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Hambre en los penales bonaerenses
Por Elisa ((i)) - Tuesday, Nov. 06, 2012 at 10:41 PM
cmilaplata@gmail.com

Dos presos de la cárcel de Florencio Varela presentaron una denuncia al Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, denunciando al gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el hambre extremo que padecen, y porque no se garantiza su derecho a estudiar. Luego del reclamo, las hostigaciones.

 

Unidad Penal N° 24 de Florencio Varela

En los primeros días de octubre, Ángel Monzón y Ricardo Colman le enviaron un petitorio al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, para denunciar la situación de hambre extremo que estaban viviendo en la Unidad Penitenciaria n°24 -U24- de Florencio Varela, donde están alojados. En el comunicado de cinco páginas, relatan cómo se achicaron las raciones, ya de por sí escazas y de mala calidad. Desde la Asociación Civil La Cantora, Azucena Racosta informó que la situación se replica en todas las cárceles bonaereneses.

Ambos son estudiantes de la UNLP y militantes de La Cantora. Entre otras situaciones que dan cuenta de la degradación de la vida al interior de los muros, le informaron al Juez que sólo comen porque los presos portadores de HIV socializan sus raciones -que les fueron restituidas luego de diversos reclamos-, o porque sus familias les llevan viandas en las visitas. Esta situación responde, al cese del pago a los proveedores de alimentos, que explican por la crisis financiera y la opción de aplicar el ajuste sobre las necesidades básicas de los presos y presas bonaerenses, y además, por la corrupción estructural en el Servicio Penitenciario Bonaerense -SPB-.

De acuerdo a declaraciones de Azucena Racosta, además del hambre, Monzón y Colman denunciaron que para estudiar sólo cuentan con un “ranchito improvisado que ni siquiera tiene un baño”, y que no los estaban llevando a rendir finales a las Facultades. Los denunciantes son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata que deberían estar alojados en penales de de dicha ciudad, cercanos a sus centros de estudios.

La presentación del petitorio trajo aparejadas hostigaciones por parte de funcionarios del SPB contra los denunciantes, y en particular, por parte de Alejandro Martínez, el “jefe de estudios”. Ante los reclamos, Monzón pudo ser trasladado a rendir -tanto martes como sábado- a la Facultad de Periodismo ubicada en calle 63 y diagonal 113. Pero el sábado 28 recibió una golpiza arriba del camión donde era trasladado. Otros estudiantes atestiguaron que vieron movimientos extraños en el camión, y que escucharon ruidos de golpes y a un hombre que gritaba “no me peguen más”.

Ese sábado, Ángel volvió a la U24. Luego, la Facultad de Periodismo efectuó la denuncia ante organismos de derechos humanos, como La Cantora y la Asamblea Permanente por los Derecho Humanos de La Plata

El lunes, según el relato de los detenidos, Alejandro Martínez apuñaló a Ricardo Colman en el estómago. Cuando La Cantora tomó conocimiento del hecho convocó a los organismos de derechos humanos -Comité contra la Tortura, APDH, entre otros- y logaron que Colman sea trasladado a un hospital, ya que estaba alojado en Sanidad de la U24. Luego del alta médica, fue nuevamente trasladado al penal.

Azucena Racosta manifestó que estaban “preocupados por la evolución de Ricardo, y también porque está en el mismo lugar donde fue agredido y en un penal alejado de la UNLP”.

Se enteraron, a través de un cura que suele visitar los centros universitarios de los penales, que al ir a visitar a Ricardo y a Ángel, el Director de la U24 le habría comentado: “Viste, tus amigos ya no van a firmar más papelitos”.

La situación en los demás penales

El combo de ese “circuito de violencia que hay en las cárceles se completa con el hambre extremo”. Azucena Racosta, de la asociación civil La Cantora explicó cómo “lo poco que les daban, ese rancho grasoso y esa polenta sucia, se achicó”. Al hambre hay que agregarle el hacinamiento, los malos tratos, torturas, corrupción, entre otros flagelos constatados en los Informes sobre la situación de los presos y presas del SPB, del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.

La Cantora tiene conocimiento de lo que ocurre en Florencio Varela gracias al escrito presentado por Ángel y Ricardo, pero saben por el testimonio de otros presos que la situación se repite en los demás penales del SPB. Debido a la crisis financiera que aprieta las cuentas de la provincia, se ha dejado de pagar a los proveedores de alimentos.

Más allá de que la corrupción y de lo que roban los penitenciarios que hace que siempre sea poca la comida, ahora no están entregando nada. Han recortado directamente produciendo un atentado”, denunció Racosta. Y agregó que: “Esto da cuenta de la gran corrupción estructural del SPB, si no las familias no tendrían que llevar alimentos y medicinas a los presos, cuando hay un presupuesto altísimo destinado para cubrir eso.

Un caso reciente de corrupción de penitenciarios

Los primeros días de noviembre, se dio a conocer que el Tribunal Oral III de La Plata condenó al ex jefe del depósito de alimentos de la cárcel de Olmos, Carlos Roberto Vargas, por haber robado comida destinada a los presos de ese penal. El juicio oral dio cuenta en su fallo de que “el jefe de depósito, mediante un mecanismo aceitado y de rutina, permitió y autorizó que el personal a su cargo, oficiales e internos, que trabajaban en ese lugar, entregaran alimentos, como frutas, verduras y carnes, que colocaban en cajas y eran retiradas por funcionarios superiores que se las llevaban en autos particulares”.

Azucena afirmó que“el hambre es un alto generador de violencia, que te convierte en un ser irracional. Es parte de esta política de exterminio que llevan a cabo el gobernador Scioli y su Ministro de Seguridad, Casal. Además, el hambre genera enfermedades, no sólo hace perder peso si no que baja las defensas, en un lugar donde las enfermedades inmuno contagiosas abundan”. También señaló que “por eso los compañeros se jugaron sabiendo que iban a recibir represalias. Que tomen ese riesgo da cuenta de la situación crítica en los penales”.

Para el 30% el hambre en la cárcel es un estado crónico

Desde 2004, el Comité contra la Tortura realiza Informes anuales en base a la información recabada por sus operadores en las visitas que periódicamente realizan a las instituciones de encierro de la provincia. El mismo revela que el hambre y la mala alimentación no es una excepción.

En el último Informe –sobre el período 2011- se concluyó: “Del total de casos registrados, el 78% reconoció haber llegado al extremo de haber pasado hambre. En su mayoría por un lapso mayor a los siete días y en algunos casos los dos meses completos que contempla este registro o más; para un 30% el hambre constituye u estadío crónico de la vida del encierro”.

El Informe muestra, entre otros datos, que en el 61% de los consultados declaró que los alimentos recibidos estaban en mal estado y el 80%, que la alimentación es insuficiente. Entre los efectos de esa alimentación, el 62% afirmó padecer dolencias o problemas de salud, también informaron sobre casos de dermatitis, vómitos y úlceras estomacales.

Los presos y presas nombraron cuatro estrategias que implementan para palear el hambre: rescatar parte de la comida que da el Servicio para amar otra, juntar los alimentos crudos que se entregan en algunos pabellones con la comida de la visita para cocinar otra, comer cuando viene la visita, o engañar al estómago con pan y mate. Entre algunos de los testimonios que recoge el Comité, puede leerse: "La comida es horrible. Es agua con fideos pasados. El otro día comimos con bichos como cuando está pasado de humedad".

Protección para los denunciantes

El 2 de noviembre, la Comisión Provincial por la Memoria  presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría de defensores y defensoras de Derechos Humanos, luego de tomar conocimiento de las amenazas recibidas a una integrante de la organización de Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC), que trabajan por los derechos de los detenidos y sus familias.

El hecho que motivó la denuncia ocurrió el 25 de octubre cuando una mujer fue amenazada por un sujeto que se hizo pasar por un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, en declaraciones a AgePeBA, Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, manifestó la preocupación porque en la provincia no existen mecanismos de protección de testigos o denunciantes de estos hechos. Asimismo, remarcó que organismos internacionales de derechos humanos vienen instando a Argentina a que cree un mecanismo de este tipo, para denunciantes o testigos en casos de violencia institucional, y que el país no lo concreta.

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