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Puntos pendientes para el debate en Diputados del Cuerpo de Investigaciones Judiciales
Por Elisa ((i)) - Wednesday, Oct. 10, 2012 at 5:39 PM
cmilaplata@gmail.com

 

En el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto fue aprobado tras un acuerdo entre sciolistas y kirchneristas, pero con modificaciones al texto original. Desde la Comisión Provincial por la Memoria se hizo un balance positivo de lo aprobado pero tienen expectativa de que haya consenso en la Cámara Baja para rever puntos cruciales del proyecto.

Se espera que el jueves de la semana próxima se trate en Diputados el proyecto para la creación de un Cuerpo de Investigaciones Judiciales para la Provincia de Buenos Aires. El jueves 4 de octubre, el Senado lo aprobó por unanimidad, pero con modificaciones. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), impulsora del proyecto, hay expectativa por que se retroceda en los cambios efectuados por los Senadores, relacionados a la selección del personal, a su formación y a la creación de un ente de diagnóstico de la situación delictiva o criminal en cada territorio. Consideran que sin el mismo, es inviable plantear una estrategia que ataque a la estructura del delito, objetivo de fondo del cuerpo.

En la discusión legislativa emergieron las internas dentro del Frente para la VIctoria, y confrontaron posturas opuestas respecto a las políticas de seguridad. Así, la aprobación del proyecto en el Senado fue presentada por los medios de comunicación como un triunfo del kirchnerismo sciolista, en alianza con los bloques opositores, por sobre el de los senadores y sectores que responden a Gabriel Mariotto. Pese a ello, desde la CPM manifestaron que hacen una evaluación “positiva”. En diálogo con Radio Futura, Rodrigo Pomares, Director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, sostuvo: “Consideramos que lo que se aprobó sigue recuperando en un 90% la esencia del proyecto que presentamos”.


Las modificaciones


Mecanismo de selección

En primer término, se removió el mecanismo de selección a partir de audiencias públicas, poder que pasó de un Acuerdo en el Senado, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. No obstante, Pomares aseguró que hay  “consenso para revisar lo de audiencias” cuando se trate el proyecto en Diputados. Las audiencias implican un avance en la participación y control por parte de la ciudadanía, organizaciones y demás actores. Además, se proponen para la designación de todos los funcionarios judiciales, como jueces y fiscales, y como mecanismo de control de gestión en todas las áreas del Estado.


Formación
 A diferencia del texto original, el que aprobaron los senadores provinciales por unanimidad no preveé un instituto de formación y capacitación.

Observatorio Legislativo
El mismo actuaría en la puesta en funcionamiento del cuerpo. La aprobación de la ley en el ámbito legislativo es un primer paso importante pero luego viene la instancia de la implementación, que es necesario monitorear para que la misma sea acorde a la ley y en los plazos establecidos. Así, va a requerir: una primera etapa piloto, los recursos suficientes, mesura a que no se abra rápidamente a la investigación de otro tipo de delitos. Esto último es fundamental, “porque no terminaría investigando nada por el caudal de intervenciones que se le requeriría rápidamente”.

Dirección de Información Criminal
Es un ámbito de inteligencia para sentar las estrategias de intervención del Cuerpo. La misma tiene como función la evaluación de los requerimientos de intervención en base a índices delictivos y situación específica de la región. Dado que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales interviene en delitos complejos, rápidamente va a tener que abocarse crear un departamento de información delictiva o criminal. “Esto es algo que habíamos propuesto y que se desestimó” afirmó Rodrigo Pomares quien concluyó que “sin formación y sin estrategias claras de intervención no se llega a una buena investigación”. Sin embargo,afirmo que “suponemos que en diputados podría llegar a incorporarse esa previsión”.

Otros puntos importantes que fueron modificados son las “competencias” del Cuerpo. El artículo 4 ahora permite, a través de una cláusula transitoria, que las competencias se amplíen “gradualmente a otros delitos en función de las evaluaciones realizadas por la Procuración General de la Provincia”. Además, en la Cámara de Senadores se definió las condiciones excluyentes para integrar a la fuerza, tales como “haber sido excluido de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas”. En principio, las faltas sólo incluían aquellas relacionadas con las actividades dentro de esas fuerzas.

Dejar de echar nafta al fuego
El proyecto Cuerpo de Investigaciones Judiciales fue presentado por el Ejecutivo Provincial en diciembre de 2011, a partir de los 14 puntos consensuados entre diversos actores –organismos de derechos humanos, sindicales, del Poder Judicial, entre otros- del Acuerdo por una Seguridad Democrática. La celeridad con que avanzó el proyecto desde diciembre último sorprendió a los impulsores, ya que es una propuesta en discusión desde los ´60, y una deuda con el artículo 166 de la Constitución provincial. El proyecto en tratamiento nació de los debates en foros realizados este año en cada una de las secciones electorales de la provincia. Cuando se convierta en Ley, tardará al menos de cinco años para su implementación completa.

La creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales apunta a transformar el paradigma de seguridad que impera en la provincia, en la que las policías administrativas se encargan de la prevención y represión del delito, y en menor medida, de investigar, pero sin profesionalización, y sólo quedándose en los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Hasta ahora, “la demagogia punitiva” con el discurso de las constantes “crisis de inseguridad” ha logrado llevar adelante medidas que, en palabras de Pomares, “le echan nafta al fuego”. Es decir, que llenan las cárceles de pobres –la mayoría de los 27.991 presos y presas hacinados en el Sistema Penitenciario Bonaerense- sin hacer retroceder al delito.

El proyecto tiene como objetivo la creación de un Cuerpo independiente del Poder Ejecutivo, y vinculado pero independiente al Poder Judicial. Su administración dependerá de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, busca separarse de forma tajante de las policías administrativas, como la bonaerense, con una estructura y funciones propias. Por ello, no se alojará en el mismo espacio físico que la bonaerense o las Fiscalías. A nivel territorial, en las localidades, se prevé que funcionen en las dependencias judiciales.

En tanto, el año que viene, según lo que fija el proyecto, deben ponerse en marcha las pruebas piloto en el departamento judicial de Mar del Plata, y se deben designar directores y secretarios que son la estructura de dirigencia del Cuerpo. Asimismo, dispone que en 2013 se presente en las Cámaras legislativas un “informe estratégico de gestión”, lo que contribuye a que el Cuerpo no se implemente de forma arbitraria si no acompañado de una política criminal prevista por cinco años. Para la implementación, también se prevé una “junta de evaluación de los recursos existentes”. Es decir, los recursos de otra áreas del estado provincial que pueden incorporarse al a estructura del Cuerpo, como recursos tecnológico, entre otros.

 

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