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“Hace cinco años que Scioli niega la tortura”
Por Elisa ((i)) - Tuesday, Oct. 30, 2012 at 1:54 AM

En diálogo con Indymedia La Plata, Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se refirió al proyecto de Ley para la creación un Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, y a sus diferencias con la Comisión Interministerial creado por decreto por Scioli. Sin embargo, opinó que es positivo ya que el gobierno reconoce la existencia de la tortura como práctica sistemática,  negada en los cinco años de su mandato.

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Mala alimentación, abandono, personas enfermas sin atención sanitaria o medicamentos, hacinamiento, tortura,  malos tratos, vejaciones y traslados constantes, es la realidad en el día a día de 27.991 bonaerenses privados de su libertad en las 60 cárceles y alcaldías del Servicio Penitenciario Bonaerense. La mayoría son jóvenes de las barriadas pobres.

De ello da cuenta el Informe anual del CCT, que en su última edición registró más de siete mil denuncias por violaciones a los derechos humanos en las cárceles provinciales. A ello se agregan los padecimientos de las familias de los presos, que deambulan por cárceles y juzgados.

Con el objetivo de crear un Sistema provincial de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes, la Comisión Provincial por la Memoria impulsa el proyecto de Ley que ya recibió media sanción en la Cámara de Senadores provincial. Cipriano, director Comité contra la Tortura  (CCT) de la CPM, expresó que se espera que el sciolismo impulse la sanción definitiva del proyecto cuyos pilares son la prevención y romper con el oscurantismo que caracteriza a los lugares de encierro.

“El daño personal, social e institucional que provocan estas prácticas es tan profundo, tan brutal, tan destructivo de las personas de las víctimas que la principal obligación que tiene el Estado democrático de derecho es evitar que se produzcan y establecer mecanismos y procedimientos eficaces para ello”, explica el proyecto en sus fundamentos.

Conferencia de prensa contra el ajuste a la CPM

En repudio del recorte, el martes 30 a las 12 hs. se realizará una conferencia de prensa en la sede de la CPM, en calle 54 n°487. Según un comunicado: “Insistiremos en el rechazo al recorte presupuestario a las políticas de derechos humanos, y reafirmaremos la importancia de seguir trabajando con independencia y pluralidad”.

Para ello, establece un sistema de visitas e inspecciones por parte de miembros de un organismo que sea independiente de las instituciones de encierro. Las experiencias internacionales, afirma el proyecto, han demostrado que las mismas son eficaces para la prevención, ya que tienen un carácter disuasivo hacia los funcionarios y responsables de dichas instituciones.

Además, las visitas e inspecciones  “constituyen un procedimiento especialmente valorado por las personas detenidas”, ya que “brindan un importantísimo apoyo moral y constituyen una posibilidad eficaz para romper el silencio y el ostracismo social en el que se encuentran”.

La política de derechos humanos en la Provincia

A mediados de octubre, el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, creó por decreto una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo destinados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro. El mismo está conformado por representantes de las secretarías de Derechos Humanos, y de Niñez y Adolescencia; el Instituto Cultural y de los ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud, Gobierno y Jefatura de Gabinete de Ministros.

Al respecto, Roberto Cipriano afirmó que la creación de la Comisión demuestra que el Estado provincial está asumiendo que hay problemas serios de tortura”, y agregó que “eso es positivo porque hace cinco años que el gobierno provincial viene negando una y otra vez la tortura”.  

En tanto, la Comisión creada por decreto “no reemplaza” al mecanismo local que crea el Sistema de Prevención de la Tortura. Fundamentalmente, porque no responde al Protocolo Facultativo de Naciones Unidas que obliga a los Estados a crear mecanismos contra la tortura con independencia funcional y autarquía financiera, que reconozcan e integren la labor realizada en la materia por parte de las organizaciones no gubernamentales.

“Para nosotros es positivo que se reconozca el problema, que se reconozca la tortura, pero no es la primera vez que se existen comisiones interministeriales que no funcionan. Entonces no es que pensemos que con la creación de la Comisión se va a resolver algo, puede ser que sea justamente sólo un anuncio para demostrar cierta decisión política, mostrarse solamente como alguien que se preocupa por el tema”.

Cipriano también opinó que si bien es muy pronto hacer una evaluación del funcionamiento de la Comisión, “si uno analiza estos cinco años de gestión del gobernador Scioli, no se han caracterizado por la implementación de políticas de prevención de las torturas, de asistencia a las víctimas de torturas, o de sanción a los responsables de los hechos de tortura”.

No obstante, “si es necesario e indispensable que rápidamente se efectivicen estas políticas públicas porque el problema que tenemos es muy serio y cada vez se agrava más”.

Trabas a la labor del Comité contra la Tortura

Asimismo y en contracara a la implementación de una política pública integral en derechos humanos, en octubre también se dio a conocer, mediante un comunicado de la CPM, el recorte de su presupuesto en un 34% por parte del gobierno de Daniel Scioli. Ese recorte implica, afirmó Cipriano, “la parálisis de la institución”.

El recorte afecta directamente a la labor del Comité contra la Tortura. El mismo realiza inspecciones y monitoreos de lugares de detención, la relevación y sistematización de casos de violaciones a los derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos.

Para Cipriano, ese recorte “es algo que realmente da cuenta no sólo de la ausencia de políticas del gobierno provincial en la lucha  contra la tortura, en la prevención de estos hechos, sino que lo que hace  es desnudar que hay un gobierno que no está dispuesto a llevar adelante transformaciones estructurales que terminen  con el autoritarismo que todavía  contienen hoy  las fuerzas de seguridad, la policía, el servicio penitenciario”.

La CPM es un organismo público y autónomo que desde hace más de diez años implementa políticas de memoria, de lucha por los derechos de los colectivos vulnerados en la provincia,  por  la igualdad y la profundización de la democracia. Entre sus tareas se encuentra “la investigación y el aporte documental que el archivo de la DIPBA hace a los juicios que hoy en todo el país se llevan a cabo contra los represores de la dictadura militar”. Otro proyecto importante es el de Jóvenes y Memoria. Cipriano relató que en el último año “participaron 10.000 pibes de 700 escuelas, desarrollando proyectos de investigación local sobre autoritarismo y democracia, sobre las implicancias que tuvo la dictadura en cada barrio, en cada lugar, y cada pueblo.


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