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La agenda oculta de la lucha de clases
Por Herman Schiller - Monday, Oct. 22, 2012 at 4:21 AM

En las últimas horas a lo largo y ancho del país se siguen desarrollando conflictos y luchas sociales que los medios masivos de comunicación ocultan. Reclamos de los pescadores de la Cuenca del Plata; luchas contra el saqueo y contaminación mineras; recuperación de importantes seccionales sindicales en AOMA; represión y desalojo de espacio cultural y social en Rosario; Gerardo Martínez, el Batallón 601 y la búsqueda por verdad y justicia; entre otros.

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Por Herman Schiller, periodista y militante por los Derechos Humanos

En momentos de escribir estas líneas, al iniciarse el mes de octubre, los integrantes de dos organismos estatales represivos, Prefectura Marítima y Gendarmería, continúan en estado de sublevación. Sublevación que, pese a no plantearse abiertamente objetivos de poder sino reclamos salariales, ha vuelto a agitar fantasmas dormidos en el imaginario colectivo. Si bien hubo excepciones, casi todo el campo popular fue categórico: “Ningún apoyo a los represores; ninguna solidaridad a los verdugos del pueblo trabajador”.

Mientras tanto, a lo largo y a lo ancho del país, se desarrollan infinidad de luchas y conflictos sociales que no son recogidos por los medios del sistema. Documentarlos en su totalidad insumiría un libro entero. Estos son apenas si algunos hechos emblemáticos de las últimas horas, a solo título de ejemplificación

RECLAMO DE LOS PESCADORES

La Unión de Pescadores de la Cuenca del Plata ha denunciado al gobierno salteño “por la discriminación y total abandono de los pueblos indígenas, quitándoles la cultura y los derechos adquiridos, ya que los trabajadores del río son parte de esos recursos”.

La denuncia, además, da detalles de la agresión sufrida en Salta por las comunidades de Embarcación, Carboncito, Hikman, Padre Lozano, Misión Chaqueña y La Quena, entre otras, ubicadas en el Departamento San Martín de la cuenca del Río Bermejo. También fue agredida la comunidad de Samuel Canaleja, del Departamento Metán, en las inmediaciones del Río Juramento.

Los pescadores de todas esas comunidades vienen siendo avasallados en sus derechos como trabajadores del río. Y hasta ahora han sido infructuosos sus reiterados reclamos para ser reconocidos como pescadores artesanales y no de “subsistencia”, como sucede en la precariedad actual.

Los reclamos de estos trabajadores se fundamentan especialmente en solicitudes de aumento de cupos de extracción de pescados y apertura de los caminos vecinales, actualmente cerrados por los cercos de las fincas linderas a los ríos Bermejo y Juramento, que obstaculizan el libre acceso al único medio del que depende la economía de todas esas comunidades.

Los pescadores, decididos a no callarse la boca y a impedir el tratamiento arbitrario, están ahondando su politización y han declarado que ”la agresión a este importante sector del pueblo la están perpetrando mientras se favorece a los grandes monopolios y latifundios”.

REPRESION A LA CULTURA

La Federación de Organizaciones de Base (FOB) de Rosario denunció la represión policial ordenada desde la gobernación de la provincia de Santa Fe para desalojar el Centro Cultural Rosarino Kasa Pirata, ubicado en la intersección de las calles Ovidio Lagos y Mendoza. La FOB, además de hacer público su repudio, destacó que defiende el uso legítimo de espacios públicos para uso cultural y social, ya que la creciente especulación inmobiliaria ha imposibilitado el acceso a algún techo digno.”La policía, por orden del gobierno, está al servicio incondicional de los ricos y no de la población en general”, agregó la denuncia.

DERROTA DE LA BUROCRACIA EN EL SINDICATO MINERO

Los burócratas que dirigen Aoma (Asociación de Obreros Mineros de la Argentina) alcanzaron alguna resonancia cuando la presidenta de la República visitó no hace mucho la ciudad de Olavarría.

Allí, en una video-conferencia emitida por cadena nacional, un burócrata vestido de minero fue presentado como “Antonio, un obrero del mineral”. Se trataba de Armando Domínguez, en ese momento vicepresidente del Partido Justicialista de Olavarría y secretario general de la Aoma local.

Después de veinte años de calentar la silla sindical, Domínguez se puso ropa de trabajo y un casco amarillo, para cargar después contra los ambientalistas que habían cortado la ruta que lleva a la Mina de Bajo la Alumbrera y que fueran ferozmente reprimidos.

La dirección de Aoma es una de las típicas burocracias de sindicato generadas por el justicialismo de los últimos tiempos: no convoca desde hace muchos años a una asamblea general ni reúne a los delegados en las seccionales. No elige delegados en las empresas donde sabe que hay oposición y, en el colmo de la obsecuencia a la patronal y al régimen imperante, permite un sistema enorme de tercerización, del orden del 40 por ciento.

El trabajo en las caleras es de superexplotación y en condiciones de absoluta insalubridad. Con la complicidad abierta de la dirección del gremio, las empresas chicas no hacen entrega de ropa de trabajo ni de elementos de seguridad. La mayoría de ellas discrimina a los contratados, no les permite el acceso a comedores, duchas y vestuarios; y es ancha la diferencia salarial ante igual trabajo.

Las elecciones del sindicato minero del 26 y 27 de setiembre, se llevaron a cabo en todo el país en medio de un fraude escandaloso. Un burócrata de apellido Laplace, hombre de la CGT-Balcarce, impuso una lista única nacional, impidiendo la presentación de otras listas.

Sólo en tres lugares del país se pudo presentar la oposición: Barquer, donde hay un enclave de Loma Negra, Córdoba y Olavarría. En los tres lugares perdió el oficialismo en forma categórica.

La derrota más importante del burócrata Laplace fue en Olavarría, la principal seccional minera del país, donde la burocracia fue derrotada 62 a 38% por la Lista Azul, de clara tendencia clasista, que pese a su conformación de último momento, logró una rápida adhesión entre los trabajadores de base que odian a los dirigentes del sindicato vendidos al enemigo.

La nueva dirección que asumirá en diciembre en Olavarría, surgida de una lista que se vio obligada a organizarse prácticamente en la clandestinidad, se ha constituido en una referencia nacional para todos los mineros. Y le estará planteado ahora el inmenso desafío de asumir la dirección del sindicato de esa ciudad manteniendo la independencia de los burócratas centrales, que más que derrota han sufrido un verdadero mazazo.

Al describir este nuevo y victorioso hito de la lucha de los trabajadores argentinos, Juan Ferro, de “Prensa Obrera”, señaló: “Está planteada una lucha contra la flexibilización laboral imperante en las caleras y está planteado producir rápidamente las postergadas elecciones de delegados en todos los establecimientos, para que enseguida se le pueda elevar a la patronal un pliego urgente de reivindicaciones”.

GERARDO MARTINEZ, BURÓCRATA SINDICAL Y CÓMPLICE DE LOS GENOCIDAS

El 4 de febrero de 1982, Ana María Martínez, trabajadora metalúrgica de 3l años y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, antecesor del MAS), estaba feliz, ya que el médico le había confirmado su embarazo. Apenas llegó del trabajo, le dio la noticia a su compañero Luis, anunciándole la próxima llegada de su primer hijo.

Mientras él preparaba el mate, ella salió a comprar bizcochitos y alguna fruta para comer al otro día en la fábrica. Nunca más la vieron con vida. La interceptó un grupo de tareas a una cuadra de la casa, en el barrio obrero de Villa Mayo, cerca de Pacheco.

Ana María fue la última mujer detenida-desaparecida por la dictadura militar. Fue secuestrada, torturada y asesinada de once balazos. Su cadáver apareció días después en la zona de Tigre y fue enterrada como N.N. en el cementerio de Benavidez.

Gerardo Martínez, que entonces trabajaba en el Batallón 601 del ejército, formando parte de la “mesa de información gremial” de esa asociación ilícita, seguramente conoció el destino de Ana María.

Debió haber sido así, ya que la zona de actuación de este personaje, que se infiltraba en las organizaciones gremiales para detectar activistas que después secuestraban sus “compañeros” de los grupos de tareas, abarcaba todo el norte de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, a treinta años del crimen, el secretario general de la Uocra (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina), uno de los principales dirigentes de la oficialista CGT “Balcarce”, integra las filas del gobierno que se jacta de defender los derechos humanos.

Gerardo Martínez fue denunciado por delitos de lesa humanidad hace más de un año (causa Nº 8677/11) por distintos organismos de derechos humanos, como la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, junto a trabajadores del nuevo sindicato de la construcción, el Sitraic.

Los denunciantes lo señalaron como uno de los responsables de la desaparición de 105 trabajadores de la construcción y de decenas de activistas obreros/as, que como Ana María fueron secuestrados/as en la zona norte del conurbano bonaerense.

La acusación fue hecha en base a documentos emitidos por los propios organismos oficiales. Por eso la lista de agentes civiles que formaron parte de las fuerzas represivas de la dictadura se encuentra publicada en el Archivo de la Memoria y su legajo está archivado en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

Allí se reconoce que esta persona formó parte de la estructura del terrorismo de Estado, por lo menos hasta el año 1984, constando que se le asignó el nombre de Gabriel Mansilla y que juró servir con lealtad y fidelidad al “Proceso de Reorganización Nacional”. Sus superiores lo consideraban un “agente leal y útil”.

Pero en éste, como en otros tantos casos en los cuales el kirchnerismo se valió de la “justicia” para garantizar la impunidad de sus amigos, el mismo juez que investiga al vicepresidente Boudou por el escándalo Ciccone, acaba de archivar la causa abierta en contra de este represor.

No es novedad que la burocracia de la Uocra es funcional al gobierno y al sector patronal, garantizando con sus patotas la “paz social” y apaleando luchadores y luchadoras dentro de las obras y en otros gremios.

Con esta decisión de la justicia y del gobierno, según un documento de Convergencia Socialista, de donde hemos extraído los datos esenciales de esta nota, “la lucha por el juicio y castigo a Gerardo Martínez y a todos los genocidas sueltos se debe redoblar, asumiéndola como parte esencial de la lucha contra el plan de ajuste, saqueo y represión que aplica el gobierno al servicio de sus amos, los grandes monopolios imperialistas”.

CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACION

La lucha contra las multinacionales mineras y sus cómplices locales, que saquean el subsuelo argentino y contaminan el ambiente, se acrecienta con el correr de las horas.

Vecinos Autoconvocados de Bariloche aprovecharon la llegada de Weritelnik, el gobernador de Río Negro, para llevar a cabo una ruidosa movilización con pancartas, carteles, disfraces de payaso y redoblantes al grito de “no es no”. Uno de los referentes de la manifestación explicó sus objetivos: “No vamos a dialogar, porque las autoridades han demostrado con creces que no tienen ninguna ética. Queremos que se restituya la Ley Anticianuro que nos fue robada entre gallos y medianoche”.

La acción multitudinaria, pese a los cánticos y la algarabía popular, alcanzó momentos de tensión cuando hizo su arribo el gobernador para iniciar el acto oficial del Día Internacional del Turismo en el Hotel Panamericano de esa ciudad y los manifestantes comenzaron a vocear consignas “contra el saqueo y la contaminación”. Otro tanto ocurrió al ser reconocida la legisladora provincial Arabela Carreras, que fue estruendosamente abucheada cuando apresuró el paso para ingresar al lugar del evento. También fue reconocida la legisladora Beatriz Contreras, a quien los vecinos le expresaron su repudio por haber levantado la mano para derogar la Ley Anticianuro.

También en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se desarrolló una masiva concentración contra la megaminería. En este caso se aprovechó la oportunidad para repudiar la presencia en esa ciudad del ministro de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, intendentes y diputados provinciales.

El secretario general de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, uno de los organizadores de la marcha, denunció que el ministro de Minería “viene de la época de Duhalde y es un gerente de las grandes empresas mineras como Cerro Vanguardia y Barrick Gold, y no garantiza el bienestar de nuestro pueblo”.

Finalmente, la dirigente de Ate (Asociación Trabajadores del Estado), María Teyra, leyó el documento en el que se denuncia que el encuentro de funcionarios se estaba desarrollando en San Julián “mientras la represión tiene lugar en los pueblos del norte, donde los compañeros resisten los embates de estas empresas”.

Y agregó: “Desde principios de año y a partir de las puebladas en Famatina, Belén, Tinogasta y Andalgalá, ha tomado visibilidad la lucha de los pueblos contra la megaminería, y se ha instalado el debate a nivel nacional. La propia presidenta dijo que era necesario dar este debate, pero nunca lo impulsó, ya que, lejos del discurso oficial de un gobierno supuestamente nacional y popular, la política minera gubernamental es la continuidad y profundización de la que en los años noventa impulsó el menemismo y es la misma expresión de la entrega de nuestra soberanía y nuestras riquezas naturales a las empresas multinacionales. Empresas mineras que han girado millones de dólares al exterior, dejando migajas en concepto de regalías. Durante el año 2011, la minería aportó al país menos dinero que el arancelamiento hospitalario”.

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