Los conflictos por la propiedad de tierras suman 857 en todo el país
Por Fuente: Tiempo Argentino - Monday, Oct. 29, 2012 at 11:47 PM

Las disputas abarcan más de 9 millones de hectáreas productivas y afectan a más de 63 mil agricultores familiares. Las provincias del NOA concentran casi el 30% de las controversias. Reclamo por la sanción de una ley que frene desalojos.

Un estudio del Ministerio de Agricultura le puso números a los conflictos por tierras productivas a lo largo y ancho del país. Abarca 9.293.233 hectáreas rurales que afectan a 63.843 agricultores familiares. El relevamiento, confeccionado con la asistencia de la Universidad Nacional San Martín, da cuenta de 857 problemas vinculados a la tenencia y distribución de la tierra que generan reclamos y disputas. Y concluye en la necesidad de una ley que frene los desalojos, distintos tipos de políticas de saneamiento de títulos dominiales, acceso a la justicia de campesinos e indígenas, y alternativas de financiamiento para infraestructura y producción. También advierte acerca de la complejidad del problema, dado que en muchos casos hay competencias no delegadas al Estado Nacional por parte de las provincias.
El trabajo traza un mapa urgente. Le da un marco teórico y funciona como una evaluación rigurosa de las noticias que suelen llegar a los diarios recién cuando se convierten en sangre. Son asesinatos que encienden una alerta, pero que, casi sin remedio, se diluyen con velocidad en la agenda más caliente. Los crímenes de Cristian Ferreyra, hace un año, y Miguel Galván, veinte días atrás, son buenos ejemplos. Casos donde se denuncian bandas armadas comandadas por empresarios del agro en Santiago del Estero. Una provincia a la que el estudio al que accedió Tiempo Argentino reconoce como una de las más conflictivas.
El trabajo, aún no oficializado, divide en regiones las zonas de conflictos. El ránking está encabezado por el NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero) con el 28,2% de los casos detectados. La Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur) y el NEA (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes) con el 21,1% y 19,3 por ciento. La zona Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa) sigue con el 19,1% y en el último escalón está Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) que abarca el 11,7% de los problemas de tierra. Las provincias más complicadas son Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Neuquén, Corrientes y Jujuy, en cada una de ellas se anotó, individualmente, más del 6% del total de disputas.
Otra manera de evaluar la intensidad del problema es tomar la cantidad de familias involucradas en los conflictos. En ese caso, el listado lo encabezan Misiones, Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
Un dato de peso, que a su vez es destacado en el resumen ejecutivo, es la condición jurídica de los agricultores familiares involucrados en estas situaciones. El 87,6% son poseedores de tierras. El 8,5% son propietarios. Y el 4% son tenedores. Y del total de los poseedores, el 77,6% tienen más de 20 años de posesión, es decir que cumplen con el lapso de tiempo establecido por la usucapión (o ley veinteañal) para pedir al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios.
Las pujas, por otra parte, se desarrollan en el 49% de los casos en tierras privadas, el 34% en tierras fiscales y el 17% en tierras mixtas (privadas y fiscales).
El trabajo del Ministerio de Agricultura aborda, además, las razones que originan los problemas. En el 18,25% de los casos hay títulos incompletos o inexistencia de títulos, en el 8,95% usurpación de tierras campesinas o indígenas, más un porcentaje similar de despojos y pedidos de reconocimiento de tierras indígenas, entre otros factores.
La concentración de la producción agropecuaria, la expulsión de agricultores hacia las ciudades, el aumento de precio de hasta un 600% de la tierra productiva entre 1998 y 2011, la expansión de la frontera agropecuaria, el crecimiento de la megaminería y el desarrollo del turismo –consigna el trabajo– explican la aparición de un nuevo actor, al que se llama "Nuevo Propietario". Se trata, al fin, de actores, a veces con títulos inciertos, pero que, aun con papeles en regla, sus títulos ya no tienen vigencia. E intentan recuperar tierras que abandonaron hace más de 20 años. Es decir: que no ocuparon, no trabajaron ni deslindaron.
Las batallas son silenciosas y tierra adentro. Entre las particularidades del trabajo sobresale que en casi el 70% de los conflictos se desarrollan en tierras con accesos malos o regulares. Los poseedores rurales denuncian que las amenazas, en la mayor parte de las casos, provienen de particulares (el trabajo señala que en muchos casos hay guardias privadas armadas). En cambio, la mayoría de los propietarios que ven amenazados sus derechos señalan a organismos y funcionarios estatales.
A la hora de las conclusiones, el trabajo destaca la necesidad de un saneamiento de títulos que, a pesar de la complejidad legal, se recomienda que sea encabezado por el Estado Nacional. A la vez que propone, si se pretende enfrentar el proceso de exclusión social en el campo, políticas de financiamiento para infraestructura, mecanismos de capacitación y extensión, información, salud y transporte. Ante la situación de "indefensión de los agricultores familiares", por la dificultad para el acceso a la administración de justicia, el trabajo recomienda en primer lugar: promover legislación que garantice la suspensión de los desalojos. «

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Precio
El precio de la tierra productiva aumentó casi 600% entre 1998 y 2011, señala el informe.

dos casos emblemáticos

 Cristian Ferreyra: murió desangrado el 16 de noviembre de 2011, después de recibir un tiro de escopeta. Tenía 23 años, estuvo a un día de llegar a los 24. Vivía en la comunidad San Antonio, a dos horas y media, de la ciudad de Monte Quemado. En esa comunidad, compuesta por unos seis parajes rurales, viven unas 25 familias. La justicia detuvo al autor material, un vecino que trabajaba para una empresa santafesina de agro y mantiene preso al empresario Jorge Ciccioli, investigado como instigador del crimen. El asesino también hirió de gravedad a otro campesino. Y dejó de disparar cuando se le acabaron los cartuchos. Cristian y su familia formaban parte del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero y habían denunciado amenazas y la presencia de guardias armadas en varias oportunidades.
 Miguel Galván: murió el 10 de octubre de este año a los 40 años. Lo degollaron. Ya muerto, le clavaron otra puñalada que le destrozó el hígado. Según le explicó la policía a los campesinos, el asesino llevaba un arma con dos balas gatilladas que no salieron. El crimen ocurrió en el paraje conocido como El Simbol, situado en la triple frontera entre las provincias de Santiago del Estero, Salta y Chaco. El asesino, según indican todos los testigos, es Paulino Risso Patrón, un vecino, de 19 años, que, desde hacía meses trabajaba para Lapaz SA, una empresa salteña que intentaba comprar por poco dinero a las familias de la zona, a cambio de buena parte de sus tierras. Unos meses antes, otro campesino había recibido un disparo muy cerca de allí. Salvó su vida de milagro.

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