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Jujuy: La Justicia dijo que no es aplicable la Ley 26.160
Por Fuente: El Tribuno de Salta -
Tuesday, Sep. 25, 2012 at 11:31 AM
Los Mendoza y la letrada del sucesorio de la "Estancia Cortadera" denunciaron que "los integrantes de la supuesta comunidad aborigen vienen de otros lados, no son tilcareños. Es más, la gente del pueblo como la familia Tolaba, Roso, Chañi, Yurquina, la familia Cruz y Zambrano han sido violentados en sus derechos justamente por este grupo, porque tienen la manera de conducirse usando la violencia para arremeter en las propiedades ajenas, amedrentando a la gente, golpeándola, quemando sus viviendas para que abandonen el terreno y ellos apropiarse. Esta es una conducta reiterada y no lo decimos nosotros, sino son esas familias que lo manifiestan en un acta notarial donde se autoconvocaron para acompañarnos. Ellos fueron testigos de la usurpación producida en agosto, donde se les pidió que se retiren, pero se produjeron algunos forcejeos. Ante el reclamo legal se produjo un impasse y luego volvieron a ingresar el 11 de septiembre”.
En esta última usurpación realizada a la familia Mendoza introdujeron las carpas, lo que indica claramente que no existe posesión. La madre de los Mendoza, Narcisa Quispe de Mendoza, se encargaba de dar en arriendo parte de la estancia, y la gente la reconoció siempre como propietaria, además de los actos posesorios realizados por ellos a lo largo de esos años que tienen por sus ancestros, que demuestran que fue continua e incluso viven allí.
Citro señaló que "el fiscal de la causa, el doctor Maldonado, ordenó a esta comunidad retirarse, atento a las pruebas presentadas justamente por los Mendoza, y a la comunidad, que no presentó nada que avale sus derechos en la causa, el fiscal tomó esta determinación conforme a derecho, de pedirles el retiro de esa propiedad. Esta gente niega retirarse y en este caso ahora realizan todas estas maniobras de cortes de ruta".
Apuntó que "la orden de retiro está dada por la denuncia penal del 11 de septiembre, porque están acreditados los hechos tal cual estamos manifestando, pero no se hace efectiva a través de la fuerza pública. Nosotros les decimos que tienen que acreditar sus derechos sino deben ser retirados con la denuncia penal y el desalojo. Ellos se basan en la Ley 26160, pero no es aplicable en este caso, como la Justicia Civil lo ha dicho”, subrayó.
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