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Critican pérdidas de derechos en el proyecto de Código Civil
Por Fuente: Uno Entre Rios -
Monday, Oct. 01, 2012 at 12:22 PM
Cuestionan que el nuevo texto elimina legislación de comunidades indígenas, el acceso al agua potable, limita el carácter público de la costa ribereña y cercena planteos colectivos ambientales.
A las críticas por la reducción de 35 a 15 metros del denominado camino de sirga que informó UNO durante esta semana, se suman voces en reclamos por cambios en el proyecto de Reforma del Código Civil.
En el marco de las audiencias que se realizan en distintas provincias, se cuestionó también la eliminación derechos humanos como el “acceso al agua potable” y los “daños a los derechos de incidencia colectiva”, y la falta de reconocimiento a los pueblos originarios.
Habrá que aguardar si la federalización del debate significará que serán tenidas en cuenta las propuestas de cambios en el proyecto oficial.
La última audiencia pública se realizó el viernes en Corrientes, sede del debate organizado para la región Noreste argentina (NEA) que incluye a Entre Ríos.
En ese marco se dispararon voces de advertencia a aspectos dejados de lado o cambios introducidos en el nuevo Código Civil. Acceso al agua potable, daños ambientales colectivos, camino de la Sirga y pueblos aborígenes, todos temas sensibles en Entre Ríos. Por ejemplo, las extensas costas de ríos en la provincia –muchas hoy en irregular situación– podría restringirse aún más, perdiendo la provincia su particular encanto y atractivo.
Conceptualmente, en términos del presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina Enrique Viale, el nuevo corpus legal plantea “una mercantilización de la naturaleza”.
“El retroceso más grave se realiza sobre los derechos de los pueblos originarios”, citó en diálogo con UNO.
Según explica, el proyecto “equipara a las comunidades indígenas con entidades civiles, porque les pone obligación de tener estatuto, para ser aprobado, pese a ser comunidades preexistentes”.
“Se trata de una visión privatista que intenta regular la cosmovisión indígena y su relación con las cosas, con la naturaleza”, aportó.
En Entre Ríos hay diseminadas 17 comunidades indígenas, en zonas como Maciá, Villaguay, en la colonia de Federal, Concordia, Santa Ana, Chajarí y Victoria.
En el marco del cronograma de audiencias públicas, que continuará esta semana en Córdoba, se repitió como rechazo a este situación “la falta de consultas a los pueblos originarios”. Y en líneas generales se denuncia la reducción de sus derechos, al carácter de un inmueble, por lo que se dejan atrás legislaciones favorables obtenidas a lo largo de décadas.
“Creemos que la reforma merece una discusión más amplia, que deber representar los nuevos paradigmas de una nueva relación de nuestra sociedad con la naturaleza, en el marco de un proceso de desmercantilización de la naturaleza”, planteó Viale.
El letrado justificó las críticas sobre el nuevo texto al sostener que justamente, “no vemos ese espíritu” en el nuevo paradigma.
“Hay una intención de alejar de la naturaleza, de considerarla un objeto; a contramano de ello, creemos que la naturaleza no es una cosa susceptible de apropiación”, planteó el letrado: “Nos contraponemos a que todo se puede comprar”.
Y marcó la necesidad de pasar del concepto de “recursos naturales” al de “bienes comunes, que se maneja en el ideario de Latinoamérica.
Opinión
La denunciada “visión privatista” asoma en aspectos cuestionables como los cambios en el denominado Camino de la Sirga, que pretende llevarse de 35 a 15 metros. En el artículo 2.369 Código Civil actual se establece que “cualquier propietario ribereño, sea el
Estado o un particular, está “obligado” a dejar una calle pública de 35 metros de ancho a lo largo del río o lago”, impidiendo la apropiación privada de la ribera. Así, los propietarios o quienes usufructúan áreas ribereñas, no pueden tener más derechos que el resto de los ciudadanos.
Sin embargo, la nueva norma pretende cercenar a 15 metros, eliminando con esas distancias toda posibilidad de su uso como espacio recreativo y turístico.
“En todos los planteos realizados en las audiencias no encontramos justificación o fundamentos para tal decisión”, añadió Viale.
Lo mismo sucede con la eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable y el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva. En ese punto, los defensores del proyecto sostienen que “el derecho al agua ya lo fija la Constitución y son las provincias las que lo deben legislar”. Y en cuanto a los demandas colectivas, las críticas surgen por el freno o retroceso que implica la imposibilidad de presentaciones de vecinos o pueblos ante acciones que atenten contra la naturaleza.
Puntos críticos
Las comunidades indígenas son reducidas a entidades civiles.
El camino de sirga se reduce de 35 a 15 metros.
Se eliminó el acceso al agua potable como un derecho humano.
Quita la posibilidad de hacer acciones colectivas en materia de medio ambiente, y de defensa de usuarios y consumidores.
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