Modus operandi policial
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 19, 2012 at 9:48 AM

En La Falda, un grupo de adolescentes es hostigado por la policía local por denunciar que un amigo no se suicidó como quiere hacer creer la versión oficial, sino que fue asesinado. En Campana, comienza el juicio contra un efectivo que mató a la nueva pareja de su ex mujer y que logró suspender por un año el inicio de las audiencias. Mientras tanto, los casos de asesinatos, allanamientos ilegales, amenazas y golpes de parte de policías se reiteran en distintas ciudades del país.

(Red Eco) Argentina – Brian Palomeque tenía 16 años cuando su cuerpo fue hallado a fines de junio de este año en la localidad cordobesa de La Falda. Las primeras versiones hablaron de suicidio, pero sus amigos aseguran que lo mataron. Afirman que Brian tenía las manos atadas y que su cuerpo estaba colgado de la rama más delgada de un viejo árbol en un descampado, y que un policía llamado Daniel Ortega lo había amenazado la misma mañana que apareció muerto. La madre de Brian coincide, a su hijo no lo dejaban en paz.
Unos días antes de morir, Brian había estado junto a dos amigos en la Comisaría de La Falda. Fueron detenidos al acercarse a la casa de un narcotraficante de la zona, en el medio de un allanamiento por parte de la policía que buscaba dinero, se hablaba de miles de dólares que habrían sido robados de un comercio. Dentro de la comisaría, los adolescentes fueron golpeados y amenazados mientras les preguntaban por estos dólares. Mientras tanto, en el barrio aseguran que existe relación entre la policía y el narcotraficante.
El 28 de junio pasado, a la mañana, varios efectivos ingresaron sin orden de allanamiento a la casa de Brian, ubicada en el Barrio San Jorge, en las afueras de La Falda. El suboficial Ortega despertó al joven tirándole de los pelos, mientras revolvían el lugar llevándose dos garrafas y una máquina bordadora afirmando que eran robadas (lo que luego se comprobó que era mentira). Uno de los amigos de Brian fue hasta la casa al ver el operativo policial y escuchó cómo Ortega le decía: “Acabo de volver de vacaciones, así que no me jodas porque vas a aparecer en un campito”. Esa misma tarde, Brian apareció muerto en el descampado. Sus amigos apenas pudieron acercarse porque los efectivos sacaron el cuerpo inmediatamente del lugar, aunque llegaron a ver cómo le desataban las manos, lo que demostraba que no se estaba ante un suicidio. Un día después, una pala mecánica sacó una capa del suelo en diez metros a la redonda del árbol donde fue colgado Brian, quitando todas las evidencias y pruebas que pudieran allí quedar. Desde ese momento, los amigos de Brian son perseguidos y hasta uno de ellos debió abandonar la ciudad.
La muerte fue caratulada como suicidio, por lo que los familiares y amigos de Brian se movilizaron para denunciar que se trataba de un asesinato. Dos veces cortaron la Ruta Nacional 38 y en una tercera oportunidad apedrearon la comisaría. La policía respondió con represión y detuvo a siete personas, todas ellas “casualmente” testigos, que permanecieron 44 días en prisión. Aunque fueron liberados aún se sienten presos en su propio barrio, ya que cuando van al centro de La Falda, la policía los culpa de todos los robos, o los detienen y amenazan.
Así parecería indicar el manual del policía. Ante alguien que no actúa como ellos quieren, que no da cuenta de sus intereses, que no colabora con ellos para salir a robar y demás, la fuerza responde con violencia. La mayoría de las veces estos ataques quedan impunes, otras llegan a juicio gracias a la lucha de familiares y organizaciones sociales. Tal es el caso de Hernán Ibiris, asesinado en agosto de 2009 en Campana por el teniente de la policía bonaerense Omar Brítez, que ingresó de madrugada a la casa de su ex mujer, Fernanda Verón, por entonces pareja de Ibiris. Brítez vació el cargador de su pistola reglamentaria sobre ambos; Fernanda recibió 5 tiros y sobrevivió, pero Hernán 11 y falleció. El policía abandonó el lugar dejando a Ibiris agonizando y se dirigió a la subcomisaría donde le dijo fríamente al agente de guardia que se había mandado “una macana”.
Pero Brítez, que es perito balístico de la delegación de policía científica de Zárate-Campana y previamente había trabajado en la policía científica de San Isidro, venía amenazando a su ex mujer desde el momento de la separación, quien había realizado una denuncia ante la fiscalía descentralizada de Escobar pocos días antes del ataque. Las amenazas volvieron a reiterarse hace algunos días y no es casual. El martes 23 de octubre comienza en el Tribunal Criminal Nº2 de Campana el juicio contra Brítez por el asesinato de Hernán Ibiris. El proceso ya fue suspendido el año pasado por una estrategia de la defensa que buscó dilatar la condena y facilitar así la excarcelación del efectivo de la bonaerense, al plantear que el policía tuvo un “blanco mental” y que actuó fuera de sí y sin conciencia de sus actos, por lo que no está en pleno uso de sus facultades mentales. Esto llevó a una serie de pericias psiquiátricas y psicológicas, que hasta el momento no detectaron ninguna patología, pero que llevaron a suspender el inicio del juicio el año pasado. Ahora la fecha es inamovible, y los familiares y amigos de Hernán convocan a movilizarse el 23 de octubre, a las 10, a los tribunales (Andrés del Pino y Rivadavia, Campana, Prov. de Bs. As.) para exigir que se haga justicia.

Allanamiento ilegal
El sábado pasado, a la mañana, un grupo de policías especiales de Neuquén ingresó violentamente en la casa del militante del Partido Obrero y trabajador de Zanón, Gustavo Pérez. Estaban con escudos, cascos y armas, esposaron a Pérez y le revolvieron toda la vivienda, incluso los juguetes de sus pequeños hijos que miraban lo que sucedía sin entender.
Ante la llegada de vecinos, militantes del PO y obreros de Zanón, los policías resolvieron no continuar con el operativo, por el que nunca explicaron causa ni mostraron orden judicial.
Allanamientos similares se realizaron en las últimas semanas en distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Esto se daría en el marco de un supuesto “Plan de Seguridad”, que coordinan el Intendente Horacio Quiroga y el gobernador Jorge Sapag. Según explican desde Prensa del Pueblo: “Este plan de vigilancia y allanamientos, alimentado con ´informantes´ anónimos, está conduciendo a la militarización de los barrios y la zozobra sobre sus habitantes”.
Ya sea para responder ante situaciones personales adversas, como amedrentar testigos de asesinatos, defender los propios negociados de la fuerza o responder a los intereses del poder político de turno, los policías argentinos tienen el mismo modus operandi: amenazar, golpear, matar.

Fuentes: Correpi / Prensa del Pueblo / Prensa Red

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