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Denuncian al diario El Día ante el INADI
Por Joaquín ((I)) -
Tuesday, Oct. 30, 2012 at 3:55 PM
La denuncia fue realizada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica –CIAJ-, ante la cobertura de la toma de tierras realizada en septiembre en el bario San Carlos. Desde el CIAJ aseguran que el diario local “desarrolló un discurso que fue desde el “miedo de los vecinos” ante la presencia amenazante del “otro”, hasta llegar al punto de nombrar la toma como el “robo de un barrio” a manos de “usurpadores”.
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El jueves 26 de agosto, 80 familias tomaron un predio ubicado entre las calles 34 a 36, y 148 a 149, propiedad de la inmobiliaria Plaza. Las primeras noches las familias sufrieron la represión llevada a cabo por la policía del destacamento “La Unión”, a cargo del comisario Gustavo Gallardo. Sin orden judicial, y al menos durante la noche del lunes y martes de la primera semana, la policía disparó con balas de goma y gases lacrimógenos a los vecinos. Con el paso de los días, vecinos linderos al predio, se reunieron en la autodenominada “Asamblea de San Carlos”, que se movilizó insistentemente para que la justicia desaloje a las familias. 
En respuesta a los reclamos de “vecinos” y del dueño, el 6 de septiembre el Juez de Garantías Fernando Mateos dictó la orden desalojo para las 80 familias, que fue suspendida provisoriamente por un fallo del titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº1, Luis Arias. De todas maneras, el operativo se perpetró el lunes 10. Pero para cuando llegó la policía las familias ya no estaban. Se habían marchado el día anterior para evitar el enfrentamiento.
Un actor fundamental en este conflicto, además de la policía, la Justicia y la “Asamblea de San Carlos”, fue el diario local “El Día”. El CIAJ sostiene que durante los 17 días que duró la toma de tierras, el matutino dedicó 7 tapas y 17 notas , “transmitiendo el conflicto como una “guerra” entre “vecinos establecidos” y “usurpadores”, a quienes se responsabilizó por desatar una ola delictiva de terror y violencia.”
El Colectivo plantea que “En ninguna de las 17 notas el diario dijo algo respecto del grave problema del acceso al suelo urbano por parte de los sectores de más bajos recursos, ni sobre la “ociosidad” de las tierras tomadas o de la especulación con que suelen mover sus negocios los holdings inmobiliarios”. Y también plantea que desde el diario “no sólo se ignoraron las consecuencias sociales que trae aparejada para un grupo social la vida estigmatizada, sino que el estigma fue propiciado y en ningún momento puesto en duda”.
De esta manera, sostienen que el diario cayó en una clara violación de la Ley 23.592 de antidiscriminación. Así, por haber establecido una relación directa entre los ocupantes y el delito, y por haber bloqueando el acceso a la palabra de dichas familias. “La pretensión de objetividad, de exponer sin poner en crisis el discurso de un grupo social que se manifiesta de manera estigmatizante, escapa a toda visión ética de la función periodística”, sostienen desde el CIAJ.
La presentación judicial sostiene que la toma de tierras no debe ser reducida a un acto físico, sino que debe entenderse como una práctica social, como un hecho político; donde el Estado y la sociedad son interpelados “en la reafirmación de derechos postergados”. A su vez, hace mención a la falta de acceso a la ciudad, entendida como el derecho a gozar de los servicios básicos, esto de mano del crecimiento del mercado inmobiliario. Plantea de esta manera, que “a este horizonte de conflicto social y de hábitat indeseado para los sectores de más bajos recursos habrá que sumarle el peso del estigma que sobre ellos recae”, que crea las condiciones para una criminalización de la pobreza.
La cobertura
La denuncia sostiene que desde sus primeros artículos el diario habla de “usurpación”, sin aportar datos acerca del carácter formal de la denuncia, y a su vez, las familias que ocupan el predio son descriptas despectivamente como “esta gente”. En ningún momento el diario da cuenta de haberse acercado a las familias, sino que utiliza expresiones tales como “pudo constatar durante una recorrida realizada en la zona, las fogatas que allí se habían encendido”. De esta manera, la denuncia señala que quienes aparecen en el centro y figurados positivamente son la inmobiliaria, los vecinos y la policía.
En referencia a la represión denunciada por las familias del predio, el diario afirmó que los vecinos fueron los violentos que provocaron “daños materiales, ya que varios patrulleros terminaron abollados por los piedrazos que recibieron durante el choque”. Si bien a justifica la presencia policial por la necesidad de evitar la construcción de viviendas, ignora si había una orden judicial que ampare esta acción.
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A su vez, la denuncia sostiene que el barrio San Carlos empezó a ocupar un importante espacio en la sección “policiales”, vinculando delitos con la toma:
“Suspensión de clases ante la violenta situación”
“Aumento de robos y cobro de peajes para circular por la zona”
“Vandalismo y saqueos permanente”.
La denuncia
En su artículo primero, la Ley n°23.592, Antidiscriminatoria, habla de “actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. Desde el CIAJ sostienen que “entendemos que el tratamiento periodístico brindado por el matutino platense incurre en ambas formas discriminatorias, por un lado estableciendo una relación directa entre el delito y la presencia de los ocupantes del predio San Carlos, y por otro, bloqueando el acceso a la palabra de quien eran inculpados socialmente de tales delitos.”
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Por Joaquín ((I)) -
Tuesday, Oct. 30, 2012 at 3:55 PM
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