mono y Patóm el primero de enero de este año y César Oviedo, el 22 de junio, fueron una de las tantas víctimas de la guerra desatada por el control del territorio entre grupos de narcos.

Por todo eso decimos:

¡Basta de persecución y asesinatos de los luchadores populares!

¡Justicia por todos los caídos!

Compañeros y compañeras,

A poco de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, el juicio que en estos momentos se está desarrollando contra José Pedraza, su patota y los policías que participaron del crimen es una victoria absoluta de la inmediata y gigantesca movilización popular que recorrió (y recorre) todo el país. Tanto del plan criminal montado aquel 20 de Octubre, como de la tercerización de los trabajadores, son responsables la Unión Ferroviaria y los empresarios de Ugofe, con la complicidad de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y el gobierno nacional. El juicio a Pedraza es histórico, porque tenemos a uno de los responsables políticos de un crimen contra el pueblo tras las rejas y sentado en el banquillo de los acusados. Desde este acto reclamamos: ¡Perpetua a Pedraza! ¡Castigo a todos los responsables materiales, políticos y empresarios del crimen de Mariano Ferreyra!

Con la presencia y con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos.

Así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz, al servicio de nuestro pueblo, hoy estamos aquí, para seguir denunciando los crímenes contra el pueblo, para seguir luchando para conquistar un país sin opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros detenidos –desaparecidos.

Marchamos con vos, Julio, y exigimos al Gobierno tu aparición con vida YA!

Multisectorial Rosario

CTA Rosario – ATE – AMSAFE Rosario – Coad – Federación Universitaria de Rosario (FUR) – Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes – Centro de Estudiante de Cs Médicas – Centro de Estudiantes de Psicología – Centro de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – Multisectorial de Mujeres de Rosario – Comisión por las Libertades Democráticas – Asamblea Permanente DDHH – CEPRODH – Izquierda Socialista – Partido Obrero – PTS – PCR-JCR-CCC- Juventud CCC – Alde – MST – Frente Popular Darío Santillán – COMPA – Socialismo Libertario

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