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Santiago del Estero. Miguel Galván. Triste historia repetida
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 12, 2012 at 9:54 AM

Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, fue asesinado ayer por Paulino Riso, señalado sicario de un empresario salteño que pretende apropiarse de la tierra donde la familia de Miguel vive desde hace años en el Paraje Simbol, en el límite entre Santiago del Estero y Salta. Este mediodía se realizó una movilización frente al Congreso Nacional para exigir justicia por Miguel y la aprobación de la ley que busca frenar los desalojos de campesinos, que se encuentra cajoneada desde hace prácticamente un año.

(Red Eco) Santiago del Estero – Los hermanos Miguel y Rafael Galván del Pueblo Lule-Vilela venían denunciando amenazas ante la policía y el juzgado de Monte Quemado desde mediados de este año. Los responsables eran Paulino Riso y otros sicarios que respondían (y responden) a la empresa agropecuaria Lapaz SA de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, que pretende adueñarse de tierras campesinas e indígenas, alambrando parte del territorio de la comunidad.
Los hermanos no permitieron el avance de la empresa y hasta comenzaron el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, que propone efectuar un estudio de catastro de todos los territorios indígenas con el fin de evitar desalojos.
Pero con el correr de los meses todo fue empeorando: En julio pasado Rafael recibió una golpiza, a fines de setiembre el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció a los Galván por “usurpación”, y ayer, miércoles 10 de octubre, alrededor de las dos de la tarde, Miguel se encontraba alimentando a sus animales cuando se acercó Riso y lo apuñaló en la yugular. Hasta el momento, el asesino aún no fue detenido.
Inmediatamente, desde el Mocase VC y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunciaron lo sucedido, afirmando que ya habían advertido que un hecho así podía ocurrir: “Echamos señales a todos lados, todo el tiempo, advirtiendo lo que pasaría si no actúan quienes corresponden desarmar las bandas armadas, guardias blancas de empresarios como Enrique Pagola, Lopresti del Quebrachal, Safir Saa, Carlos Cejas, Raúl Micoli y otros que arrebatan tierras y la vida de nuestros compañeros”, señalaron en un comunicado haciendo clara referencia a los gobiernos nacional y provincial y al sistema judicial santiagueño.
En diálogo con el programa La Retaguardia, Deolinda Carrizo del Mocase VC dijo: “Las comunidades de la triple frontera (Chaco, Salta, Santiago del Estero) estamos desde 2007 organizados, defendiendo y haciendo que se vayan los empresarios que vienen a intentar desalojarnos. Esta empresa agropecuaria Lapaz SA es la decimoctava que viene a la zona a sacar a los campesinos. Los años 2008, 2009, 2010 han sido todo un recambio de empresarios que pretenden las tierras donde están estas mismas familias hace más de veinte años. A los gobiernos provincial y local les consta ahora esta situación (…) (Tala) Aranda es uno de los cabecillas de otra banda que está operando en la zona, al que denunciamos desde agosto de 2009 y sigue allí; los otros días lo han detenido por robo de moto y también por estar hostigando a los campesinos, pero se lo soltó al día siguiente. Gente como Aranda, o Javier Juárez y los Abregú que son los que han asesinado a Cristian Ferreyra están sueltos y siguen operando en la zona, no hay seguridad para las familias que están hoy militando la organización y mucho menos las familias que están monte adentro viendo que todos los días pasan estos sujetos con las armas por caminos vecinales, incluso frente a las escuelas”.
Deolinda también señaló directamente a los gobiernos provincial (a cargo del radical K Gerardo Zamora) y nacional: “El programa estratégico que el gobierno está teniendo en Santiago del Estero es la inversión en el aterrizaje de los agronegocios en los lugares donde ancestralmente han estado participando y siendo parte de la producción y el mercado local las comunidades campesinas indígenas (…). Hay toda una política a nivel nacional que se pretende imponer sobre las comunidades de nuestro país, y eso tiene que ver con el modelo de saqueo que hoy está avanzando para los capitales externos. No hay políticas públicas que nos permitan decir que la soberanía es una consigna fundamental para la producción de nuestro pueblo; los programas que podemos obtener son circunstanciales desde nuestro punto de vista, lo fundamental son las políticas de fondo que hoy no se ven, ni local ni nacional, que es la entrega a los que trabajan para producir los alimentos”.

Antecedentes recientes
A comienzos de julio de este año, también en la frontera entre Salta y Santiago del Estero, pero en este caso del lado salteño, el empresario de apellido Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino-indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos Naranjos. Luego de días de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, que salvó su vida de milagro.
En tanto, en noviembre de 2011, hace menos de un año, Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario santafesino Ciccioli, se presentaron en la casa de la Familia Ferreyra, en la comunidad San Antonio de Santiago del Estero, y dispararon contra dos campesinos, matando a uno de ellos: Cristian Ferreyra. En aquel momento, el Mocase VC había denunciado: “La comunidad de San Antonio, a 60 km de Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática”.
A fines de setiembre de este año, Sergio Arnaldo Ferreyra, primo de Cristian y querellante en la causa por el asesinato, fue golpeado y perseguido por una banda de siete hombres en el pueblo de Monte Quemado.

A la espera de tratamiento parlamentario
En abril de 2011, un grupo de organizaciones campesinas dio a conocer un proyecto de ley para frenar los desalojos, en el que venían trabajando hacía tiempo. Fue recién tras la muerte de Ferreyra que algunos legisladores se “interesaron” en la iniciativa y la presentaron en el Congreso Nacional. El proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a que durante los primeros tres se realizara un relevamiento de posesión y uso de tierras. Pero pasó casi un año y el proyecto sigue sin tratarse.

Repercusiones y responsabilidades
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que manifestaron que “esta muerte se suma a otras causadas por empresas agropecuarias y poderosos terratenientes que violando la ley nacional que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas cometen invasiones territoriales a costa de bienes y vidas de Pueblos con derechos ancestrales sobre sus tierras”. En este sentido, hicieron un “fuerte llamado a funcionarios de gobierno y judiciales como también al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a prestar especial atención a esta ilegal forma de avasallar los derechos indígenas por causa de insaciables intereses económicos”.
En tanto, la socióloga Norma Giarraca fue entrevistada por FM La Tribu, en donde señaló que “si los crímenes no son sancionados como corresponde hay impunidad, entonces se vuelve a matar, y hay hambre de tierra”. “La peor combinación - agregó - que puede haber en un país que ha decidido convertir sus tierras fértiles en un desierto verde de soja es esta combinación de impunidad, entonces vemos que cada vez es más frecuente la muerte de campesinos e indígenas y se repite la modalidad que es un inversor, en este caso un inversor de Salta, que quiere las tierras de esta comunidad y a sangre fría mata a este integrante del mocase”. Giarraca habló además de complicidades. Mencionó las políticas públicas del gobierno nacional: “No hay ninguna duda que son las que llevan adelante este tipo de cuestiones, está este asunto de la inversión de Monsanto en Tucumán y en Córdoba, el programa estratégico agroalimentario que muchas veces he dicho que es más soja, más transgenia, más robo de territorios”; de las políticas públicas de los gobiernos provinciales y de los sistemas judiciales, pero también de medios de comunicación y de entidades específicas: “(Los diarios) La Nación y Clarín son cómplices y socios del modelo de expansión sojera, la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) es la entidad que tiene a su cargo autorizar las nuevas semillas transgénicas, formada por funcionarios y científicos que cuando pasan esas cosas miran para otro lado y no les toca la sangre (…). También son cómplices muchísimos agrónomos del INTA, que se llenan la boca con la modernización sojera y tienen en sus narices, si es que siguen yendo al campo, que sucede día tras otro este tipo de cosas, si todos estos actores sociales, culturales, de medios, pudieran ver lo que estamos viendo hoy (…). Una lógica productiva es fomentada todos los días desde el gobierno y por muchísimos otros actores que a veces critican al gobierno por otras cosas y no por esto, y para muchos de nosotros el principal problema que tiene este gobierno y otros de América Latina es que no pueden ni quieren desprenderse del modelo extractivista”, cerró la socióloga.
Fuentes: La Retaguardia / La Vaca / FM La Tribu / Mocase VC

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