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"Dicen que tienen que hacer una política de austeridad"
Por Candela ((i)) - Tuesday, Oct. 09, 2012 at 11:53 PM
cmilaplata@gmail.com

Hacia mediados del corriente año, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en la cartera educativa un “plan de austeridad”. La responsable de la Dirección General de Cultura y Educación, la economista Nora De Lucía aseguró que las medidas gubernamentales eran un “reordenamiento de los recursos”. Sin embargo, quienes trabajan todos los días en la Dirección, denuncian que se está llevando adelante un recorte y un ajuste en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Luego de tomar por once días la DGCyE, se llegó a un acuerdo el cinco de octubre; pero pocas horas después en declaraciones radiales, De Lucía echó por tierra lo pactado. Actualmente, la Junta Interna de ATE Educación se encuentra a la espera de que sean respetados los acuerdos salariales. Un recorrido por el conflicto da un panorama de la situación que todavía mantiene tensionada a la DGCyE.

Foto de archivo

"Dicen que tien...
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El plan de austeridad apuntó contra el ausentismo docente, el cual aseguraron que se trataba de un 24%. Sin embargo, el 9 de agosto Silvina Gvirtz quien encabezaba la Dirección renunció tras denunciar un plan de ajuste y recorte salarial. A esta secuencia le siguió la designación de la economista y reconocida sciolista, Nora de Lucia. Este desembarco demostró el giro economicista que había tomado la Provincia para luego concretar un recorte del 10% en las horas extras, viáticos y compensación de los auxiliares, seguido por el despido de 126 precarizados  y 14 trabajadores del área de Contralor Docente –encargados de la liquidación de los sueldos-. De Lucía negó el ajuste, en tanto que calificó las medidas como “un reordenamiento” ya que habían encontrado una serie de irregularidades tales como sueldo adicional por 14 o 15 horas extras.

La puja salarial por la cuestión de las horas extras y los viáticos, hace poner en cuestionamiento la problemática conocida en la ciudad platense por ser el centro administrativo de la provincia. El salario básico en la DGCyE es de alrededor de $1500. El resto, hasta completar $ 3500 son bonificaciones, la mayoría de ellas no remunerativas. Eso significa que las horas extras y los viáticos son compensaciones al sueldo de los trabajadores y trabajadoras que no serán contemplados en la jubilación de los mismos. “Algunos agentes perciben más, otros menos y otros ninguna, pero son la respuesta histórica de los diferentes funcionarios al reclamo de los trabajadores por un salario digno”. Además, tal como asegura la Junta Interna, la carrera administrativa está suspendida en la Dirección, por lo tanto no hay posibilidades de ascender o que la antigüedad se refleje en lo cobrado. “Por estos mismos acuerdos históricos, las horas extras no se trabajan, ya que son compensación salarial”.

‘No vamos a convalidar excesos’

El 27 de septiembre se realizó la primera reunión con las autoridades luego de la medida de fuerza. El resultado fue negativo: los gremios aseguraron que los funcionarios no llegaron con una nueva propuesta y la provincia denunció judicialmente a trabajadores y trabajadoras enrolados en la "Agrupación 11 de Septiembre".

Las autoridades aseguraron que luego de que fracasara la negociación tuvieron que esperar cuatro horas para salir custodiados del edificio.  Nora De Lucía declaró que "no podemos ser rehenes de mil personas que hoy están impidiendo el acceso a una sede pública".  Luego, en un comunicado los y las estatales dijeron que “más de 2000 trabajadores nos mantenemos firmes, pacíficamente y con la clara convicción de que el reclamo contra el ajuste es legítimo, justo y del conjunto de los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación”. Y denunciaban que “cientos de policías de infantería se apostaron en las diferentes entradas del edificio, en clara actitud intimidatoria hacia los trabajadores.”

En asamblea deciden tomar la Dirección

Al conocerse la noticia de los despidos, alrededor de dos mil trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Cultura y Educación organizaron una asamblea donde concluyeron que el edificio sería tomado. El 25 de septiembre realizaron un abrazo simbólico e iniciaron la medida con un festival. Por su parte, las autoridades provinciales denunciaban judicialmente, días después, a algunos sectores de la toma por violencia física y verbal mientras que no podían llegar a acuerdos con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), quienes llevaban adelante la toma.

Al cese de actividades, también se plegó el sector de Informática de la Dirección. Esta decisión implicaría que no se liquiden los sueldos del mes siguiente, es decir octubre, lo cual profundizó la tensión del conflicto. En plena toma, el tres de octubre, el delegado de la junta interna de ATE en educación, Alejandro Moreno, aseguró que“si no se pagaran los salarios son 350 mil trabajadores, entre docentes, trabajadores de escuelas y trabajadores administrativos”. Ante esta situación el Ministerio planteó la posibilidad de tercerizar la liquidación de sueldos. “Dicen que hacen un recorte por que tienen que hacer una política de austeridad pero desviarían fondos estatales para pagarle una empresa para hacer un servicio estatal”, agregó Alejandro. A su vez, también denunciaban que a la par del plan de austeridad llevado adelante se había modificado la estructura incorporando nuevos cargos jerárquicos. Se designaron nuevos cargos directivos que contaban con sueldos de 20 mil a 30 mil pesos.

El 4 de octubre se realizó la última reunión entre los gremios y las autoridades, quienes cedieron a los reclamos de los estatales. La negociación tuvo siete acuerdos, los más relevantes tuvieron que ver con el cobro total de los  sueldos adicionales por horas extras y los viáticos correspondientes al mes de agosto, la reincorporación de los 14 despedidos y la regularización de los 126 tercerizados. Además se creó una mesa de negociación laboral con la Dirección General que comenzaría el 16 de octubre, a la par de otra mesa de negociación a nivel provincial para tratar los conflictos del área en los distintos distritos bonaerense. De esta manera los trabajadores y las trabajadoras decidieron levantar la toma.

“El recorte no se retrotrae”

Pocas horas después de la negociación, Nora de Lucía, en declaraciones radiales aseguró que no darían marcha atrás con las medidas tomadas. A su vez, las autoridades buscaron trasladar la oficina de choferes de la Dirección para instalar una garita policial.  Los choferes, cuya oficina esta sobre la calle 14, se encarga del traslado de funcionarios, de los niños y niñas de educación especial, hacen tareas de correo y de expediente. Además los empleados de esta sección fueron los primeros en tomar medidas. Anteriormente habían tomado la dirección de Automotores para luego sumarse a la toma del edificio central, siendo en total 23 días.

Ante el inesperado giro de las autoridades de la cartera educativa, la Junta Interna de ATE Educación citó una asamblea. Aseguran que las declaraciones de De Lucía fueron provocativas y el traslado de los chóferes una represalia, dado el papel activo de Automotores. En un comunicado declararon que la Directora “no está en condiciones, no tiene el poder para decir semejantes mentiras. No vamos a permitir que la ministra y todo su gabinete continúen con estas provocaciones, de ser así deberán dar un paso al costado, ya que el repudio de todos los trabajadores es absoluto.”

Ayer por la mañana,  los trabajadores y trabajadoras reunidos en asamblea votaron nuevamente las medidas a seguir. Teniendo en cuenta que todavía no se ha violado los acuerdos, esperarán hasta lunes 15 cuando deberían ser liquidados los adicionales en su totalidad tal como se pactó. “Cualquier violación o incumplimiento de lo acordado el día 5, entre los trabajadores de educación y las autoridades de la DGCyE, será motivo para la reanudación de las medidas de fuerza que, votadas en asamblea, los trabajadores consideremos pertinentes”, aseguraron.

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