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La Plata: 50 familias corren riesgo de desalojo
Por Joaquín ((I)) - Thursday, Oct. 11, 2012 at 2:14 AM
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Viven en el barrio “La Cantera,” ubicado en Hernández, desde hace cinco años. El Juez en lo civil y comercial, Daniel Jose Dipp ordenó el dealojo a fines de septiembre. Las familias presentaron un recurso de amparo, pero el mismo fue rechazado el 5 de octubre por el juez Francisco José Terrier, del mismo fuero. Denuncian la inactividad política y exigen una relocalización, antes de que se disponga la fecha del desalojo.



El 28 de septiembre el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 13, Daniel Jose Dipp, ordenó el desalojo del barrio ubicado en 514 y 27. En su fallo, manda que los organismos estatales correspondientes “arbitren todas las medidas tendientes a ubicar a los menores y sus grupos familiares que ocupan el inmueble a desalojar en lugares de habitabilidad y/o que abastezcan las necesidades de vivienda acorde a la estructura de los emplazamientos familiares desahuciados, asegurando su salud e integridad física“ .

Las familias del barrio presentaron un amparo solicitando la suspensión del desalojo,que cayó en manos del Juez en lo Contenciosos y Administrativo, Francisco José Terrier, del Juzgado N°3. El mismo se declaró incompetente y lo derivó al colega que había ordenado el desalojo, José Dipp. Sin embargo, Dipp también se declaró incompetente, determinando finalmente la Corte Suprema que la resolución a dictar sobre el amparo le correspondía al primer juez, Francisco Terrier.

Finalmente, el 5 de octubre, Terrier condenó el destino de las familias rechazando la medida cautelar y dando vía libre al desalojo.El magistrado se excusó sosteniendo que la suspensión del desalojo implicaría “una injerencia inaceptable en las facultades jurisdiccionales de otro magistrado”.

En este sentido, las familias señalaron que la responsabilidad ante lo que suceda, no es sólo judicial, sino también política. Enumerando las distintas instancias que intervinieron, indican que el ex – senador y actual Secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, presentó el 8 de junio de 2011 un proyecto de ley para la expropiación del inmueble ”a fin de ser adjudicado en propiedad a titulo oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construcción de vivienda familiar”. Sin embargo, el proyecto nunca salió de la Comisión de Tierras, y se encuentra camino a perder estado parlamentario, que sería el 12 de diciembre de 2012.

Por otro lado, sí avanzo otro proyecto de expropiación impulsado por Carlotto, lindero al barrio. Con apoyo de senadores y diputados de la oposición, el 10 de mayo de 2012, La Plata Fútbol Club consiguió la expropiación de sus terrenos. El club corría riesgo de perderlos a partir de una acumulación de deudas que habían llevado a órdenes de desalojo.

Indignadas, las familias sostienen que en un encuentro con el actual Secretario de Derechos Humanos, el mismo se desentendió del conflicto sosteniendo que al no ser senador, nada podía hacer. Sin embargo, les sugirió que escriban un carta al vicegobernador Mariotto que el mismo se encargaría de hacer llegar, pero de la cual nunca tuvieron respuesta.

Otra instancia que se involucró en el conflico, fue la Defensoría del Pueblo, cuyo titular Carlos E. Bonicatto, convocó a una mesa provincial. Sin embargo, sostienen que nunca avanzó y le recriminan el no haber presentado en ningún momento un respaldo judicial.

En desilución también se convirtió la conformación de una Mesa Interministerial Provincial, donde participaban el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Urbanismo Social, la Subsecretaría Social de Tierra, Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de La Plata. En esa instancia, conformada hace cuatro meses, aseguran que el titular registral ofreció un acuerdo para ceder las tierras. A cambio, debían realizarse modificaciones en el proyecto urbanístico de barrio cerrado que desarrolla lindante al barrio ocupado. Sin embargo, la propuesta de las obras que implicaban un costo estimado de $250.000, nunca avanzó y el titular desistió.

En un informe elaborado por las familias, estas sostienen que “el juez unicamete solicita la intervención del servicio local y zonal niñez, quienes manifestarán dar un abrigo a nuestros hijos, alejarlos de nosotros, o nos ofreceran ir a los albergues de situación de calle del Municipio donde ofrecen pasar la noche y durante el dia estar en la calle”.En este sentido, plantean que ante esta situación “nosotros resistiremos, no dejaremos nuestros hogares hasta que nos den un lugar donde poder reconstruir nuestros hogares”. Ante este nuevo estallido de la crisis habitacional que se vive en la ciudad, sostienen que “no tenemos miedo a morir luchando por nuestros derechos, tenemos miedo a perder nuestra dignidad junto con nuestros hogares.

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