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2 años sin Mariano Ferreyra - Comunicado de HIJOS La Plata
Por HIJOS La Plata - Thursday, Oct. 18, 2012 at 5:07 PM
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A 2 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO - COMUNICADO DE HIJOS LA PLATA

2 años sin Mariano F...
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Testigos, desaparición e impunidades.
CON LA DEMOKRACIA … ¿NO SE DESAPARECE?

El segundo aniversario del asesinato del compañero militante Mariano Ferreyra nos encuentra otra vez en las calles, reclamando justicia en el caso, pero denunciando una vez más la existencia de asesinados por luchar y desaparecidos por razones políticas. La desaparición forzada por unas horas de Alfonso Severo, ex gerente ferroviario y testigo en la causa, vuelve a desnudar el límite de gobernabilidad democrática que el kirchnerismo plantea al autodefinirse como “el gobierno de los Derechos Humanos” y convivir con los oscuros poderes de la mafia.
La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo de la víctima, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o paraestatales con un objetivo claro: el disciplinamiento de los opositores políticos al régimen que ellos representan.

Y si bien hoy la doctrina de “Seguridad Nacional” que sustentó el accionar del Terrorismo de Estado ha devenido en política de “Control Social”, ello no excluye sino que es continuidad histórica y operacional de la tarea de construcción de un enemigo interno para justificar el accionar del propio interés de clase: ayer la dinámica de la desaparición forzada de personas sobre el terrorista subversivo, hoy el joven pobre y morocho como culpable de la inseguridad. Hoy asistimos sí a un sistemático proceso de institucionalización y borramiento de la memoria social, que se evidencia en la oficialización de las prácticas, los lenguajes y los símbolos que ayer transportaban la fuerza del proyecto emancipador y que hoy no son más que un pequeño kiosco desde el cual defender la continuidad del modelo de hambre, saqueo y represión.

No es novedad para nadie que hace ya tiempo que la política opera según el modelo organizativo de la mafia, de la acción reaccionaria que golpea para mantener sus intereses o para blindar a sus crímenes con la impunidad que el temor otorga. Y quien camine la senda de la lucha popular sabrá que esto se fomenta en todos los órdenes institucionales, desde las patotas gremiales a las transas universitarias, de los negociados empresariales a los pseudo-cooperativismos municipales. La premisa que al momento se pregona, principalmente el kirchnerismo, parece ser: O se está incluido en la esfera de intereses de una mafia particular o bien se está desamparado hasta límites de la barbarie.

Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas de ayer, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.

No es sólo el caso de Jorge Julio López, albañil y militante popular detenido durante 4 años en 5 CCD del Circuito Camps, que tras animarse a contar su horror en el juicio contra uno de los jefes de la patotas de la bonaerense, Miguel Etchecolatz, inauguró 30 años después la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido. Su caso puso en la superficie las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades político-policial-judiciales, y la causa abierta para investigar el hecho es un verdadero monumento a la impunidad. En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, fue secuestrado mientras organizaba un acto homenaje a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, por cuyo asesinato en 1983 también está señalado Patti. Reaparecido 30 horas después sin intervención policial, Juan murió de un ACV en mayo de 2010. La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta dinámica a las calles del centro porteño en abril de 2011. Martínez venía señalando la responsabilidad del represor Manuel Fernando Saint Amant, juzgado hoy en Rosario en otra causa, como instigador del crimen.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos se equivoca.

Mario Golemba, un joven agricultor de la Cooperativa yerbatera Picada Indumar, en la localidad 2 de Mayo de Misiones, está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Dos presos de la cárcel de Oberá testimoniaron en la causa que ese día estuvieron detenidos en la comisaría de 2 de Mayo, a cargo del Comisario Ewaldo Katz, y que vieron a Golemba esposado, golpeado y trasladado en una camioneta policial. Conocida la noticia, el comisario Katz y 10 de sus muchachos fueron premiados, por decisión del ministro de gobierno misionero, con el traslado a la comisaría de la localidad de Aristóbulo del Valle, no casualmente la ciudad del entonces gobernador Maurice Closs.

Similar premio recibieron del gobernador Scioli y su superministro Casal los 8 agentes de la bonaerense implicados en la detención, torturas y desaparición del joven de 16 años Luciano Arruga, ocurrida en Enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En efecto los efectivos no sólo no fueron separados de la mejor Maldita Policía del Mundo ni detenidos, sino que están cumpliendo funciones en comisarías de Lanús, Morón, Monte Grande, Ramos Mejía y La Matanza. Y a más de 3 años y medio de hecho, para el poder judicial el caso se sigue tratando de una simple “averiguación de paradero”.

Daniel Francisco Solano, trabajador de la cosecha de manzanas de 27 años, permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue retirado a los golpes del local bailable Macuba Megadisco de la ciudad de Choele Choel (Río Negro) por policías pertenecientes al grupo BORA (la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto). Los familiares denunciaron que Solano sufría persecuciones de la empresa que lo contrataba, por sus denuncias acerca de supuestas irregularidades en el alojamiento, alimentación y pago de jornales; y relacionan su desaparición con una probable represalia de agentes de la Comisaría 8va de Choele. En el caso hay no menos de 25 policías imputados, entre ejecutores, encubridores y entorpecedores de la investigación. La única y tardía consecuencia fue la disolución del grupo BORA por el gobierno rionegrino en diciembre de 2011.

Facundo Rivera Alegre, joven cordobés de 20 años, es una víctima más del nefasto código de faltas del gobernador De la Sota, que otorga poderes extraordinarios a la Policía para desplegar estrategias represivas para perseguir todos los días a los pibes de los barrios tan solo por estar teñidos, usar gorritas, ir a los bailes y escuchar cuarteto. Rivera, desapareció el 19 de febrero de este año, cuando salía de un baile de Cuarteto en el Estadio del Centro, donde actuaba Damián Córdoba. Trabajaba y estaba retomando los estudios porque quería empezar Arquitectura este año. La sospecha más fuerte recae sobre los policías retirados que cumplen adicionales en estos eventos, y que es una invención más del Ministro de Seguridad de la Provincia, y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes.

Alfonso Severo es un testigo que habla en el juicio por Mariano Ferreyra porque fue parte del armado de la Unión Ferroviaria y de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) que el kirchnerismo creó en 2004 para que gestionen 60 millones de pesos anuales en los subsidios a la tercerización en el servicio de trenes. Su aporte a la investigación es puntualmente por denunciar el sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes 1 de octubre pasado José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas al bajar del colectivo 148 en Florencio Varela. “Cacho” Andino tenía que declarar como testigo al día siguiente en el juicio por Mariano, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota. “Tenemos que hablar con vos, no nos mirés”, le dijeron dos hombres, a bordo de una moto roja. Lo llamaron por su apellido, uno se puso delante de él y el otro atrás y lo empujaron hacia un callejón. “¡Piquetero hijo de puta! ¡Ni tu madre te va a reconocer si seguís hablando!”, le dijo uno. “¿Quién carajo te dijo que viste una escopeta?”, dijo el otro, en alusión a una entrevista periodística que dio Andino, en la que mencionó haber visto a alguien armado con una escopeta el día del ataque de la patota que mató a Ferreyra, además de otro hombre con un arma corta. Andino es uno de los pocos testigos que vio que alguno de la patota tenía un arma larga, lo cuál posteriormente se confirmó con una pericia balística. Y ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio. En mayo de 2009 Andino y su organización sufrieron un allanamiento irregular al comedor del MTR en Florencio Varela en el marco de una causa armada contra la organización por el juez Claudio Bonadío.

Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas presos en 9 años de juicios no es justicia, 3.500 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, 196 desaparecidos por razones políticas no es democracia.
Este 20 de Octubre, a 2 años sin Mariano, seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordándole al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen persecuciones, presos, asesinados y desapariciones por luchar. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer, y al del gatillo fácil de hoy, no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria y la movilización popular y barrerlos para siempre.


- JUICIO Y CASTIGO A LOS EJECUTORES E IDEÓLOGOS DEL CRIMEN DE MARIANO FERREYRA.
- BASTA DE PATOTAS Y TERCERIZACIÓN DE LA REPRESIÓN.
- BASTA DE APRIETES A LOS TESTIGOS EN LAS CAUSAS POR LOS CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO.
- MARIANO FERREYRA PRESENTE!!!

HIJOS LA PLATA

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