Organizaciones Mapuche y chilenas realizan consulta formal a ONU por incumplimiento
Por Fuente: Mapuexpress - Thursday, Sep. 27, 2012 at 10:05 AM

Resulta paradojal que el Estado chileno reconozca "derechos históricos" sobre la propiedad de las cuotas extractivas de pesca al sector de las mega empresas industriales, los cuales datan del 2001, no así al sector de los pescadores artesanales, ni menos a los pueblos originarios, cuya presencia documentada en relación con la ocupación del borde costero y el acceso y uso a los recursos marinos en las actuales áreas costeras de la república de Chile, datan aproximadamente diez mil años.

Organizaciones del Pueblo Mapuche y de la ciudadanía chilena realizaron una consulta formal al Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, respecto a la consulta a los pueblos originarios que debe implementar el Estado chileno en el actual proceso legislativo que intenta modificar la actual Ley de Pesca con objeto de entregar de manera gratuita e indefinida la propiedad del patrimonio pesquero nacional a siete familias de industriales pesqueros.

En este proyecto de ley, ni en las demás normas que han complementado o modificado la legislación desde 1990, jamás se ha hecho mención alguna a los pescadores de pueblos originarios, ni a la protección de los recursos y ecosistemas que existen en los territorios marino costero indígenas.

Además, este proyecto de ley no contempla ningún tipo de compensación por la extracción de los recursos hidrobiológicos (peces, algas, moluscos y crustáceos, entre otros) por parte de terceros no indígenas desde los territorios de los pueblos originarios.

DIEZ MIL AÑOS NO ES NADA...

Esta situación en que el gobierno de Chile y el parlamento violan los derechos e intereses de los pueblos originarios, ocurre a pesar de la existencia de registros que dan cuenta de la presencia, acceso y uso a los espacios del litoral marino costero y sus recursos por parte de los actuales pueblos vivos Mapuche, Kawesqar y Rapa-Nui, entre otros, desde hace cerca de 10 mil años.

Según el documento presentado por el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche, el informativo Mapuexpress, la Cooperativa y el Sindicato de pescadores de la localidad costera de Queule y el Centro Ecocéanos, el proyecto de ley que se tramita en el Senado permite que “los actores titulares de autorizaciones industriales accederán a los recursos mediante cuotas individuales transferibles en aquellas pesquerías que están plenamente explotadas y administradas con cuota global de captura”.

En este contexto se otorgará una licencia de carácter transable e indefinida de pesca a los actores que ejerzan esfuerzos de pesca industrial al momento de la entrada en vigencia de esta ley. Ella le permitirá comprar, vender, transferir, arrendar e hipotecar las cuotas de pesca a sus propietarios.

Frente a este proceso de reestructuración forzada, autoritaria y excluyente del sector de los recursos pesqueros impulsado por el Gobierno y el Parlamento, “resulta paradojal que el Estado chileno reconozca ‘derechos históricos’ sobre la propiedad de las cuotas extractivas de pesca al sector de las mega empresas industriales, los cuales datan del 2001, no así al sector de los pescadores artesanales, ni menos a los pueblos originarios, cuya presencia documentada en relación con la ocupación del borde costero y el acceso y uso a los recursos marinos en las actuales áreas costeras de la república de Chile, datan aproximadamente diez mil años”.

La entrega de las cuotas de pesca indefinidas y transables es “una especie de derecho de propiedad sobre recursos que existen en las costas indígenas, beneficiando principalmente a los grupos industriales que actualmente controlan la actividad”.

DESCONOCIMIENTO DE LEGISLACION INTERNACIONAL

En la elaboración de este proyecto que modifica la actual legislación e institucionalidad pesquera, como se señala en el mensaje presidencial, se tuvo presente distintos instrumentos pesqueros internacionales, tales como el Código de Conducta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), la Resolución sobre Pesca Sustentable de Naciones Unidas, y la Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del Océano Pacífico Sur, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte del Congreso Nacional. Sin embargo no se ha tenido presente en la elaboración, ni el tramitación de este proyecto de ley, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas, ambos instrumentos ratificados por el Estado de Chile, que lo obliga a consultar a los pueblos originarios este tipo de modificaciones legislativas.

Frente a esta situación, Sergio Millaman, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche, afirmó que “esperamos un pronunciamiento del Relator especial de Naciones Unidas, en el mismo sentido que el Año 2009. En esa ocasión, a propósito de la propuesta de reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, el relator fue claro en señalar que el Gobierno y el Congreso tienen el deber de consultar en forma adecuada a los pueblos indígenas, respecto de medidas legislativas que los afecten directamente. Esto es en forma previa, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones representativa de los pueblos indígenas, y lo más importante deben consultar con la intención de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos afectados”.

Millaman agregó que “claramente en la tramitación de la reforma de la Ley de Pesca, no se ha cumplido este deber y constituye una nueva violación a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado chileno, específicamente de los diputados y senadores, que nada han hecho por detener la tramitación de esta ley y cumplir con su deber de consultar a los pueblos indígenas”.

“Este proyecto de ley tiene que ser consultado porque fecta los recursos y actividades pesqueras de los pueblos indígenas, lo que constituye una grave amenaza al desarrollo y supervivencia de las comunidades originarias. Esperamos una pronta respuesta del relator a nuestra denuncia, y que el Estado la acate, y no siga amenazando los derechos humanos de los pueblos indígenas”, puntualizó Millamán.

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