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¿Qué nos quieren ocultar?: El CIADI y los TIBs en el Proyecto de reforma del Código Civil
Por Trudi Nagel - Thursday, Sep. 27, 2012 at 10:15 PM

Llama poderosamente la atención que en la difusión de los debates sobre la reforma del Código Civil y Comercial y su unificación, esté casi ausente lo referido al CIADI (Centro Internacional para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), y a los TIBs (Tratados Bilaterales de Inversión).

El Anteproyecto de reforma y unificación fue elevado por el Gobierno al Senado para ser evaluado por una Comisión Bicameral. Varios juristas presentaron ponencias con sus opiniones y propuestas:

Según el Ab. Javier Echaide "El CIADI es un organismo internacional que funciona dentro de la órbita del Grupo del Banco Mundial…Se trata de un centro que forma tribunales arbitrales internacionales para que diriman controversias que entablen inversionistas extranjeros contra los Estados donde han radicado sus inversiones". Los TIBs permiten a la empresa inversionista privada accionar contra el Estado huésped de la inversión ante foros internacionales como el CIADI. Cuando finaliza el plazo por el que fueron suscriptos, su prórroga es automática por 10 años. La Argentina tiene 58 tratados, 54 firmados por Menem y 4 por De la Rúa. El valor total de las demandas contra nuestro país es de entre U$S 13.000 y 20.000 millones, el 37% del sector energético (petróleo y gas), el 22% del sector eléctrico, el 19% de aguas, más en otros sectores.

Además, las demandas solo pueden ser planteadas desde la empresa transnacional contra el Estado, pero no por éste contra la empresa, vale decir, con una total disparidad de derechos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que esos tratados vulneran los DDHH:

"Un informe del año 2003 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió de las incompatibilidades entre los TBIs y el correcto cumplimiento de los derechos humanos… y recomienda que, en la medida que los TBIs se refieran a cuestiones que afecten los derechos humanos, el Estado debe reglamentar para poder garantizar su cumplimiento…

… el Consejo de DDHH de la ONU recomienda equilibrar los derechos y las obligaciones de los inversionistas, fortalecer los mecanismos nacionales para evitar que la carrera para ganar inversiones conduzca a una carrera hacia las más bajas normas medioambientales y de derechos humanos, y que los países ricos cumplan su compromiso de proporcionar el 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) como asistencia oficial para el desarrollo de los países pobres (ONU, 2003). Las conclusiones de este informe no son consideradas por el CIADI ni por sus tribunales, como tampoco lo son otros tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana de los Derechos Humanos; o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que la Argentina no solamente se ha obligado internacionalmente en su cumplimiento sino que para ella tienen jerarquía constitucional según el art. 75, inc. 24 de la Constitución".

La Ab. Liliana Beatríz Constante se refiere a la inconstitucionalidad de lo propuesto en el Anteproyecto de reforma, y la fundamenta en que el articulado del Anteproyecto elude los requisitos y límites del derecho público nacional (jurisdicción, como máximo exponencial de soberanía). Tal el art. 27 C. N. que pone como condición la salvaguarda de ese derecho en su articulación con el art. 116 C. N. (ex 110). "…el acto de renuncia a la jurisdicción nacional, en la medida que produce infracción a la C. N., es nulo por inconstitucional".

En tanto la Ab. Stella Maris Biocca cuestiona el sistema de arbitraje del Anteproyecto, porque consagra a éste para cualquier tipo de conflictos, no importa cuáles sean las partes, considerando que seguir fomentando sin más trámite el arbitraje, es decir sin ningún tipo de control judicial o sometido a restricciones, juega a favor de los poderosos. Entiende que en materia jurídica, hay dos grandes corrientes, una como soporte legal del neoliberalismo, y la otra que le que otorga al Estado un rol regulador y de intervención frente a las distorsiones del mercado. Y los que fueron convocados para la reforma del Código son precisamente los que se inscriben en la línea de la corriente neoliberal.

Ante los innumerables casos de inversiones de empresas transnacionales (megaminería, agro, energía, etc., etc.) en nuestro país, es de importancia fundamental la claridad de lo que vaya a ser aprobado en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial.

Fuentes:

Jornadas de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (21/08/2012). En: Boletín "Al Dorso" – 29/08/2012 – En Internet

Biocca, Stella Maris, 2012: "La reforma del Código privatiza la justicia". Al Dorso. Entrevista FM La Tribu (25/08/12)

Biocca, Stella Maris, 2012: "Observaciones al Anteproyecto del Código Civil y Comercio de la Nación". Presentación por el arbitraje a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Constante, Liliana Beatriz 2012: Ponencia: "Arbitraje y Derecho Público" presentada ante la Bicameral para la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial.

Echaide, Javier I. 2012. Organismos internacionales y sistema mundial: El CIADI como mecanismo de seguridad jurídica para el capital transnacional (con especial referencia al caso argentino). Internet.



Trudi Nagel

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DECLARACION DE ATTAC ARGENTINA

Un debate necesario y urgente en Argentina: Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), sus bases, procedimientos y efectos en la vida de los pueblos.

Julio de 2012

ATTAC ARGENTINA celebra el retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión de denunciar el tratado que ataba a Venezuela a las decisiones de este centro de tribunales arbitrales formalizada en enero de 2012, se ha hecho efectiva el pasado 25 de julio.

Venezuela cancela así su pertenencia al CIADI en un momento donde aún están pendientes de resolución los procesos en su contra iniciados por empresas transnacionales como la minera ruso-canadiense Rusoro y la petrolera norteamericana ConocoPhillips. De hecho, la salida del CIADI no supone el final de los arbitrajes en las controversias presentadas ante el mencionado organismo, tal como lo muestran los casos de Bolivia y Ecuador. Estos últimos países recibieron demandas de empresas transnacionales luego de que formalizaran su retiro del CIADI en 2007 y 2010, respectivamente. Esta medida viene de la mano de la estrecha relación entre el CIADI y los TBIs (Tratados Bilaterales de Inversión) que entre sus cláusulas define que las inversiones siguen siendo protegidas aún después de la denuncia del tratado, por un período de 10 a 15 años luego de la fecha de terminación (cláusula de ultra-actividad). Se pone así en evidencia la perversidad tanto del CIADI como de los TBI que fueron creados para la defensa de los intereses de las empresas y no de los pueblos.

Asimismo, el retiro de estos tres países latinoamericanos muestra la falacia del discurso que sostiene que salirse del CIADI provoca el retiro de inversiones extranjeras de un país. En ninguno de los casos este retiro significó un derrumbe en las cuenta corrientes de estos países. Incluso nuestra región muestra también casos que rompen con este argumento, como ser el caso de Brasil que nunca fue miembro del CIADI y tampoco se ve ante la "amenaza de verse desfinanciado".

ATTAC ARGENTINA sostiene la necesidad a de que se instale el debate acerca del rol del CIADI en nuestro país tendiente a una resolución similar de retirarse del CIADI. La Argentina ha sido el país que más demandas ha recibido en el mundo ante el CIADI por parte de empresas transnacionales. Los casos presentados ponen en evidencia que el sistema del CIADI ha servido como restricción de las políticas públicas o de los mecanismos de control sobre las empresas privatizadas, tal como lo demostró el caso de Aguas Argentinas en donde su principal accionista, la norteamericana Azurix (asociada de Enron), le ganó a nuestro país su demanda por 160 millones de dólares, a pesar de haber incumplido con las inversiones que la misma se había comprometido realizar en el contrato de concesión al asumir el control del servicio de agua potable y saneamiento de la zona metropolitana de Buenos Aires.

Nuevas decisiones soberanas de Argentina, como ser la expropiación del 51% del capital accionario de Repsol de la empresa YPF, también son objeto de amenazas por parte de la transnacional española sobre demandar a nuestro país, una vez más, ante el CIADI por sentirse "discriminada" por la expropiación realizada por el gobierno nacional, aun cuando son probados los manejos especulativos y depredadores por parte de dicha empresa.

Ejercer una verdadera política soberana a favor de los pueblos resulta imposible en caso de seguir atados al convenio del CIADI. Esto resulta claro en los casos vinculados al cuidado del medio ambiente, donde las empresas transnacionales (como las mineras Barrick Gold y Osisko) son quienes aportan los capitales mayoritarios. En caso de políticas desfavorables para sus inversiones, estas empresas pueden recurrir al CIADI amparándose en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados por Argentina con los países de donde provienen dichas inversiones o donde se encuentran sus casas matrices. De este modo, no es posible sostener una política medioambiental a largo plazo que proteja nuestros bienes comunes o incluso tener una política de control soberano y responsable sobre nuestros recursos naturales.

Es por ello que ATTAC ARGENTINA expresa la urgencia de que nuestro país se retire del CIADI, como así también, la necesidad de declarar nulos los Tratados Bilaterales de Inversión. Con este fin estamos impulsando el desarrollo de una Campaña Nacional contra el CIADI y los TBI, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales a nivel nacional y global. Invitamos a incorporarse a todas aquellas organizaciones y movimientos populares que defienden la soberanía del pueblo sobre sus bienes comunes y su derecho a la implementación de políticas que operen en su beneficio y no a favor de los de las corporaciones transnacionales.

ATTAC ARGENTINA

Domicilio: Montevideo 31, 2do piso. Capital Federal - Tel: (011) 4381 - 5574 - Mail: attacargentina@gmail.com

Página web: http://www.attacargentina.com.ar

CONTACTOS DE LA CAMPAÑA:

Luciana Ghiotto: 11 – 40239677 - Javier Echaide: 11 - 40239299

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CHARLA-DEBATE
Lunes 1° de Octubre a las 19 hs – ATE Rosario (San Lorenzo 1879)

Ab. Javier Echaide

Abogado (UBA), Docente Universitario (UBA y UNLZ), Miembro de ATTAC-Argentina.

Prof. Sergio Arelovich

Economista. Docente Universitario (UNR)

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CIADI


JUSTICIA A LA MEDIDA

DE LAS TRANSNACIONALES



Un debate entre seguridad jurídica, derechos humanos, ambientales y soberanía de los pueblos, en el marco de la actual coyuntura internacional y nacional.



En el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) Argentina firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) y su Parlamento ratificó casi todos (54). Los TBIs cumplen, escrupulosamente, con las exigencias del poder económico transnacional.

HASTA AHORA, NADA SE HA HECHO PARA DENUNCIAR ESTOS TRATADOS Y, PARA NO VOLVER A NEGOCIARLOS.

Todos los acuerdos de libre comercio tienen en su esencia una protección extralimitada de la inversión extranjera directa (IED) como si esta fuera la panacea del desarrollo y de la generación de riqueza.

Todos ellos derivan la competencia de resolver conflictos entre países y empresas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Eliminan, sistemáticamente, la participación y los mecanismos de vigilancia de los pueblos y de los sectores sociales, directamente, afectados. Conllevan una definición muy amplia de inversión, lo que implica que hasta la aplicación de una norma nacional puede ser considerada un atentado a la inversión. El sistema capitalista, de esta manera, se ha legitimado mediante una legislación internacional que favorece el lucro de las transnacionales.

La política entreguista de sucesivos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, hasta el presente, ha dado por resultado que existan ahora numerosas inversiones extranjeras en el agro, en la minería, en el petróleo, etc. todas protegidas por los Tratados Bilaterales de Inversión y en caso de litigio, amparadas por los Tribunales Arbitrales del CIADI.

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ORGANIZA


LLAMAMIENTO POR LA UNIDAD

ATTAC – Casa de la Memoria – UMS – M.a.iz. – MULCS – PRT – PCT – Radio Popular “Che Guevara”

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