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Ley de medios: el 7D ¿ganamos todos?
Por La Brújula Cooperativa de Comunicación - Thursday, Oct. 11, 2012 at 11:58 PM

Germán Mangione para Brujulacomunicación.com | A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como Ley de Medios, y a pocos meses del 7D (sigla alusiva al 7 de diciembre, fecha en que se pondría en vigencia la cláusula que obliga a la desinversión a los grupos que inflingen la ley) se ha reavivado el debate sobre la posibilidad de que en Argentina los medios de comunicación tiendan a fomentar un sistema que respete e impulse la “pluralidad de voces”.

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La disputa entre el gobierno (junto a su grupo de medios afines) y el Grupo Clarín parece ocultar la cuestión de fondo: después de tres años, la Ley de Medios no ha logrado ampliar el espectro de voces que conforman la comunicación en nuestro país y, mas allá de los spots, los deseos y los discursos, todo indicaría que después del famoso 7D, muy poco cambiará en favor de la inclusión de nuevas voces.

Uno de los principales argumentos en pos de la posibilidad de que se logre el objetivo por el cual muchas organizaciones y trabajadores la apoyaron, es que los pocos resultados visibles de esa “ampliación de voces” desde el 2009 para acá tienen que ver con las trabas impuestas a la aplicación plena de la ley.

Sin embargo, durante estos años en los cuales se ha puesto en discusión la desmonopolización de los medios, el rol político que ocupan, etc., son algunas cuestiones, que ni siquiera la Ley de Medios puso en discusión, las que impiden creer que en el breve plazo la Argentina disfrutará de una comunicación plural, diversa y democrática.

La libertad de conciencia y mejores condiciones de trabajo para quienes desarrollan el oficio del periodismo, el poco claro reparto de la pauta oficial (nacional, provincial y municipal) y la no diferenciación de la función social de los medios comunitarios, populares y alternativos dentro de 33% del espacio radioeléctrico asignado a los medios sin fines de lucro, aparecen como trabas infranqueables hacia una comunicación que respete las diferencias y brinde igualdad de oportunidades a las diferentes voces que componen la comunicación en nuestro país.

Precarizados y presionados

Poco y nada actúa la Ley de Medios sobre las condiciones de trabajo de los protagonistas de la información: los trabajadores de prensa. Si bien la ley apunta a regular los contenidos audiovisuales y no específicamente el trabajo de prensa, pensar en una comunicación libre y plural con trabajadores sujetos a las presiones y caprichos de las líneas editoriales y pésimas condiciones laborales impuestas por las empresas empleadoras, es sin duda un gran vacío a llenar.

Algunos casos han tomado estado público, como el del periodista especializado en temas indígenas Darío Aranda, quien trabaja como “colaborador” en el diario Página/12, y que en reiteradas oportunidades denunció tergiversaciones de sus notas, que expresaban algunas críticas de los entrevistados al gobierno nacional, y que el diario afín no dejó pasar.

Informes como “Las cifras de la precarización” producido por el Colectivo de Trabajadores de Prensa dan cuenta del fenómeno: “Abandonados por el Sindicato, sin un Estado que controle el cumplimiento de las leyes laborales, atomizados y en algunos casos sin comisiones internas con poder suficiente para representarlos, los colaboradores mendigan notas de prensa por diarios y revistas librados al humor y al presupuesto de los editores. Los tercerizados del gremio escriben igual o mejor que cualquier redactor y llenan miles de páginas, pero no gozan de ningún derecho, cobran mal y tarde, pagan de su bolsillo hasta los viáticos, pasan años sin recibir aumentos y se los congela sistemáticamente para no blanquearlos. Para peor, el cuadro de precarización está naturalizado”

Esta situación se repite a lo largo y ancho de las redacciones, canales y radios del país. La precarización como modelo empresarial de prensa es caldo de cultivo para presiones de tipo editorial e ideológica. Sin reglamentaciones claras que respalden desde el Estado a los trabajadores, la diversidad de voces se transforma solo en una linda expresión de manual.

Quién parte y reparte?

Si bien ha sido motivo de debates parlamentarios y varios proyectos han apuntado a regularla, la forma en que se reparte la pauta publicitaria estatal en Argentina sigue siendo poco más que un misterio. Y el tema no es menor. Cualquier intención de “democratizar” la comunicación debería incluir la democratización de los fondos que los Estados (nacional, provinciales y municipales) distribuyen entre los medios de comunicación.
En el artículo 72 inciso 8 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde figuran las obligaciones de los licenciatarios y autorizados, se insta a los mismos a hacer públicas “La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas”. Sin embargo, es el mismo Estado el que actúa en sentido contrario. Desde hace más de 15 meses (específicamente desde el  4 de mayo), la Jefatura de Gabinete de Ministros no publica los datos de la pauta distribuida por la Nación. La última información corresponde a los gastos en publicidad o pauta oficial del primer semestre de 2011.

Teniendo en cuenta la manera poco clara y discrecional en que estos fondos se distribuyen según la cercanía de los medios con los poderes estatales, es difícil pensar que sin normas claras que obliguen a democratizar el reparto, la situación actual vaya a mejorar.

La gravedad del tema reside centralmente en que aquellos medios que no persiguen el lucro, sino fines y objetivos sociales, suelen ser quienes más vitalmente necesitan que el Estado los proteja de las leyes del mercado de contenidos brindándoles una “espalda financiera”.  Sin una regulación clara, las “otras voces” quedan libradas sólo al interés de algún privado interesado en difundir esos mensajes (cosa poco probable) o a los ánimos del Estado nacional, los gobernadores o intendentes.
Según un reciente estudio del investigador del Conicet Martín Becerra, el gobierno nacional representó el 9 % de la pauta dentro de la torta publicitaria total, lo que lo convierte en un actor no poco importante en el financiamiento de la comunicación.

El 33% “comunitario”

Uno de los aspectos que más esperanzas y expectativas despertó tras la sanción de la Ley de Medios fue la posibilidad de que un 33% del espectro radioeléctrico quede en manos de “medios sin fines de lucro”. A poco de andar, pareciera ser que algunas especificaciones que no figuran en la ley serán la traba fundamental para lograr la inclusión de aquellos medios que por definición podrían aportar otras voces y miradas a la comunicación en Argentina.

La Ley 26.522, Art.4 define a las emisoras comunitarias, pero en el resto de su articulado no las diferencia de los prestadores sin fines de lucro, como denuncia la Red Nacional de Medios Alternativos en un reciente documento. De esta manera, quedan equiparados por la ley aquellos medios barriales, populares o comunitarios con una clara función social (que en la mayoría de los casos son los únicos que reflejan las voces silenciadas por los intereses tras los grandes medios) con entidades sin fines de lucro como La Fundación Ford, o la Fundación Libertad. Dejando en inferioridad de condiciones por estructura, y principalmente por poder de presión y financiamiento, a los medios populares.

Entre los puntos mas salientes del documento "A 3 años de la sanción de la Ley de Medios" elaborado por la Red Nacional de Medios Alternativos se encuentra la denuncia de que “se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 % del espectro que, por la nueva ley, debería ser destinada a las entidades sin fines de lucro”; que “los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Y que, además, no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares.”
Por otro lado, ponen sus reparos en las expectativas abiertas por el famoso 7D ya que aseguran que “la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto, no se ampliará la disponibilidad del espectro”

Sin planes técnicos, con pliegos de licencias a precios exorbitantes como los de la TV Digital y con entregas de Permisos Experimentales de TV Digital beneficiando a sectores del poder económico concentrado y/o ligados políticamente al Gobierno (360 TV, C5N, CN23 y CONSTRUIR TV de la UOCRA, entre otros) dejando afuera al sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, aquel sueño que empujó a gran parte de estos medios populares a acompañar la sanción de la ley no parece tener asegurada su concreción.

Aunque parezca una obviedad, a esta altura del debate, justificar las falencias de la Ley de Medios diciendo que es mejor que la ley de la dictadura es tan obviamente insuficiente como justificar los problemas económicos actuales diciendo que estamos mejor que en el 2001.
Sin entrar en el debate de lo “que falta”, difícilmente podamos lograr “lo que se necesita”.

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