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La seguridad en discusión
Por Joaquín ((I)) - Wednesday, Oct. 03, 2012 at 11:18 AM


Mientras el proyecto para la conformación de la Policía Judicial busca la media sanción en el Senado bonaerense, el proyecto para limitar las excarcelaciones prepara su entrada en la Cámara de Diputados. Mientra el primero es apoyado por distintas organizaciones de Derechos Humanos , el segundo es fuertemente rechazado. En este contexto, el gobernador Daniel Scioli ha reafirmado en su lugar al Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, y al Jefe de la Policía Hugo Matzkin, tras los cuestionamientos recibidos por la comisión del Senado que investigó el caso Candela.


En la provincia de Buenos Aires, la seguridad se ha convertido nuevamente en un eje debate, esta vez a partir de las discusiones en la Legislatura. Alrededor de la puja entre el kirchnerismo y el sciolismo, se encuentran contrapuestas las miradas acerca de las políticas públicas a seguir en la materia.

El poder ejecutivo llevó a la Legislatura el proyecto de ley para la creación de la Policía Judicial a fines del 2011, tomando el texto elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como modelo. El mismo llegó recientemente al Senado tras varios meses de debate a largo la provincia en foros públicos que contaron con la participación de funcionarios judiciales y organismos de Derechos Humanos.

La CPM fue impulsora de la creación de la fuerza. A través de la conformación del espacio Convergencia para la Democratización de la Justicia conformado por diversos referentes políticos y sociales, canalizó sus aspiraciones para este cuerpo en14 puntos claves. Los mismos serían tomados luego para la redacción del proyecto de ley elaborado por el ejecutivo Entre los puntos mencionados se encuentra la profesionalización de quienes la compongan, la exclusiva dedicación del cuerpo a la investigación de los delitos complejos, que se encuentre bajo la órbita del Poder Judicial, que este bajo la gestión de la sociedad civil, que sea democratica y desmilitarizada.

A partir de su arribo al Senado, las comisiones volcaron los primeros cambios y postergaron el debate previsto para el jueves 30 de septiembre, para la sesión del 4 de octubre. Entre las mismas se encuentra el cambio en nombre de la fuerza, que en lugar de llamarse Policía Judicial, será denominado como “Cuerpo de Investigadores Judiciales” ante el reclamo de los organismos de Derechos Humanos.Sin embargo, la CPM manifestó su preocupación por la modificación en el mecanismo de selección de personal. El proyecto presentado por el organismo, contemplaba la selección a través del análisis de los pliegos en audiencias públicas, pero el sciolismo dispuso que “personal de la Policía Judicial, será designado por la Suprema Corte de Justicia a propuesta de la Procuración General y en base a las ternas que eleve el jurado al efecto”. Otra de las modificaciones en el proyecto fue en las competencia, donde se le incluyó la investigación de delitos dolosos.

Lo impulsores de esta ley apuntan por sobre todo a que la misma se constituya como el inicio de un cambio de paradigma, que acabe con “la demagogia punitiva”. En este sentido, Rodrigo Pomares del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, definió a la “demagogia punitiva”: “Está basada en una lógica bélica, digamos una lógica donde a través de construir un escenario violento desde lo simbólico, magnificar el escenario violento en la provincia y en el país, se combinan una serie de discursos muy efectistas, respuestas fáciles a situaciones complejas que desencadenan en políticas públicas a través de discursos simples.”

Ésta declaración fue realizada a principios de agosto, se adelantó por tres semanas a la presentación del proyecto para limitar a las excarcelaciones que Scioli presentó el 5 de septiembre en la Cámara de Diputados, mientras la conformación del “Cuerpo de Investigadores Judiciales” ingresaba al Senado.

Nueva reforma al CPP

El proyecto de Scioli consiste en prohibir la excarcelación de aquellas personas que con portación ilegal de armas se resistan a un operativo policial. Esto se realizaría a través de la modificación del artículo 171° del Código Procesal Penal (CPP) que actualmente, dicta lo siguiente:

ARTICULO 171°: Denegatoria. En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148°.

La modificación de Scioli se predispone a agregar un nuevo párrafo:

"Tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento."

Tras su presentación, la semana pasada la Comisión de Seguridad aprobó el despacho, con los votos de los diputados del sciolismo, Unión Celeste y Blanco, y Pro Peronismo. El resto de los integrantes de la comisión no se expidió en lo referente al tema – incluyendo a los diputados del FPV, entre ellos Fernando Navarro del Movimiento Evita- , a excepción del diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín. El mismo realizó un dictamen en minoría, donde aconsejó el rechazo del proyecto y propuso la realización de una audiencia pública para discutir las diversas reformas que ha tenido el CPP desde 1998.

El diputado realizó una extensa fundamentación acerca de su postura. Sostuvo que “la iniciativa dista de ofrecer soluciones y constituye un nuevo disparador del uso abusivo de la prisión preventiva y su deformación como medida cautelar dentro del proceso”. Es así que señala que “la inexistencia de delitos inexcarcelables, contraría la normativa internacional y constitucional en la materia”.

De esta manera, recupera el argumento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que sostiene que “la detención preventiva de una persona es una medida excepcional de naturaleza cautelar y no punitiva procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia

Acorde al diputado de Nuevo Encuentro se manifestó también el Director General del Comité Contra la Tortura, Roberto Ciprian ante la presentación del proyecto. Señaló que la medida sólo contribuiría para agravar la crisis carcelaria, donde el 65% de los detenidos no posee una condena firme y espera el juicio tras las rejas. A esto se le debe sumar las condiciones inhumanas de detención con un sistema sobrepoblado: en 60 cárceles y alcaldías con 18600 plazas, hay 27991 detenidos. Por otro lado, hizo hincapié en que esta modificación refuerza el poder de la policía para el armado de causas, ya que el “plantar rmas” se ha constituido como una práctica común, y afirmó que la modificación “haría más efectiva esta práctica ilegal”.

A su vez, en referencia al argumento oficial de que se trata de una ley que buscaría reducir el circuito ilegal de armas, respondió que “no hay políticas estructurales tendientes al desarme, a combatir ese tráfico ilegal que mueve millones al año”. También agregó que “las redes delictivas que trafican armas no son cuestionadas o perseguidas por el sistema penal”.

También se expidió sobre el asunto la abogada Sofía Caravelo, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Ella afirmó que “siempre que aparecen olas represivas, u olas discursivas en torno a lo represivo, eso se traduce tanto en el sistema penal como en el proceso penal”. Caravelo señaló que, a nivel del Código Penal, hay un proyecto de ley que está tomando todas las reformas que hubo en todo este tiempo, para observarlas de forma integral e incorporar otras miradas. En este sentido afirmó que “nos parece que es importante participar de esas instancias de discusión, que no vayan en un sentido represivo, si no al contrario, que vayan en un sentido garantista; que piense al derecho penal como última instancia que se aplica, pero que se aplica, que se visibilice delitos que tengan que ser visibilizados, y no otros que no tengan importancia político criminal”.

Los narcopolicías y la Justicia complice

Una semana después de presentado el proyecto para limitar las excarcelaciones, una comisión especial del Senado, encargada de evaluar la labor policial y judicial en el caso Candela, presentó su informe. El mismo desnudó la vinculación de oficiales de la bonaernse con el narcotráfico, en el secuestro de la niña de 11 años en agosto de 2011. Si bien en el informe no se nombró al Ministro de Seguridad y Justicia, este era el sujeto tácito del documento. De todas maneras, el texto no escatimó en pedir exoneraciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos la del Jefe de la Policía, Hugo Matzkin. Su nombre lo acompañaba una extensa lista de oficiales, que la comisión, también recomendaba su exoneración.

Entre las conclusiones del informe, se señaló que

  • -“el espectacular accionar policial (…) tuvo como objeto responder a la presión mediática”

  • -“las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato” (…)

  • -“la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de los narcosecuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía.

  • -“la policía trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos”.

  • -“el accionar de la Mesa de Crisis, fue dirigido fundamentalmente a dar respuesta a los medios y a la población, mientras se desarrollaba una operación paralela destinada a la recuperación de la niña por fuera de la investigación judicial”.

  • - “el Fiscal interviniente dejó en manos de la Policía la conducción de la investigación y consintió el armado de la causa” (…)

  • -“En el caótico expediente judicial encontramos la prueba de la vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la Policía”.

  • -“todos los testimonios y evidencias son coincidentes en señalar que se malogró insalvablemente la posibilidad de levantar evidencias físicas por parte de los peritos, dado que no se preservó la escena donde aparición del cuerpo”…

  • -“el lugar fue invadido por una multitud de funcionarios políticos, policiales y familiares”.

  • - “Deficiente intervención de la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y Justicia para investigar a policías que estaban sospechados públicamente como policías vinculados al narcotráfico

El informe no sólo se centró en las responsabilidades del Poder Ejecutivo, por lo que también aconsejó denunciar penalmente al Fiscal General de Morón, iniciar el proceso de remoción del Fiscal y demás funcionarios, al igual que al Juez de Garantías y uno de los defensores intervinientes.

El apoyo y la continuidad

Inmediatamente tras el informe, el gobernador Daniel Scioli mostró su respaldo al jefe de la policía y al Ministro de Seguridad, mostrándose con ambos en diferentes actos: el 14 de septiembre con su ministro en un operativo con secuestro de drogas, y el 20 con el Jefe de la Policía en un acto. Sin embargo, otro embate llego la semana pasada cuando el diputado Walter Martello de la Coalición Cívica realizó un pedido de juicio político a Ricardo Casal por su responsabilidad en el caso Candela, argumentando con los resultados del informe de la comisión.

En dos años de gestión, el ministro ha enfrentado diversos cuestionamientos sin que ninguno lograra una inestabilidad real en su puesto . Ni la falta de avances en el caso de Luciano Arruga, ni los jóvenes asesinados en León Suárez pudieron tumbar a Casal. Menos aún pudo la represión de la bonaerense a La Cámpora en el inicio de la sesión parlamentaria que condujo a la desafectación de un grupo de oficiales, a un motín del cuerpo de infantería, y un posterior reingreso de los agentes a la fuerza. A pesar de que el pedido de juicio político aún no tuvo mayores repercusiones, todo parece indicar que Casal sobrepasará esta nueva tormenta, una más en dos años y medio de gestión. Pero no resite sólo en su puesto, sino reafirmando el apoyo a su policía. La cúpula de la fuerza bonaerense también se ha mantenido intacta, pese a la larga lista de exoneraciones que solicitó la comisión del Senado. Sin cambios de gabinete a la vista, ni reformas policiales en el horizonte, la política de mano dura resiste una vez más.

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